La destrucción ambiental por Cerrejón

Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— le dictó medidas cautelares al Estado colombiano para que garantice el agua y el alimento a la población Wayúu, este autorizó desviar un nuevo río, lo que implica un gran riesgo para los habitantes y una vulneración a los derechos fundamentales y vitales de la población.

Organizaciones sociales que apoyan a comunidades indígenas Wayúu y líderes de la región, han hecho fuertes denuncias frente a la violación de los derechos de estas comunidades. La denuncia se hace después de que la ANLA y Corpoguajira le otorgaran la licencia al Cerrejón para desviar el arroyo Bruno, un afluente del Río Ranchería que también fue desviado para proveer de agua a las empresas mineras. Líderes comunales advierten que ya se secaron 26 fuentes de agua por causa de la actividad minera a cielo abierto de la multinacional Cerrejón.

Además de esto, el gobierno ha usado como pretexto el tal “fenómeno del niño” para tapar las constantes irregularidades ambientales que se presentan en La Guajira. La multinacional Cerrejón, por ejemplo, ha obtenido los permisos necesarios para apropiarse del agua con las comunidades se han abastecido durante años. Así mismo, los habitantes denunciaron la constante sequía de afluentes de agua, el arrojo de residuos mineros y la deforestación de 12 mil hectáreas de bosque seco.

También, todas estas denuncias refieren que los indígenas han sido obligados a acabar con sus tradiciones culturales. De acuerdo a datos entregados por la UNICEF, han muerto 5 mil niños Wayúu en los últimos 6 años por desnutrición, situación que está ligada a la falta de agua en la región.

El hambre y la falta de agua para los habitantes de esta región se agravarán si el arroyo Bruno es desviado. Este correrá la misma suerte de los otros tantos que han desaparecido y sus habitantes seguirán siendo víctimas de un Estado que evade su responsabilidad y culpa, cómodamente, al fenómeno del niño.
Solidaridad con la comunidad Wayúu

La antropóloga Mafer Hernández, quien conoce de cerca la situación que han vivido las comunidades indígenas de la Guajira, inició una petición virtual exigiendo atención alimentaria para los niños Wayúu. La petición fue elevada ante la CIDH, la cual le dictó medidas cautelares al Estado colombiano para que garantice alimento y agua a los menores.

Ante el nuevo anuncio de desvío del arroyo Bruno autorizado por la ANLA y Corpoguajira, el líder comunitario de La Guajira, Samuel Arregocés, hizo la denuncia y la petición de solidaridad a Colombia y al mundo donde exige al presidente Juan Manuel Santos que detenga el desvío del arroyo Bruno: “en los últimos meses la Multinacional Cerrejón ha recibido todos los permisos del gobierno para desviarlo con el fin de extraer más de 35 millones de toneladas de Carbón que hay en el lecho del arroyo” afirmó Samuel.

En la solicitud Samuel afirmó que: “Para nosotros el arroyo Bruno significa la vida y la posibilidad de permanecer en nuestro territorio, viviendo con nuestras familias y animales, en medio de la flora y fauna. Durante los últimos 30 años en La Guajira hemos sufrido los dolorosos impactos que ha dejado la empresa Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Nuestro territorio ha sido despojado y nuestros arroyos uno a uno han sido desviados, secados y contaminados por la minería.