Pronunciamiento sobre el primero de mayo en Medellín

Las organizaciones, colectivos y plataformas defensoras de los Derechos Humanos que suscribimos, queremos dar a conocer a las autoridades y a la sociedad en general, algunas consideraciones acerca de lo ocurrido en el marco de la tradicional marcha del 1º de Mayo en la Ciudad de Medellín, Día Internacional del Trabajo y de la Clase Obrera.

Ante la situación de desigualdad social y política que desde siempre ha imperado en Colombia y que cada vez se hace más devoradora en contra de la mayoría de los colombianos y las colombianas, éticamente y humanamente no queda otra posibilidad que manifestar el inconformismo, es por esto que es necesario reiterar la reivindicación de la movilización del 1º de Mayo, por el derecho a que tienen tanto los trabajadores como otros sectores, organizaciones comunitarias y sociales, víctimas del conflicto armado, organizaciones de los derechos humanos, de mujeres, jóvenes y estudiantes,  a manifestar ese inconformismo.

La movilización, es la forma alternativa de expresión popular ante el silencio absoluto del estado y de los medios de información sobre la crisis humanitaria y en ella hay diferentes expresiones, algunos acuden a la realización de grafitis en las paredes, el ataque a cierto establecimientos comerciales, medios de publicidad y la confrontación con miembros de la Policía Nacional, como una manera de manifestar sus inconformidades ante instancias que, según el criterio de esos manifestantes, cobran algún tipo de representatividad a favor de lo que les parece injusto; además, algunos de estos y otros manifestantes reivindican la utilización de capuchas u otro tipo de mascaras, como medios para salvaguardar su identidad de agentes estatales o paraestatales que acechan en este tipo de manifestaciones, producto del temor que una revisión sencilla del papel cumplido por estos agentes nuestra historia, produce.

También se ha convertido en una dinámica reiterada la presencia de agentes policiales uniformados en el transcurso de la marcha, que sube o baja su intensidad, según las disposiciones de las autoridades gubernamentales, siendo en ocasiones esta presencia innecesaria y con fines evidentemente provocadores para la marcha, conllevando a enfrentamientos, que luego son registrados por los medios de comunicación como el centro de la noticia, así tengan que acudir a registros hechos en otras ocasiones o contextos.

El desarrollo de la marcha del 1º de mayo del 2012, contó con algunas particularidades, en una coyuntura dolorosa y preocupante, que se genera a partir de lo acontecido en los últimos dos años en el ámbito universitario de la ciudad, concretamente en la Universidad de Antioquia, así como en el desarrollo de la marcha aludida.

Tanto en uno como en otro escenario, es evidente la escalada en el nivel de contradicción entre algunos sectores estudiantiles y juveniles y la Policía Nacional, que se manifiesta en el aumento en los niveles de confrontación física y violenta a los que antes se hacía referencia, que cobraron especial relevancia mediática, con la lesión sufrida por el patrullero Uriel Andrés Rincón Muñetón, en hechos ocurridos el 18 de abril en la Universidad de Antioquia, aún por esclarecer por las autoridades judiciales.

La escalada en la confrontación hizo presencia incluso antes del inicio de la manifestación del 1 de mayo, al referirse el General Yesid Vásquez a la posibilidad de que estudiantes de la Universidad de Antioquia cometieran “actos terroristas”, señalamiento que generaliza y genera un estigma contra todas y todos los miembros del movimiento estudiantil de ese claustro.

Además, el mismo primero de mayo, antes de la marcha, se vieron privados de la libertad un aproximado de 10 jóvenes que se dirigían a la manifestación, quienes en diferentes partes de la ciudad fueron objeto de requisas y capturas arbitrarias e injustas, siendo conducidos a instalaciones de la Policía Nacional en las estaciones de Laureles y la Candelaria, so pretexto de que llevaban pinturas o banderas, elementos cuyo porte no representa ningún delito o contravención alguna, vulnerándose las limitantes que tienen los funcionarios públicos, que los obliga a portar una orden judicial legalmente tramitada o que la persona capturada lo sea en flagrancia, según el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal.

En el desarrollo de la marcha, fue evidente la presencia de infiltrados de la Policía, quienes tomaban fotografías de los marchantes; también es preocupante que miembros de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín, que supuestamente asisten en defensa de los Derechos Humanos de los marchantes, hayan asumido una actitud partidaria con los policiales, así como que hayan hecho señalamientos a las organizaciones civiles, defensoras de los Derechos Humanos, de ser cómplices o legitimadoras de los marchantes que eventualmente cometieran actos tipificados como delitos.

Sobre el final de la marcha, si bien se presentaron hechos de violencia de parte de algunos manifestantes, es necesario poner de presente que la reacción policial fue completamente desmedida e indiscriminada; lo que se evidenció en la existencia de un número indeterminado de heridos por balas de goma, gases disparados directamente contra la humanidad de las personas y golpes propinados por los policiales; de igual manera se evidenció la desproporción en la captura arbitraria de un total de 34 personas, algunas que ni siquiera participaban de la marcha, siendo privados de su libertad en algunos casos hasta el siguiente día, pretendiéndose judicializar a tres de los capturados, sin que en ninguno de los casos se hallaran méritos suficientes para que se les imputaran cargos y/o se les mantuviera privados de la libertad.

Una vez terminada la marcha, en los medios de comunicación se presentó un sinnúmero de declaraciones inexactas, acerca del número de personas detenidas, elementos que supuestamente les fueron incautados y el número de judicializados, al punto de que algunos medios registraron que el General de la Policía Metropolitana afirmó que “que los encapuchados actuaron obedeciendo órdenes de las FARC y del ELN”, señalamiento a priori, que acentúa el estigma en contra de estudiantes y jóvenes de la Ciudad[1].

Por último, es necesario manifestar la preocupación que nos atañe, en tanto el papel de la Personería de Medellín, como Órgano de Control estatal, que se ha tornado en laxo y permisivo con este tipo de actuaciones de la Policía; si bien algunos funcionarios que ya venían trabajando con la Unidad Permanente de Derechos Humanos de este organismo desempeñan su trabajo de manera dedicada y responsable, es notoria la falta de convicción y preparación de los nuevos funcionarios de la Personería, al punto de que el mismo Personero de Medellín declarara públicamente sobre la “necesaria” intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía en la manifestación, pero sin que hiciera ninguna alusión a los desmanes en los que también incurrió este cuerpo policial.

De esta manera, pareciera estarse consolidando una estrategia de criminalización de los jóvenes y estudiantes inconformes de la ciudad, bajo el estigma mediático reiterado por parte de algunas autoridades, los maltratos generados por la Policía Nacional y los ojos ciegos de los nuevos funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía y de la Personería de Medellín.