24/10/2019.
La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia en el día de hoy 24 de octubre del 2019 hemos estado acompañando, junto con otras organizaciones nacionales e internacionales, la entrega a la Corte Suprema de Justicia por parte de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos políticos,una solicitud para que analice si los senadores Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia, con su conducta, incurrieron en los delitos de injuria, calumnia y hostigamientos agravado en contra de dicha institución y sus integrantes.
Se ha entregado a la Corte un conjunto de elementos probatorios que podrían demostrar que los mencionados senadores han promovido una campaña de difamación en contra de la FCSPP a través de declaraciones públicas en sus redes sociales y en medios de comuncación, en las cuales difundieron masivamente mensajes falsos y calumniosos, en donde se les acusa de haber realizado sobornos con el fin de manipular o impulsar al testigo Juan Guillermo Monsalve a dar declaraciones en contra de Álvaro Uribe Vélez.
Estos recientes señalamientos públicos contra el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), por parte de servidores del Estado y personas pertenecientes al partido político Centro Democrático, incluido el expresidente y actual senador, el Sr. Álvaro Uribe Vélez. Estos señalamientos parecen tratar de deslegitimar la labor que desarrolla el CSPP ante la sociedad colombiana, así como criminalizar actividades propias de la defensa de los derechos humanos.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, es la primera organización no gubernamental constituida para la defensa de los derechos humanos en Colombia y conocemos de su larga trayectoria, distinguida por los importantes aportes y contribuciones a la promoción y la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la justicia y la paz de Colombia.
Nos preocupa profundamente que las afirmaciones que han hecho integrantes de su partido político, son graves y temerarias, y están dirigidas intencionalmente a desacreditar y estigmatizar al CSPP, toda vez que señalan situaciones que han sido previamente revisadas y falladas por una de las máximas autoridades judiciales, como lo es la Corte Suprema de Justicia.
La protección a víctimas y testigos u otras personas que tomen parte en procesos penales, en particular, en donde se investigan violaciones a derechos humanos, es una actividad inherente del derecho a defender los derechos humanos, no representa delito alguno, y es esencial para asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la verdad y el acceso a la justicia.
Tales declaraciones públicas constituyen actos de intimidación y represalia contra la defensa de derechos humanos que resultan particularmente graves en un contexto como el colombiano en el que las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos enfrentan niveles alarmantes de violencia como demuestran las 172 personas defensoras asesinadas en 2018 y las 59 personas defensoras asesinadas solo en los primeros seis meses de 2019.
Repudiamos enérgicamente las estigmatizaciones y amenazas de criminalizar y judicializar la labor legítima del CSPP y de sus integrantes.
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