No estamos todxs, faltan lxs presxs políticxs

14/11/18

Por: Red Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer)

“¡No estamos todos, faltan lxs presxs políticxs!”, fue el grito de protesta que resonó en el auditorio de Pelaya – Cesar, con lo que se instaló el Segundo Encuentro-Movilización contra la criminalización de la pobreza, el movimiento social y la situación carcelaria realizado el 19 y 20 de octubre de 2018. Desde el primer momento sentimos como observadores internacionales que se convocó precisamente a gente de base que cotidianamente están enfrentando las agresiones de la fuerza pública y la militarización de la vida en sus territorios. Muchos de ellos han aprendido en carne propia lo que significa la judicialización arbitraria de la Fiscalía y la imposición de medidas intramurales. En un instante, espontáneo, característico de eventos con muchas intervenciones del público, se dio cuenta quienes han venido a Pelaya, la mitad de los asistentes levantó la mano cuando se preguntó por ¿Quiénes han estado en una cárcel, bien como preso o visitante? Y más personas alzaron la mano como expresión de ser víctima de despojo de su territorio.

Provenían del campo de Colombia dónde la guerra es el pan del día y se materializa en sus facetas más feas que uno ni se puede imaginar sin haber escuchado a los testimonios de quienes lo han vivido. Precisamente por esta razón las organizaciones convocantes hicieron frente al reto de invitar a un lugar que históricamente es “uno de los municipios más golpeados del paramilitarismo y de unas estrategias más brutales del estado para reprimir y destruir el movimiento popular”, explica Gloria Silva, integrante de Equipo Jurídico Pueblos (EJP) y una de las organizadoras del encuentro. Entonces, aparte de compartir experiencias de defensa y protección de los derechos de los pueblos y construir recomendaciones para hacer frente a la criminalización y judicialización del movimiento social, uno de los objetivos es mantener viva la memoria de las masacres paramilitares que tuvieron lugar en pueblos cercanos. Los dirigentes sociales de la zona, presentes en el encuentro, de hecho, son sobrevivientes de esta matanza sistemática. Incluso actualmente sigue la presencia de paramilitares en los alrededores de Pelaya y la Serranía de Perijá. Sólo conocimos después que por cuestiones de seguridad y amenazas algunas comunidades de la parte alta de las montañas no pudieron participar en el evento.

Por si fuera poco, se suma la represión del Estado contra el movimiento popular, abarcando medidas de persecución, exterminio y encarcelamiento, que buscan desarticular y destruir la identidad del pueblo en resistencia. “En los últimos cuatro años en los que venimos haciendo seguimiento al tema de judicialización hemos encontrado que más de 40 personas han sido detenidos en esta región”, declara Rommel Durán, integrante de EJP. Y agrega: “decidimos hacer el evento este año en Pelaya, precisamente porque es un territorio donde más se estigmatiza, persigue y judicializa a los defensoras, líderes y movimiento social por su labor en defensa del territorio y de los derechos humanos en contraparte de los intereses de terratenientes y multinacionales”. La respuesta del Estado a esta decisión no tardó en dejarse sentir. Unas semanas antes había formas de presión por parte de la policía frente el dueño del auditorio de no permitir el encuentro en sus instalaciones, sin embargo, su realización finalmente es una demostración que la voluntad política sí puede contrarrestar a las intimidaciones de la fuerza pública y romper con el aislamiento político de la zona.

Ahora bien, a pesar de estos retos, hemos sido testigos de cómo realmente se puede construir poder popular en el sentido estricto de la palabra a través de un intercambio de experiencias y saberes y la mayor participación de los asistentes, partiendo de la experiencia de casos concretos de algunos líderes sociales de la región los cuales fueron judicializados y privados de libertad; es el caso del campesino y padre de familia José Ángel Lindarte de 53 años de edad, tesorero de la Junta Acción Comunal de la vereda Singararé en Pelaya; lo capturaron el 24 de diciembre de 2016 cuando bajó desde su finca al casco urbano, fue trasladado al centro penitenciario de Valledupar, uno de los peores centros de tortura del país. Vivió tiempos amargos, de su madre de casi 80 años sufriendo que le iba visitando una vez el mes. Sin prueba ninguna la fiscalía le sindicó formar parte de la guerrilla ELN, en concreto, extorsionar a los ganaderos del pueblo y suministrar comida al grupo. “Absurdo, a veces ni yo mismo tengo suficiente comida para mi familia y salgo de la casa con el estómago vacío”, me comenta. Después de 22 meses en el infierno de la cárcel salió con vencimiento de términos, juicio pendiente. José Ángel es uno de un sinnúmero de montajes judiciales en los que las garantías resultan vulneradas, en la medida que se les somete a procedimientos lentos, extensos, donde no se respeta el principio de presunción de inocencia. Gracias al apoyo de su familia, la comunidad y el Movimiento de Trabajadores, Campesinos del Cesar (MTCC) regresó fortalecido a su vereda. Ante el público deja un mensaje claro: “La captura de los líderes y las lideresas sociales no quiere condenar la persona, sino callarnos la boca y acabar con un proceso del movimiento social.”

Por lo tanto, estas intervenciones sirvieron para trabajos en grupo con el fin de sistematizar recomendaciones tanto en situaciones de captura y carcelaria como mecanismos de actuación de la comunidad frente a la detención arbitraria. Los resultados fueron presentados como pequeñas obras de teatro, una forma lúdica que facilitó la participación de cada integrante de los grupos – un ejemplo de buena práctica de educación popular. A continuación, se presentó diferentes actos culturales como parte de la resistencia y la identidad cultural del pueblo. “Que el amor, la música, el baile, el teatro, la poesía, el circo nos sigan brindando herramientas para resistir y así incidir en todos los territorios”, comentó Mariana Galvis de la Universidad Industrial de Santander estas estrategias de representación. Más allá de la prevención y reacción a las detenciones masivas los movimientos presentes se comprometieron a un plan de trabajo conjunto para seguir con la formación de derechos humanos en sus respectivas comunidades y atenuar la crítica situación humanitaria de los presos políticos los cuales con sus mensajes de audio estaban siempre presentes en el auditorio.

Ante la criminalización y persecución del movimiento social se debería replicar este tipo de encuentros de prevención y formación en todas las regiones del país. Gloria Silva concluye al final del encuentro: “La organización y la movilización de las comunidades son una de las importantes alternativas que tienen los movimientos populares para poder revertir los efectos de una política criminal del Estado.” Un primer paso de unidad y movilización se ha dado con el bloqueo de la ruta del sol, columna vertebral del transporte entre la costa y el interior del país, por los participantes antes de salir de Pelaya. Que le sigan muchas movilizaciones más para que en un futuro cercano lxs presxs políticxs estén entre nosotros.