Tomar las carreteras para transformar el país

Por Cesare Curione

Cuatro años después del Estallido Social colombiano, el levantamiento masivo que sacudió todo el país en 2021, los movimientos sociales colombianos volvieron a las calles las semanas pasadas bloqueando las principales arterias de la nación y ocupando varios edificios gubernamentales. La protesta se llevó a cabo a través de la consigna “Aquí en lucha”, promovida por el Congreso de los Pueblos, una organización nacional en la que confluyen diversas realidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, sindicales, estudiantiles, femeninas y urbanas. Durante una semana, los movimientos sociales organizaron bloqueos de carreteras en regiones como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Risaralda y Arauca, mientras que solo en Bogotá se llevaron a cabo acciones simultáneas en cinco puntos diferentes, entre ellas la ocupación del Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Organizar una movilización de esta magnitud en la coyuntura histórica actual representa en sí misma una gran prueba de fuerza para los movimientos colombianos. A pesar de la elección en 2022 del presidente Gustavo Petro tras el Estallido Social, y de sus parciales intentos de reformas sociales, en gran parte frustrados por el obstruccionismo de las élites locales, el país vive hoy un fuerte avance del paramilitarismo. Después de su auge durante el Gobierno de Álvaro Uribe y de la mano de la injerencia estadounidense, el paramilitarismo se confirma hoy como plaga estructural del contexto colombiano. Solo en el primer semestre de 2025, según la organización Somos Defensores, fueron asesinados 78 líderes sociales, uno cada dos días, en su mayoría pertenecientes a movimientos campesinos, indígenas y afrodescendientes. Según el informe Global Witness Report, en 2024 fueron asesinados en todo el mundo 146 líderes de luchas por la defensa del medio ambiente, de los cuales 48 solo en Colombia.

En este contexto, las movilizaciones de la última semana han puesto de manifiesto la fuerza organizativa acumulada por los movimientos, su labor de construcción de poder popular en los territorios y la capacidad de movilización de su base social. Así, por ejemplo, en Besote, en la Ruta del Sol, una de las principales arterias nacionales, se han reunido miles de campesinos pertenecientes a procesos organizativos de diferentes regiones. Para llevar adelante el bloqueo, se llevó a cabo una pequeña ciudad temporal, capaz de garantizar toda la logística de la movilización, tres comidas al día para todos los participantes y la protección del espacio contra posibles violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas estatales y paraestatales. Un papel central en el transcurso de las acciones lo desempeña la Guardia Campesina, Indígena y Cimarrona, una forma de autoridad y defensa propia de la comunidad, que lleva adelante la protesta empuñando bastones de mando, símbolo de la resistencia colectiva.

Erika Prieto, portavoz del Congreso de Los Pueblos, afirmó: “Es increíble que piensen que es una noticia que todo esto esté planeado. Claro que está planeado, nuestra cosecha está planeada, nuestro trabajo está planeado. Y llevamos muchos años resistiendo al capitalismo, al imperialismo y al patriarcado. Hoy, en esta asamblea, quiero dar las gracias a todas las fuerzas políticas que se han unido en “Aquí en la lucha”. ¡Seguimos construyendo país, seguimos transformando todo esto profundamente y para siempre!”

Las protestas de octubre han puesto en el centro de la agenda política la necesidad de poner fin a la Doctrina de Seguridad Nacional y el desmantelamiento inmediato del paramilitarismo, además de la necesidad de retomar movilización autónoma y luchar por transformaciones estructurales, en materia de la Reforma Agraria Integral y Popular, de la política energética y medioambiental, del derecho a la vivienda y a la educación, o de la Reforma Urbana Integral y Popular, por nombrar algunas. A pesar de ello, el ministro de Interior del Gobierno de Petro, Armando Benedetti, ha afirmado que detrás de las protestas se esconden “estructuras criminales”. La búsqueda de un enemigo interno, la estigmatización del movimiento campesino y las acusaciones de pertenencia a la guerrilla dirigidas a sus líderes, representan una estrategia clásica de la derecha colombiana, que históricamente ha allanado el camino para la represión estatal y paraestatal. Esta estigmatización perpetrada desde el gobierno comenzó con las organizaciones sociales del Catatumbo en marzo de este año, cuando el gobierno afirmó que estas estaban permeadas por las armas, siendo una región donde el conflicto armado ha provocado en los últimos meses una de las crisis humanitarias más graves del país.

Los movimientos denuncian que uno de los fracasos más evidentes del gobierno es su política de Paz Total. Mientras que 472 firmantes de paz de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), según Indepaz, han sido asesinados desde el 2016 y muchos de ellos han vuelto a tomar las armas dentro de los diferentes grupos de disidencias, los diálogos de paz con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que ha buscado mecanismos de participación de la comunidad en el proceso para garantizar transformaciones que afecten a las razones políticas que están en la base del conflicto armado en Colombia, fueron interrumpidas por el gobierno de Petro en enero de 2025. Los movimientos sociales subrayan la importancia de una paz con transformaciones estructurales para garantizar la superación de las injusticias sociales que están en el origen del conflicto, garantizar espacios de viabilidad política para las organizaciones en los territorios y evitar que el silencio de las armas conduzca a una expansión de los intereses de los latifundistas y las empresas multinacionales extractivistas en zonas donde se ha producido una arremetida paramilitar.

En este contexto, se registra una expansión del paramilitarismo, entendido como política integral, como brazo armado de la Doctrina de Seguridad Nacional y en definitiva como estrategia de contrarreforma agraria. Los grupos paramilitares llevan a cabo en los territorios una guerra política, económica y psicológica en defensa de los intereses de las clases dominantes. Por un lado, quitando el agua al pez (invirtiendo la metáfora maoísta), es decir, atacando e involucrando directamente en el conflicto al campesinado, y por otro, avanzando en los territorios y tomando posesión de ellos para resolver la cuestión de la tierra a favor de los intereses de los terratenientes y las empresas extractivistas. En septiembre de 2025, el gobierno de Petro inició una primera ronda de negociaciones en Qatar con el Clan del Golfo, uno de los principales grupos paramilitares. Para poder empezar estas negociaciones el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) fue reconocido por el Gobierno como Grupo Armado Organizado. Los movimientos denuncian en esta operación un grave reconocimiento político del paramilitarismo.

Otro punto fundamental de las protestas de la última semana es la lucha contra el imperialismo, contra el genocidio palestino y las amenazas de guerra de Estados Unidos en Venezuela y el Caribe. El día 17 de octubre en la Ruta del Sol se dedicó a actividades en solidaridad con el pueblo palestino, dónde miles de campesinos se manifestaron contra el genocidio, con intervenciones, lecturas de poemas, un acto cultural teatral, y un gran mural de la bandera de palestina pintado en la carretera. El mismo día se organizó en Bogotá una manifestación que se dirigió hacia la embajada estadounidense para denunciar la política imperialista norteamericana, exigir el desmantelamiento de las siete bases militares estadounidenses en Colombia y reivindicar la soberanía popular de Venezuela, Colombia y todo el Caribe contra las amenazas y la presencia de fuerzas militares estadounidenses en aguas caribeñas. Frente a la embajada se produjeron duros enfrentamientos que se prolongaron durante varias horas. Los manifestantes respondieron al ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), ahora llamado UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden), lanzando objetos y flechas. La respuesta con flechas, más común en territorios indígenas, representó una novedad para el contexto urbano de Bogotá, a lo que el Ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó proponiendo una recompensa de veinte millones de pesos por ayudar a identificar a los responsables.

Erika Prieto afirmó durante la asamblea final de las jornadas de protesta: “Las jornadas de protesta han sido un éxito. Hemos demostrado que somos un poder constituyente con la fuerza para transformar Colombia, que somos capaces de devolver la dignidad a los pueblos tantas veces negada por los ricos de este país. ¡Venceremos!”