Después de 8 años la justicia colombiana se pronuncia

El día de 2 de octubre del año 2002, en la vereda Las Bancas del municipio de Arauquita, uno de los soldados encargados de custodiar el tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, JHON JAIRO FLOREZ ROJAS, miembro del Batallón 46 Héroes de Saraguro, adscrito a la Brigada 18, asesinó al campesino FRANCISCO GUERRERO y posteriormente violó a la compañera sentimental de éste, INOCENCIA PINEDA PABÓN, luego de que las pruebas encontradas por la policía judicial y el personero municipal de Arauquita, indicaran la autoría de este crimen de lesa humanidad, por parte de ese batallón y del mentado soldado profesional, fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y trasladado a la sede de la Brigada 18 en Arauca capital, de donde sup! uestamente se fugó.

Desde esa fecha los familiares, esta fundación y la comunidad en general, con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales del orden nacional, iniciaron una cruzada para evitar que este hecho quedara en la impunidad, sin embargo no ha sido posible que exista verdad, justicia y reparación y solo hasta el pasado 22 de octubre de 2010, el Juzgado Penal del Circuito de Saravena, profirió sentencia condenando al soldado JHON JAIRO FLOREZ ROJAS, a la pena principal de 310 meses de prisión, como autor material de la conducta punible de HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO CON ACCESO CARNAL ABUSIVO CON PERSONA PUESTA EN INCAPACIDAD DE RESISTIR, imponiéndole a demás la pena accesoria de interdicción de funciones públicas por un término igual al de la pena principal.

No ha habido investigación frente a los autores intelectuales o determinadores de esta conducta y el hecho se investigó como un caso aislado a pesar de las evidencias de que existe una sistematicidad y un mismo patrón de conducta o modus operandi en todos los casos de ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el país, los cuales hacen parte de un eje de la estrategia de agresión contra el pueblo colombiano y que en el caso de Arauca a significado la muerte de más de cien personas desde el año 2002; tampoco existe investigación o proceso alguno tendiente a establecer la responsabilidad que la transnacional OXI tiene en estos hechos; frente a la reparación integral si bien es cierto el Estado colombiano fue condenado al pago de una indemnización económica por los perjuicios materiales y mo! rales causados con el homicidio de ANTONIO GUERRERO, ésta no cobijó a todos los familiares y tampoco se condenó a pagar por los perjuicios causados con la violación de la señora INOCENCIA PINEDA, igualmente sobre la restitución, la rehabilitación y la satisfacción, no se ha avanzado en nada y con todas las muertes que han seguido a ésta es claro que no hubo garantía de no repetición.

Ante éste y todos los casos de violación a los derechos humanos, seguiremos vigilantes y exigiendo que se garanticen los derechos de las víctimas de verdad, justicia, reparación integral y seguridad de no repetición.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUAMANOS JOEL SIERRA

NUESTRA ACCIÓN ES LEGAL Y LEGÍTIMA