INFORME DE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN AL CATATUMBO

Equipo Jurídico Pueblos.13/03/2019

1 al 7 de marzo de 2019
Entre el 1 y 7 de marzo de 2019, se llevó a cabo una Misión de verificación en materia de
derechos humanos y DIH en el Catatumbo, la cual abarcó los Municipios de 1) El Carmen
(veredas Alto Bobalí, El Tigre y el Paraíso), 2) Teorama (Corregimiento de San Pablo: Veredas
Piedras de Moler y La Llana Baja; Corregimiento del Aserrío: El Barrio Filito de Oro, Vereda La
Cristalina); El Tarra (Vereda Bracitos – Sector Buenavista).
La Misión se conformó con delegadxs de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia –
REDHER y el Equipo Jurídico Pueblos – EJP. Este informe se construye a partir del relato de las
comunidades y la constatación material de las situaciones susceptibles de ser observadas, las
cuales han sido documentadas en distintos medios y serán puestas en conocimiento de las
entidades estatales. Por razones de seguridad y petición expresa de las y los afectados, no se
hará uso público de los nombres de ninguna persona.
El Catatumbo es una región en la que se desarrolla en un entramado de complejidades,
confrontaciones armadas entre distintos actores, en las que han resultado involucrada la
población civil. Las comunidades se encuentran inmersas en un contexto de violaciones
sistemáticas al derecho internacional de los derechos humanos DIDH, así como de infracciones
al derecho internacional humanitario DIH.
El campesinado de la región, afronta un alto riesgo de desaparición. Nuevas oleadas de
desplazamientos masivos se están produciendo en razón a amenazas de muerte y
judicialización, empadronamientos, hostigamientos y frecuentes enfrentamientos.
En general, se observa una constante militarización de los sectores visitados, con un
consecuente incremento de la estigmatización y el involucramiento de la población en el
conflicto.
I-
INFORMACIÓN RECABADA POR LA MISIÓN
1- MUNICIPIO DE EL CARMEN
1.1- ALTO BOBALÍ. En entrevistas individuales y colectivas con personas de la Comunidad de
la Vereda, estas refieren que en los últimos meses varios pobladores han sido abordados por el
miembros del Ejército Nacional para hacerles ofrecimientos a cambio de ayuda para dar con el
paradero de la insurgencia; “les han dicho que los uniforman y encapuchan y se muevan con ellos
por la vereda, también les han mostrado fotos de personas de viven en las distintas veredas de la
parte alta del municipio del Carmen (N/S), a todo campesino o campsina que pasa por ese punto
donde esta el ejercito acantonado, le toman fotos y radean las cedulas…” 1
También denuncian las y los campesinos, que el Ejército acude a prácticas intimidatorias
contras las comunidades, como por ejemplo, realizar disparos indiscriminados al aire,
ubicándose para ello, en lugares cercanos de las residencias de los pobladores, en las que
habitan por lo general, niñas, niños y jóvenes.
Asimismo manifiestan que se siguen haciendo controles de mercados, censos o
empadronamientos, y se toman fotografias de todo residente y transeúnte de la zona. En la
vereda opera un toque de queda de facto impuesto por los militares, quienes manifiestan a la
población que “nadie puede transitar por donde ellos están en horarios de la noche por su
seguridad, y porque a esa hora solo camina la guerrilla y que van a disparar a todo lo que vean” 2
Igualmente, son recurrentes las denuncias por amenazas de judicilialización. Manifiesta la
comunidad que funcionarios de la inteligencia militar y de la fiscalía, están contactando a traves
del Facebook y WhatsApp, a varias personas a quienes les envían mensajes diciendo que se
desmovilicen, proponiéndoles que trabajen con ellos, realizándoles ofrecimientos de dinero.
“Les dicen que es muy bonito estar en libertad y no en la carcel, que ellos quieren que las cosas
sean por las buenas, y mientras escriben por whatsapp van borrando inmediatamente los
mensajes”, no obstante, en algunas ocasiones se ha logrado hacer pantallazos de las
conversaciones.
Notas que recogen palabras textuales de las y los campesinos participantes.
Ídem1.2- VEREDA EL PARAISO.- En la verada el Paraíso miembros del ejército de la tarea conjunta
vulcano, están acantonados en el predio de un poblador, quien ha sido puesto en peligro, dada
la conflictividad militar en la zona por la presencia de la guerrilla del Eln.
Igualmente, señala la comunidad, los uniformados están saliendo a la vía principal de la vereda
(que es un camino de herradura), y están ofreciendo un bulto de mercado a las personas de la
Vereda a cambio de información, y que suban con ellos al sitio donde estan acantonados para
hablar. Esto tiene a la comunidad intimidada por quererlas vincular al conflicto y al querer
obligarlos a dar información a cambio de no ser judicializados.
2- MUNICIPIO DE TEORAMA
2.1- CORREGIMIENTO DE SAN PABLO
2.1.1- VEREDA PIEDRAS DE MOLER. Igualmente en esta vereda, el incremento militar es
evidente. De acuerdo con la información recibida por la Misión, el Ejército se acantonó en la
Finca de una familia, ocupando una parte del predio que se conserva como reserva. A pesar de
las reclamaciones de sus moradores, los militares se mantienen en el sitio, lo cual les ha causado
un estado de zozobra e inseguridad, dado que en los últimos meses se han presentado
recurrentes combates con la insurgencia y temen quedar en medio de estos.
Indica la comunidad que en el predio contiguo a la reserva, donde se encuentra el Ejército,
aterriza con frecuencia un helicóptero militar, haciendo evidente y visible la presencia de la
tropa, con lo que se incrementa el riesgo de enfrentamientos, exponiendo en alto grado a la
población civil.
Los moradores del predio manifiestan que sienten temor y que varios de sus cultivos se vieron
forzados a abandonarlos por “miedo a que este minada la zona o comenzaran combates, o dijeran
que íbamos a colocar explosivos… no había condiciones y seguridad, por esto perdimos esta
cosecha” 3 . A raíz del recrudecimiento de la confrontación armada, las familias moradoras del
predio ocupado por los militares, debieron salir desplazadas el 27 de febrero de 2019, “porque
había combates y estaban pasando las balas y las explosiones cerca a la casa, el helicóptero llega
y comienza a hacer ráfagas de disparos y esto nos preocupa porque pueden caer en la casa… desde
que salimos no ha habido combates y ahora no vayan a decir que somos nosotros dando
información” 4 .
De otra parte, la Misión fue informada por parte de las familias que han optado por la
sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, de la preocupación que les merecen los comentarios
del Ejército en el sentido que si la guerrilla los confronta, erradicarán forzadamente la coca en
retaliación.
En la vereda hay 45 familias (aproximadamente 225 personas, cada núcleo se integra mínimo
de 5 personas) de las cuales 15 se han visto afectadas de manera directa por el recrudecimiento
del conflicto armado, en especial, al verse involucrados o en medio de este por la acción de uno
de los actores.
2.1.2- VEREDA LA LLANA BAJA.- En la Vereda la Llana baja, del corregimiento de San Pablo
(teorama), recibimos información sobre la imposibilidad que tienen algunos habitantes de
ingresar a sus fincas a trabajar, porque reciben disparos de parte del Ejécito. Indican los
labriegos que esta situación se viene presentando desde el segundo semestre del 2018 y
advierten que si no se soluciona se verán obligados a migrar.
2.2- CORREGIMIENTO DEL ASERRÍO
2.2.1- EL BARRIO FILITO DE ORO.- La Misión tuvo conocimiento
que el domingo 3 de marzo de 2019, siendo las 11:40
aproximandamente, el Barrio Filito de oro quedó en medio de
confrontanciones armadas entre el Ejercito y las insurgencias,
quedando varias casas afectadas. En las casas habian niños
menores de edad, ancianos, y mujeres en dieta con sus recien
nacidos.

Impactos de disparos en vivienda
campesinaLa comunidad manifestó que el ejército lanzó granadas y
morteros desde el filo, y que uno de esos artefactos cayó a unos 50 metros del caserio y provocó
el incendio de los potreros de la comunidad, dañando el proceso de reforestación iniciado.
Dentro de una vivienda en construcción, cayeron dos granadas, la
primera sobre una viga de amarre y otra en el piso dejando una gran
oquedad. La explosión dañó los circuitos eléctricos. La casa de una
joven pareja de excombatientes de las FARC-EP fue también alcanzada
por las balas, debiendo ser desalojada en medio de la confrontación,
con su bebé de 4 meses en brazos. En otra vivienda los proyectiles de
arma de fuego impactaron por el techo de una de las alcobas que en el
momento estaba ocupada por 5 niños/as, en otra parte de la casa
habían dos recién nacidos; “tambien cayeron
disparos al frente de la casa en toda la puerta, en
la ventana, casi nos matan unos pollos y la mula,
Impacto Granda de Mortero dispararon indiscriminadamente, cayeron balas
por todas partes” 5 indican los habitantes del
lugar. De la misma manera fueron afectados varios hogares más. La
comunidad indica que “la gente estaba desesperada por los disparos y las
granadas de mortero, hubo panico, los niños muy asustados y todos
expuestos a los disparos del ejercito. La mayoria de las balas que cayeron
en las casas son balas expansivas”.
Granada de Mortero del
Ejercito que quemó la Fauna
2.2.2- VEREDA LA CRISTALINA.- Por la vereda pasa el Oleoducto Caño Limón Coveñas, lo cual
ha generado a la comunidad serias dificultades, habida cuenta que bajo esta razón la zona ha
sido altamente militarizada, se presenta una fuerte estigmatización a los pobladores por parte
del Ejército, cuyos integrantes señalan a estos ciudadanos como responsables de la voladura de
los tubos para supuestamente acceder a trabajos en la Empresa petrolera. Al respecto, afirma
la comunidad que “cuando el tubo lo revientan, nosotros peleamos para que nos dejen trabajar,
pero en el caso nos estan señalando de que somos nosotros con el argumento de querer trabajo,
esto no es cierto, es una forma de señalarnos, con estos argumentos el día de mañana pueden
judicializar a las personas que vivimos en la vereda” 6 .
Señalan también las y los campesinos con los que la Misión entabló diálogo, que en varias fincas
el Ejército les impide realizar trabajos propios del campo, como la roza, bajo el argumento de
que si van a tumbar montaña deben contar con el aval de Corponor. No obstante, los labriegos
requiere trabajar la tierra para la producción de los alimentos que garantizan su subsistencia.
Adicionalmente, las y los entrevistados expresan su preocupación por la ocupación que se
presenta de la Escuela del Aserrío por parte de militares e integrantes del corporativo de
seguridad de Ecopetrol, cuando se trasladan a realizar reparaciones del tubo. La Misión además
fue informada, que durante las noches, estos “se acercan a las casas lo cual nos coloca en un
riesgo grave, porque en la zona hay presencia de la guerrilla y se han presentado combates”.
Finalmente sobre este aspecto, advierte la Comunidad, que cuando realizan las reclamaciones
pertinentes para evitar que este tipo de lugares de exclusivo uso civil, los funcionarios de las
referidas entidades, se muestran molestos.
Igual que en otras veredas visitadas, en La Cristalina opera un toque de queda de facto. Indica
la comunidad que los militares les manifiesta con frecuencia que saben de las normas que el Eln
ha diseñado y que nadie se puede movilizar en las noches porque les disparan, pues
supuesetamente los que se mueven “a esas horas son los guerrilleros”. “Nos preocupa que nos
maten un muchacho de la vereda y lo pasen como guerrillero” -expresa la Comunidad a la Misión-
“sabemos que vivimos en una zona dificil, pero no somos guerrilleros y de eso nos tildan, y por eso
vivimos las consecuencias de la guerra, los abusos de la fuerza pública” 7 , concluyen.
En la Cristalina hay alrededor de 29 familias (145 personas en promedio), el Oleoducto pasa
por unas 7 fincas, no obstante, la presencia militar alcanza un número mayor de predios,
obstruyendo las posibilidades de sobrevivencia de las comunidades.
Las personas participantes en el diálogo, se duelen de la poca inversión social en campos como
el de la educación y la salud, en contraste con el excesivo presupuesto y presencia militar.

Aseguran también que a pesar de la riqueza que representa el
petróleo, Ecopetrol no contribuye en el desarrollo social de las comunidades, pues incluso se
ha negado a apoyar suficientemente con materiales para la construcción de una cancha
comunitaria; lo cual se suma a la negativa de la empresa contratista ISMOCOL, de contratar
personal oriundo de la región, por supuestas razones de seguridad. “Ecopetrol es una empresa
que no se hace responsable de la contaminación que se produce por la voladura del oleoducto” 8
informan.
Con suma preocupación recibimos información sobre el uso de niñas, niños y adolescentes en
actividades de inteligencia, pues son tomados/as como fuentes de información a cambio de
dinero.
Un campesino denunció que el Ejército se encuentra apostado alrededor de todo su predio, y
que el 3 de marzo de 2019 en horas de la tarde se presentó un enfrentamiento armado, por lo
cual debió resguardarse entre los cultivos de yuca. Una vez terminada la confrontación, salió
con destino a su casa, encontrando un incendio en la misma. Su familia (esposa y dos hijos)
logró salvarse porque huyó hacia un caño cercano; sin embargo todas sus pertenencias e
insumos de trabajo, fueron incineradas. Adicionalmente indica que “el ejército me picó 3 rollos
de manguera que salían de la bocatoma donde nace el agua hacia mi finca, esto hizo que me tocara
sacar el agua de un caño, también me aparecieron muertas 2 mulas y tres reses”. A raíz de esta
situación la familia debió abandonar su predio y en este momento se encuentran en situación
de desplazamiento forzado.
“El ejército antes de estos hechos, llegaba a mi casa a molestar, preguntándome que hacía, de qué
vivía, que si sabía dónde estaba la guerrilla, ellos a veces amanecían durmiendo en el corredor de
mi casa, yo no les decía nada por miedo, cuando bajaban lo hacían por lo general entre 10 o 12
militares y esos eran los que se quedaban durmiendo en el corredor de la casa… Vivimos con miedo,
bregando para venirnos con mi mujer y mis hijos porque tenemos mucho miedo, de vez en cuando
se hacen disparos y nos da mucho miedo” 9 agrega el labriego, quien también denuncia ante la
Misión que los militares ingresaron a su finca y sustrajeron cerca de 1 hectárea de yuca, plátano,
10 gallinas y 4 marranos, productos que siembra para la subsistencia familiar.
3- MUNICIPIO DE EL TARRA
3.1- VEREDA BRACITOS – SECTOR BUENAVISTA. La Comunidad de esta vereda también
advierte el incremento sustancial de militares en la zona. Dice que al sector de Buenavista
llegaron el 18 de enero de 2019, y se acantonaron en las fuentes de agua de donde los
pobladores se abastece, afectando a alrededor de 40 núcleos familiares.
Al igual que en otras comunidades, las personas con quienes la
Misión sostuvo diálogos manifiestan que la fuerza militar ha ocupado
varias fincas. La vivienda de una mujer de avanzada edad es usada
por los soldados para abastecerse de agua y lavar ropa, la cual
cuelgan en las cuerdas de la casa; en el lugar además recargan sus
teléfonos celulares y las baterías de los radios. Por esta razón, la
denunciante junto con sus hijos y nietos abandonaron el predio del
cual derivaban el mínimo vital. Actualmente esta familia se encuentra
en un refugio temporal ubicado en la escuela de Bracitos, parte alta.
La misma situación viven otros pobladores. Un labriego informó a la
Misión que su finca, donde se ubica un nacedero de agua que abastece
a la Escuela. “Se hicieron trincheras frente a la casa (Ver imágenes)…
y el ejercito le quitó el agua a la escuela y a las fincas que ha ocupado”.
Un habitante de la vereda afectado con estas narró a la Misión que en
su casa “se metían los soldados a cargar los celulares y las baterías de
los radios, llegaron a coger el agua que consumíamos y nos quitaron el derecho de uso del agua y
se la llevaron ellos, con estas acciones nos comprometen a mi y a mi familia, están utilizando el
servicio de luz y me incrementaron los gastos y no responden, colocaron un cable que va de la casa
al monte y con esto roban luz de mi casa, yo antes de salir desplazado corte la luz y ellos ahí si
pasaron a recoger el cable. En la casa ya no teníamos espacio ni para hacer las necesidades porque
no tenemos letrina y salimos al monte a hacer nuestras necesidades, el ejército tenia rodeada la
finca y nos quitaron los espacios, no podíamos ir al monte a hacer nuestras necesidades. Yo le dije
Ídemal sargento que no me fuera a afectar el nacimiento de agua porque
a perjudicar, pero hicieron caso omiso y dañaron todo y contaminaron” 10 . (Ver fotos)
me iba
En la escuela de Dos Bracitos, se encontraban refugiadas 135 personas, -entre niños, adultos y
adultos mayores- debido a la ocupación militar de sus fincas. La comunidad señala que “cuando
ellos [refiriéndose a los soldados] nos quitaron el agua de la escuela nos hicieron desplazar
nuevamente y salimos todos para la cabecera municipal de El Tarra” 11 .
A pesar del temor, zozobra e incertidumbre en que se encuentra la población, la Junta de Acción
Comunal habló con el Ejército para pedirles que desocuparan los predios y los nacimientos de
agua dada la afectación que se estaba causando y la respuesta recibida fue: “Nosotros no nos
vamos hasta dentro de 3 años y vamos a erradicar los cultivos” 12 . Advertencia que incrementó la
preocupación de las comunidades habida cuenta que en la vereda, gran parte de las familias, se
han acogido al proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, conforme a lo acordado en
La Habana, punto 4.
Se tiene entonces, que los factores del desplazamiento que hoy se surte en
estas comunidades, son principalmente la ocupación militar de fincas y
nacimientos de agua, el corte de dicho suministro para las viviendas,
sumado a la problemática de los cultivos de uso ilícito. Las condiciones de
vida de la gente, son cada vez más precarias “El ejército nos tiene
prácticamente humillados, no nos dejan traer la verdura que tenemos
sembrada en nuestras fincas, nos toca pedirles permiso para movernos por
nuestros predios, y cuando autorizan nos envían con 3 soldados a la pata, a lo
último el ejército decidió que ellos sacarían la verdura a un punto para que la
gente la llevara y así no pudiéramos pasar, porque ellos dicen que es por
seguridad” 13 .
De igual manera, expresan los pobladores que es común que los militares no Trincheras del Ejercito
se identifiquen ni usen en su uniforme el apellido que lo individualice y que en predios de Civiles
las veces que han intentado el diálogo para evitar estas afectaciones en la
vida digna y la existencia de las familias campesinas, les han respondido que si requieren dinero
entreguen guerrilleros, los datos personales de muchas personas han sido tomados por los
miembros del ejército; situación que ha generado mucha incertidumbre en la comunidad.
Se informó a la Misión que el 16 de enero de 2019 se presentaron combates en la vereda La
Primavera (colindante), los que comenzaron en la mañana y hasta mediodía, pero que hacia las
2 pm, el ejército lanzó unos morteros desde el batallón de El Tarra hacia zona, los cuales
estuvieron a punto de quitarle la vida a un grupo de 12 personas que estaban raspando,
acompañados de menores de edad.
Dice igualmente la Comunidad que en las noches el ejército realiza
disparos y quema bombas y luego señalan a los pobladores como
responsables; sin embargo, algunos militares han admitido que esas
explosiones las provocan ellos mismos con el fin de detectar minados.
En este momento varias familias se encuentran desplazadas en el
municipio de El Tarra. El día 5 de marzo de 2019, el personero y el
promotor de desarrollo de las JAC de El Tarra, realizaron una
verificación de las condiciones y luego se dirigieron a hablar con el
Mayor FRANCO y el capitán VILLAMIZAR, quienes al parecer se
comprometieron a respetar los nacimientos de agua, a retirarse de las
fincas y mantener distancia con la población civil; pero advirtieron a la
comunidad “que si los veía trabajando la mata de coca se los iba a llevar
presos y esto ha sido una constante amenaza de judicialización” 14 .
Prendas Militares en finca
Campesina
Informan las personas a la Misión, que ya se han presentado casos de
detención arbitraria. El 17 de enero de 2019 fue privado de la libertad
y maltratado un campesino en el paso de la vereda la primavera a Bracitos – Sector Buenavista.
Lo tiraron al piso, le colocan el pie encima sin dejarlo levantar, le apuntaron a la cabeza con el
fusil diciéndole que lo iban a matar porque era un supuesto informante de la guerrilla. Después

13le preguntaron que si iba solo, a lo que él manifestó que no, que
adelante iban dos primas y al escuchar esto lo dejaron ir.
A raíz de todas estas problemáticas, las clases en la Escuela han sido suspendidas y en general
la cotidianidad de las comunidades se ha trastocado. Durante la jornada de verificación se pudo
evidenciar que las personas que relataban los hechos tienen afectaciones psicosociales, así
como en su salud física y mental, dan muestra de su sufrimiento emocional, ansiedad,
humillación, frustración e impotencia y dejan ver su incertidumbre frente a la posibilidad de
continuar o no su proyecto de vida campesino. Asimismo, mencionan su preocupación frente a
sus hijos e hijas y demás niños de la comunidad, pues ellas y ellos entran en constantes crisis
nerviosas y emocionales, manifiestan que les queda doliendo el pecho durante los siguientes
días de ocurrencia de hechos como los aquí plasmados.
También se encontró que algunos afectados han naturalizado la ocurrencia de estos hechos lo
que también permite identificar otro grado de afectación. Y que las víctimas de estas situaciones
han sido re victimizadas por las instituciones que brindan ayuda humanitaria y que han
manejado los casos.
4- INTIMIDACIÓN Y PRESIÓN A LA MISIÓN
El día de 1 de marzo cuando nos dirigiamos a la Vereda El Edén, llegamos a la tienda
comunitaria de la Vereda El Tigre que limita los Departamentos de César y Norte de Santander,
nos abordó sobre la 3:15 p.m. el capitán Serna, Batol 10, de la fuerza de tarea conjunta Vulcano,
preguntando quiénes éramos, hacia dónde nos dirigíamos. Igualmente hizo la advertencia de
que en la zona habia presencia de la insurgencia y que a partir de ese punto no podia garantizar
la seguridad de ninguno, haciendo especial enfasis a los miembros REDHER.
Adicionalmente, solicitó los datos personales del abogado Rommel Durán, del dirigente
campesino del MTCC David Donado y de los acompañantes de la REDHER. El capitán Serna tenía
un celular estilo tablet, donde registró esta información personal de los defensores/as que
conformábamos la Misión.
Mientras se hacia esto, se observó que otro miembro del Ejército tenía un celular, con el cual
estaban grabando a los integrantes de la delegación.
El día 3 de marzo, al llegar nuevamente al punto de la tienda comunitaria en El Tigre, donde se
encuentran acantonados miembros del Ejército, uno de ellos se acercó al ciudadano Ingles Paul
miembro de la REDHER y le manifetsó que algunas organizaciones internacionales son
socialistas o comunistas y monopolios para canalizar dinero, y por eso financian a las
organizaciones sociales para proyectos, pero que los campesinos daban ese dinero a los
guerrilleros; lo invitó a reflexionar sobre el tema, y le preguntó que si habia visto o hablado con
guerrilleros.
El 6 de marzo, siendo las 12:39 en la base militar de convención, tomaron los datos del
Escolta Germán Rueda, quien acompañaba la Misión, en un libro de anotaciones de la base,
al igual que la de todos los que íbamos en el vehículo, el sargento Rivera. Dejaron registro
de todos y le tomaron una fotografía a la camioneta, alegando razones de seguridad. La
anotación quedó en el folio 43 del libro del Ejército.
II-
VULNERACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
A partir del relato de las Comunidades con las cuales nos entrevistamos durante nuestra labor,
encontramos que en el Catatumbo se continúan presentando serias vulneraciones de los
derechos humanos, así como infracciones al derecho humanitario.
La Misión observa con suma preocupación, que se han profundizado prácticas que se derivan
de la aplicación de la Doctrina del Enemigo Interno, que trasciende los móviles del conflicto
armado que se desata en la región. Las comunidades son concebidas por la institucionalidad
militar, como adversarios u opositores del Estado y los intereses representados en este; y
producto de ello, reciben un tratamiento constitutivo tanto de vulneraciones al DIDH como al
DIH.
Entre las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, más graves, que
identifica la Misión, se encuentran:1- DERECHO A LA VIDA Y LA EXISTENCIA DIGNAS
Esta Misión comprende que el derecho a la existencia compromete una multiplicidad de
factores y facetas. Por un lado, desde una dimensión individual, comporta la garantía de la vida
digna, que implica la posibilidad de permanecer con vida y conforme a sus propias
concepciones del mundo, a vivir bien, a contar con las condiciones materiales de existencia y el
derecho a no ser asesinado.
La Misión identifica al menos dos poblaciones que formalmente son de especial protección del
Estado; por un lado la de desplazados y por el otro, de niñas, niños y adolescentes. No obstante,
frente a estas y en general las comunidades del Catatumbo, se observa un incumplimiento del
Estado de su obligación de garantizar, proteger y no violar el derecho a la existencia digna de
las personas. Ello, en tanto de los relatos de los pobladores se pueden observar prácticas que
ponen en riesgo la vida de estas ciudadanas y ciudadanos, incluidos menores de edad, tales
como: a) Realizar disparos indiscriminados en ocasiones dirigidos hacia los sitios de residencia
de la gente, b) Obstaculizar el cuidado de los cultivos de pan coger o en general el trabajo dentro
de los predios; c) Generar condiciones de mayor vulnerabilidad, incluyendo el desplazamiento
de las familias, y d) El aumento de la estigmatización y presión que genera un ambiente de
permanente angustia y zozobra.
Por otro lado, el derecho a la existencia también tiene una acepción colectiva. El campesinado
sin duda es un pueblo, con una cultura, costumbres y prácticas que les marca una identidad
como tal. Su concepción, uso y relación con el territorio hace parte de la esencia de este sector
de la población.
En tal sentido, el desplazamiento forzado y las prácticas militares que afectan la integridad de
las personas, constituyen un atentado contra el derecho a la existencia del campesinado como
pueblo.
2- DERECHO A LA DIGNIDAD
El derecho a la Dignidad humana ha sido definido por la Corte Constitucional desde tres
dimensiones “(i)…como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse
según sus características; (ii)…como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y
(iii)… como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral o,
en otras palabras, que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de
humillación o tortura” (Sentencia T-291/16)
Desde esta perspectiva, para la Misión resulta claro que el derecho a la dignidad humana está
siendo vulnerado, inicialmente por las condiciones de existencia en que se encuentran las
comunidades como producto de la acción militar estatal y el desconocimiento de las
obligaciones de asistencia y garantía de los derechos humanos, en general.
Por otro lado, el impacto sicosocial y los efectos que en este campo se están generando en las
comunidades, hablan de una vulneración del derecho a vivir sin humillaciones. Los pobladores
son insistentes en manifestar que se sienten sometidos a relaciones de dominación y
degradación y que sus proyectos de vida se están viendo afectados, por lo que incluso dudan si
deben insistir en el regreso a sus predios; situación que va menoscabando la identidad del
campesinado, en razón a que esta se encuentra marcada por su relación con el territorio.
3- NEGACIÓN DEL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN
La libre circulación ha sido entendida desde dos dimensiones. En primer lugar, aquella dirigida
a garantizar que las personas puedan transitar sin obstáculos o temor por un territorio
(Corte Constitucional, Sentencia T-202/13). Acepción del derecho que encuentra seriamente
comprometida esta Misión, como consecuencia de la Ocupación militar a los predios de las y los
campesinos de la región y las amenazas o intimidaciones que impiden la posibilidad de
movilizarse en determinados horarios so pena de ser agredidos con armas de fuego.
De otro lado, la Corte Constitucional refiere que el derecho a la libre circulación implica la
posibilidad cierta de decidir el lugar de residencia, la cual igualmente observamos vulnerada,
al punto que se puede constatar con el desplazamiento de varias familias en razón a la
ocupación militar de sus predios, los impedimentos para transitar incluso hacia sus cultivos y
el temor que viene generando los señalamientos y amenazas proferidas por miembros de la
fuerza militar del Estado.Se torna preocupante la falta de atención a esta problemática por
parte
de las autoridades civiles de los distintos municipios y el departamento, conforme lo obliga la
Ley 387 de 1997, la Ley 1448 de 2011 y los lineamientos propuestos por la Corte Constitucional,
entre otras, en las Sentencias T-025 de 2004 y T-239/13.
4- VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Además de la sistemática vulneración a los derechos humanos, la Misión identifica
vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario, entre las cuales destacamos
fundamentalmente el desconocimiento del principio de distinción, que se concreta: a) En el
involucramiento de civiles en asuntos de índole militar, situación que ocurre cuando se
compromete a la población en actividades de inteligencia que podría conllevar el abatimiento
o la captura de rebeldes o integrantes de organizaciones delincuenciales; b) La ocupación de
bienes civiles de las comunidades, en especial sus predios, de los cuales derivan su subsistencia.
De igual forma, observamos una vulneración del principio de proporcionalidad, por cuanto
se evidencian confrontaciones militares en las las comunidades han quedado en medio,
causándose afectaciones en las viviendas y bienes de la población. Adicionalmente, el disparo
de armamento de manera indiscriminada y en ocasiones con dirección a los lugares de
residencia de la población civil.