IV Caravana por la vida, el agua, el territorio y la paz al Oriente antioqueño.

INFORME CARAVANA

Recuento por días

Domingo 13 de agosto de 2017

VIGÍAS DEL RÍO DORMILÓN

Vigías del río Dormilón realizan una presentación. Inician con un contexto biofísico del lugar donde nos encontramos, resaltando la ubicación estratégica en la ladera oriental de la cordillera central y los ejes conformados por la autopista Medellín-Bogotá y el río Samaná, que tiene como brazos los ríos Santo Domingo y Dormilón. Realizaron un recuento de los procesos de poblamiento del río en el siglo XIX, asociados a la colonización antioqueña y la minería. Mencionaron sitios de riqueza biodiversa e histórica como la caverna de los guacharos.

Los Vigías caracterizaron los actores del conflicto socioambiental en los ríos Dormilón y Samaná:

En primer lugar las empresas multinacionales de producción de energía, que traen capital y tecnología a la región. Dos de estas empresas tienen permiso de realizar estudios en el río Dormilón: Taborda Vélez e Integral. La segunda de estas firmas tiene un permiso hasta la desembocadura del Samaná, y de esta se desprende otra empresa con el nombre I2. Otras empresas con presiones sobre el río Samaná son Argos y Celsia. Argos es una de las empresas clave del Grupo Empresarial Antioqueño, también referenciado aún como el “Sindicato Antioqueño”. Celsia, por su parte, es la empresa de energía del grupo Argos.

El segundo actor lo constituyen las instituciones del Estado: CORNARE (Corporación Autónoma Regional, autoridad ambiental que se institucionalizó con la constitución de 1991), quien rige los proyectos energéticos menores a 100 mega-vatios; el Ministerio de ambiente, quien rige los mayores a 100 mega-vatios; y las alcaldías y concejos municipales, entre otros. Actualmente, la política estatal hacia esta clase de proyectos es de rebajar los costos de las “regalías” y de los impuestos para las empresas. El discurso de la “energía limpia” es difundido por las firmas y aceptado por la institucionalidad. Por lo general los alcaldes son portavoces de ideas neoliberales, que equiparan el progreso con la explotación de los “recursos naturales”, llamado así desde esta visión dominante a lo que desde las comunidades se reconoce como bienes comunes.

El tercer actor lo conforman las comunidades locales. El territorio en el que viven tiene antecedentes de violencia caracterizados por un proceso de vaciamiento de los territorios. En la actualidad, las empresas están aprovechando estos antecedentes para llegar a territorios habitados por desplazados o campesinos recién retornados para hacer negociaciones fáciles con las comunidades. Las comunidades sacan la conclusión que toda la guerra vivida en esta zona por parte del paramilitarismo, en complicidad con el Estado, tenía como objetivo prioritario, el desplazamiento forzoso de los campesinos, para dejar vía libre a la entrada de multinacionales a explotar estos ríos. Esto más el desarme de las FARC y posiblemente del ELN, facilita la implementación de la política extractivista minero-energético del gobierno en todo el país y en esta zona rica en recursos hídricos, en particular.

Incidencia de Vigías

Los ponentes de Vigías enunciaron los principales propósitos de su proceso social:

1. Intervenir en el desarrollo de los proyectos energéticos desde que se empiezan a solicitar los permisos de estudio, buscando evitar que los procedimientos lleguen a su fase de licencia.

2. Presionar para que el Estado en su Ordenamiento Territorial establezca figuras para proteger el río Dormilón, prohibiendo proyectos hidroenergéticos, mineros y de extracción forestal y definiendo y privilegiando usos del suelo para la recreación y el turismo de naturaleza.

Mecanismos de incidencia

Los principales mecanismos de incidencia política abanderados por los Vigías son:

• Asambleas comunitarias.

• Cabildos Abiertos.

• Marchas por la autopista Medellín-Bogotá.

• Publicaciones mensuales en el periódico El Arriero.

• Relacionamiento entre profesionales y comunidades.

• Realización de Videoforos en el parque principal de San Luis.

Un poco de historia

El Oriente antioqueño desde la década de 1970 es una de las mayores despensas energéticas del país. En la región se conformó un Movimiento Cívico en las década de 1970 y 1980 que fue masacrado por enfrentar los megaproyectos hidroeléctricos. En la década de 1990 y principios de los 2000 hubo una fuerte intensificación del conflicto social y armado, en la región la insurgencia enfrentaba a los paramilitares que actuaban conjuntamente con el ejército, y los paramilitares atacaban directamente a la población civil, provocando masacres, asesinatos selectivos, amenazas y desplazamiento forzado. Ahora, se están poniendo en riesgo los bienes comunes y la vida humana y no- humana. Actualmente, en la región se proyecta duplicar o triplicar la producción de energía. En esta coyuntura surgen nuevos procesos de defensa del territorio como Vigías del Río Dormilón. Enfrentan retos difíciles, pues se ha llegado al punto que municipios como San Luis dependen económicamente de las empresas energéticas. Sin embargo, movimientos sociales como Vigías manifiestan que “Nuestra historia hace parte del río”, haciendo referencia a una continuidad entre las luchas del Movimiento Cívico y las luchas actuales. La Tulpa, un emergente movimiento juvenil en la región, también se reivindican como parte de ese legado histórico y reconocen una continuidad entre las diferentes violencias que han configurado la región y las problemáticas actuales.

El grupo de Vigías por el río Dormilón comenzó con poca gente pero poco a poco ha venido teniendo buena acogida entre las comunidades, al punto que se ejercen labores de protección, cuidado, vigilancia y defensa del territorio por parte de los habitantes de las cuencas del río: los Vigías cuentan cómo en algunas ocasiones han sido llamados por los pobladores cuando estos observan movimientos extraños de funcionarios, instituciones o empresas.

Intercambio de experiencias

Mientras realizábamos el Foro con Vigías del río Dormilón, las y los participantes de los movimientos sociales presentes en la Caravana trajeron al debate algunas experiencias en otras regiones del país relacionadas con los parques naturales y las áreas protegidas, buscando prevenir a los Vigías de los riesgos que tienen algunas propuestas de conservación ambiental:

En el sur de Bolívar y la serranía de San Lucas las comunidades locales están reivindicando que la gente participe y sea respetada en su modo de vida al interior de los Parques Naturales, proponiendo la noción de “Parques con gente”.

Después de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP, ahora convertida en el partido político FARC, en la región del Sumapaz, concretamente en comunidades donde había respaldo a este grupo insurgente, se están desarrollando proyectos turísticos. Con respecto a estos proyectos, muchos habitantes locales están disgustados pues “después de años de lucha van a organizarse para atender a los gringos”.

REUNIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SAN FRANCISCO

Participan el alcalde municipal Sérbulo Guzmán, una funcionaria y un funcionario públicos. Los representantes de la institucionalidad hablan de la propuesta de BanCo2¹. Según la página web de este proyecto, unas de sus “entidades compensadoras” (que pagan por contaminar) son las mineras Anglo Gold Ashanti y Antioquia Gold Inc. Entre sus principales aliados estratégicos están Bancolombia, la Federación Nacional de Cafeteros, la gobernación de Antioquia, la Cámara de Comercio del Oriente antioqueño y Deloitte, así como las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR-, Área Metropolitana y otras entidades ambientales.

En San Francisco ya hay 84 familias que hacen parte del proyecto. Cada familia se adscribe al proyecto con 2 hectáreas de bosque. Según los funcionarios y el alcalde las familias seguirían siendo dueñas del terreno. De acuerdo a ellos, este proyecto surge en Antioquia y se ha replicado en 12 CAR.

El alcalde manifiesta abiertamente que le gusta la propuesta de BanCO2, que la ve como un proyecto estratégico.

Sérbulo Guzmán nos dice que se está terminando de actualizar el esquema de Ordenamiento Territorial en San Francisco.

Entre las preguntas que se realizaron en el foro, hubo una que inquiría por cuántas tierras de veredas se encuentran actualmente en comodato, donde viven familias retornadas como en el caso de La Eresma y La Maravilla, y cuál va a ser el futuro de los títulos de propiedad de esas tierras.

El alcalde respondió que para el caso de La Maravilla, sí se piensa una titulación de tierras en el futuro. Uno de los problemas es que, según él, el 92% de la tierra en el municipio no está legalizada. Para solventarlo, se va a comenzar un proceso de formalización y legalización de la propiedad.

Se realizó una intervención sobre el Ordenamiento Territorial en Colombia, según la cual los Planes de Ordenamiento Territorial -POT- obedecen a las directrices del Plan Nacional de Desarrollo -PND- y a su visión de las Ciudades-Región, figura funcional al modelo extractivista. Dentro de esta diatriba, se lanzó una pregunta para el alcalde, averiguando sobre el rol que juegan las comunidades en el POT de San Francisco. Al respecto, el alcalde respondió que había llegado a la administración cuando ya el proceso de actualización del POT estaba muy avanzado por la administración anterior.

Otra intervención habló sobre las solicitudes de títulos para proyectos hidroeléctricos en el municipio, como el proyecto en el río Santo Domingo que tiene Empresas Públicas de Medellín –EPM². Las veredas donde se ha realizado la socialización para este proyecto son El Pajuí y La Maravilla.

Lunes 14 de agosto de 2017

COCORNÁ – VISITA A PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA –PCH- EL POPAL/ EL OCHO.

Se realiza un reconocimiento territorial a la Pequeña Central Hidroeléctrica El Popal, construida por HMV ingenieros a partir del año 2011³.

Desde el Coordinador Nacional Agrario, ASOPROA y MOVETE se realiza un contexto regional del Oriente antioqueño en la actualidad. Sostienen que hay acciones en contravía de la paz desde las políticas gubernamentales como el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes Departamentales y Municipales, las cuales privilegian la agroindustria y a los empresarios, no piensan en el pequeño campesino y conllevan al saqueo de los territorios.

En el Oriente antioqueño desde el 2002 hubo una arremetida de operaciones militares que prepararon el terreno para darle vía libre a proyectos hidroeléctricos y mineros. Los oradores sostienen que ahora “nos venden el tema del desarrollo”, “pero eso no es verdad, hace 34 años se construyó el primer embalse y el campesino apenas sobrevive a medias”, cuando “EPM e ISAGEN sí reciben dinero”. Por eso plantean la pregunta de “¿desarrollo para quién?” Cuando “lo vemos pasar por los cables de alta tensión”… “De los proyectos se benefician personas a costa del detrimento del resto de la población”.

Para el Oriente, la Corporación Jurídica Libertad ha documentado 172 casos de ejecuciones extrajudiciales. Esos casos coincidieron, o se llevaron a cabo con la omisión, la connivencia, la complicidad o autoría del Batallón Minero-energético. Los proyectos hidroeléctricos estaban planteados hace 30 o 40 años. Por ejemplo, el frente Carlos Alirio Buitrago, del ELN, llegó a amenazar a funcionarios de EPM que desde eso no habían vuelto al territorio. “Ahora al campesino lo están molestando las multinacionales”.

El conflicto armado fracturó el tejido social de las comunidades, haciendo que “cada vereda trabajara independientemente”.

En las intervenciones se sostiene que HMV ingenieros, la firma constructora de la hidroeléctrica, actualmente es propiedad de una multinacional. Las “regalías” que dejan estos proyectos hidroeléctricos están distribuidas así: 3% para CAR, 1.5% para los municipios donde éstos se ejecutan y 1.5% para los municipios que surten el agua para la generación de energía.

Los principales daños del proyecto energético El Popal son: grandes flujos de población; llegada de mucha gente a La Piñuela para trabajar en las centrales, que luego ha quedado desempleada; la competencia por la mano de obra entre las empresas hidroeléctricas y las fincas campesinas, donde estas últimas se quedan sin mano de obra; el desplazamiento y la disminución del agua.

Las afectaciones que estos proyectos tienen sobre la vida campesina son: el desarraigo; la no retribución de las ganancias; el secamiento del agua de las veredas; el impacto sobre el abastecimiento regional de alimentos, debido a las tierras que se dejan de usar para la producción de comida y la agricultura. Doña Rubiela, una mujer campesina del territorio, narró su experiencia sobre cómo se le perdieron los cultivos “de los que sacaba la comida de los hijos”. “Si ahora necesita un plátano o una yuca lo tiene que comprar”.

Las alternativas que se tienen frente a los impactos que generan estos megaproyectos son: fortalecer la identidad campesina, planteando o respondiendo preguntas como ¿qué somos y hacia dónde vamos?

Desde el 2011, año que coincide con el comienzo de la construcción de la hidroeléctrica El Popal, comenzó a hablarse del desarrollo, pero sólo hablaron de los beneficios, no de las amenazas. A las veredas llegaron haciendo reuniones y promesas, realizando listados de asistencia para hacer pasar las firmas por autorizaciones.

Actualmente desde los movimientos locales están trabajando para elaborar un proyecto de acuerdo que prohíba las hidroeléctricas en Cocorná. El 13 de mayo de 2017 realizaron una movilización rechazando los proyectos hidroeléctricos y mineros.

Los proyectos hidroeléctricos están amparados en la Política Departamental de Desarrollo. Esa política está relacionada con EPM, que tiene capital extranjero de empresas multinacionales. En la intervención caracterizan a estas empresas como parte del cartel de la energía.

Intercambio de experiencias

El Movimiento Político De Masas Social Y Popular Del Centro Oriente Colombiano compartió la reivindicación que están haciendo las comunidades de departamentos como Casanare y Boyacá, nombrándose como Víctimas del desarrollo y Víctimas del Estado.

Martes 15 de agosto de 2017

Corregimiento de Puerto Garza, nombrado por la comunidad como Narices, municipio de San Carlos.

Conversatorio

Una de las intervenciones abrió el conversatorio afirmando que los sitios con altas tasas de desplazamiento han sido también los sitios donde han llegado los megaproyectos extractivos.

Debe tenerse en cuenta un contexto mundial de crisis energética donde están disminuyendo las fuentes de energía no renovables como el carbón y el petróleo. En este contexto, Colombia no sufre de escasez energética, no necesita generar energía.

La Anglo Gold Ashanti tiene 20.000 hectáreas tituladas en el Oriente antioqueño.

¿Cómo llega Porvenir II? En Narices comienzan a escuchar algunos rumores en el 2011, pero sólo es en el 2012 que se enteran del proyecto Porvenir II.

El 30% de viviendas están sin servicio de energía en una vereda que queda a 1km de la hidroeléctrica de San Carlos.

La comunidad está enfocada en “favorecer la riqueza que tenemos aquí que es el río Samaná”.

Mecanismos utilizados por la población local

• Organización de mesas desde la organización comunitaria.

• Audiencia pública.

• Alianzas con otros actores.

• Se necesita la ayuda de profesionales para interpretar los documentos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, que permita la apropiación de conocimientos que permitan debatir. El ANLA hizo casi 3000 requerimientos del proyecto. El ANLA pedía un concepto técnico y científico del proyecto, ignorando los saberes de las comunidades del río.

• Creación de Mesa de Concertación.

• Se compromete a la alcaldesa para que convoque a reuniones.

• En las reuniones se convoca al Concejo Municipal, Celsia/Integral, la personería y la comunidad.

• Se lleva proyecto a Concejo Municipal.

• Se crean Mesas de Seguimiento al proyecto Porvenir II.

• Se le asigna presupuesto para apoyo técnico y científico.

• Se promueve un debate por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio.

• Organizaciones de DDHH como la Corporación Jurídica Libertad brinda apoyo.

• La administración municipal brinda apoyo.

• Puerto Garza exige un Plan de Acueductos y Alcantarillados.

Acciones por parte de la empresa y la institucionalidad

 

• Declararon la Cuenca del Cañón del Samaná Norte como “utilidad pública”.

• Socializaciones del Plan de Manejo Ambiental. Éstas fueron aprovechadas por la empresa para usar las firmas de asistencia como firmas que respaldaban el proyecto Porvenir II.

Es importante recuperar la memoria: el conflicto en la región se ha dado por las hidroeléctricas, “si no hubiera habido hidroeléctricas, no hubiera habido la violencia que hubo”.

Las siguientes frases y dichos de campesinos fueron utilizadas en las intervenciones para ejemplarizar el extractivismo y el desplazamiento padecidos antes y ahora en el Oriente antioqueño:

“Somos los dueños de la vaca pero tenemos que comprarles leche”, dicho de un campesino frente a la riqueza que sacan del territorio y la miseria que dejan.

“No hemos terminado de desempacar la maleta y ya nos están diciendo que la volvamos a empacar”, dicho de un campesino sobre el retorno y el desplazamiento generado por la violencia que causan los megaproyectos. Así como éste: “si no nos sacó la violencia nos van a sacar los megaproyectos”.

Denuncian que la empresa contrata otras empresas que les hagan estudios que les sirvan para cumplir sus objetivos.

Pero es posible parar los proyectos, a Porvenir I se le negó la licencia, porque se movilizó la gente del Pajuí en San Francisco. Ahora se busca compartimentar el proyecto que se buscaba hacer en esa vereda en cinco microcentrales.

Otros ideas mencionadas fueron:

“Cornare es la empresa de los ricos”, porque allí “el que contamina paga” y “a los pobres no nos sirve para nada”. Proyectos como BanCO2 favorece a los ricos.

“El desarrollo es una masa de mentiras”.

“Se necesita unificar e integrar a los municipios afectados”.

“Se necesita que el territorio no piense de manera individual sino colectiva”.

“Las próximas guerras serán por el agua”.

Intercambio de experiencias

Cuentan cómo en Cajamarca hubo una amenaza de las Águilas Negras justo un día antes de la Consulta Popular.

Se presenta el proyecto de ley de Alberto Castilla sobre el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, que incluye la toma de decisiones sobre el territorio.

Viaje a Marinilla

En la tarde viajamos de San Carlos a San Rafael y después a Guatapé, viendo en el camino las grandes represas e hidroeléctricas. En la noche llegamos a Marinilla, a la sede del politécnico Jaime Isaza Cadavid. Allí había sillas, luz eléctrica, era un espacio más institucional y urbano, en su materialidad, en el discurso de nuestros anfitriones, en la disposición de las sillas, las camas donde descansaríamos… Nos recibía la Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental -CEAM- y el colectivo Sin Esquemas.

Allí se conversó sobre la historia del Movimiento Cívico en el Oriente antioqueño. Se narraron eventos como la privatización de los servicios públicos en la década de 1970 y se recordaron figuras importantes como la de Ramón Emilio Arcila, asesinado antes de la elección popular de alcaldes, quien pensaba este Movimiento Cívico como un germen del poder popular en Antioquia.

Se recordó la primera masacre perpetrada en San Carlos, donde cayeron Víctor Velásquez y Libardo Duque en octubre de 1998, en el marco de una negociación entre ISA y el Movimiento Cívico por la construcción de la línea 500. A los mártires los decapitaron y los tiraron al embalse.

Se busca que se dé el reconocimiento del Movimiento Cívico como sujeto de reparación colectiva.

Miércoles 16 de agosto de 2016

Foro con la Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño

Llama la atención que funcionarios de ISAGEN hagan parte de esta Mesa.

Se hace un recuento de aspectos de la coyuntura regional y departamental como el establecimiento de vicealcaldías militares, el proceso de retorno y la alta informalidad en la tenencia de la tierra, principalmente en el municipio de San Francisco. Esto puede agravarse con la posible entrega de “baldíos” a los empresarios.

Actualmente proliferan los agrotóxicos con las floristerías, que se utilizan cerca de las fuentes de agua, así como plaguicidas e insecticidas con los que se preparan los “batidos”.

Flor, una mujer perteneciente al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-, es representante de las víctimas en los escenarios regional y mundial y proveniente de la vereda La Esperanza, del municipio de Carmen de Viboral. Sus familiares fueron detenidos y desaparecidos por militares de la Cuarta Brigada y paramilitares. Ella denunció que las hidroeléctricas, la minería y las áreas protegidas, violaban la ley 1448 pues constituían un obstáculo para el retorno y una revictimización de las comunidades y el territorio. Veredas como San Vicente y La Esperanza, del Carmen de Viboral, van a ser afectadas por la hidroeléctrica Cocorná 1.

Flor se pregunta ¿para quién es el modelo de desarrollo del Oriente antioqueño? “Tras 21 años de lucha por nuestros desaparecidos y que ahora se tomen el río”.

Se piensa hacer una reserva protectora del río Melcocho.

Se lanza la pregunta, ¿cómo defender la ley de participación ciudadana? En un momento transicional como el actual.

Se traen a colación experiencias como los Tribunales Internacionales de Opinión por Barrancabermeja y el Sur de Bolívar que son referente a nivel de país. RedHer ha sido actor clave en la realización de estos Tribunales. Una de las claridades que tiene la Red de Hermandad es que la guerra ha sido por los recursos naturales que tiene Colombia.

Se toca el tema de la niñez y la juventud. Actualmente hay una migración campo-ciudad donde uno de los factores asociados es la proliferación de los valores consumistas urbanos y el prestigio que en el campo da vivir en la ciudad. Otros factores imprescindibles de considerar son la pobreza, el irrespeto a la dignidad, el abandono, la ruptura de las familias y del tejido social. Mencionaron también la existencia de una reconversión laboral en el territorio que afecta a los jóvenes.

Hubo una intervención de la Asociación de Mujeres del Oriente antioqueño -AMOR-, quienes en el actual período de pos acuerdos están “preocupadas porque vengan de nuevo a saquear nuestros recursos”.

Se mencionó que una apuesta en el Oriente antioqueño es constituir a la familia como sujeto colectivo que sea capaz de formar procesos y fortalecer el arraigo en el territorio.

Una intervención narra que a partir del momento en que la gente retornó se ha desmontado el acompañamiento por parte del ejecutivo. El retorno se ha combinado con procesos de re-desplazamiento y retorno, en los que la economía campesina no se ha fortalecido. El Oriente antioqueño ha sido un laboratorio estatal, un piloto, un conejillo de indias de la política pública de atención a víctimas. Se hace mención de la sentencia T025, sobre el estado de cosas inconstitucional de violación sistemática de los derechos de la población desplazada⁴. También del Auto 373 de la corte de agosto de 2016⁵.

La intervención por parte de ASOPROA resalta las problemáticas territoriales del Oriente antioqueño, donde hay un acoso por parte de las multinacionales y las grandes empresas.

Jueves 17 de agosto de 2017

Sonsón, vereda La Loma, corregimiento Alto de Sabanas

Hay una reunión con la comunidad donde se escuchan las afectaciones provocadas por la construcción ilegal de una carretera para transportar material de construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Aures.

Los pobladores locales manifiestan que no ha habido socialización del impacto de los megaproyectos. Las grandes afectaciones se presentarán sobre todo en las veredas Naranjal abajo, Naranjal arriba, Alto de Sabanas y La Habana.

En Sonsón está creciendo la presencia de invernaderos, como el tomate de aliño.

El proyecto de la Pequeña Central Hidroeléctrica -PCH- Aures Bajo estuvo oculto para la comunidad. Sus habitantes sólo se dieron cuenta de su existencia en mayo del 2017. CORNARE ha ignorado el daño ambiental causado por la construcción ilegal de la carretera que une La Loma con Naranjal, que se ha hecho arrojando sedimentos al río.

Las principales afectaciones han sido las inundaciones de las casas y de entables paneleros y los constantes derrumbes que afectan los cultivos.

Las acciones tomadas por la comunidad han sido el cierre de la carretera, presionando la presencia de funcionarios e instituciones; la reunión con actores como Aures Bajo, el Concejo Territorial de Planeación -CTP-, la personería, la comunidad, entre otros; el contacto con MOVETE. La administración casi nunca aparece, sólo ha venido la policía a derribar el cerco y abrir la vía.

Donde ahora se está construyendo la carretera ilegal, antes había un camino de herradura que se andaba a pie y en moto. Este camino tenía una brecha de 1.80 metros abierta por un hombre de la vereda. El anterior y el actual alcalde nunca habían solicitado abrir la vía. Actualmente hay 10 familias en la vereda.

Anteriormente la economía de la vereda era principalmente la agricultura y la ganadería, la caña y la panela y el trabajo en una mina de barro. Las primeras casas de Sonsón fueron construidas con tejas del barro de la vereda.

La empresa Aures Bajo tiene por uno de sus dueños a Luis Guillermo Vélez, socio de Álvaro Uribe.

La comunidad se pregunta: ¿Para qué la carretera?

Sonsón tiene su riqueza, su más grande potencial, en la ruralidad. Lo privado ha venido copando esa riqueza, a través de una relación entre el Estado y las empresas privadas.

El patrimonio arqueológico ha sido saqueado por la empresa. El territorio ha sido intervenido sin un Plan de Manejo Arqueológico.

Es palpable, para las y los líderes locales, que los funcionarios de planeación no conocen el territorio. Este espacio tiene una vertiente caucana y una vertiente del Magdalena Medio.

Se le ha pedido a CORNARE hacer una consulta.

La compañía Aures Bajo ha tirado el material de construcción a nacimientos de ríos, donde la comunidad tomaba el agua para cultivos y animales. Ha habido un desplazamiento de pobladores que han quedado con sus tierras dentro de los predios de la empresa. La firma no les quiere ni siquiera comprar los predios a sus legítimos dueños. Estas tierras eran usadas para ganadería.

Esta empresa ha tratado de engañar a la gente con falacias como “que el proyecto va a traer desarrollo”.

Una necesidad que surge es documentar cuánta gente vendió las tierras a la compañía y en qué lugar se encuentran ahora. También se requiere exigir una comisión tripartita entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, la empresa y la comunidad.

La compañía está haciendo estudios en río Verde y las cuencas del río Samaná. Los ríos que van a ser intervenidos en megaproyectos hidroeléctricos nacen en el páramo de Sonsón, de ahí la importancia de este territorio.

Viernes 18 de agosto de 2017

Vereda La Honda, jurisdicción del Carmen de Viboral, mantiene relaciones de diversa índole con La Unión.

Los pobladores de La Honda narraron cómo en el pasado las actividades económicas preponderantes eran la arriería y la ganadería. Había una escuela con aproximadamente 30 o 40 niños, ahora hay sólo 2. Vivían de 25 a 30 familias.

“Antes eran los grupos armados, hoy es CORNARE el que no quiere que estemos acá”. El desplazamiento ahora está asociado a la figura de Reserva Forestal, que implica la “imposibilidad de restablecernos, de retornar”.

Como formas organizativas, en la vereda han existido los comités de deportes, las mingas comunitarias y las Juntas de Acción Comunal –JAC-

En el año 1994 la vereda La Honda era objetivo militar por ser un corredor estratégico para la guerrilla. El ejército estigmatizaba a sus habitantes como colaboradores de la insurgencia. Así, la violencia inició con asesinatos selectivos. Los Botero han sido la familia más antigua de la vereda. A muchos habitantes les tocó escuchar historias de La Violencia, de la presencia de La Chusma.

La Honda es la entrada para San Francisco y San Luis. Su ubicación es estratégica porque allí se ubican los nacimientos de los ríos que pretenden ser capturados para producir energía: “Pretenden que cuidemos los bosques, cuidemos las aguas, para más abajo hacer proyectos hidroeléctricos”. Con la reserva pretenden “cuidar el agua y los bosques que van a usar en las hidroeléctricas”. “Nosotros tenemos el pulmón para ellos, para pagar lo que ellos van a contaminar con los megaproyectos”.

Aquí, el conflicto armado también se relacionó directamente con la realización de megaproyectos. CORNARE es percibido como un ente policivo que trata a los campesinos como enemigos de la naturaleza y actúa en consecuencia, imponiendo sanciones que van desde las multas a la cárcel.

Desde el Movete se realiza una contextualización con respecto al tema de las áreas protegidas.

Actualmente hay 4 Reservas Forestales Protectoras en el Oriente antioqueño, en los ríos Melcocho y Santo Domingo. Las áreas delimitadas como Reservas Forestales están directamente relacionadas con las áreas destinadas para la construcción de hidroeléctricas. Las normas y reglamentaciones con respecto al uso del suelo en las Reservas no garantizan los derechos de las comunidades retornadas, que en la legislación tienen los derechos de las víctimas del conflicto armado. En las Reservas no pueden acceder a derechos como la vivienda, no se pueden hacer construcciones destinadas a la salud o la educación, no se pueden construir vías (sólo mejorar las existentes).

En el territorio se están desarrollando proyectos como el BanCO2, las Áreas de Reserva. Se menciona un Plan Nacional de Desarrollo Verde, que podría estar fijando las directrices de estos proyectos⁶. A pesar de estas regulaciones ambientales, en Sonsón se han aprobado 68 títulos mineros.

En los espacios donde han hecho programas de desminado es donde actualmente hay mayores intereses económicos.

Hay otra problemática asociada a la falta de legalización de las propiedades: en un mapa de zonificación de baldíos del Oriente antioqueño, todo el corregimiento de Aquitania, del municipio de San Francisco, es considerado como “baldío”.

Sábado 19 de agosto de 2017.

Foro de Cierre de la Caravana en el municipio de La Unión

En el Foro se socializaron las conclusiones de los grupos de trabajo y hubo diferentes intervenciones tanto del público como de ponentes.

Uno de los ponentes fue un funcionario municipal de La Unión, quien hizo referencia a que están generándose desplazamientos por el alto costo del suelo (causado por la especulación inmobiliaria y la construcción de megaproyectos de infraestructura, entre otros), que ocasiona que no se puedan realizar proyectos de vivienda prioritaria o de interés social en el municipio.

Otra de las ponencias fue la del senador campesino Alberto Castilla. Para él, la historia reciente del Oriente antioqueño es un ejemplo claro de cómo y para qué se ha utilizado la violencia en Colombia. En esta región, la finalidad de los hechos violentos fue abrirle paso a las empresas nacionales y multinacionales para saquear los bienes comunes naturales del territorio. Luego, el senador campesino llamó la atención al público para que se percatara que “lo que ocurre en la vereda es un problema del país”, y enmarcó las problemáticas y conflictos socializados en los equipos de trabajo dentro de un modelo de acumulación de capital que es dinamizado por medio del despojo y la desposesión de los pueblos y sus territorios.

Posteriormente habló de la descampesinización del campo, que tiene que ver con la pérdida de la seguridad y la soberanía alimentarias, así como de la identidad campesina vinculada a la producción de alimentos y a una cultura común al campesinado. Esta pérdida se asocia a un proceso de empresarización del campo, donde el campesino, de ser “su propio patrón”, pasa a trabajar para empresas o particulares, en figuras como el trabajo al jornal.

Castilla señaló que, bajo el modelo de acumulación por despojo, el territorio es el centro del modelo agroexportador y extractivista, y por eso su defensa vincula campos y ciudades. Para sustentar esta afirmación, presentó cifras sobre las vocaciones del uso del suelo en Colombia y señaló los principales conflictos relacionados con su uso, entre los que resalta el incremento del acaparamiento de tierras. Luego, realizó un contexto nacional de las principales actividades del modelo extractivista, como la megaminería y la agroindustria. Para el senador, la economía campesina no aparece en el diseño de este modelo.

Por último, socializó proyectos y decretos de ley que actualmente está discutiendo desde su trabajo como senador. Habló del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, a implementarse vía Fast Track, que peligra con entregar más tierras para los empresarios. Mencionó también el decreto de ley 902 de 207. Y para finalizar, presentó una propuesta de ordenamiento y auto-gobierno del territorio: los Territorios Campesinos Agroalimentarios, con la cual se busca que la toma de decisiones se dé por parte de las comunidades y no de entidades gubernamentales. Estas propuestas, necesitan de la capacidad soberana de las comunidades, como la expresada en victorias recientes como las Consultas Populares, mecanismos donde el pueblo discute el modelo de desarrollo.

Entre las intervenciones del público, una delegada de la UTL del representante a la Cámara Víctor Correa hizo referencia a Proyecto de ley de Economía Campesina y Agricultura familiar, que incluye el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, el acceso a mercados, entre otras propuestas para dignificar el campesinado.

Otras intervenciones hicieron referencia a problemáticas y temas tales como: extranjerización de la tierra y tierras baldías; la privatización de la salud (MOVETE); la propuesta de paz con vida digna y participación protagónica de la sociedad construida desde Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular (ASOPROA).

Las intervenciones también lanzaron propuestas: crear un comité para analizar las problemáticas, materializar la solución de las necesidades y fortalecer las propuestas construidas en la Caravana; fortalecer el campesinado con respecto a la seguridad alimentaria; exigir el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos en espacios institucionales como el Congreso de la República, el Senado, la Cámara de Representantes, entre otros; implementar acciones para defender la salud pública y los hospitales frente a las alcaldías.