El 25 de septiembre de 2017 fueron detenidos arbitrariamente cinco campesinos en el Catatumbo. Jhon Jairo Angarita Ramírez continúa privado de la libertad y será judicializado, en un claro reflejo de la cooptación de la administración de “justicia” por las fuerzas militares, que han convertido el derecho penal en un arma de guerra.
El 24 de septiembre, Jhon Jairo se encontraba bebiendo unas cervezas en una tienda de la vereda La Laguna del municipio de Hacarí – Norte de Santander; hacia las 11:30 incursionó la guerrilla quien al parecer se enfrentaba al Ejercito Nacional.
A la acción insurgente el Ejército Nacional respondió, no sólo hacia la fuerza rebelde sino también contra la comunidad. Desde un helicóptero, militares dispararon de forma directa contra las residencia de los pobladores, ocasionando daños en las viviendas, además del ambiente de angustia y zozobra que se extendió por varias horas.
Lo ocurrido motivó a la comunidad a reclamar ante el Ejército el riesgo al que se expuso a la población. Es así como Omar Sanguino (tío de Jhon Jairo), vicepresidente de la Junta de Acción Comunal y un primo suyo, buscaron a Jhon Jairo Angarita para que se integrara a la comitiva que entablaría el diálogo con las fuerzas militares. Para este propósito se conformaron dos grupos. Por su parte, la presidenta de la Junta se dispuso a hablar con el personero sobre la situación.
Los delegados de la comunidad arrimaron al punto donde se encontraban efectivos del Ejercito Nacional perteneciente a la Fuerza de Tarea Vulcano que opera en la región del Catatumbo. “Cuando logramos ubicar al ejército y reunirnos con algunos uniformados, de inmediato nos apuntaron con sus armas de fuego y nos obligaron a arrojarnos al suelo, nos amarraron las manos con cinta negra, uno de los uniformados empezó a solicitarnos nuestra documentación, como salí de afán por la petición de mi tío no contaba con mis papeles en ese momento, entonces le dije mi nombre al uniformado del ejército, él se alejó un poco de nosotros y cuando regreso me dijo que él había estado tres años en los Pelusos y que por ese tiempo me había estado buscando, se vino otro uniformado Ojizarco, a ninguno se le podía ver el nombre o el rostro, el ojizarco se acercó y me golpeo con una patada en el pecho y me dijo “Quiere que lo mate con silenciador” le dije yo no sé qué es eso, entonces dijo “Cabo tráigame el silenciador” se fue a donde el cabo y se trajo un puñal y empezó a ponérmelo en mi abdomen diciendo “Como quiere que lo mate con silenciador o así” le conteste entonces “si nos va a matar mátenos a todos”. Mi tío también repitió mis palabras y le dijo si va a matar a alguno mátenos a todos, por tal razón otro hombre del ejército lo tomo y lo tiro al suelo, a mí y a mi tío nos sacaron aparte y nos pegaron patadas, de repente llego el helicóptero siendo imposible que este descendiera, por tal motivo desde este se tiró un lazo y me amarraron, antes de que el helicóptero elevara vuelo y me llevara de esa manera tan insegura, el ojizarco me dijo “Yo a ti te necesitaba muerto””, informa el detenido a un abogado del Equipo Jurídico Pueblos.
Jhon Jairo fue trasladado sin que se le indicara hacia qué sitio; iba amarrado y en un momento fue halado por el helicóptero. Finalmente supo que lo llevaron a Cúcuta donde le obligaron a firmar una documentación, cuyo contenido desconoce, lo que indica que se “trata los dererechos del capturado y constancia de buen trato”. Jhon Jairo es una persona que escasamente sabe leer y escribir.
A pesar de la ostensible violación de derechos humanos y de la tortura cometida contra Jhon Jairo y otros miembros de la comunidad detenidos, la captura fue declarada legal por un juez de control de garantías; determinación que de ninguna manera varía el carácter criminal del procedimiento efectuado por la Fuerza de tarea Vulcano y más bien refleja que en Colombia falta todo para poder hablar de independencia judicial.
La imputación de cargos y otros trámites de judicialización del campesino, padre de tres hijas; se encuentra bajo responsabilidad de la Fiscalía 70 de la dirección nacional contra el crimen organizado (antigua unidad nacional contra el terrorismo), a cargo de la cual se cuenta la gran mayoría de detenciones masivas y arbitrarias contra comunidades campesinas y procesos organizativos rurales y urbanos. Una unidad en deuda con el Movimiento popular colombiano, una unidad cooptada por las fuerzas militares y de policía que se ha convertido en instrumento para la guerra desigual que ha tenido que afrontar el pueblo colombiano.
En este momento se desarrollan las audiencias de imputación y posteriormente de medida de aseguramiento ante un juez de la ciudad de Cúcuta.
27 de septiembre de 2017
EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS
+ There are no comments
Add yours