Situación social de los Mototrabajadores

El tema de los mototrabajadores y de la población informal en Colombia tiene que ver con la estructura organizativa del sistema que nos gobierna, como el Plan Nacional de Desarrollo, que en los municipios de Colombia solo representa la tercerización de la economía, representa la exclusión  de los menos favorecidos, la condena de los municipios  al subdesarrollo bajo una supuesta visión de plan de rentabilidad en favor de los grandes conglomerados financieros, que no solo se benefician de sus inversiones en el sector real, sino también en el sector financiero especulativo.

¨Nuestros gobiernos locales gobiernan, con el formato de una concepción política social que responde al modelo de desarrollo neoliberal, con la Ola de Modernización del estado desdoblaron en nuestro país en la descentralización territorial y la introducción del mercado en el manejo de los servicios públicos y sociales. Estas tendencias influyeron el diseño constitucional de 1991, combinando un sui generis modelo de estado social de derecho  con manejo des centralista y privatizador de la administración publica´,1

Con este marco se normativizo la financiación parafiscal y las reglas de juego de aseguramiento en el campo laboral, educativo, salud, vivienda, en un ambiente de  competencia regulada, publica y privada, para iniciar con el mercado de los derechos sociales limitando el acceso de los mas pobres, atención digna y desconociendo los derechos a la vida de millones de personas.

En  este contexto de gobierno estigmatizador y excluyente convivimos en el país más de 600.000 personas que dependen de su motocicleta de servicio particular o público, para derivar su sustento y el de su familia y para educar a sus hijos. A una tasa promedio de 4 personas por familia, más de 2.4 millones de colombianos viven de esta modalidad de transporte alternativo.

1 (Yepes,et al ,2010:13)

El transporte alternativo en motocicleta, genera claras ventajas para el usuario final, de no ser así, el fenómeno jamás se habría masificado:

 Representa una alternativa de transporte digno para las personas que no tienen con que pagar un taxi convencional y para muchas rutas que son inaccesible para estos.

 Para quienes viven en áreas rurales, veredas o barrios periféricos donde, por situaciones de orden social y otras razones no circula el transporte público, se convierte en su único medio de transporte eficiente.

 Todo esto genera más tiempo productivo para las personas, permitiéndoles estudiar, disponer de más tiempo para trabajar o estar con sus familias.

 Permite desplazamientos agiles por vías defectuosas y caminos de herradura, dada su capacidad de circular por terrenos destapados, agrestes o pantanosos.

 Esta modalidad de transporte ha reemplazado la mula y el caballo en áreas rurales y en llanuras, en algunos casos sirve de ambulancia.

 Como modalidad de transporte público, estos vehículos generan un ingreso digno y se convierten en poco tiempo en un pequeño  patrimonio para sus dueños y familias.

 Por ejemplo en Puerto Inírida la motocicleta y el motocarro como servicio público generan más de mil empleos en una población de solo 1.500 habitantes y mueve hasta 2.500 millones de pesos mensuales. Muchos de estos empleos permiten un sustento a personas que han perdido su trabajo.

Adicionalmente, según estudios de Observatorio del Caribe Colombiano, el departamento de Sucre, en el que la modalidad de transporte alternativo es muy popular pues moviliza a casi la mitad de su población, existen unos niveles de pobreza superiores al 70%. Jorge Luis Navarro, de este organismo de investigación, asegura que «la
situación de pobreza en la que viven los mototrabajadores de Colombia es una bomba de tiempo que ha tenido válvulas de escape, con fenómenos como el Mototaxismo y a la venta de minutos por celular». Así mismo, indica que «esta no es una defensa de la informalidad, pero existe una bomba social bastante grande con la pobreza y la gente que tiene que vivir del algo». Finalmente, el Dr. Navarro expresa que las ciudades no cuentan con la capacidad de proveer un puesto de trabajo digno y con buena remuneración a toda su mano de obra.

Colombia, un Estado lamentable; Constatar la magnitud de las desigualdades sociales es casi un lugar común; lo verdaderamente insólito es que, en un país que exhibe algunas de las cifras más preocupantes de América Latina, no se haya producido un estallido social. Según muchos analistas, las cifras evidencian que, desde hace más de una década, Colombia cumple de sobra con las condiciones de una bomba de tiempo social.

Más de 25 millones de personas viven con menos de 5.400 pesos diarios; de ellas, 11 millones sobreviven con la mitad de eso; cerca de 2,7 millones están desplazados de sus tierras; más de tres millones no tienen empleo y casi otros 7 millones están subempleados; 2,5 millones de niños trabajan, y un millón de campesinos no tiene tierra. La exclusión social en Colombia, unida a la incapacidad del Estado para solucionar los problemas básicos de la mitad de sus pobladores, ha terminado por convertir a este país en el segundo más inequitativo del continente, después de Brasil.       

Según un estudio del analista Luis Jorge Garay, 1,1 por ciento de los propietarios de tierra posee el 55 por ciento de la tierra en el país; la gente de altos ingresos gana 26,3 veces lo que ganan quienes devengan el mínimo o menos; el 75 por ciento de todo el crédito comercial está prestado a 2 mil empresas o personas naturales, a pesar de que existen más de un millón de negocios informales, 12 mil fábricas formales, y 208.659 establecimientos comerciales.

Pese a un importante incremento de la inversión del Estado en lo social (que pasó de un 7,4 por ciento del PIB en 1980 a un 13,9 en 1999) y de una cierta mejoría en algunas áreas, en los últimos 20 años muchos indicadores tuvieron un franco deterioro.  «De tener un 54 por ciento de pobreza comenzando los 90 -dice el economista Eduardo Sarmiento- pasamos a un 60 por ciento hoy; los ingresos salariales se redujeron en una quinta parte en los dos últimos años. Y de un 10 por ciento de desempleo hace una década, pasamos a 20,5».  «Si uno suma el 19 por ciento de desocupados más el 31 por ciento de los que están subempleados se da cuenta de que la mitad de los colombianos está sin qué hacer o está vendiendo cigarrillos en las esquinas», añade.

Una de las facetas más perversas de la exclusión social en Colombia es que la ineptitud del Estado en la búsqueda de soluciones para los 25 millones de pobres de hoy se extiende a la siguiente generación, lo cual reproduce y multiplica el problema hacia adelante. Las cifras que entrega la Defensoría del Pueblo son contundentes: 2,7 millones de infantes no van al colegio por falta de cupos, y 800 mil niños trabajadores son menores de 11 años. De acuerdo con la ONG Save the Children, 323 mil niños trabajan en servicio doméstico.

«Lo peor es que ninguno de los gobiernos,  parece tener conciencia de la bomba de tiempo que se está gestando. El Estado y el establecimiento son indolentes. Casi nadie ha mostrado la voluntad política para romper con el círculo vicioso de la exclusión. Todo indica que lo que buscan es preservarla», asegura un investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Populares (Cinep).

De acuerdo con las cifras de las ensambladoras importadas de vehículos en Colombia, en el país circulan más de 3.0 millones de motocicletas, de las cuales, más de 62% son utilizadas para transporte y trabajo. Adicionalmente,  se conoce que más del 75% de los mototaxistas del país son propietarios de su motocicleta. Estas cifras coinciden con estudios que el fondo de Prevención Vial presento en el mes de marzo de 2006 en la ciudad de montería. Este estudio encontró que en la
relación moto-usuario solo el 4% de los motociclistas de esta capital utilizaba motocicleta alquilada, lo que contradice la afirmación de la existencia de grandes empresarios del Mototaxismo[1].

En cuanto a la utilización de transporte alternativo, como se comentó, son los estratos 1,2 y 3 quienes utilizan este servicio, en las rutas y horarios en que no se ofrece  transporte masivo, ya que este normalmente atiende las vías principales, no funciona 24 horas, ni aun en las primeras horas de la noche, y no deja a la gente  con más alternativas de transporte  para llegar o salir de sus hogares que el taxi convencional, que no pueden costear. Peor es el caso de las comunas o veredas con rutas de buses asignadas pero cuyos responsables no explotan ni las dejan explotar, y peor aún, lo que ocurre en aquellas áreas donde no existe otro medio de transporte diferente al caballo.

Mucho se ha comentado sobre el tema de que el surgimiento del transporte alternativo ha quebrado a las empresas de transporte en la costa atlántica porque ha disminuido el número de  sus usuarios. Frente a esto hay que responder que la demanda del servicio de transporte alternativo es diferente a la demanda por transporte público tradicional. Los usuarios del servicio de motocicleta publica, son muy diferentes a los usuarios de taxi de cuatro ruedas, pues una persona que solo cuenta con $1000 a $1.500 pesos que vale la carrera en los primeros vehículos, sencillamente no tiene para pagar una carrera de taxi automóvil que vale para distancias similares entre $3,500 a $4,500.

Para comprobar esto,  en la ciudad de Cartagena, la Universidad Tecnológica de Bolívar realizo una investigación sobre medios de transporte en esta capital y comprobó que el servicio de mototaxis solo es utilizado por menos del 9% de la demanda de transporte urbano, mientas que el servicio de buses se apodera de más de 54% de esta demanda[2].

Adicionalmente, en la gran mayoría de los municipios, los automóviles convencionales que prestan el servicio de taxi transportan solo un pasajero, además de su conductor. Esto significa que utilizan apenas un 25% de su capacidad, para lo cual consumen la totalidad de combustible, lubricantes, repuestos, etc.; además contaminan 4 o 5 veces más que una motocicleta con motor de 100cc, 4 tiempos; ocasionan mayor desgaste y congestionan las vías públicas, tanto para transportarse como para su estacionamiento, etc. La motocicleta, en cambio por lo general, utilizan el 100% de su capacidad, y así logran un ahorro considerable en todos los factores anotados. Es, pues, un elemento de transporte más eficiente, practico y económico. El transporte alternativo  por lo tanto, crea oportunidades de trabajo digno y mejoras sociales sustanciales. Según las encuestas[3], en Cartagena la única razón expresada por los conductores para prestar el servicio de mototaxis es la ausencia de otras oportunidades de trabajo.

Por lo anterior, la prestación del servicio alternativo se presenta en territorios en los cuales hay mayor vulnerabilidad frente al problema del empleo, generalmente en ciudades con altas tasas de desempleo, subempleo e informalidad. Así mismo, en algunas regiones, solucionan el problema de movilidad causado por la ausencia de infraestructura vial adecuada.

Con todo, algunos miembros del llamado ‘establecimiento’ han comenzado a mostrar posturas críticas contra la exclusión. «Los empresarios deben empeñarse en buscar soluciones», dice Eugenio Marulanda, presidente de Confecámaras.

«Urgentemente hay que empezar a incluir en nuestra gestión a los grupos sociales que tradicionalmente han sido marginados. Esto no es un asunto de interés filantrópico. Es un imperativo para el crecimiento económico. Ninguna economía es sostenible en tan aterrador contexto».

 «Las ciudades se están llenando de desplazados sin comida, sin trabajo, sin alternativa ni para ellos ni para sus hijos. Eso es muy peligroso. Hace unos años El caso de Juvencio fue un campanazo demasiado revelador», dice, recordando al campesino caucano que, desesperado y con solo un cuchillo, retuvo a 20 personas en Cali. Otro caso es del mototaxista que se suicido en el parqueadero cañas verdes en Popayán por causa de la persecución de la policía de transito.

«Hoy el debate es;  qué tanto vamos a quitar a unas exenciones que favorecen a ciertos poderosos o qué otros caminos tomamos para generar los ingresos necesarios. ¿Aumentamos el IVA a los productos de la canasta básica y no gravamos debidamente actividades como la publicidad y ciertas rentas asociadas a las utilidades del capital como la venta de acciones? Siempre optamos por la línea más fácil, sin solucionar los problemas de la estructura en la tributación», dice Garay.

Ejemplo de estos problemas es la evidencia, revelada por datos de Garay, de que quienes devengan más de 20 salarios mínimos logran tener un ahorro tributario hasta del 40 por ciento por concepto de deducciones y exenciones, mientras que las personas de ingresos de 6 salarios mínimos solo alcanzan el 15 por ciento de ahorro tributario.

La reforma tributaria, dice, debería abordar otros dos frentes que desangran los recursos del Estado: el primero, la evasión y la elusión (pagar menos de lo que corresponde), que representan pérdidas equivalentes al 3 por ciento del PIB al año. Con ello podría brindarse educación básica a tres millones de niños hoy sin cupo escolar (lo cual costaría el 1,5 por ciento del PIB) y salud básica a la población que no tiene acceso y que representa un 40 por ciento de la población (otro 1,3 por ciento del PIB).»Sume eso y le sobra plata», dice Garay.

El segundo frente es el de la cartera morosa a favor de la Dian, que podría tener una recuperación efectiva de al menos el 1 por ciento del PIB. Con lo que podría darse una pensión de medio salario mínimo a todos los ancianos pobres del país.

Garay sostiene que el país podría avanzar gradual, pero decididamente en la inclusión social mediante la construcción de un «sistema integral de protección social» que se fundamente en principios de progresividad, equidad y solidaridad en el que quienes tienen mayores ingresos aporten más que proporcionalmente al sistema, sin excepciones y para que los que no tienen nada puedan recibir servicios mínimos.

La meta para lograr estos propósitos que suenan descomunales podría alcanzarse a un mediano plazo no solo con una reforma drástica de la tributación, sino también de los actuales sistemas de salud y de pensiones. El primero, genera grandes pérdidas de recursos en la intermediación y prestación del servicio; el segundo, ocasiona que los sectores privilegiados usufructúen beneficios que equivalen incluso a los más altos de países del Primer Mundo.

«Resulta fundamental alterar la estructura de privilegios y de ciertos poderes en la sociedad».

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[1].Prestación de resultados de la Campaña con Motociclistas en
Montería los 15,16 y 17 de Octubre de 2005.

Fondo de Prevención Vial. Marzo 22 de 2006.

[2]. TORO, Daniel; ALVIS, Jorge y ARELLANO, William. Transporte
público en Cartagena:¿Qué factores determinan las preferencias de los
usuarios. Universidad Tecnológica de Bolívar. CARTAGENA, Julio de
2005.

[3]. GARCÍA, Iván Darío, GONZÁLEZ, Pedro. Características
determinantes del mercado de servicio de mototaxis en la ciudad de
Cartagena. Universidad de Cartagena. 2004.