Así se están organizando en el Chocó para enfrentar el proyecto del Canal Interoceánico Atrato–Truandó

El lunes 25 de mayo inició en Riosucio-Chocó el Seminario ¿el progreso para quién? sobre territorio, extractivismo y derechos, convocado por comunidades indígenas de la región para poner en discusión el megaproyecto de conexión interoceánica. Algunas de las reflexiones que se han dado hasta el momento ponen en el centro la autodeterminación de los pueblos, así como la defensa y pertenencia de los mismos en el territorio.

El mayor Jainimby Jumi Domico ´Espiritu caminante´ ha tenido sueños últimamente. Son sueños en los que despojan a toda su comunidad de lo que él siempre ha conocido como su madre: la tierra…¿qué puede significar? Con micrófono y marcador en mano él los comparte. Después, reafirma que siempre ha pensado en el futuro de su pueblo y que por eso está de pie en el auditorio con más de 76 años.

La jornada inició con una armonización del espacio dirigida por otros liderazgos indígenas. Durante su primer día, el Seminario se planteó hacer un rastreo de los conocimientos previos que tienen las comunidades afro e indígenas que habitan el norte del Chocó (Bajo Atrato, el río Truandó y la Serranía del Baudó) a cerca del ambicioso megaproyecto del Canal Interoceánico Atrato–Truandó, antes llamado Puente Terrestre Interoceánico (PTI) y ahora propuesto como una línea férrea que puede conectar el Pacífico y el Atlántico atravesando 19 consejos comunitarios y 13 resguardos indígenas.

Este primer día, líderes y lideresas comunitarias de Riosucio, así como de diversos resguardos indígenas y consejos comunitarios, compartieron con las personas asistentes la historia detrás de esa idea que promete “desarrollo” y que le ha interesado tanto a algunos gobiernos nacionales e internacionales por lo menos desde el siglo XVIII. Sus relatos estuvieron marcados por la exclusión, la violencia racista y extractivista, y la imposición de intereses económicos por encima del cuidado de la riqueza cultural y ambiental. 

Las comunidades tienen claro que no se está hablando de un simple proyecto para el Chocó,  sino de un megaproyecto que impactaría la dinámica económica mundial, y por tanto, necesita toda su atención. Es importante preguntarse por las consecuencias que éste tendría en un departamento en el que no se le ha respetado la autonomía a las comunidades, ni se ha llegado con proyectos que transformen su vida real. Un departamento que ha padecido el abandono estructural de un Estado que puede negociar sin reparo su riqueza dependiendo de cómo se pinte el juego de intereses geopolíticos.

Una de sus mayores preocupaciones se enmarca en las posibilidades de despojo reiterado en caso de que llegara a hacerse realidad. Un desplazamiento que no sólo involucraría pueblos sino también ecosistemas y relacionamientos ancestrales y espirituales que están vivos en el territorio. 

“Si pasa ese proyecto, como se está diciendo, la preocupación es que va a ver desplazamiento como lo pasamos miles de años [atrás] que hubo esclavitud, que hubo maltrato. Estamos sintiendo nuevamente ese impacto de lo que va a suceder. La pérdida de la cultura, de nuestra ley de origen, nuestra seguridad alimentaria ya no va a ser la misma. Nosotras las mujeres nos levantamos en la mañana y nuestra vida principal es el agua. Al venir y pasar ese proyecto se va a contaminar el agua y yo diría que acabarían con nuestra vida, con nuestra felicidad, con nuestra armonía, con nuestra alegría. Nuestros niños, niñas y jóvenes son quienes lo van a enfrentar y no va a haber ese futuro. El gobierno dice que hay un derecho pero nos van a esclavizar a una cultura que no es nuestra…”

Elena Baniama Tequia, lideresa del resguardo indígena de Peña Blanca.

“Nosotros como comunidades que habitamos la región nos comunicamos permanentemente con la naturaleza, para nosotros el río, el agua, un árbol, un ser viviente de la naturaleza tiene espíritu por lo que nosotros nos comunicamos de manera permanente. Nosotros no somos aislados a la naturaleza, por el contrario, nos entendemos haciendo parte de esa naturaleza. Entonces al haber esa construcción generan unos impactos que todavía no conocemos, porque hemos escuchado que van a haber remociones de grandes cantidades de tierras, aberturas de selvas, entonces son infinidades de situaciones que agravaría la situación ambiental y socio-ambiental porque ahí las comunidades indígenas de alguna u otra manera aculturizarían en la región y entonces perderíamos nuestra identidad, esa es la gran preocupación porque nosotros siempre hemos manifestado que indígena sin tierra no es indígena.”

Fidel Cheverarama, presidente de la Asociación de Cabildos indígenas Wounaan del Darién Chocoano (ASOWOUDACH).

El desconocimiento alrededor del proyecto es otro punto clave en la lista de temas de conversación. El Seminario intenta, precisamente, posicionarse como una contranarrativa frente al discurso del gobierno departamental, en cabeza de Nubia Carolina Córdoba Curi. El 21 de mayo se realizó un espacio de socialización de los estudios de prefactibilidad en la ciudad de Quibdó; espacio al que no fueron invitadas, ni estaban por enteradas las comunidades asistentes al seminario. Sin embargo, en este espacio Córdoba Curi afirmó públicamente que en su gobernación ha llevado a cabo 16 espacios de socialización interétnicos, y que, además, el proyecto ya ha pasado de la etapa de prefactibilidad a la de factibilidad. El derecho a la consulta previa que tienen las comunidades ancestrales que habitan el departamento y los lugares por donde pasaría la construcción no ha sido considerado ni en sus acciones ni en sus pronunciamientos, lo que haría de este un caso más en el que se evidencia la negligencia desde la cual actúan las administraciones.

Los antecedentes de proyectos extractivos de índole energética, minera, maderera y de siembra extensiva de monocultivos en la región también fueron puestos sobre la mesa como punto de partida para la pregunta más contundente que ha visibilizado el seminario: ¿El progreso para quién?

El seminario culminó con la realización de una declaración política, elaborada el martes 26 de mayo, para demostrar que «el pueblo tiene la palabra» y donde se posicionan en defensa de la vida. La declaración fue firmada por las organizaciones acogidas en ella y busca ser escalada a instancias gubernamentales. A pesar de las afectaciones y contradicciones que puedan haber como territorio intercultural, algo queda claro: el pensamiento debe unirse; y las comunidades juntarse, frente a un panorama en el que hay un proceso sistemático que insiste en romper la juntanza y la permanencia de los pueblos.