La mala situación de DDHH en Cesar

Continúan los asesinatos, amenazas, persecución y estigmatización a líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos en el Departamento del Cesar

 
Mientras el país celebraba la Navidad y recibía el año nuevo, se incrementaron en el departamento del cesar las capturas ilegales, las amenazas y los asesinatos a líderes sociales, campesinos, comunitarios y defensores de derechos humanos.

 
HECHOS:

El 22 de diciembre de 2016 una camioneta se apostó frente a la residencia de Jorge Eliecer Pérez Sumalave, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de una vereda del corregimiento de San José de Oriente, La Paz, ubicada en el sector de Miraflores.
Del vehículo se bajaron tres sujetos foráneos que vestían chaquetas negras y le hicieron la conversación al presidente de la JAC quien los hizo pasar y les ofreció tinto.
Los sujetos se dedicaron a hablar mal del acuerdo conseguido entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, calificándolo de una farsa y de una estrategia para que la guerrilla se consolide en los territorios. Estos hombres fueron enfáticos en señalar que los que iban a salir perdiendo eran los líderes comunitarios y los integrantes de las JAC que se han tornado visibles apoyando el proceso de paz. Sobre el particular afirmaron que los líderes estaban quedando entre «la espada y la pared». Ante la insistencia del presidente de la JAC por saber quiénes eran esos hombres y que se identificarán, éstos apenas le dijeron que venían de Medellín.
Como es de suponer, el presidente de la JAC quedó bastante inquieto y sumamente preocupado por la imprevista y sospechosa visita de estos sujetos, sobre todo por lo que dijeron a manera de una sutil advertencia.

El 24 de diciembre de 2016 en el casco urbano del municipio de Pelaya – Cesar, fueron capturados los campesinos JOSÉ ÁNGEL LINDARTE de 49 años de edad, desplazado y tesorero de la Junta de Acción comunal de la Vereda Singararé del municipio de Pelaya y REINEL PAYARES de 40 años de edad, también desplazado y padre de tres hijos menores de edad. Ambos pertenecen al Movimiento de Trabajodorxs, Campesinxs y Comunidades del Cesar -MTCC-, adscritos al Coordinador Nacional Agrario -CNA-.
A los campesinos les imputaron los delitos de Rebelión, Terrorismo y Concierto para Delinquir, tras señalamientos de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional – ELN

Después del encarcelamiento de JOSÉ ANGEL y REINEL, los militares han difundido la versión de que existe una lista de cuarenta personas con orden de captura, entre esos, mencionan al dirigente campesino TRINO RAVELO y otros líderes comunitarios.

Miembros del Batallón Energético y Vial No. 3 vienen realizando permanentes empadronamientos en las vías que conducen del casco urbano de Pelaya a la parte alta de la cordillera. Quien transita por las mismas es registrado en libros de control militar, e indagado por el número de integrantes de la familia, trabajadores de su finca, además de ser fotografiados. Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre y zozobra en el campesinado de la región.

En horas de la mañana del 27 de diciembre de 2016 en la vereda Santo Tomás, jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar, en momentos en que cerca de diez campesinos de las veredas de La Cabaña y Sabana Rubia, varios de ellos dignatarios de las Juntas de Acción Comunal (JAC), le reclamaban a un contingente de soldados adscritos al Batallón de Alta Montaña No. 7 «Mayor Raúl Guillermo Mahecha Martínez» al frente del cual se encontraba un cabo de apellido Gómez, que les entregara nueve cabezas de ganado que accidentalmente se habían mezclado con aproximadamente veintisiete reses que por haber ingresado de contrabando desde Venezuela habían incautado horas atrás y estaban transportando hacia la cabecera corregimental de La Laguna de los Indios, uno de los soldados a menos de tres metros de distancia disparó contra los campesinos, afortunadamente sin consecuencias, y ante el reclamo airado por esta irresponsable acción los soldados los rodearon, les apuntaron con el fusil y expresando falsamente que el disparo había sido reali
 
zado por uno de los campesinos, los trataron a todos de guerrilleros y de sembradores de coca con fines ilícitos.
Posteriormente un oficial de mayor rango que llegó hasta el lugar, comprobando que las cabezas de ganado incautadas efectivamente había ganado legal colombiano, le ordenó a los soldados que lo devolvieran, únicamente devolvieron ocho reses echándose de menos un torete que, según algunas versiones, fue consumido por los mismos soldados.
Alrededor de las 03:00 p.m. del 7 de enero de 2017 cuando se dirigía desde la vereda El Hatillo hacia la cabecera corregimental de La Loma de Calenturas, El Paso, en el lugar conocido como Mata e’ Zorra, fue asesinado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta roja y que cubrían sus rostros con los cascos, Aldemar Parra García, presidente de la Asociación Apícola de El Hatillo y sobrino de Alfonso Martinez, Yolima Parra y Diana Fonseca, líderes comunitarios de El Hatillo que desde hace un tiempo vienen siendo objeto de amenazas por sus posiciones críticas frente a las propuestas de reasentamiento de esta vereda con motivo de la contaminación ambiental causada por la explotación minera en la región.
Algunos testigos señalan que la motocicleta en que se desplazaban los sicarios ya había sido vista anteriormente merodeando por las residencias de los lideres comunitarios.

Ante estos hechos expresamos las siguientes consideraciones:

Es preocupante que la fuerza pública niega la condición de líderes comunitarios no solo a las víctimas de homicidios sino también a los campesinos que han sido capturados bajo la modalidad de «falsos positivos judiciales».

Recientes declaraciones dela policía nacional en el cesar manifiestan estar brindando garantías a los líderes sociales comunitarios y defensores de derechos humanos; faltan a la verdad cuando en casos como el de los líderes de ASOCOMPARTO y las Asambleas Campesinas por la Restitución de Tierras y el Buen vivir no se las ha brindado ninguna medida de protección.

Las capturas de campesinos de la Serranía del Perijá, señalados de ser colaboradores o integrantes de la insurgencia del ELN es una situación que se viene presentando desde hace varios meses en los municipios de Curumani y el corregimiento de Estados Unidos del municipio de becerril donde fueron capturados (8) campesinos en su mayoría dignatarios de JAC; y todo parece indicar que se incrementarán notablemente en el inmediato futuro. La inmensa mayoría de campesinos capturados son reconocidos por sus respectivas comunidades como trabajadores honorables y dedicados al campo.

Pese a que desde el 1 de diciembre de 2016 hay una Alerta Temprana que cobija a varios municipios del Cesar en la que se focalizan una serie de organizaciones sociales, la mayoría campesinas, hasta la fecha no han sido convocadas para analizar las medidas de protección y prevención que se pondrán en vigor. Al respecto pareciera que la Alerta Temprana no hubiera sido tomada por la institucionalidad con la rigurosidad que amerita.

Sin duda alguna la impunidad que ha habido sobre las amenazas, agresiones y homicidios está contribuyendo a configurar un escenario de mayor riesgo habida cuenta que los perpetradores y victimarios siguen sin ser conocidos.

Hasta la noche del domingo 8 de enero de 2016, la comunidad de El Hatillo, La Loma de Calenturas, El Paso, donde ocurrió el último homicidio de un líder comunitario, seguía advirtiendo la presencia de sujetos desconocidos que armados en actitud vigilante merodean por la vereda y su entorno.

EXIGIMOS:

Se adopten las medidas colectivas de protección, prevención y garantías para el ejercicio de nuestras labores sociales, organizativas y políticas.

Al ministerio del interior que active la mesa nacional de garantías en el departamento del cesar y que se cumpla con el acta de garantías firmado entre el Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria en Santander de Quilichao en junio de 2016 y que vigile que se adopten las medidas de protección necesarias de acuerdo a la Alerta Temprana emitida por ese ministerio el dio 01 de diciembre de 2016.

A la fisca
 
lía General de la Nación que informe el estado actual de las investigaciones de los siguientes casos: (a) las denuncias interpuestas por las reiteradas amenazas al líder social y defensor de derechos humanos del congreso de los pueblos Guillermo Pérez Rangel, (b) las denuncias interpuestas por las amenazas a la líder social del movimiento social Marcha Patriótica Yaniris Barraza Guzmán, (C) las denuncias interpuestas con ocasión de la difusión de un panfleto amenazante firmado por el Grupo Armado de Limpieza Social (GALS) donde amenazan a líderes de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), (D) por los homicidios de los lideres Afrodescendientes Néstor Iván Martínez y Neiman Agustín Lara. (e) las denuncias interpuestas por las amenazas recibidas por el dirigente sindical Juan Carlos Rojas Flores (F) investigar los recientes hechos de amenazas a Elvia Jiménez García representante legal de la Asociación de Víctimas del Cesar y a Orlando de Jesús Salcedo Restrepo tesorero de la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar (G) las denuncias interpuestas por los cabildos indígenas del pueblo yukpa en ocasión a las amenazas recibidas (H) investigar él asesinato de líder comunitario de el Hatillo Cesar Aldemar Parra García, presidente de la Asociación Apícola de El Hatillo.

A la Unidad Nacional de Protección que adopte medidas colectivas de protección a los movimientos sociales, comunitarios, organizativos, de derechos humanos, sindicales, campesinos, LGBT y de mujeres en el departamento del cesar y dar pronta solución a las medidas individuales solicitadas hasta el momento.

Al gobernador del cesar que adopte las medidas necesarias de promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos y se haga efectiva la directiva 035 de junio de 2016 emitida por el ministerio del interior con relación a las garantías a los líderes de la cumbre agraria y que cumpla con lo pactado en los acuerdos firmados el dia 15 de junio en la plaza “Alfonso López”. Que adopte con la rigurosidad que esto amerita las recomendaciones hechas por el ministerio del interior en la Alerta Temprana del 01 de diciembre de 2016.

A la Policía y al Ejercito Nacional resultados eficaces en la persecución de los grupos paramilitares, bandas criminales y organizaciones armadas al margen de la ley que amenazan la vida de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos Humanos así como a los movimientos sociales y populares.

A la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y las Personerías Municipales que adopten las medidas en materia de promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos y sean garantes que las autoridades competentes adopten la Alerta Temprana emitida por el Ministerio del interior, con la rigurosidad que ella amerita.

Solicitamos a toda la institucionalidad para que de manera urgente se realice un subcomité extraordinario de prevención y protección, que se convoque a las organizaciones sociales focalizadas en la Alerta Temprana emitida por el ministerio del interior el 01 de diciembre de 2016 y se adopten las medidas necesarias para el caso.

Firman:
Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular regional Cesar
Congreso de los pueblos Karibe.
Asociación de campesinos y comunidades sin tierra del cesar.
Movimiento social y político Marcha Patriótica.
Comité sindical clasista del corredor minero.
Asociación de víctimas del cesar.
Poder y Unidad Popular Cesar.
Fensuagro.
Secretaria de derechos humanos de la CUT Cesar.
Sintraime Valledupar.
Sinaltrainal seccional Valledupar.
Alianza sindical caribe.
Sintracarbon.
Fundación de víctimas del cesar.
Colectivo de comunicaciones El Corresponsal del Pueblo.
Mesa departamental de derechos humanos.
Sinaltrainal seccional El Paso.
Asociación Campesina de la Serranía del Perijá Norte (ASOPERIJA)
Fundación de Víctimas del Cesar.
Colectivo de Mujeres Campesinas.
Asociación de Parceleros del Toco. (ASOCOMPARTO)
Asambleas Campesinas Por la Restitución de tierras y el Buen Vivir.
Comité de Integración Social para el Desarrollo