La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, RedHer, estuvo apoyando activamente la Misión de Verificación en Cajibío el pasado 6 de junio de 2025. Esta misión se llevó a cabo por varios motivos, pero hubo un hecho principal que la motivó. Y es que, el 29 de marzo de 2025, las tropas del Ejército Nacional abrieron fuego contra campesinos e indígenas Misak y Nasa, que se movilizaban por la recuperación de tierras acaparadas por la multinacional Smurfit Westrock, en Cajibío, Cauca, hiriendo de bala a una persona que luego fue presionada en el hospital por militares para autoinculparse como miembro de un grupo armado ilegal. El Ejército también hostigó al motociclista que trasladó al herido y a varias mujeres que caminaban por la zona.
Las comunidades denunciaron que estos disparos se dieron contra población protegida por el Derecho Internacional Humanitario, por tanto no se puede hablar de “un error”, sino de un ataque directo. A pesar de ello, la versión oficial del Ejército presentó los hechos como un combate contra disidencias de las FARC, versión que rápidamente fue desmentida por organizaciones comunitarias y defensoras de derechos humanos.
Por ello, en la una misión de verificación se evidenciaron los hechos y recopilaron los testimonio; se denunció la estrategia sistemática de impunidad que favorece a actores armados y económicos; se expusieron las reices profundas del conflicto en Cajibío y su relación con la concentración de tierras en manos de Smurfit Westrock, etc. Todo ello se recogió en un informe (adjunto al final) que fue entregado a las instituciones presentes -ONU, Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior-, a pesar de su escasa presencia, participación y alcance, ya que las personas presentes de las mismas no disponían de la capacidad para comprometerse o responder las preguntas realizadas en la rueda de prensa, evidenciandose la falta de voluntad estatal para investigar, sancionar y posteriormente reparar.
Además de atentar contra la vida de lxs habitantes de Cajibío, la empresa Smurfit Westrock posee más de 2.900 hectáreas en propiedad y otras 600 en arriendo, frente a lxs pequeños propietarixs con parcelas de 3 a 6 hectáreas, en las cuales lleva desde los años 80 reemplazando la biodiversidad y equilibrio ecosistémico, con monocultivos de pino y eucalipto, que empobrecen el suelo, afectan el ciclo hídrico y reducen el acceso al agua potable. Las comunidades también señalan que los empleos ofrecidos por la empresa son temporales, tercerizados y excluyentes con las mujeres, y que desde que llegó al territorio la Smurfit ha empleado estrategias de división de las comunidades, ha usado tácticas de represión, incluyendo amenazas, atentados y asesinatos.
La lucha por la tierra en Cajibío, se ha intensificado desde 2021 con el Estallido Social, y se ha impulsado por el Territorio de Vida Interétnico e Intercultural (TEVIIC) que incluye al Coordinador Nacional Agrario (CNA) y los pueblos Misak y Nasa, y la Alianza por la Vida, la Naturaleza y el Territorio. El TEVIIC, después de haber intentado llegar a acuerdos mediante la vía del diálogo con la empresa Smurfit Westrock y no ver ningún avance, optó por la acción directa, como la ocupación de tierras y el corte de monocultivos, para sembrar alimentos y recuperar el territorio para cuidar la vida en todas sus formas.
Las comunidades sostienen que la única solución real es la entrega de las tierras acaparadas por la multinacional. También evidencian la desigualdad en la distribución de la tierra en Cajibío, donde pocas familias concentran grandes extensiones, pero la empresa se niega a vender sus tierras, argumentando su papel en la generación de empleo. Pero las autoridades locales y ambientales son percibidas como aliadas de Smurfit, sin ejercer control efectivo.
En lo nacional, el Estado colombiano está llamado a tomar medidas urgentes, romper su alianza con las transnacionales y emprender una verdadera reforma agraria. En lo regional, las comunidades posicionan que el conflicto por la tierra en Cajibío es también una lucha por el medio ambiente, la soberanía alimentaria y la dignidad e insisten en que el futuro del territorio solo podrá construirse desde la base, con organización y resistencia.
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