La motocicleta y los derechos fundamentales

En Colombia los gobiernos y cada funcionario antes que discriminar la motocicleta como vehículo utilizado para el mal llamado mototaxi, debieran reflexionar sobre la crisis, que padecen cada núcleo familiar, con todos los problemas socios económicos, que deja a Popayán, como herencia la gobernabilidad, de los últimos seis años ocupando los primeros lugares en desempleo y pobreza.

Como gobierno, como policías, como coadyuvantes del desarrollo ciudadano antes de adentrarse en el ordenamiento jurídico,  que como formato de trabajo,  le arroja el gobierno o patrón a cada funcionario, en el municipio, debieran hacer un acto de contrición, con la mano en el pecho, para determinar al menos que a la relación estado, elector o ciudadano se le debe agregar, una cualidad indisoluble de dignidad, los mototrabajadores, exigimos a la Administración municipal, implementar políticas públicas que se dirijan a la satisfacción de necesidades básicas para enfrentar seriamente, los ciclos de pobreza de esta ciudad.

Esta exigencia, que se justifica desde la Constitución Política de Colombia, se hace más fuerte, cuando se constata de parte de la Alcaldía, la destinación de generosos recursos públicos para la adecuación estética, en movilidad y seguridad de la ciudad, en detrimento de la inversión social que debe priorizarse para la garantía de derechos de los más vulnerados.

Antes de reprimir con sus argumentos amparados en la norma deberían plantearse los siguientes interrogantes jurídicos:

1-Donde queda la constitución política de Colombia, ante la violación de los   siguientes derechos fundamentales?

    Derecho a la vida
    Derecho  al trabajo
    Derecho a la libre movilidad.
    Derecho a la intimidad.
    Derecho a la salud.
    Derecho a la educación.
    Derecho a vivienda digna.
    Derecho a la libre empresa.

2-¿Será, que con sus actuaciones ponen en riesgo la vida y la salud emocional, mental y espiritual de todo un núcleo familiar?

Esta claro que al estado y sus funcionarios se les a olvidado el articulo 366 de nuestra carta magna, el cual señala como finalidad social del estado, velar por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, así mismo establece como objetivo fundamentales del estado ´La solución de las necesidades INSATISFECHAS DE LA POBLACION´ en especial de la salud, educación, saneamiento básico y vivienda digna.

Además de pasar por alto el numeral 13 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, el cual reza: *el estado promoverá condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados, el estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sanciona los abusos o maltratos que contra ellas se cometan*.

Cuando hablamos de violación a derechos fundamentales, partimos del hecho de que todo aquello que toma carácter de consumo humano, adquiere como tal la característica de DERECHO FUNDAMENTAL y es susceptible de protección mediante tutela, dado que sin ello se ponen en riesgo los derechos a la vida, salud y la dignidad de las personas.

En este marco se entiende entonces que el estado colombiano, a atravez de sus agentes esta en la obligación de garantizar la dignidad humana, siendo inoponible cualquier argumentación que vaya en contravía de dicho concepto.

3-¿los funcionarios del estado entienden el concepto de dignidad humana?

No puede pensarse que una persona que no tiene un empleo estable, que no tiene cubierta sus necesidades básicas y que además se le atropella por medio de decretos y de leyes se le esté garantizando su dignidad.

Contrario a lo expuesto por los gobernantes, que no han sido capaces de dar respuesta a las necesidades, de empleo para muchos payaneses, el mal llamado mototaxismo es la única actividad laboral, con la cual durante los últimos diez años en Popayán cientos de familias han podido solventar su sustento diario y aun con el peyorativo de ilegales han contribuido a engordar los capitales de los propietarios de grúas y parqueaderos que amparados en oscuros convenios con las administraciones y contando con la complicidad de las autoridades de transito se han dedicado a perseguir ferozmente a las clases mas vulnerables, con el débil argumento de que están luchando para garantizar la seguridad en las vías y la seguridad ciudadana.

Prueba de la falta de compromiso social de nuestros padres de la patria, al momento de legislar, están las sumas exorbitantes, que por concepto de multas por mototaxismo, pretenden hacer efectivas por medio de cobros coactivos, pero no se ve la norma por ningún lado, para regular los miles de millones  que por cobro de servicio de grúa y parqueadero se están cancelando por parte de los motociclistas en general, pues no hay ni siquiera un formato de recibo que legalice y justifique la destinación de estos recursos.

Ni hablar de la carrera contrarreloj que se observa por parte de la policía de transito para llenar las grúas con motos e irlas a descargar como trofeo al parqueadero violando el articulo 127 de la ley 1383 pues en ninguno de sus literales menciona que se deban hacer inmovilizaciones colectivas, será entonces que en Colombia son interpretadas a conveniencia de los grupos de poder económico y no en Favor del pueblo?

Junta Directiva de Mototrabajadores
Popayán