La cárcel de Villa hermosa, ubicada en la ciudad de Cali, Colombia, tiene capacidad para albergar a 1600 personas presas, pero en la actualizad encierra a 5400 personas, lo cual genera un hacinamiento de 300%. La cárcel de Villahermosa presenta problemas de infraestructura debido a que es una construcción de más de 50 años y a la cual no se le han hecho adecuaciones que garanticen los derechos humanos de las personas ahí recluidas: no existen suficientes espacios de trabajo, estudio y orientación socio-emocional para que la pena supla su función de resocialización, un sistema de alcantarillado deteriorado, celdas no aptas para la habitabilidad, falta de baños y los pocos que hay no son los más adecuados, debido a estas condiciones se presentan brotes de enfermedades infectocontagiosas, y por la humedad y la suciedad de la cárcel se presenta también propagación de plagas. Debido a la falta de un sistema de salud que garantice los derechos de los presos en esta materia, se presenta una constante falta de atención médica, falta de medicamentos, represamiento de autorizaciones para cirugías y tratamientos a presos enfermos de cáncer, VIH, diabetes, entre otras enfermedades graves.
Sumado a eso, las violaciones y arbitrariedades cometidas por el cuerpo de guardia y custodia del INPEC en contra de los presos y sus familiares hacen del Centro Carcelario y Penitenciario de Villahermosa un lugar siniestro de violación sistemática y generalizada a los derechos humanos, pues el tratamiento al que se deben someter los familiares en los días de visita, que en su mayoría son mujeres de avanzada edad, son crueles, inhumanos y degradantes: largas filas desde horas de la madrugada ante la inclemencia del clima, agresiones sexuales en las requisas exhaustivas y denigrantes, discrecionalidad y favorecimiento para la entrada de algunos familiares e irrespeto y agresiones físicas por parte de la guardia. Estos son sólo algunas de las situaciones a las que se deben someter los y las familiares en los días de visita.
Las situaciones indicadas anteriormente son responsabilidad de un modelo de justicia eficientista y excesivamente punitiva que busca solucionar los problemas sociales con la violencia penal y elevando a la categoría de delito las más mínimas expresiones del comportamiento humano y el aumento desproporcionado de las penas privativas de la libertad. Sumado a esto, una administración de justicia de jueces y fiscales carceleros que solo saben pedir y otorgar cárcel y negar libertades cuando se tiene derecho esta o a beneficios o subrogados penales y sustitutivos a la prisión.
La mayor parte de los prisioneros en las cárceles de Colombia hace parte de la población más pobre y marginada del país, los que no posee recursos materiales para suplir necesidades básicas que el Estado por obligación debería garantizar y que no tienen la posibilidad económica de asumir una defensa penal ante la transgresión de la norma como consecuencia de un modelo político y económico desigual e injusto donde la cárcel es la única respuesta estatal, lo que convierte a la justicia colombiana en un instrumento para CASTIGAR A LOS POBRES.
Es por estas circunstancias, que aportamos este video con ánimo de denuncia, pero también para mostrar a la opinión pública que los y las familiares de las personas detenidas, las organizaciones sociales y de derechos humanos elevan su voz de protesta para denunciar categóricamente estas situaciones violatorias de los derechos humanos de las personas detenidas y de sus familiares, y para exigir al Estado colombiano que finalice con las agresiones, torturas y demás violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de sus familiares y que garantice integralmente los derechos humanos y la dignidad de los mismos.
SI EL ESTADO NO PUEDE SANCIONAR SIN AGREDIR LA DIGNIDAD EN LAS CARCELES, QUE ORDENE LA LIBERTAD A NUESTROS FAMILIARES…
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