Fuente: Colombia Informa
El Equipo Jurídico Pueblos denunció este miércoles un incremento de la violencia y la persecución sistemática contra su organización y otros procesos defensores de derechos humanos en Colombia. La organización alertó que paramilitares y los llamados «Frentes de Seguridad», con presunta complicidad de la Fuerza Pública, ejecutan una estrategia para continuar el genocidio contra el movimiento social.
La denuncia surge tras el ataque del 13 de octubre de 2025 contra una movilización social en Santander. Durante los hechos, integrantes de la organización, líderes sociales, adultos mayores y observadores internacionales de Canadá, Estados Unidos y Francia sufrieron agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales. Los agresores incluyen a paramilitares, exmilitares, civiles e integrantes de los Frentes de Seguridad que dirige el gobernador Juvenal Díaz Mateus.
Igualmente, el Equipo Jurídico Pueblos responsabilizó al Estado colombiano por estas agresiones. Afirmó que cualquier ataque futuro contra su personal o los líderes comunitarios tambíen será responsabilidad directa del presidente Gustavo Petro y sus ministros.

Ataques dirigidos y complicidad policial
Según el informe, los agresores ejecutaron actos de tortura colectiva y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Santander. Estos hechos ocurrieron con la complacencia del Ejército Nacional, la Policía y las autoridades civiles de los municipios de Socorro, Palmas del Socorro, San Gil y Confines.
La organización destacó que los defensores y defensoras portaban chalecos y credenciales de identificación, e incluso suministraron sus datos a las autoridades. A pesar de esto, agentes estatales, paraestatales y civiles armados les fotografiaron durante el ataque. Ahora, la información personal de las víctimas está en poder de estos grupos, lo que genera un alto riesgo de retaliaciones.

Estigmatización desde múltiples frentes
El Equipo Jurídico Pueblos también señaló una campaña de estigmatización en su contra. Afirmó que el autodenominado Frente 33 los relacionó públicamente sin pruebas con el ELN. Esta narrativa coincide con declaraciones previas del presidente Petro y sus ministros, quienes acusaron a organizaciones sociales de la región de estar infiltradas por grupos insurgentes.
La organización criticó que, pese a las exigencias de la Defensoría del Pueblo, el Gobierno nacional no ha rectificado sus declaraciones ni se ha pronunciado sobre la campaña de intimidación de las disidencias.
Frentes de Seguridad se escribe con «Convivir»
Los Frentes de Seguridad tienen su origen en las asociaciones de «Convivir» de Antioquia, que fueron claves para el fortalecimiento de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Equipo Jurídico Pueblos las define como grupos contrainsurgentes, anticomunistas, patriarcales y discriminatorios, que promueven discursos de odio y xenofobia.
Estos frentes, liderados por la Policía Nacional y reservistas del Ejército, movilizan a civiles contra comunidades organizadas.
En departamentos como Santander, Antioquia y Bogotá, los gobernantes promueven estas estructuras y se incrementaron los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos.
Contexto de impunidad y exigencias
La organización también alertó sobre el uso de montajes judiciales y testimonios de exguerrilleros para criminalizar a defensores y líderes comunitarios. Reveló la existencia de varias investigaciones penales en su contra, una práctica que denuncian desde hace años.
Como muestra de la gravedad de la situación, el Equipo Jurídico Pueblos vinculó a estas estructuras criminales con las amenazas contra Leonardo Jaimes, un defensor de derechos humanos y profesor universitario de esa organización.

Finalmente, la organización exigió al Estado colombiano investigaciones genuinas para desmantelar la estrategia de persecución. También demandó acciones efectivas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la cual cuestionó por su pasividad ante estos hechos.
El Equipo Jurídico Pueblos es una organización defensora de derechos humanos fundada en 2007. Además de trabajar con personas privadas de la libertad por razones políticas, su trabajo se centra en analizar y denunciar el modelo represivo que enfrentan diversos sectores que son críticos y no están institucionalizados en Colombia.
Otras fuentes:
- 29 de octubre de 2025, Equipo Jurídico Pueblos: ATENCIÓN: ATAQUE DE RASGO FASCISTA CONTRA EL EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

 
                                                            
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