El porqué de la jornada de paro cívico en Arauca

Los pueblos ancestrales U´WA y SIKUANI, comunidades campesinas y demás sectores sociales del departamento de Arauca, durante décadas, hemos cargado con el abandono del Estado, la represión, barbarie y guerra sucia, producto de intereses políticos y económicos, profundizada por los gobiernos de turno, grandes empresas nacionales y  multinacionales que explotan los recursos petroleros, mineros y las riquezas naturales.

JORNADA DE PARO CÍVICO POR LA DIGNIDAD Y SOBERANIA DE LOS PUEBLOS ANCESTRALES Y EL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR

PRESENTACION.

Los pueblos ancestrales U´WA y SIKUANI, comunidades campesinas y demás sectores sociales del departamento de Arauca, durante décadas, hemos cargado con el abandono del Estado, la represión, barbarie y guerra sucia, producto de intereses políticos y económicos, profundizada por los gobiernos de turno, grandes empresas nacionales y  multinacionales que explotan los recursos petroleros, mineros y las riquezas naturales.
En la región se ha soportado el dolor y sufrimiento como consecuencia de la militarización, de la ofensiva paramilitar y de la confrontación entre la insurgencia y el Estado, y entre la misma insurgencia. Al igual que las políticas represivas judiciales como la inconstitucional zona de rehabilitación y consolidación, acompañada posteriormente por las arbitrarias detenciones masivas y montajes judiciales.  Hechos violatorios de la vida, la dignidad humana, y los derechos más elementales del ser humano, que ha dejado como resultado centenares de víctimas, en su mayoría en la impunidad, debido a la indiferencia de los organismos de justicia y control del Estado colombiano.

Los pueblos indígenas, comunidades campesinas y demás sectores sociales, hemos tenido que resistir y desarrollar nuestras formas de vida, en medio de los distintos actores de  la guerra, sus métodos y formas represivas, contra la población civil inerme. No solo hemos tenido que desarrollar, proyectos sociales alternativos, sino expresarnos mediante la movilización y la protesta social, para defender nuestras propuestas, reclamar nuestros derechos y defender la vida, la cultura y la permanencia dentro de nuestro territorio. Muchas veces interlocutar, inclusive, con los diferentes actores armados, con el propósito de exigir respeto por nuestros proyectos  y  la integridad física y moral de nuestro pueblo.

Por estas razones, nuestros dirigentes han sido objeto de una persecución sistemática, agudizada durante estos últimos 10 años, con más de 200 dirigentes y miembros de comunidades indígenas asesinados, como los casos emblemáticos de los tres dirigentes sindicalistas asesinados en caño seco, el 5 de agosto del 2004, por el ejército nacional, la ejecución del líder indígena ÁLVARO SALON, la etnoeducadora MIRIAM FARIAS y su esposo JUAN FARIAS, y donde los mismos jefes paramilitares desmovilizados, acusan  el interés de las compañías petroleras en la ejecución de estos crímenes; la retención masiva de más de 500 dirigentes, que han sido encarcelados, bajo montajes judiciales que  después de años de encarcelamiento, se ha demostrado su inocencia. Hoy se repite la historia, con los dirigentes indígenas, ISMAEL UNCASIA UNCASIA,  presidente  de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca-Colombia  (ASCATIDAR) y VERÓNICA SOLÍS, Coordinadora de la oficina de asuntos étnicos del Departamento de Arauca, quienes son miembros de los pueblos indígenas U’WA y SIKUANI, junto a otros pobladores y dirigentes sociales, con el agravante de utilizar a una indígena para urdir tales montajes, posteriormente ser asesinada en hechos que hasta la fecha son materia de investigación y están en la impunidad, como lo demuestran las supuestas pruebas presentadas por la fiscalía.

SITUACION DE LOS PUEBLOS ANCESTRALES Y EL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR, EN MEDIO DE LA ZONA DE CONFLICTO.
Es una realidad que nuestras comunidades se encuentran en medio de la acción armada de los actores en guerra, sufrimos las consecuencias de esta confrontación colocando las víctimas, no solamente en pérdida de vidas humanas, sino el desplazamiento y despojo de nuestro territorio, sufrimos también sus formas represivas y exigencias, que se constituyen en la mayoría de las veces en normas de convivencia, a las cuales el pueblo debe someterse para poder permanecer en nuestro territorio. Al igual, que la presión del Estado y sus fuerzas militares, que exigen a las comunidades hacer parte de sus redes de inteligencia y de colaboradores, convirtiendo a quienes se comprometan a eso, en objetivos y potenciales víctimas de la contraparte.
Por lo general en las zonas de conflictos se desarrollan grandes proyectos, mineros, energéticos, agroindustriales, viales y turísticos, cuyas concesiones amañadas contemplan el despoblamiento de las zonas, que en la mayoría de los casos se hace mediante la fuerza y la barbarie. En la medida en que proliferan los grandes megaproyectos y las trasnacionales se apoderan del territorio y de los recursos, se vulnera de manera sistemática la libertad de expresión, organización y movilización, exterminando el movimiento social y los pueblos ancestrales y campesinos, violentando de manera severa su dignidad y soberanía popular.
A pesar de ser una región rica, las comunidades indígenas, campesinas y demás sectores sociales se debaten entre la pobreza, la miseria, los grandes problemas de salud, educación y trabajo, mientras las trasnacionales y empresas aumentan sus ganancias y la clase política se reparte el botín de las regalías a través de la corrupción, para lo cual no hay justicia.

ESTIGMATIZACION DE LOS PUEBLOS ANCESTRALES Y EL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR.

Se convirtió en política de los organismos represivos del Estado, señalar, sindicar y estigmatizar, a las comunidades indígenas, el movimiento social y popular y a sus dirigentes, de ser colaboradores o auxiliadores de la guerrilla, argumento suficiente para judicializar bajo testimonios montados, de concierto para delinquir y rebelión, a  toda forma organizativa o persona que consideren obstáculo para sus intereses.

Si las comunidades protestan o se movilizan dicen por los medios de comunicación radiales, audiovisuales y escritos, que dicha acción del pueblo “está promovida por la guerrilla”, si las personas se niegan a colaborar en las redes de cooperantes e informantes, de inmediato son señalados y perseguidos por sospecha de ser guerrilleros; si las comunidades denuncian y expresan su inconformidad y necesidades, son silenciados por los medios de comunicación; si las comunidades desarrollan proyectos sociales y productivos, se señalan como financiadores de la insurgencia; sí las comunidades ejercen veeduría frente a la corrupción se dice que están presionados por los grupos al margen de la ley; si las comunidades reciben una partida para una obra, cuya contratación la manipulan y asigna el gobernador y los alcaldes, entonces se acusa a las comunidades de ser las corruptas y de financiar a la insurgencia; si las comunidades son masacradas o asesinadas se justifica con la suposición de disputas entre bandas por territorio o narcotráfico, convirtiéndolas en parte de los actores en conflicto para posibilitar la impunidad del crimen.

Se convirtió en política de estigmatización y persecución a los proyectos comunitarios, como son las empresas de servicios públicos, construidas por las comunidades, como alternativa ante la privatización de estos servicios por parte del Estado; Cooperativas de producción agraria y trasporte que responden a las necesidades agroalimentarias y de desarrollo productivo para contrarrestar la especulación de los grandes monopolios financieros; asociaciones comunales y campesinas constituidas por el pueblo para defender sus derechos y reclamar la tierra ante el abandono absoluto del Estado; Organizaciones defensoras de los derechos humanos, conformadas por las comunidades para exigir justicia, verdad y reparación integral ante el creciente número de violaciones de derechos humanos y crímenes de Estado; en fin la estigmatización es tal, que el solo hecho de vivir en el departamento de Arauca o en la región oriental, es suficiente para ser calificado como guerrillero, al extremo de considerarnos como pueblos guerrilleros.

RESISTENCIA CONTRA LA EXPLORACION PETROLERA, LA DESTRUCCION DEL AMBIENTE Y EL TERRITORIO, Y LAS AGRESIONES A LAS CULTURAS MILENARIAS.

Ante este proceso sistemático de exterminio, señalamiento y estigmatización los pueblos ancestrales, y el pueblo en general, asume de manera consciente y voluntaria, su dignidad expresada en actos de resistencia y lucha social. Frente al abandono estatal y las trasnacionales petroleras, los pueblos indígenas y comunidad campesina hemos desarrollado cabildos, foros, audiencias, tribunales de justicia alternativa, jornadas, hasta llegar a paros cívicos. Reseñamos algunas de las más importantes acciones sociales y populares:

Paro cívico y toma al complejo petrolero de Caño Limón, en el año 1988, con el objetivo de reclamar a las compañías petroleras la problemática social, denunciar los daños ambientales y el exterminio de las comunidades indígenas SIKUANI del  Santuario del Lipa, el Estado respondió con represión hasta el punto que en Arauquita, abrieron fuego de fusil hiriendo a varios indígenas que participaban en la marcha.

Jornada agraria 1990, para reclamar los derechos sociales y económicos de las comunidades campesinas e indígenas.

Movilización por el derecho a la vida y la permanencia en el territorio contra los paramilitares y las trasnacionales, en 1998. Se reclamó la deuda social y los territorios ancestrales.

Movilización contra la explotación petrolera y contra el paramilitarismo en Agosto de 1998. Se denunció la ofensiva paramilitar con la complicidad del estado y trasnacionales, el impacto ambiental y el exterminio del las culturas indígenas.

Jornada de movilización indefinida en defensa de los territorios indígenas Uwas del acoso y arbitrariedad de la OXY y la indiferencia del Estado, desarrollado en el 2000.

Paro cívico contra el paramilitarismo y la guerra sucia del Estado, en el 2002, se denuncian las masacres y la complicidad de la brigada 18 y Movil 5 en el accionar de los paramilitares.

Cabildos abiertos en los años Agosto de 1993 en Fortul, Enero de 1993  en Panamá y Pueblo Nuevo, Diciembre 1998, Cabildo abierto 1998 en Tame, Cabildo abierto en 1999 en Cubara, cabildo Agosto de 2004 en Saravena, Todos reclamando respeto por los derechos humanos, reclamar respeto por los territorios indígenas y denunciar masacres como La Cabuya, santo Domingo y Caño Seco.

Tribunales y audiencias de justicia alternativa, como: El tribunal de opinión por la masacre de Santo Domingo, en el año 2002 en Chicago Estados Unidos; Audiencia petrolera, audiencia Indígena y Audiencia de víctimas de crímenes de estado, para denunciar el papel del Estado y las trasnacionales en la violación de derechos humanos, impacto ambiental y exterminio de los pueblos indígenas, todas desarrolladas en el año 2007; el tribunal permanente de los pueblos de juzgamiento a las multinacionales por crímenes de lesa humanidad, exterminio de comunidades indígenas y degradación ambiental, desarrollado en el 2008.

Foros sobre distintos temas y problemáticas de orden social y humanitario como: Foro Agropecuario, Foro ambiental, Foro de salud, de derechos humanos, de educación y dos foros sociales y humanitarios, desarrollados durante los años de 1991 a 2010.

Un proceso de vida y resistencia que no estamos dispuestos a claudicar. La estigmatización y persecución a que somos sometidos, la detención de nuestros compañeros ISMAEL UNCASIA y VERONICA SOLIS y demás personas y dirigentes sociales, son una razón más para movilizarnos en defensa de nuestra DIGNIDAD Y SOBERANIA POPULAR, por lo anterior nos convocamos a una JORNADA  DE PARO CÍVICO POR LA DIGNIDAD Y SOBERANIA DE LOS PUEBLOS ANCESTRALES Y EL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR, a partir de la fecha, por ello llamamos a los alcaldes municipales para que cumplan con su labor de garantizar el Derecho de los pueblos a movilizarse y expresarse libremente, absteniéndose de ordenar o permitir cualquier atropello por parte de la fuerza pública (ejército y policía nacional) y organismos de inteligencia contra los marchantes; así mismo invitamos a la comunidad regional, nacional e internacional a que se solidaricen con esta justa lucha, y estén atentos en el seguimiento y monitoreo de esta actividad donde exigimos al gobierno nacional y organismos de justicia y control del estado colombiano, lo siguiente:

1. Libertad inmediata de ISMAEL UNCASIA Presidente de La Asociación de Cabildos Y Autoridades Tradicionales Indígenas de Arauca (ASCATIDAR) y VERONICA SOLIS, Coordinadora de asuntos étnicos de Arauca. Y demás dirigentes sociales retenidos el 25 de enero del 2011.

2. La no judicialización y criminalización de la libertad de asociación, expresión y movilización, y el rechazo a la estigmatización del movimiento social señalándolo de manera irresponsable como guerrillero.

3. Conformación de una comisión de verificación y seguimiento permanente, sobre la situación de las comunidades indígenas y campesinas en zona de conflicto y de explotación petrolera, que trate los temas de Ambiente, Territorio, Pueblos Ancestrales, Derechos Humanos e Hidrocarburos.

4. Garantías para los dirigentes que asumen la vocería en representación de las comunidades indígenas, y movimientos sociales, que expresan mediante el paro su inconformidad.

5. Se investigue la utilización de indígenas en políticas de de guerra dentro del conflicto que vive el país. Y se respete su autonomía, leyes y fueros especiales como nación indígena.