Congreso de los Pueblos. Comunicado
Noviembre 19 de 2019
Atentan contra el derecho a la protesta social en Colombia
Esta madrugada del 19 de noviembre, las casas de los líderes y lideresas sociales Johan Stiven Martínez y Johana Hincapié del Congreso de los Pueblos y Ciudad en Movimiento, quienes trabajan directamente con las comunidades de Suba en Bogotá y con colectivos de mujeres respectivamente, fueron allanadas.
Las órdenes de allanamiento se amparaban en supuestos delitos como “terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos” los cuales evidentemente no fueron encontrados en los irregulares allanamientos en los que también fueron incautados los celulares de toda la familia impidiéndoles el derecho a comunicarse de manera permanente.
También fueron allanadas en los sectores de Teusaquillo, Kennedy, Puente Aranda, Álamos Norte, Bosa y Ciudad Bolívar, las viviendas de un grupo de estudiantes de las Universidades Públicas Distrital y Nacional en Bogotá, pertenecientes a colectivos de estudiantes y artistas gráficos (GEA y Resiste), estudiantes de Licenciatura en Ciencias Sociales, antropología y artes, entre otros, así mismo allanaron la sede del proceso de artes gráficas Cartel Urbano. En total la Policía Nacional, para el caso de Bogotá, oficializa 27 allanamientos de los cuales como Congreso de los Pueblos tenemos reporte y seguimiento de 14 casos, donde las incautaciones cuentan con objetos de uso común y propios de la protesta social como banderines, jatas, gorras, envases de vidrio, guantes, pintura, afiches y cinta, esto es una prueba más de las medidas desesperadas que tiene el Gobierno para deslegitimar la protesta social.
En la ciudad de Cali fue allanado un docente de la Universidad del valle y varios activistas estudiantiles, situación que se replicó para el caso de tres personas más, estudiantes de la Universidad Javeriana con sede en esa misma ciudad, y en Medellín se producen varios allanamientos contra tres estudiantes del ITM y uno contra una mujer lideresa de la comuna nororiental.
Para el Congreso de los Pueblos y para los procesos sociales que venimos denunciando los abusos del régimen de Iván Duque, el genocidio de líderes y lideresas sociales y el paquetazo en materia laboral y pensional, es evidente que las acciones irregulares y abiertamente antidemocráticas llevadas a cabo contra las familias de los compañeros y compañeras allanadas buscan presionar, generar miedo, criminalizar, judicializar y como mínimo disuadir la amplia participación de los procesos sociales y sus integrantes en el paro nacional del 21 de noviembre, y lo hacen abusando del poder político, económico y militar sobre el que ostentan mando directo el régimen de Iván Duque y su partido de gobierno el Centro Democrático.
Rechazamos la invasión a los hogares de nuestros compañeros, el señalamiento y persecución a quienes están convocando y articulándose a las movilizaciones del 21 de noviembre. Estas son prácticas que han venido impulsando el gobierno con el fin de generar pánico en la comunidad y ejercer medidas violentas contra la protesta social. Exigimos que cese de forma inmediata la persecución al movimiento social de nuestro país.
Invitamos y convocamos al pueblo en general y a los procesos sociales, políticos y democráticos a nivel nacional e internacional a salir de manera masiva a esta importante jornada de paro, y a denunciar en todos los sentidos y por todos los canales los abusos del régimen dictatorial e ilegítimo del presidente Duque y su partido Centro Democrático, seriamente vinculado a través de varios de sus miembros en actividades ilícitas, narcoterroristas y criminales.
EL PARO VA…
Equipo Nacional de Derechos Humanos
Congreso de los Pueblos
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