Sigue la crisis humanitaria y la estrategia de exterminio contra el movimiento social en Arauca

Relato de nuestra estancia como brigadistas internacionalistas de RedHer en agosto de 2025.

El año pasado, se recogía en el informe de la Caravana por la Vida, la Paz y la Permanencia en el Territorio lo siguiente sobre Arauca: una “grave crisis humanitaria […], la continuidad de las conductas genocidas y de exterminio contra el movimiento social y una fuerte avanzada, en nuevas formas, del paramilitarismo en estos territorios y en gran parte del país”. Un año después fuimos nuevamente a Arauca, y en mayor parte, desafortunadamente, podemos decir que poco ha cambiado.

Al igual que se recoge en el informe del 2024, persiste el temor paramilitar, más que todo desde principios de 2022, cuando hubo un atentado con carrobomba dirigido a la sede del movimiento social, que pasó muy cerca de matar a los más de 60 dirigentes sociales que estaban reunidos.

Las llamadas disidencias de las FARC-EMC actúan con lógicas paramilitares en connivencia con sectores de la fuerza pública. Atacan al movimiento social, asesinan líderes y firmantes del Acuerdo de Paz, y declaran objetivos militares a organizaciones civiles. Todo esto ocurre en medio de una fuerte militarización del territorio – Arauca es uno de los departamentos más militarizados de Colombia – y confrontaciones armadas con el ELN.

La población vive bajo constante amenaza, mientras el Estado mantiene una actitud pasiva que perpetúa la impunidad y el control armado sobre las comunidades. La extracción de petróleo también es fuente de violencia contra las comunidades y sus dirigentes e integrantes.

A modo de ejemplos:

• El 22 de abril de 2025 se intentó un atentado contra el dirigente social y Defensor de Derechos Humanos Ernesto Roa, dejándole gravemente herido. Como defensor de derechos humanos, ha sido víctima constante de señalamientos, perfilamientos y estigmatización en los meses y años precedentes.
• El 26 de agosto de 2025 se intentó un atentado contra el dirigente comunal y Defensor de Derechos Humanos Luis Carlos Mejia quien recibió un impacto de bala contra el carro en el que se movilizaba durante un control del Ejército Colombiano en Caño Limón (Arauquita). El dirigente social se dirigía a la asamblea de formalización de un Territorio Campesino Agroalimentario (TECAM), paso clave en la lucha contra la actividad petrolera en este mismo territorio. Estaba presente su esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección.

A estos se suman varios otros atentados contra dirigentes sociales de las comunidades, como presidentes de Juntas de Acción Comunal. En total en Arauca, la Defensoría del Pueblo documenta 143 personas asesinadas en 2024, de estas 17 dirigentes sociales.

Por otro lado, las comunidades de Arauca han señalado a las empresas SierraCol Energy, Parex Resources de Canadá y Ecopetrol como responsables de daños ambientales graves en municipios como Tame, Fortul, Saravena y Arauquita. Aseguran que estos proyectos ponen en riesgo su permanencia en el territorio y exigen la intervención urgente de las entidades de control. Los testimonios apuntan a que tanto la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como Corporinoquia han facilitado, mediante omisiones o avales, el avance de estas operaciones sin la debida responsabilidad ambiental y social.

También denuncian un trato hostil por parte de SierraCol Energy hacia las comunidades locales. A pesar de las millonarias ganancias que genera la industria petrolera, poco o nada de esos recursos se ha destinado a resolver las necesidades básicas de la población.

Uno de los impactos más graves denunciados es la desaparición de pueblos indígenas como los hitnüs y los sikuani, que habitaban zonas donde hoy se extrae petróleo. Se advierte que la contaminación de fuentes hídricas con hidrocarburos ha hecho inviable su forma de vida y su permanencia en el territorio.

Igual que se notaba en el informe de 2024, frente al abandono estatal, son las comunidades mismas quienes han tenido que gestionar una gran parte de los servicios públicos. En términos de proyectos productivos, pudimos visitar la nueva planta de tratamiento de plátano.

También se nota que varias comunidades están formalizando la organización social en los territorios, aprovechando el decreto 780 de 2024 que reconoce las territorialidades campesinas a través de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Arauca cuenta con cuatro procesos de formalización de TECAMs (en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame), que se consideran como un gran avance para el movimiento. Mientras visitamos uno de estos procesos, pudimos ver la gran voluntad de los y las campesinas de seguir luchando a pesar de la adversidad, fuerza que, más que todo, caracteriza a la gente de Arauca.