Una cooperación para el posconflicto
por Javier Orozco Peñaranda, Coordinador Programa Asturiano de Derechos Humanos
La cooperación para superar la guerra y sus causas es uno de los más loables esfuerzos de cualquier sociedad en su relación con otra. Por eso agradezco el espacio para referirme a los planes de cooperación en marcha para Colombia, en materia militar, económica y social.
Puestos de acuerdo en que lo principal para la población de Colombia es conquistar la justicia social como sustancia de la concepción de paz que compartimos, constatando que los Acuerdos de La Habana abren el camino a diálogos con el ELN y el EPL en cuanto se reconoce a las guerrillas como fuerza beligerante, sujeto político, atendiendo a que los Acuerdos son el reflejo de la correlación de fuerzas de las partes negociadoras ninguna de las cuales llegó a la mesa derrotada, reconociendo que esos Acuerdos implican avances en la conquista de derechos para los excluidos, asumiendo que habrá que movilizarse para que los acuerdos se cumplan empezando por votar SI en el referendo del 2 de octubre, y viendo como crucial la exigencia de garantías para la vida y para el ejercicio de las libertades básicas, considero pertinente abordar el tema de la solidaridad y de la cooperación internacional para la paz, es decir para la equidad, el bienestar o el buen vivir para las gentes colombianas.
Para hacerlo hay que repetir que el conflicto armado colombiano se origina en la exclusión, en el uso de la violencia para acumular tierras, poder económico y como consecuencia poder político, generándose una sociedad con enormes desigualdades que se han profundizado con el modelo económico neoliberal, con el enorme gasto en defensa en detrimento de la inversión social, con los tratados de libre comercio y del trabajo basura del que son beneficiarias las transnacionales que destruyen a las organizaciones de los trabajadores-as, a la economía campesina y a los pueblos indígenas, precisamente los sectores donde están la seguridad y soberanía alimentaria y las raíces de un país pluri cultural que necesita renacer.
Las grandes empresas que se benefician del terror y del despojo son defendidas por un aparato militar de medio millón de personas dotados de moderna tecnología vendida bajo los rótulos de “ayuda” y de “cooperación” pero comprada mediante deuda externa a los EUA, Israel, Alemania, Francia, España… para crear ejército enorme guiado por la misma doctrina que el Estado impregnó a sus bandas de narco-paramilitares: la de que el enemigo es el opositor social y político que se moviliza por la justicia social y que, según ellos, amenaza la seguridad nacional, de manera que convirtieron a la fuerza pública en un peligro para la ciudadanía, en un ejército que actúa frente a su pueblo como un ejército de ocupación y al que le fabricaron a través de los monopolios informativos de España, Colombia y EUA la imagen de “héroes” para contrarrestar la mezcla de odio y miedo que despiertan entre las gentes que viven fuera de las ciudades.
El final del conflicto armado interno supone que las élites que hablan de paz habrán renunciado al uso de la violencia para acaparar tierras y escenarios políticos, y aceptarán ceder privilegios puesto que la única paz posible es la que se basa en la justicia social, piedra de toque para que la sociedad colombiana pueda reconciliarse más allá del estrechón de manos o del abrazo simbólico tras una firma entre enemigos de medio siglo.
Por eso el fin del conflicto armado debe suponer también el inicio del largo camino hacia la redistribución de la renta, las tierras, la riqueza y el ingreso, lo que implicará un crecimiento del conflicto social, por lo demás normal en las democracias.
El Uribismo que llama a votar NO a los Acuerdos de La Habana afirma que “El gobierno le entregó el país a las FARC”, como si el país fuera de todos. Para que el país quedara en manos de las FARC habría que quitárselo a los cuatro monopolios criollos y a las transnacionales, dicen unas memes de estos días, puesto que el país ha sido concesionado a las empresas energéticas, madereras, mineras, aprovechando la guerra y en medio de las protestas de una población que sigue organizada y a la que tampoco pudieron derrotar a pesar del uso del peor de los terrorismos que es el que practican los Estados.
No habrá paz sin justicia social, sin reforma agraria, urbana y política, sin inclusión étnica, de clase y de género, se repite entre quienes se juegan la vida por crear una sociedad justa. Y en esa dirección cuando no hayan guerrillas, es decir cuando también se haya negociado con el ELN y el EPL, no le quedarán argumentos al Estado para actuar de la manera criminal como actúa contra quienes exigimos la democratización económica y política del país descalificando antes de asesinar con la frase “guerrilleros de civil” tan usada por el alto mando militar y por los gobiernos en cada movilización social.
No podrían sin la censura de la llamada comunidad internacional perseguirnos, asesinarnos, apresarnos, como lo siguen haciendo con la excusa de ser el enemigo interno. Mientras tanto es fácil deducir que aún nos quedan años de persecución a muerte contra la dirigencia social y política de oposición. Ese racionamiento lo comparte el llamado cuerpo diplomático acreditado en Bogotá con el que nos reunimos este año en el marco de la 12 visita asturiana y que “se alista para lo peor” en materia de violaciones de los derechos humanos.
Y no se equivocan. El año pasado según la OACNUDH fue el peor de los últimos 20 años en violencia contra quienes defendemos los derechos humanos, y éste año ya van 36 dirigentes sociales asesinados, los tres últimos miembros del CIMA-Cauca, ejecutados hace una semana en un área bajo control militar y paramilitar y el mismo día en el que entró en vigor el cese bilateral y definitivo con las FARC.
EUA y su “cooperación militar” tan indeseable como peligrosa
A mediados de abril de éste año en Bogotá Rose Gottemoeller, Subsecretaria de Control de Armas y Seguridad Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos, ofreció a Colombia fortalecer la cooperación en temas de seguridad. Se reunió con representantes el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad y con la Viceministra de Defensa para la Estrategia y Planeación. Se felicitaron por la fuerte cooperación Colombia- EUA en temas de seguridad y defensa, por las acciones conjuntas como el Plan Colombia, el Plan Patriota, el Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad y se alegraron del debilitamiento de la insurgencia y de los diálogos de paz, coincidiendo en que los temas de la cooperación hoy son distintos: el desminado, la lucha contra el narcotráfico, el desarrollo de la transformación y construcción de capacidades de defensa, las oportunidades de participación regional y mundial del ejército colombiano que se convierte en mercenario, en apéndice del aparato militar de los EUA en sus llamadas “misiones de paz” y convertido en un peligro real para Venezuela, Nicaragua, Cuba, Brasil, Ecuador, Bolivia… , es decir para nuestros pueblos hermanos.
Al respecto el Observatorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia en su artículo “Cooperación Estados Unidos-Colombia. Nuevos retos ante un escenario de posconflicto” informa en abril de éste año del inicio de un nuevo capítulo en las relaciones con EUA al que han llamado ‘Paz Colombia”, que incluye como cooperación la profundización de la intervención estadounidense “no solo en asuntos militares sino una inclusión en temas internos claves del posconflicto, como la reforma agraria, la justicia, el desarrollo sostenible y la desmovilización”. “El compromiso de EUA es impulsar en la prensa mundial una buena imagen del país y perfilarlo como un país seguro y atractivo para la inversión, permiten que tal cooperación sirva al país norteamericano para desarrollar sus planes político-económicos en el país, y encontrar en Colombia un aliado estratégico y con experiencia en defensa que pueda hacer frente a los desafíos regionales e internacionales actuales en materia de seguridad”.
El ejército colombiano ya no sólo agrederá a su pueblo, ahora seguirá defendiendo intereses foráneos fuera de las fronteras, hasta tal punto que la señora Gottemoelle se refiriere a Colombia como “el embajador de Estados Unidos en Latinoamérica” (algo como el Israel de Nuestra América), ofreciendo capacitaciones en temas de seguridad a países hermanos, “haciendo parte, una vez más, del juego estratégico estadounidense dirigido a un mayor control militar sobre la región y principalmente sobre Colombia.”
Ese tipo de injerencia que ahora implica una nueva tarea bélica para nuestro pueblo es presentado como “cooperación” y lo será, pero es una cooperación indeseable pues es embarcar a los soldados de Colombia a guerrear ahora también fuera del país, como ya hace España con los soldados colombianos enviados a morir bajo su bandera en Siria, Líbano, Cabo verde, Senegal, Bosnia, Somalia, República Centro Africana, Iraq, Afganistán y en otras “misiones de paz.”
La cooperación del sector financiero: contraproducente.
Si en materia militar el gobierno colombiano ha entregado la planificación al comando del ejército de EUA, en materia civil la deja en manos del sector financiero internacional, el mismo que para lucro de unos pocos ha incrementado la inequidad, la pobreza, brecha entre clases en todo el mundo.
Según la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, países como Estados Unidos, Alemania, Suecia, Suiza, España y la Unión Europea, han incluido el tema del posconflicto como área prioritaria para los próximos años y darán recursos al Fondo Colombia en Paz que financiará con contrapartidas nacionales proyectos del Fondo de Naciones Unidas, Fondo del Banco Mundial, Fondo de la Unión Europea y Fondo del BID que el gobierno de Colombia destinará a los territorios más afectados por el conflicto armado.
No hay que ser muy agudos para ver que los mecenas financiadores son los mismos fondos y bancos que impusieron -a través del a violencia- políticas neoliberales que generan conflicto, como la de reemplazar la reforma agraria por el mercado de tierras, o la de imponer tratados leoninos de libre comercio con pudorosas e inútiles cláusulas en las que las grandes corporaciones se comprometen a respetar los derechos humanos.
Detrás de esa “cooperación” están las multinacionales que se lucran de la guerra, del despojo territorial campesino, indígena y negro, del genocidio sindical: City Group, Coca Cola, Nestlé, Glencore-Xtrata, BHP Billiton, Chiquita Brands, Anglo Gold Ashanti, Unión Fenosa, Endesa, Enel, Monsanto, British Petroleum, Oxy, Repsol, Chrevon Texaco, Elf, Total, Pacific, Unilver, etc., ec.
El profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Jairo Estrada, afirma que “Para el gobierno colombiano la paz es la oportunidad para las nuevas inversiones, para consolidar de manera más certera el modelo económico, para darle continuidad y prolongación a sus políticas, para remozar el régimen político existente, para absorber históricamente la rebelión”.
Está claro que hay y cada vez se enfrentarán más los dos enfoques de la paz: la de las élites y las multinacionales que quieren seguir acumulando riqueza y tener buena imagen, y la de la población que aspira a vida digna y en paz.
La solidaridad, la cooperación internacional para la justicia social
La lucha por la justicia social la seguirá dando, como hasta ahora, el pueblo organizado, por eso será muy útil redoblar la solidaridad y la cooperación internacional que sí deseamos y para la cual pedimos respetuosamente tener en cuenta éstas líneas:
La solidaridad internacional que recibimos y que agradecemos a lo largo de estos 16 años puede ser más exigente en materia de garantías para la defensa del derecho a la vida y de las libertades, y estando alertas para que no irrumpan divisiones entre gentes solidarias, y sin dejarse llevar por el concepto de que soy solidario sólo “con los míos”, es decir poniendo como premisa el que los beneficiarios deben pensar y actuar como quieren sus benefactores.
La autonomía de las personas, de las organizaciones y de los procesos sociales colombianos es un principio clave y a respetar en esta etapa de fin parcial del conflicto armado interno y de reconstrucción urgente del movimiento social.
Por su parte la cooperación internacional está llamada a monitorear el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana y a ayudar a financiarlos en materia de inversión social.
El texto de los Acuerdos ya tiene debate y varias interpretaciones, como no podía ser de otro modo, por eso invitamos desde ya a tener en cuenta la interpretación de las víctimas de la violencia, del despojo y de la exclusión histórica.
La la Unión Europea en materia de cooperación con Colombia el 26 de mayo en Bogotá y a través de La Alta Representante/Vicepresidenta Federica Mogherini, anunció la política de crecimiento verde y los derechos sobre la tierra, junto con una serie de acciones en apoyo al Plan de Respuesta Rápida del Gobierno colombiano para la estabilización de la paz. Se trata de un paquete de 575 millones de euros del Fondo fiduciario de la UE y del Banco Europeo de Inversiones, junto con la cooperación en curso, asistencia técnica, subvenciones y préstamos disponibles una vez se firme el acuerdo de paz con las FARC.
El Comisionado para la Cooperación y el Desarrollo Internacional, Neven Mimica informó: «El anuncio de hoy es una clara señal del compromiso continuo de la UE a Colombia – tanto a corto plazo, para ayudar a promover la paz en las zonas afectadas por el conflicto, como a largo plazo, respaldando la paz duradera y sostenible en el país».
Prevé la firma de cuatro proyectos de la U.E.: desarrollo local sostenible, promoción de los derechos seguros de tenencia de la tierra y el acceso equitativo a la tierra en áreas protegidas nacionales, la acción integral contra las minas, y las Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia.
De nuevo debemos insistir en que lo que se espera de la U.E. es una cooperación para la justicia social, que se conquista con un pueblo en condiciones de transformar su sociedad, con organizaciones sociales reconstruidas, movilizadas, capaces de hacer cumplir los acuerdos a que se llegue con las tres guerrillas y de conquistar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales negados hasta el presente.
Para la paz no basta con la desmovilización ni con la dejación de las armas por parte de las guerrillas, a eso le debe corresponder una transformación de las instituciones, como lo afirmó en Medellín la Embajadora de Irlanda en Colombia, Sonja Hyland.
Hay que tener en cuenta que las comunidades están necesitando y pensando un pos conflicto en el que les puedan dar vida a sus proyectos de desarrollo territorial, social, productivo de los campesinos, los indígenas y las comunidades negras, y piden generosidad, que no se amarre, que no se condicione en este momento tan decisivo para nuestro país la cooperación internacional a las estrategias empresariales de mayor saqueo de las materias primas y de sobre explotación de la mano de obra lo que degrada al medio ambiente y empobrece aún más a las gentes, pues eso genera un nuevo tipo de conflicto y es que, adornados como ayuda, disfrazados de programas de cooperación, en la posguerra aparecen de nuevo los intereses de los monopolios nacionales y extranjeros ajenos por completo a los planes de vida de las comunidades.
Colombia necesita una cooperación al desarrollo realizada de manera directa y ligada a los objetivos inmediatos y de largo plazo de las organizaciones de base y de los procesos sociales, para evitar la manipulación de la cooperación internacional que nutriéndose de fondos públicos es usada por las empresas privadas para lavarse la cara y las manos y continuar lucrándose de las violaciones de los derechos humanos y de la devastación de los territorios.
La solidaridad y la cooperación internacional están llamadas ahora más que nunca a hablar claro, a exigir del gobierno colombiano las garantías para que no se asesine a los guerrilleros-as desmovilizados, ni a la dirigencia política y social sobreviviente, que pueda exigirse y se haga desde el gobierno asturiano y español esta exigencia clara de protección, de garantías, sin temor a “incidentes diplomáticos” pues es el propio Estado colombiano quien ha aceptado el acompañamiento y la veeduría internacional para que se cumplan los acuerdos, y somos las víctimas quienes os lo pedimos.
La cooperación asturiana.
Asturias tiene un importante recorrido en materia de cooperación al desarrollo y de apoyo a la defensa de los derechos humanos en Colombia.
EL Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia y las 12 visitas asturianas de verificación contienen testimonio, datos y documentos que pueden formar parte de la Memoria Histórica del conflicto y del material de estudio por la Comisión de la Verdad.
Son valiosas acciones de solidaridad, humanismo, internacionalismo, por su sistematicidad destinada a fortalecer a las organizaciones de base y a proteger a su dirigencia social más amenazada, para que puede hacer en Europa diplomacia ciudadana por la paz y por los derechos humanos, como lo han hecho las 104 personas acogidas por Asturias y por Gijón en refugio temporal, incluidos HENRY RAMIREZ DAZA asesinado hace 6 años y LUCIANO ROMERO MOLINA, asesinado hace 11 años.
Sabemos que garantías para la vida de personas sindicalistas y defensoras de los derechos humanos no habrá en mucho tiempo. No será en pocos años que desmonten el bestial y complejo aparato ideológico y armamentístico para la represión que han montado con esmero en casi un siglo de gasto militar, policial y de prensa para exterminar opositores y encubrirlo.
La protección internacional seguirá siendo necesaria y en ese sentido pedimos del gobierno asturiano, de su socio preferente IU y de PODEMOS, que en los presupuestos para el 2017, como gesto y aporte a la nueva etapa colombiana, se refuerce el Programa de Acogida recortado en un 70% de su presupuesto en los últimos cinco años, y que se participe en el primer semestre del año entrante en la 13 visita de verificación del estado de los derechos humanos en Colombia.
Es necesario que la cooperación asturiana vuelva a poner a Colombia como país prioritario. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, su población no es propietaria a prorrata de una parte de la riqueza acumulada por los monopolios como deducen quienes manejan la estadística para ocultar la falta de voluntad política y los recortes en cooperación, mientras buscan oportunidades de negocios para sus empresas sobre la tierra devastada por la guerra.
La cooperación asturiana tiene herramientas legales y guías de actuación que en derechos humanos, pueblos indígenas, etc., que serían útiles para financiar por ejemplo los proyectos orientados a la reconstrucción inmediata del tejido organizativo roto por la guerra, y a la seguridad y a la soberanía alimentaria de la población, guiados por el sentido común que indica que con hambre no hay paz, con violencia impune no hay país, y sin pueblo organizado y en movimiento no habrá paz ni justicia social, por muchos acuerdos que se firmen.
Al terminar el conflicto armado con las FARC expreso mi alegría porque sus integrantes podrán vivir su compromiso social en un contexto diferente al de las durísimas condiciones de la selva, los llanos, la cordillera, el desierto, el páramo, la clandestinidad y el combate. Y más me alego por mi país, nuestra tierra, en donde están nuestras familias y nuestras raíces.
Nos alistamos para hacer valer internacionalmente los Acuerdos de La Habana, para empujar su implementación y su cumplimiento, para exigir diálogo inmediato con el ELN y el EPL, para exigir la excarcelación de 9.500 prisioneros-as políticos-as incluido Simón Trinidad preso en los EUA sin haber delinquido allá. Y por la Libertad de dirigentes sociales como Huber Ballesteros Gómez y Feliciano Valencia.
Y expresamos pública gratitud a las instituciones asturianas y a las organizaciones sociales que nos han arropado en los peores momentos de la guerra. Soldepaz Pachakuti, Amnistía Internacional, CEAR, Ingeniería Sin Fronteras, SUATEA, CSI, UGT, USO, COSAL ASTURIAS, Caritas y a las personas que nos acompañan desde hace 16 años en este refugio internacional.
Javier Orozco Peñaranda
Coordinador
Programa Asturiano de Derechos Humanos
Tel. 0034687003737
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