19/08/2018. Verdad Abierta Verdad Abierta.
Cansados del azote de la delincuencia común, 22 habitantes de esa vereda del municipio de Sotará, a 20 minutos de la capital de Cauca, se organizaron para defender su territorio sin hacer uso de la violencia. Esa iniciativa puede servir como referente para el modelo que se empezará a implementar en el país, luego de que el gobierno nacional expidiera un decreto para adoptar medidas de protección colectivas para líderes sociales.
“Decidimos organizarnos para trabajar en temas de protección, tanto del territorio, para evitar que vengan pandillas de Popayán a hacer atracos y contaminar a nuestros jóvenes con el expendio de drogas, como de ríos y nacimientos de agua. Todos los compañeros hemos sido aportadores de presencia y trabajo, promoviendo los derechos humanos y la construcción de paz”, explica Emérita Gómez, quien lleva cuatro años y medio en la Guardia Campesina y Popular.
Esa iniciativa derivó del frente de seguridad creado por la comunidad en 2011 y articulado con la Policía, a la que le entregaban capturados, algunos de los cuales fueron golpeados previamente. Sin embargo, unos cuantos años después tomó otro rumbo cuando la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (Ordeurca), bajo el liderazgo de Miguel*, empezó a trabajar con los campesinos de Antomoreno.
“Me invitaron a una reunión en Sotará para reactivar el frente de seguridad y dije que no porque un defensor de derechos humanos no puede estar en un espacio en el que se hable de violencia y esté ligado a la Policía. En cambio, les propuse la creación de una guardia campesina, como las cuatro que tenemos en La Sierra (al sur de Cauca), que se caracterizan por ser independientes, autónomas y constructoras de paz”, cuenta Miguel, uno de los fundadores de Ordeurca.
De esa manera, en abril de 2014 nació la Guardia Campesina y Popular que tiene como principios la no violencia, la solidaridad y la protección del medioambiente. Para distinguirse, los campesinos adoptaron como símbolos el berraquillo, vara de madera usada para guiar ganado, diferente a los bastones de mando de los guardias indígenas; y adoptaron los colores y la bandera Ordeurca, que llevan cosida en sus gorras y chalecos.
Las actividades de la agrupación están orientadas por esta organización de base, pues, como explica Miguel, “ninguna guardia puede estar desligada de una organización social que la oriente política, social e ideológicamente. Dentro de la guardia tienen que someterse a la política de nuestra organización, porque si no todo el mundo terminaría haciendo lo que quiere”.
Seguridad integral
Los guardias de Antomoreno recorren su vereda durante la noche dividiéndose en grupos de cuatro integrantes y se posicionan en los sitios más peligrosos. No existen jerarquías, todos se ven como iguales y una mujer los coordina. Se reúnen cada quince días para hacer balances de su labor y proyectar futuras actividades, que van más allá del control territorial: los temas medioambientales, el reconocimiento político y la subsistencia alimentaria, también hacen parte de su agenda.
Esta guardia tiene un fuerte énfasis en el factor medioambiental y se preocupa por la preservación de fuentes hídricas y el ecosistema que las rodea. Por esa razón, está desarrollando un proyecto de reforestación de las bocatomas de los acueductos, a raíz de “los daños” que le atribuyen a la empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia, con la explotación de monocultivos de pino y eucalipto. “Los siembran muy cerca de los ríos y las cuencas, que se van secando”, dicen de manera unánime.
Sin embargo, otra es la versión de la multinacional. Contactada por este portal, Nicolás Pombo, vocero y gerente de su División Forestal, respondió un cuestionario, vía correo electrónico, en el que argumenta que dichas plantaciones no están secando fuentes hídricas: “Las bocatomas normalmente están ubicadas en los relictos de bosque natural que posee la compañía en el área y es gracias a tener un mosaico de zonas arboladas entre las que se cuentan bosques naturales y plantaciones, que se logra una regulación de caudales y protección de fuentes hídricas”.
Asimismo, explica que en el municipio de Sotará tienen 2.286 hectáreas de eucalipto y 1.143 de pino, entre las que hay 1.062 de bosque nativo y 81 hectáreas más dedicadas a otros usos. Por esa razón, señala que “entre el 22% y 24% del área total administrada por la compañía está cubierta por bosques naturales que protegen fuentes hídricas”. Y agrega que no están al tanto de “afectaciones a plantas y/o animales en las zonas aledañas o en plantaciones forestales, se realizan comentarios generales que no tienen un sustento científico”.
Otra de las áreas de trabajo de la Guardia Campesina y Popular es la lucha por el reconocimiento de los derechos del campesinado. Jesús Eduardo Fumí Solano, quien está vinculado a la actividad comunitaria de Antomoreno desde 2012, cuenta que con el trabajo de Ordeurca y el liderazgo de Miguel, se concientizaron de que deben luchar para que los campesinos sean reconocidos como sujetos de derecho, tanto por el Estado como por la sociedad en general.
Miguel explica que, dada la importancia de ese tema, tienen el anhelo de que se realice una reforma constitucional que establezca que en Colombia sí existen los campesinos y se garanticen sus derechos: “Los indígenas y los afros tienen sus territorios -resguardos y consejos comunitarios-, pero los han luchado y eso conlleva a que el gobierno los reconozca. La importancia para ellos es que nadie se les mete en ellos y van construyendo sus propios límites de acuerdo a sus visiones. Nuestra lucha es por el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, esa es la política que se ha venido creando alrededor del Coordinador Nacional Agrario (CNA), del que hacemos parte”.
Al respecto, Rosa Elvira Gaviria, una abuela que ha vivido sus 67 años en Sotará y que se vinculó a la guardia hace dos años, cuenta que antes de las capacitaciones de Ordeurca, no sabía que tenía esa clase de derechos. Además, denuncia la falta de tierras para cultivar: “Siempre hemos estado en lotecitos pequeños, esto ha sido de terratenientes. A nosotros no se nos da la oportunidad de sembrar y somos marginados en el tema de tierras”.
Sus palabras no son exageradas. De acuerdo con el Atlas de la Propiedad Rural en Colombia, un estudio realizado por la Universidad de los Andes y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 2010, se estableció que el Índice Gini de Cauca, el cual se usa para medir la desigualdad en una escala de cero a uno, estaba entre el 0.8 y 0.9, lo cual equivale al sexto más alto del país. Por la falta de tierras, la mayoría de los pobladores de esa comunidad subsiste de sacar arena, cascajo y balastro, de manera artesanal, en los ríos Robles y el Salado
Del conflicto armado a la paz
En los últimos años, los problemas de Sotará han estado marcados por la delincuencia común y la protección medioambiental, en la que también le hicieron frente a la contaminación que empresas mineras, con licencias de explotación, causaban en sus ríos. Sin embargo, el accionar de los grupos armados ilegales también se sintió en sus veredas, aunque no padecieron los mismos niveles de violencia que los municipios del norte, la costa y el sur del departamento.
“No se puede decir que el municipio estuvo tan afectado por el conflicto armado en cuanto a muertes como en otras regiones del departamento, pero tampoco que no fue ajeno a los actores armados, que generaron desplazamientos y afectaron las pocas fuentes de empleo”, explica Jesús, y agrega que en una época las disputas entre las guerrillas de las Farc y el Eln hicieron que el gobierno municipal sesionara desde la capital del departamento.
En la región recuerdan que uno de los periodos más delicados fue el de 1996 a 2002; en esos años estuvieron en ‘auge’ los secuestros masivos perpetrados por las Farc y, al estar tan cerca de Popayán, transitaban por sus trochas con “sus botines” para llegar a los campamentos que tenían instalados en las montañas.
“Las Farc usaron el municipio de paso y a los propietarios de tierras considerables los extorsionaron. Se tomaron predios y desplazaron a los dueños. Ellos hacían presencia, cometían su hecho y buscaban las vías para pasar del occidente al oriente y acercarse a la capital”, cuenta uno de los guardias. Lo anterior se tradujo en afectaciones económicas, pues “básicamente los grandes propietarios que utilizan la mano de obra de los campesinos para jornalear y los explotadores de materiales de río se desplazaron porque les llegaron a pedir ‘colaboración’”.
En Sotará tienen muchas esperanzas en la implementación del Acuerdo de Paz para mejorar su condiciones de vida y observan el horizonte con esperanza. Foto: VerdadAbierta.com.
Sobre otros grupos armados, en la memoria está presente que el Eln asesinó en 2001 a destacados habitantes de la región, entre ellos a Éver Hoyos, funcionario del juzgado municipal, y a Éver Hurtado, un distinguido comerciante local. Y en cuanto a grupos paramilitares, aún se recuerdan los grafitis alusivos a las Auc pintados en las afueras del municipio, pero que nunca realizaron incursiones armadas: “Se quedó el mensaje de que estaban cerca, pero no llegaron a hacer lo que hicieron en El Tambo y Timbío”. (Leer más en: El recorrido sangriento del Bloque Calima por Cauca)
En la actualidad, a raíz de la implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las Farc, que condujo a la dejación de armas de la antigua guerrilla más grande del país, los campesinos de Antomoreno esperan que parte de sus reivindicaciones se articulen al desarrollo de algunos puntos negociados durante más de cuatro años en La Habana.
Además de los temas relacionados con el acceso a tierras, se encuentra el reconocimiento del campesinado y sus guardias. “Si bien ganamos legitimidad de la gente, es importante el reconocimiento jurídico por parte del Estado y le pedimos al gobierno que reconozca a las guardias campesinas como defensoras de derechos humanos y constructoras de paz. El gobierno ha dicho que no porque no las entiende o pueden terminar siendo actor armado, pero no las constituimos con un pensamiento guerrerista sino de resolución de conflictos y muy humanista”, plantea Miguel. (Leer más en: En la Escuela Guardia Campesina del Catatumbo se forman los defensores del territorio)
Y en la coyuntura actual, cuando las agresiones y los asesinatos de líderes sociales se han incrementado de manera dramática, uno de los voceros de Ordeurca afirma que este tipo de iniciativas pueden ser clave para la protección de defensores de derechos humanos y dirigentes populares: “Hoy quienes están en riesgo son las comunidades rurales y sus líderes, pero el gobierno no tiene cómo garantizarles la vida. Entonces nosotros estamos planteando que se pueden proteger por medio de acciones colectivas como ésta”. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
Precisamente, el pasado martes, el gobierno nacional expidió el Decreto 660 de 2018, con el cual pretende “crear un modelo de protección colectiva a través del cual las autoridades como alcaldes y gobernadores serán fundamentales a la hora de garantizar la protección de estas comunidades”. Y la respuesta de Miguel para el Ejecutivo es clara: “Quiere reducir la violencia por medio de un decreto, pero nosotros, desde nuestra propia iniciativa, desde hace años estamos logrando la autoprotección de nuestros dirigentes y comunidades”.
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