La provincia del Sumapaz es una región ubicada al occidente y sur de Bogotá – Colombia, sobre la cordillera oriental.
Este territorio de vocación agrícola es despensa de gran parte de los alimentos que llegan a la capital colombiana; además, allí se encuentra el páramo más grande del mundo, generador de los más importantes recursos hídricos de Colombia. Pese a esto, la región se enfrenta desde hace años a las actividades de explotación minera en marcha o proyectadas, que ponen en peligro esta riqueza ambiental, así como la salud y bienestar de sus pobladores. Por ese motivo, del 24 de julio al 2 de agosto de 2016, la “Caravana por la defensa del Sumapaz” organizada por la Red de Hermandad y Solidaridad – REDHER-, que articula organizaciones colombianas, de Europa y del continente, recorrió los municipios aledaños a Fusagasugá, capital de esta provincia, con el objetivo de articular las luchas por la defensa del territorio.
La Caravana por la defensa del territorio
Este año, personas del Sumapaz acompañadas de delegados de organizaciones sociales internacionales y nacionales, recorrieron el territorio compartiendo experiencias, preocupaciones y estrategias. Las organizaciones sociales articuladas en la campaña “Agua y agricultura sí; minería y petróleo no”, enfocada en esta región, organizaron una agenda que los llevó a verificar el estado de algunas minas, zonas de proyección de explotación petroleras y zonas que ya sufrieron las consecuencias de los conflictos socio-ambientales que provoca la política minero energética del país.
Algunas de las problemáticas del Sumapaz
En Sibaté, al norte de Fusagasugá, se están viendo las consecuencias de ocho años de explotación de arena sílica a cargo de la multinacional italiana Minerali Industrial. En la vereda San Miguel de este municipio, como lo pudieron evidenciar los caravanistas, de manera continua transitan camiones con toneladas de arena sin la protección adecuada, a escasos pasos de las viviendas. Uno de los habitantes de la zona, quien está a la espera de un diagnóstico médico, cuenta que le “están haciendo los exámenes para la silicosis, pero eso se demora”. La silicosis es una enfermedad pulmonar causada por inhalar polvo de sílice y es mortal a pesar de que se puede prevenir.
En agosto de 2015 los habitantes salieron a la vía, articulados al grupo Defensores del Territorio Ambiental, cuando se hicieron evidentes afectaciones al medio ambiente como la escasez del agua, vital para los cultivos de fresas de la zona. La representante de la empresa, casualmente ex funcionaria de la Corporación Autónoma Regional -CAR-, ente de control responsable de investigar eventuales daños ambientales, afirmó que el fenómeno del niño era el único responsable de que se sequen las fuentes de agua de los habitantes, veredicto que sostuvo la misma CAR.
Los habitantes cuentan que después de su manifestación de inconformidad, la empresa tomó medidas ambientales como sembrar eucalipto. “Absurdo, cuando todo el mundo sabe que el eucalipto seca la tierra” interviene indignada la vocera del Comité Ambiental Local conformado en 2015. Por eso, para fortalecer su lucha, e inspirados por los ejemplos del Tolima, quieren una consulta popular y organizar marchas carnavales. Por ahora en la región de Sumapaz hay tres casos de exploración, y gracias a la consciencia y resistencia de la población, en el resto del territorio se han podido frenar mega-proyectos.
Por ejemplo, en el municipio San Bernardo no han podido explorar, pues la comunidad organizada logró impedir el ingreso de los camiones y maquinaria de la empresa Alange Energy que quiso realizar exploración sísmica a finales de 2013. Los habitantes del municipio hicieron un bloqueo de la carretera por dos semanas hasta que se retiró la empresa. Desde entonces, se constituyó una Veeduría Ambiental que se empeña en combatir la amenaza de esta y otras empresas. La Veeduría Ambiental de San Bernardo ha acudido a todos los mecanismos institucionales disponibles, con peticiones a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, a la CAR, al Ministerio del Ambiente, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, para combatir el próximo paso de Alange Energy en su territorio.
A pesar de estas victorias, la presión aumenta porque las empresas suelen usar estrategias para ganar lo que quieren, como es el caso de Emgesa-Endesa y su proyecto hidroeléctrico en el municipio de Cabrera. En el año 2008 esta empresa italo-española llegó al municipio y propuso un proyecto sobre el río Sumapaz que incluía 14 microcentrales y la construcción de un embalse, lo que evidentemente generó un rechazo fuerte de la comunidad.
En una reunión que hizo Emgesa para hablar del proyecto en 2011, llegaron cientos de personas para saber más del mismo, y sus firmas en la lista de asistentes fueron utilizadas por la empresa en el estudio ambiental que radicó ante la ANLA como prueba que ya se había socializado el proyecto lo suficiente con la comunidad. Por esta razón, jamás volvieron a firmar algo para las empresas. Debido a su rechazo, en 2012 Emgesa cambió su propuesta a 8 microcentrales sin embalse pero los cabrerunos lo rechazaron también y siguen en su empeño de proteger las fuentes hídricas que garantizan la vida y la supervivencia del campesino pequeño productor.
Aunque a lo largo y ancho de la provincia de Sumapaz la gente se está movilizando en contra de estos megaproyectos y en defensa de su territorio, no cuentan con el apoyo institucional que deberían tener. En todos los municipios que la caravana visitó, la gente desconfía de la CAR, del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y de sus funcionarios, porque dicen “están más a favor de las multinacionales que de las comunidades”.
Los hechos tienden a darles la razón, como lo identificaron varios informes de la contraloría en los últimos años. Hay un perverso sistema de puertas giratorias que permite pasar de empleado público a ejecutivo de las empresas privadas y viceversa. Además, Colombia no dedica el personal suficiente al control y atribuye licencias ambientales basándose exclusivamente en los datos entregados por la empresa, suponiendo de facto su buena fe. Identificaron que por cada 100 pesos pagados de renta, las empresas mineras tienen descuentos que terminan representando pérdidas para el Estado de más de 200 pesos. Encima, cuando las comunidades han organizado consultas populares para comprobarle al Estado que no quieren explotación en su territorio, este pone todas las trabas posibles como en el caso de Piedras en el Tolima.
Ese modelo económico basado en la explotación de materia prima está preocupando a comunidades de todo el mundo. Por eso se está articulando un nuevo internacionalismo contra el modelo extractivo, aunque no se puede perder de vista que las empresas en su mayoría siguen viniendo del Norte, de países como Canadá, el cual dedica su política exterior a modificar la legislación de los países donde actúan sus empresas y enfoca los esfuerzos de su diplomacia a defender los intereses de las empresas que escogen sus alas protectoras.
Ante este escenario los habitantes del Sumapaz están organizados porque en los próximos años tendrán que enfrentarse a varios proyectos mineros, a cuatro bloques petroleros de empresas canadienses como Alange Energy o Canacol, y a proyectos hidroeléctricos cuya energía se utilizaría para la explotación minera y petrolera.
por: Zoe Pepper-Cunningham y Blandine Juchs
*Proyecto Acompañamiento y Solidaridad con Colombia PASC; Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia – REDHER
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