Apoyo al paro Minero en Segovia y Remedios

El Congreso de los Pueblos denuncia la violencia y el tratamiento de guerra desatados por el ESMAD- Escuadrón Móvil Antidisturbios y las Fuerzas Militares, en contra de la justa protesta que adelantan desde hace 14 días en el departamento de Antioquia, los mineros y mineras de Segovia, Remedios y sus alrededores; los que junto a sus familias por décadas consiguen el sustento a través de la minería artesanal ancestral.

Son repudiables las medidas de toque de queda adelantadas por el gobernador de Antioquia Luis Pérez, ya que atentan contra las principales libertades democráticas de los ciudadanos y ciudadanas de la región e impiden su legítimo derecho a la protesta.

Los medios masivos de manera unificada, en especial Caracol radio, señalan sin mayores argumentos supuestas infiltraciones de la guerrilla en las protestas, insinuación absurda e irresponsable, que desde luego es alimentada por el gerente nacional de los empresarios de la minería que defiende a las transnacionales que explotan a gran escala el oro abundante en esta región, y que dejan sin trabajo e ingresos a los humildes mineros. Se evidencia en el trato a esta protesta las preferencias de las élites políticas y económicas por privilegiar los capitales extranjeros, y la política extractivista contaminadora, en contra de los bienes naturales de los territorios, y los más humildes connacionales que los habitan.

Denunciamos el sesgo de los medios masivos, de los empresarios y del gobierno al señalar a los manifestantes como violentos, a pesar que suman más de 27 los heridos de bala, mutilados y un menor de 14 años asesinado presuntamente por el ESMAD, y las fuerzas militares. El propio director del hospital informó que todos los heridos, y el joven asesinado pertenecen a los manifestantes. Parece que para el Estado y sus autoridades, así como para sus medios de comunicación existen manifestantes “malos” aquí en Colombia que son legalmente enfrentados por las Fuerzas Militares y el ESMAD, y manifestantes buenos que ponen bombas a las patrullas de policía como ocurre en Venezuela.

Exigimos a las autoridades, a los organismos de control y las instancias internacionales de derechos humanos identificar y sancionar ejemplarmente a los responsables de las brutales agresiones, mutilaciones y asesinatos; garantizar el constitucional y legal derecho a la protesta social, a la participación de la sociedad en las decisiones económicas, sociales y políticas que afectan sus territorios y sus formas de vida, especialmente el derecho a construir colectivamente con las comunidades las condiciones del modelo minero energético que se debe aplicar en Colombia. Y condenar públicamente a quienes agreden e impiden el legítimo y democrático derecho a la protesta.