{"id":7405,"date":"2019-06-16T22:09:22","date_gmt":"2019-06-16T22:09:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.redcolombia.org\/?p=7405"},"modified":"2021-07-02T12:14:00","modified_gmt":"2021-07-02T15:14:00","slug":"segunda-mision-de-verificacion-humanitaria-region-del-catatumbo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.redcolombia.org\/?p=7405","title":{"rendered":"SEGUNDA MISI\u00d3N DE VERIFICACI\u00d3N HUMANITARIA &#8211; REGI\u00d3N DEL CATATUMBO"},"content":{"rendered":"<p>14-18 DE MAYO DE 2019<br \/>\nSiguiendo el mandato emanado de la Asamblea comunitaria realizada el d\u00eda 22 de abril de 2018<br \/>\nen el municipio de El Tarra, la Comisi\u00f3n por la Vida, la Reconciliaci\u00f3n y la Paz del Catatumbo,<br \/>\nconformada por procesos sociales y comunales para dar respuesta a la crisis social, pol\u00edtica y<br \/>\necon\u00f3mica que se presenta en la regi\u00f3n, convoc\u00f3 la Segunda Misi\u00f3n de verificaci\u00f3n de la<br \/>\nsituaci\u00f3n de derechos humanos y DIH, con el objetivo de recoger, visibilizar y dar a conocer a las<br \/>\nautoridades correspondientes para su inmediata intervenci\u00f3n, las denuncias de vulneraci\u00f3n a la<br \/>\npoblaci\u00f3n civil.<br \/>\nLa 2da Misi\u00f3n de verificaci\u00f3n se realiz\u00f3 del 14 al 18 de mayo de 2019, en dos rutas definidas<br \/>\ntras la identificaci\u00f3n de lugares cuyas comunidades han realizado alertas y preocupantes<br \/>\ndenuncias. Inici\u00f3 en la ciudad de Oca\u00f1a y visit\u00f3 los municipios de Hacar\u00ed, Convenci\u00f3n, El<br \/>\nCarmen, San Calixto, Teorama, El Tarra y Tib\u00fa, donde finaliz\u00f3. En su realizaci\u00f3n cont\u00f3 con el<br \/>\nacompa\u00f1amiento de Ministerio del Interior, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Defensor\u00eda del<br \/>\nPueblo\/Regional Oca\u00f1a, Naciones Unidas\/DDHH, MAPP-OEA; con las organizaciones de<br \/>\nderechos humanos Corporaci\u00f3n Construyendo Poder Democracia y Paz\/ PODERPAZ, Equipo<br \/>\nJur\u00eddico Pueblos y Asociaci\u00f3n MINGA, Con los medios de comunicaci\u00f3n El Espectador,<br \/>\nPeriferia Prensa y Colombia Informa y con los observadores internacionales Red de Hermandad y<br \/>\nSolidaridad con Colombia \/REDHER y Acci\u00f3n Internacional por la Paz \/IAP.<br \/>\nA continuaci\u00f3n daremos a conocer los hallazgos de la 2da misi\u00f3n de verificaci\u00f3n en cada<br \/>\nmunicipio visitado, en tanto afectaciones a derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales,<br \/>\nimplementaci\u00f3n de los acuerdos de paz, al ambiente y vulneraciones al Derecho Internacional de<br \/>\nlos Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario\/DIH, haciendo \u00e9nfasis, de<br \/>\nacuerdo a las denuncias expuestas por la totalidad de comunidades visitadas, en las acciones<br \/>\ncometidas por parte de tropas de la Fuerza de Despliegue R\u00e1pido FUDRA del Ej\u00e9rcito Nacional<br \/>\nde Colombia. Acciones que podr\u00edan relacionarse con las denuncias conocidas recientemente en<br \/>\nel pa\u00eds, sobre directrices al interior de esta instituci\u00f3n que exigen aumentar resultados<br \/>\noperacionales aunque esto signifique afectar a la poblaci\u00f3n civil, como ya est\u00e1 sucediendo en la<br \/>\nregi\u00f3n del Catatumbo, donde las comunidades viven bajo un ambiente de zozobra permanente.<br \/>\nVulneraciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho<br \/>\nInternacional Humanitario\/DIH:<br \/>\nContexto regional:La Primera Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n realizada entre el 13 y 19 de mayo del a\u00f1o 2018, evidenci\u00f3 el<br \/>\nriesgo en materia de Derechos Humanos en el que se encontraba la poblaci\u00f3n civil del<br \/>\nCatatumbo, como consecuencia de los constantes enfrentamientos entre las insurgencias del EPL<br \/>\ny el ELN, la declaraci\u00f3n de paros armados, amenazas generalizadas y la confrontaci\u00f3n entre estos<br \/>\ngrupos y el Ej\u00e9rcito Nacional, cuya presencia ya avizoraba el aumento de riesgo por acciones que<br \/>\nse denunciaron en el informe anterior y en otros escenarios de incidencia, en los cuales, la<br \/>\nComisi\u00f3n por la Vida, la Reconciliaci\u00f3n y la Paz, manifestamos rechazo a la militarizaci\u00f3n, como<br \/>\n\u00fanica soluci\u00f3n que ofrece el Gobierno ante la crisis de la regi\u00f3n.<br \/>\nPara la Segunda Misi\u00f3n es claro que el contexto ha cambiado, se ha reducido considerablemente<br \/>\nla confrontaci\u00f3n entre insurgencias y, actualmente, toma mayor relevancia los riesgos que trae<br \/>\npara la poblaci\u00f3n civil el aumento dr\u00e1stico de la Fuerza P\u00fablica en el Catatumbo. A esta situaci\u00f3n<br \/>\ndeben sumarse los 10 casos de asesinatos de l\u00edderes sociales durante el 2018 en la regi\u00f3n, y los 4<br \/>\ncasos que se han registrado desde la Oficina de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos<br \/>\nHumanos en lo que va corrido del 2019. En cuanto a las amenazas que se presentan, dicha<br \/>\nOficina se\u00f1ala el riesgo inminente, especialmente, para los l\u00edderes comunales que impulsan el<br \/>\nproceso de sustituci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito, quienes han tenido que desplazarse de manera<br \/>\nforzada.<br \/>\nDe acuerdo a la informaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional, en la regi\u00f3n se han presentado 266<br \/>\nhomicidios durante el 2018 y lo que va corrido del 2019. La mayor\u00eda de estos casos son<br \/>\nhomicidios contra agricultores y realizados con arma de fuego y explosivos. Para este a\u00f1o,<br \/>\nNaciones Unidas ha documentado 23 casos de personas entre civiles y combatientes afectadas por<br \/>\nMinas Antipersonales y Munici\u00f3n Sin Explotar (MAP\/MUSE).<br \/>\nMunicipio de Convenci\u00f3n:<br \/>\nComunidades denuncian aparici\u00f3n y aumento de llamadas extorsivas a comerciantes del casco<br \/>\nurbano. El temor de la poblaci\u00f3n es generalizado por la aparici\u00f3n de panfletos de las<br \/>\nAutodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, el asesinato de comerciantes amenazados en<br \/>\ndicho panfletos y las amenazas que llegan a quienes se atreven a denunciar. Seg\u00fan las<br \/>\nautoridades, se trata de delincuencia com\u00fan. Durante la misi\u00f3n, y a pesar de la militarizaci\u00f3n del<br \/>\ncasco urbano y las restricciones de movilidad que se han impuesto por parte de la fuerza p\u00fablica,<br \/>\nse present\u00f3 un nuevo homicidio a un transportador informal. Preocupa la poca capacidad de<br \/>\nrespuesta de la fuerza p\u00fablica para evitar y\/o reducir estas situaciones.<br \/>\nLa comunidad percibe un retroceso en materia de Derechos Humanos. Denuncian que despu\u00e9s de<br \/>\nlos enfrentamientos entre las insurgencias del ELN y EPL varias veredas quedaron minadas y<br \/>\nafectan la libre movilidad por la zona. Afirman ser objeto de estigmatizaci\u00f3n y se\u00f1alamientospermanentes por parte de la fuerza p\u00fablica, quienes ocupan terrenos de propiedad privada y<br \/>\ncolectiva afectando las bocatomas de los acueductos y centros de salud. Se denuncian capturas de<br \/>\nl\u00edderes comunales a partir de se\u00f1alamientos de terceros.<br \/>\nSolo en el corregimiento de Cartagenita han sido asesinadas 41 personas entre 2017 y 2019. De<br \/>\nestas, el Estado ha reconocido el asesinato de Wilmer J\u00e1come, Luis Teresa Rodr\u00edguez y Dimar<br \/>\nTorres. As\u00ed mismo, denuncian el asesinato de seis personas por grupos paramilitares y el miedo<br \/>\nque sienten de ir al casco urbano de Convenci\u00f3n por las amenazas de las Autodefensas<br \/>\nGaitanistas de Colombia -AGC-.<br \/>\nPoblaci\u00f3n civil est\u00e1 en permanente riesgo como consecuencia de la ubicaci\u00f3n de tropas del<br \/>\nEj\u00e9rcito cerca a centros poblados y en casas de campesinos, acci\u00f3n contraria al DIH. Por esta<br \/>\ncausa las comunidades se han visto afectadas por bombardeos por parte del Ej\u00e9rcito Nacional en<br \/>\nveredas como Carrizal, El Loro, El Cobre y Chapinero. Comunidades aseguran que en medio de<br \/>\nhostigamientos de la guerrilla hacia el Ej\u00e9rcito, este responde disparando hacia la poblaci\u00f3n civil<br \/>\nque se encuentra en los caser\u00edos. Se han presentado acciones donde militares hacen disparos,<br \/>\nsuenan bombas y bengalas en las noches incluso cuando no se registran enfrentamientos con<br \/>\notros actores armados, acciones que pueden establecerse como posibles falsos combates. Estas<br \/>\nactuaciones han provocando zozobra permanente y desplazamiento de varias familias. La<br \/>\nmayor\u00eda contin\u00faan sin retornar a sus lugares de origen por falta de garant\u00edas de seguridad.<br \/>\nTambi\u00e9n se denuncian sobrevuelos constantes de drones con los que la fuerza p\u00fablica monitorea<br \/>\na la poblaci\u00f3n y se registran cortes injustificados del servicio de luz el\u00e9ctrica con lo que la<br \/>\ncomunidad se siente intimidada. En v\u00edas interveredales el Ej\u00e9rcito Nacional realiza retenes a los<br \/>\ncampesinos y hace presencia cerca a Escuelas, en algunas persiste presencia de campos minados<br \/>\nponiendo en riesgo la vida de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as. Soldados han abordado, retenido y amenazado<br \/>\ncon sus armas a j\u00f3venes de la comunidad acusandoles de estar instalando minas y\/o hacer parte<br \/>\nde las insurgencias. Gracias a la acci\u00f3n de l\u00edderes se han rescatado a quienes, seg\u00fan la<br \/>\ncomunidad, pudieron ser v\u00edctimas de montajes y\/o desapariciones. En algunos casos, al confirmar<br \/>\nque los j\u00f3venes son campesinos, militares les han ofrecido dinero por guardar silencio sobre las<br \/>\nretenciones de las que son v\u00edctimas.<br \/>\nSe denuncian quemas de casas de campesinos, robos de semovientes, enseres y alimentos en<br \/>\ncasas y tiendas por parte de tropas del Ej\u00e9rcito, a quienes tambi\u00e9n se\u00f1alan de encerrar y amenazar<br \/>\na mujeres y ni\u00f1os. Se denuncia aumento en casos de judicializaci\u00f3n a l\u00edderes sociales y miembros<br \/>\nde las JAC, sin \u00f3rdenes judiciales ni material probatorio, especialmente en las veredas Bella<br \/>\nUni\u00f3n, Guaciles y Maicitos. Por esta raz\u00f3n, comunidades se han visto en la obligaci\u00f3n de mediar<br \/>\ncon miembros de Ej\u00e9rcito y moverse de manera colectiva de un lado a otro para buscar a<br \/>\npobladores que reportan afectaciones. Manifiesta la comunidad que han recibido mensajes v\u00eda<br \/>\nFacebook y\/o WhatsApp, de actores que se identifican como funcionarios de inteligencia military de la fiscal\u00eda, por medio de los cuales les ofrecen dinero, les piden que se desmovilicen y<br \/>\ntrabajen con ellos.<br \/>\nEn todo el municipio hay retenes donde se realizan empadronamientos, en algunos puntos se<br \/>\npresentan controles de mercados y medicamentos. En estos retenes militares fotograf\u00edan y<br \/>\namenazan constantemente a todo residente y transe\u00fante de la zona a quienes les preguntan por<br \/>\nnombres y ubicaciones de l\u00edderes de las Juntas de Acci\u00f3n Comunal -JAC-. En varias veredas<br \/>\nopera un toque de queda de facto impuesto por los militares, quienes manifiestan a la poblaci\u00f3n<br \/>\nque \u201cnadie puede transitar por donde ellos est\u00e1n en horarios de la noche por su seguridad, que<br \/>\nporque a esa hora solo camina la guerrilla y que van a disparar a todo lo que vean\u201d. En clara<br \/>\nafectaci\u00f3n al derecho a la libre movilidad y al derecho de distinci\u00f3n estigmatizando y poniendo<br \/>\nen riesgo a la poblaci\u00f3n civil. Se denuncia adem\u00e1s que en varias ocasiones el Ej\u00e9rcito Nacional<br \/>\nimpide reuniones de las Juntas de Acci\u00f3n Comunal &#8211; JAC- argumentando que \u201cuna reuni\u00f3n con<br \/>\nm\u00e1s de cinco personas, ya se asume como un encuentro de la insurgencia\u201d.<br \/>\nEn este municipio se present\u00f3 una denuncia de tratos crueles, degradantes e inhumanos por parte<br \/>\nde miembros del Ej\u00e9rcito Nacional a dos campesinos que se encontraban trabajando en una finca,<br \/>\nse\u00f1alandolos de ser parte de la insurgencia. En palabras de la comunidad \u201clos torturaron, les<br \/>\npusieron una bolsa de tela oscura en la cabeza y les echaron un l\u00edquido que les gener\u00f3 ardor en<br \/>\nlos ojos. Los colgaron de los pies en un \u00e1rbol, los amenazaron con degollarlos y quitarles las<br \/>\nu\u00f1as. Los dejaron amarrados a un \u00e1rbol cerca a sus fincas, de las cuales robaron varios<br \/>\nmillones de pesos que ten\u00edan los campesinos como ahorros. Ese mismo d\u00eda, tres miembros del<br \/>\nEj\u00e9rcito Nacional llegaron hasta la finca de una mujer, madre de tres hijos menores de edad, le<br \/>\nrompieron las camas, los colchones, los muebles y grabaron el hecho para mostrarlo como<br \/>\namenaza a la comunidad d\u00edas despu\u00e9s.\u201d<br \/>\nDe las denuncias hechas en este corregimiento, llama la atenci\u00f3n que el Ej\u00e9rcito Nacional est\u00e9<br \/>\nusando civiles encapuchados en operaciones militares y que la comunidad asegure que los han<br \/>\nvisto escribir en algunas paredes pintas alusivas al \u201cELN\u201d o cosas como \u201cEPL Hp\u201d, lo cual<br \/>\ngenera dudas sobre el rol que han desempe\u00f1ado durante el enfrentamiento entre estas dos<br \/>\ninsurgencias y provoca confusi\u00f3n en la comunidad.<br \/>\nMunicipio de Teorama<br \/>\nLos constantes enfrentamientos que se presentan entre el Ej\u00e9rcito Nacional y las insurgencias<br \/>\ncerca de los cascos urbanos ponen en riesgo a la poblaci\u00f3n civil. Se han presentado casos de<br \/>\nactivaci\u00f3n de artefactos explosivos cerca de la poblaci\u00f3n, ametrallamiento sobre las fincas y<br \/>\nhacia las monta\u00f1as, ca\u00edda de casquillos y otros elementos como fragmentos de morteros a 10 y 20<br \/>\nmetros de distancia de viviendas y escuelas, estallido de cilindros y lanzamiento de tatucos en<br \/>\nalgunos lugares cuando hay campesinos trabajando cerca. En este municipio se denuncia que<br \/>\nmilitares han disparado contra la poblaci\u00f3n civil mientras trabaja en sus fincas, en palabras de lacomunidad:<br \/>\n\u201cdispararon con tiros de precisi\u00f3n a una persona de la tercera edad, sin ning\u00fan tipo de<br \/>\nenfrentamiento cerca, como simulando combates.\u201d<br \/>\nEntre las principales afectaciones producto de estos hechos, se destacan: deserci\u00f3n escolar,<br \/>\nafectaciones psicol\u00f3gicas en ni\u00f1os y adultos, confinamientos y desplazamientos masivos,<br \/>\nimpedimentos para el trabajo agr\u00edcola, bloqueos econ\u00f3micos, se\u00f1alamientos de grupos armados y<br \/>\ndesapariciones. Comunidades denuncian que dichas afectaciones son profundizadas con la<br \/>\nausencia de un protocolo de seguridad en las escuelas, ausencia de planes de contingencia en las<br \/>\ncabeceras municipales para atender a familias en condici\u00f3n de desplazamiento y las falta de<br \/>\ngarant\u00edas para el retorno de las familias.<br \/>\nPreocupa especialmente la persecuci\u00f3n actual hacia los l\u00edderes comunales que dinamizan los<br \/>\npeajes comunitarios, quienes est\u00e1n siendo amenazados con montajes judiciales. Denuncian que<br \/>\nla fuerza p\u00fablica solicita fotograf\u00edas de l\u00edderes sociales a pobladores que participan en la red de<br \/>\napoyo ciudadana, especialmente de l\u00edderes que dinamizan reuniones y hacen parte de procesos<br \/>\norganizativos. En algunos corregimientos como El Aserr\u00edo, fuerza p\u00fablica solicita a distintos<br \/>\nmiembros de la comunidad listados de los presidentes de JAC con c\u00e9dulas y que han llegado a las<br \/>\nfincas preguntando por estos l\u00edderes y lideresas con listas en mano. La comunidad afirma que<br \/>\nsoldados del Ej\u00e9rcito Nacional se movilizan vestidos de civil con botas de caucho como si fueran<br \/>\ncampesinos, y se presentan armados en casas preguntando por los presidentes de las JAC y<br \/>\npersonas afiliadas. Adem\u00e1s, existen amenazas directas sobre precandidatos a alcald\u00eda.<br \/>\nEn el municipio persiste un ambiente generalizado de estigmatizaci\u00f3n por parte del Ej\u00e9rcito<br \/>\nNacional sobre la poblaci\u00f3n civil, lo que se refleja en la retenci\u00f3n de los documentos de<br \/>\nidentidad, trato hostil cotidiano y toma de fotograf\u00edas a campesinos cuando transitan por las<br \/>\ncarreteras. La comunidad afirma que la fuerza p\u00fablica impide la libre movilidad en los caminos<br \/>\nde herradura, retiene a campesinos en las carreteras, ingresan a las fincas robando pl\u00e1tanos, yuca<br \/>\ny verduras as\u00ed como pertenencias de aseo, dinero ahorrado y han tomado sin permiso acceso a la<br \/>\nluz el\u00e9ctrica elevando las cuentas del servicio cuyo costo debe ser asumida por los campesinos.<br \/>\nAdem\u00e1s, habitantes denuncian no poder organizar eventos de integraci\u00f3n porque afirman que no<br \/>\nhay \u00e1nimo y las familias permanecen encerradas en sus fincas. Por esta causa, actualmente, en el<br \/>\ncorregimiento de El Aserr\u00edo hay fincas abandonadas y miedo generalizado para salir a trabajar.<br \/>\nSe denuncia la aparici\u00f3n de letreros alusivos a las \u201cAUC\u201d en los postes y \u00e1rboles de una finca<br \/>\ndonde ha hecho presencia el Ej\u00e9rcito Nacional. Esta situaci\u00f3n se suma a otras denuncias previas<br \/>\nen esta misma finca, donde se han hallado c\u00e1maras de vigilancia puestas sin consentimiento de<br \/>\nsus due\u00f1os quienes son familiares reconocidos l\u00edderes de la regi\u00f3n. Vecinos del lugar han<br \/>\nmanifestado que fuerza p\u00fablica ha estado indagando con los trabajadores sobre horarios de la<br \/>\nfamilia y distribuci\u00f3n del espacio de la casa.Comunidades afirman que existe una condici\u00f3n de confinamiento en toda la regi\u00f3n. Varias<br \/>\nfamilias se niegan a salir de sus fincas por miedo a transitar por el casco urbano del municipio de<br \/>\nConvenci\u00f3n, donde ha aumentado las extorsiones y asesinatos selectivos a pesar de la alta<br \/>\nmilitarizaci\u00f3n y la cercan\u00eda del batall\u00f3n en La Esmeralda. Comunidades denuncian que casos de<br \/>\nextorsi\u00f3n ya se est\u00e1n presentando en el municipio de Teorama.<br \/>\nSe denuncia persecuci\u00f3n por parte de la Fuerza P\u00fablica a conductores de rutas de l\u00ednea sobre<br \/>\nquienes buscan informaci\u00f3n e intimidan, esto genera alerta de posibles casos de falsos positivos<br \/>\njudiciales. Adem\u00e1s, denuncian la desaparici\u00f3n de dos campesinos miembros de la comunidad<br \/>\ndesde el pasado 14 de mayo de 2019. Se afirma que fueron citados en el corregimiento de San<br \/>\nPablo por actores desconocidos que les obligaron a subir a una camioneta blanca y hasta el<br \/>\nmomento no se tiene informaci\u00f3n de su paradero.<br \/>\nEn t\u00e9rminos generales, la comunidad percibe hechos similares a los vividos entre el 2002 y 2007<br \/>\ncon el paramilitarismo.<br \/>\nMunicipio de Hacar\u00ed<br \/>\nLa comunidad del municipio de Hacar\u00ed se muestra muy inconforme e insegura con las actividades<br \/>\nque ha desarrollado el Ej\u00e9rcito Nacional, pues perciben que tras el aumento de la tropa se ha<br \/>\nprofundizado la estigmatizaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n que, adem\u00e1s, amenaza con acabar los recursos<br \/>\nh\u00eddricos del territorio y limita el libre tr\u00e1nsito entre las veredas. Eso \u00faltimo afect\u00f3 directamente la<br \/>\nMisi\u00f3n de Verificaci\u00f3n cuando miembros del Ej\u00e9rcito Nacional &#8211; Fuerza de Despliegue R\u00e1pido<br \/>\nNo. 3 en comando del se\u00f1or Rolan Andr\u00e9s Moreno Parra impidieron la realizaci\u00f3n del proceso de<br \/>\nverificaci\u00f3n en el nacimiento de agua de la vereda Mesa Rica.<br \/>\nUna situaci\u00f3n similar afect\u00f3 la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n en las veredas Monte Tarra e Islitas<br \/>\ncuando el lugar de reuni\u00f3n con la comunidad se vio rodeado por varios miembros del Ej\u00e9rcito<br \/>\nNacional, quienes, adem\u00e1s, procedieron a grabar y sacar fotograf\u00edas de los participantes de la<br \/>\nreuni\u00f3n con el objetivo de intimidar y ejercer presi\u00f3n sobre los miembros de la comunidad que<br \/>\nestaban tratando de presentar las denuncias respectivas.<br \/>\nEn Mesitas, la fuerza p\u00fablica tambi\u00e9n hizo presencia en el lugar de reuni\u00f3n entre la misi\u00f3n y la<br \/>\ncomunidad, tomando fotograf\u00edas. En di\u00e1logo con los acompa\u00f1antes nacionales e internacionales,<br \/>\nel Ej\u00e9rcito Nacional pidi\u00f3 un listado de asistencia de los participantes que les fue negado de<br \/>\nmanera inmediata y se pidi\u00f3 al delegado del Ministerio del Interior que les solicitara retirarse del<br \/>\nespacio. El Ej\u00e9rcito manifest\u00f3 tener informaci\u00f3n de posibles combates con integrantes de GAO<br \/>\nesa tarde y por esta misma raz\u00f3n se pidi\u00f3 respeto al DIH y en ese sentido repliegue de la fuerza y<br \/>\ndistancia del casco urbano, pues su presencia aumentaba el riesgo para la poblaci\u00f3n civil y la<br \/>\nMisi\u00f3n de Verificaci\u00f3n.Los l\u00edderes y lideresas sociales de este municipio sienten temor de continuar ejerciendo su<br \/>\nliderazgo y la participaci\u00f3n activa por la defensa de los derechos humanos, ya que se han visto<br \/>\namedrentados por parte del Ej\u00e9rcito Nacional, debido a que existe una persecuci\u00f3n constante por<br \/>\nel hecho de querer vincularlos a los grupos armados organizados (GAO). Mencionan que aunque<br \/>\nintenten establecer un di\u00e1logo directo con el alcalde del municipio de Hacar\u00ed, es imposible, pues<br \/>\nsiempre hay presencia del Ej\u00e9rcito Nacional y al final se convierte en una reuni\u00f3n de<br \/>\nse\u00f1alamientos sin fundamento. Se hacen denuncias p\u00fablicas respecto a empadronamientos<br \/>\nconstantes, retenes en las v\u00edas de acceso a las veredas obstaculizando el libre tr\u00e1nsito y la<br \/>\nindividualizaci\u00f3n de l\u00edderes por parte del Ej\u00e9rcito Nacional a partir de fotograf\u00edas. Adem\u00e1s,<br \/>\ndenuncia la comunidad que soldados del Ej\u00e9rcito Nacional est\u00e1n interrogando a los ni\u00f1os de las<br \/>\nescuelas con el fin de obtener informaci\u00f3n sobre las actividades de la comunidad en el territorio.<br \/>\nMunicipio de San Calixto:<br \/>\nLas comunidades de este municipio denuncian invasiones violentas y abusivas por parte del<br \/>\nEj\u00e9rcito Nacional a las veredas de los campesinos pobladores y trabajadores. La comunidad<br \/>\ndenuncia que, por \u00f3rdenes del coronel Casta\u00f1eda, tropas del Ej\u00e9rcito Nacional adscritos a la<br \/>\nFUDRA No.3, invaden violentamente los terrenos privados de los campesinos, colocando sus<br \/>\ncampamentos dentro de ellos e instalando trincheras que construyen deforestando el terreno.<br \/>\nDenuncian que ya hay varias familias que se han visto en la obligaci\u00f3n de desplazarse<br \/>\nforzosamente, debido a que soldados de la FUDRA No. 3 les comentan: \u201cEs mejor que se vayan<br \/>\nde ac\u00e1, nosotros no los vamos a proteger\u201d. Esta situaci\u00f3n se viene presentando desde diciembre<br \/>\ndel 2018 y se agrava con la restricci\u00f3n total de movilidad por las rutas de acceso a las fincas de<br \/>\nlos campesinos despu\u00e9s de las seis &#8211; 6 &#8211; de la tarde, lo que establece un toque de queda ilegal sin<br \/>\nning\u00fan tipo de justificaci\u00f3n expresa.<br \/>\nDenuncian que miembros de la Fudra No. 3 usando s\u00f3lo el camuflado del pantal\u00f3n y una camisa<br \/>\nnegra, atacaron a dos j\u00f3venes a quienes, seg\u00fan la comunidad, \u201camordazaron, amarraron con<br \/>\ncabulla los brazos y las piernas, los arrastraron contra el suelo, les disparaban a los pies, los<br \/>\ngolpeaban fuertemente en el rostro y en sus cuerpos, destruyendo su ropa y hasta robando el<br \/>\ndinero que dentro del hogar se encontraba. Les pusieron un arma en las manos para que<br \/>\nsalieran corriendo y as\u00ed poder matarlos con una justificaci\u00f3n\u201d. Adem\u00e1s, denuncian la captura<br \/>\nilegal de tres miembros de la comunidad, quienes, seg\u00fan informan los soldados, se encontraban<br \/>\npreparando cilindros bomba. La comunidad rechaza estas acusaciones y afirma que a esos<br \/>\nmuchachos los obligaron, a partir de amenazas contra su vida, a aceptar su participaci\u00f3n en el<br \/>\nsupuesto ataque. Hasta la fecha estos miembros de la comunidad siguen capturados y a\u00fan no se<br \/>\nha adelantado una investigaci\u00f3n formal que comprueben la manipulaci\u00f3n de los artefactos<br \/>\nexplosivos.Como consecuencia de las capturas y la contaminaci\u00f3n de las fuentes de agua, la comunidad ha<br \/>\nbuscado dialogar con miembros del Ej\u00e9rcito, pero, como respuesta, han sido atacados con armas<br \/>\nde fuego, por lo que hay una mujer herida y se les han tomado fotograf\u00edas y solicitado c\u00e9dulas a<br \/>\nquienes interactuaron con ellos se\u00f1al\u00e1ndoles, posteriormente, de ser guerrilleros.<br \/>\nSe confirm\u00f3 la denuncia p\u00fablica hecha por tres l\u00edderes sociales, quienes siendo las 7:00 p.m. del<br \/>\nd\u00eda s\u00e1bado 20 de abril del 2019 fueron atacados con disparos de fusil mientras pasaban cerca de<br \/>\nun puesto militar cuando se dirig\u00edan hacia el casco urbano del municipio de San Calixto. Los<br \/>\nl\u00edderes sociales se identificaron como civiles, pero la respuesta desde el puesto militar fue<br \/>\ndisparar nuevamente. Este hecho los oblig\u00f3 a regresar y quedarse en una finca del sector. Al d\u00eda<br \/>\nsiguiente 21 de abril del 2019 un cabo del puesto militar les informa que esa zona estaba bajo<br \/>\nrestricci\u00f3n de paso desde las 6 de la tarde. Esta denuncia formal ya est\u00e1 en manos de la<br \/>\nDefensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda Provincial de Oca\u00f1a y en la Polic\u00eda Nacional.<br \/>\nMunicipio de El Carmen:<br \/>\nLa comunidad afirma que el Ej\u00e9rcito Nacional los trata como guerrilleros, les impide la libre<br \/>\ncirculaci\u00f3n entre sus fincas, pide papeles constantemente y les han tomado fotograf\u00edas a las<br \/>\nc\u00e9dulas de los campesinos. Adem\u00e1s, reciben amenazas constantes. En este sentido, afirman que<br \/>\nno tienen garant\u00edas para el ejercicio del liderazgo comunal.<br \/>\nDurante la semana santa del a\u00f1o 2019 miembros del Ej\u00e9rcito Nacional llegaron a una vereda y<br \/>\n\u201cse asentaron en una casa que funciona como gallera, rompieron las tablas, se apropiaron del<br \/>\nservicio de luz el\u00e9ctrica y de un televisor.\u201d En varias veredas se denuncia la revisi\u00f3n de mercados<br \/>\nde las familias, los impedimentos para la libre movilidad de los ni\u00f1os y ni\u00f1as en las carreteras y<br \/>\nla dificultad que esto genera para la comercializaci\u00f3n de productos.<br \/>\nMunicipio de El Tarra:<br \/>\nEn la reuni\u00f3n que se desarroll\u00f3 con instituciones p\u00fablicas, l\u00edderes y lideresas comunales y<br \/>\npresidentes de Juntas de Acci\u00f3n Comunal, se manifest\u00f3 que \u201cel municipio es un volc\u00e1n en alerta<br \/>\nroja y est\u00e1 a punto de erupci\u00f3n\u201d. Denuncian p\u00fablicamente que la comunidad sufre a diario<br \/>\nse\u00f1alamientos por parte de la fuerza p\u00fablica, al ser tildados de colaboradores de las insurgencias<br \/>\nen el territorio. Resaltan la intervenci\u00f3n del Personero Municipal y del mismo Alcalde como<br \/>\nactores intermediarios para charlas con los altos mandos del Ej\u00e9rcito. Sin embargo, quieren<br \/>\nalertar sobre nuevas capturas de l\u00edderes y lideresas sociales con algunos indicios que ya conoce la<br \/>\nPersoner\u00eda Municipal.<br \/>\nLa poblaci\u00f3n civil se ha visto afectada por las permanentes confrontaciones entre las insurgencias<br \/>\ny el Ej\u00e9rcito Nacional. Denuncian que el 1 de mayo result\u00f3 herido un joven y que en algunos<br \/>\ncorregimientos, el Ej\u00e9rcito Nacional ha ubicado sus campamentos dentro o muy cerca de loscaser\u00edos. Esta situaci\u00f3n provoca que se obstaculice el libre tr\u00e1nsito por el municipio, que la<br \/>\npoblaci\u00f3n civil quede en riesgo y que los m\u00e1s j\u00f3venes sean la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable.<br \/>\nDenuncian que el 14 de mayo de este a\u00f1o, patrullas del Ej\u00e9rcito retuvieron a un muchacho del<br \/>\nsector a quien le preguntaron insistentemente por el presidente de la JAC. Adem\u00e1s, denuncian<br \/>\nque los drones est\u00e1n todas las noches sobre la cabecera de los corregimientos y que las estrategias<br \/>\nllegan a ser tan abusivas que \u201clos soldados seducen a j\u00f3venes del sector para que colaboren con<br \/>\nel ej\u00e9rcito ofreci\u00e9ndoles mercados que vienen entregando a algunas familias\u201d. Con estos hechos<br \/>\nest\u00e1n involucrando a poblaci\u00f3n civil en el conflicto armado. Denuncian que en la \u00faltima reuni\u00f3n<br \/>\nque se tuvo directamente con el General Garz\u00f3n, \u00e9l mencion\u00f3 textualmente lo siguiente: \u00abLa<br \/>\norden es erradicar y acabar con la guerrilla como sea\u201d.<br \/>\nLa comunidad manifiesta que en meses anteriores tuvieron que desplazarse hacia la cabecera<br \/>\nmunicipal porque el Ej\u00e9rcito Nacional los oblig\u00f3 a dejar sus cultivos, sus animales y fincas.<br \/>\nCuando retornaron, sus animales hab\u00edan desaparecido en un 50% &#8211; sus cultivos hab\u00edan sido<br \/>\ndestruidos y algunas fincas y casas estaban deterioradas. En este plan retorno s\u00f3lo recibieron<br \/>\nacompa\u00f1amiento por parte de la Personer\u00eda y una sola ayuda humanitaria por parte de la<br \/>\nGobernaci\u00f3n del departamento.<br \/>\nDerechos econ\u00f3micos, sociales y culturales<br \/>\nDerecho a la salud<br \/>\nLas comunidades de los municipios de La Playa de Bel\u00e9n, El Carmen, Convenci\u00f3n, Hacar\u00ed, San<br \/>\nCalixto, Teorama y El Tarra denunciaron que en varios de sus corregimientos y veredas no<br \/>\ncuentan con puestos de salud, ambulancias ni personal m\u00e9dico necesario para atender el n\u00famero<br \/>\nde habitantes de estos territorios. Adem\u00e1s, denuncian que los centros de atenci\u00f3n m\u00e9dica<br \/>\nexistentes no cuentan con los utensilios b\u00e1sicos para la atenci\u00f3n en casos de urgencias, las<br \/>\nambulancias asignadas tienen recorridos demasiado extensos que impiden una atenci\u00f3n inmediata<br \/>\ny el personal de enfermer\u00eda no es asignado permanentemente. Denuncian que, por una directriz<br \/>\ndel Hospital de Oca\u00f1a Emiro Ca\u00f1izares, la \u00fanica manera para acceder al transporte de ambulancia<br \/>\nen el sector rural, el usuario debe costear los gastos de gasolina desde el casco urbano del<br \/>\nmunicipio hasta la vereda correspondiente a un valor aproximado de 100.000 \u2013 cien mil pesos &#8211;<br \/>\nque var\u00eda de acuerdo con la distancia del trayecto.<br \/>\nDenuncian el mal servicio que ofrece Comfaoriente, Medimas, Nueva EPS y Salud Vida al<br \/>\ncampesinado. En materia de salud solicitan que la Procuradur\u00eda investigue el uso de los recursos<br \/>\nasignados a los municipios y a las EPS, porque se conoce la existencia de varios convenios sin<br \/>\ntener resultados concretos.<br \/>\nComo consecuencia del contexto actual, las comunidades solicitan la creaci\u00f3n de un Plan de<br \/>\ncontingencia ante posibles desplazamientos masivos en los cascos urbanos o la creaci\u00f3n derefugios humanitarios en algunos corregimientos. La experiencia ya vivida demuestra que no se<br \/>\ncuenta con la infraestructura adecuada para atender este tipo de emergencias. Las condiciones de<br \/>\nlas casas campesinas, escuelas, casas de la mujer o polideportivos son insuficientes para atender a<br \/>\nlas familias que llegan desplazadas de las veredas como consecuencia de los enfrentamientos<br \/>\narmados.<br \/>\nDerecho a la educaci\u00f3n<br \/>\nLas comunidades denuncian el abandono estatal en materia educativa. La Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n<br \/>\npudo constatar el estado en el que se encuentran la mayor\u00eda de los Centros Educativos en los<br \/>\nmunicipios, corregimientos y veredas visitadas. La infraestructura de las escuelas est\u00e1 bastante<br \/>\ndeteriorada, no cuentan con los espacios, ni herramientas necesarias para su buen<br \/>\nfuncionamiento. El mal estado de bater\u00edas sanitarias, puertas y cocinas es evidente. Las<br \/>\nbibliotecas cuentan con muy pocos recursos de consulta y est\u00e1n desactualizados. El abandono se<br \/>\nhace m\u00e1s evidente a nivel veredal en donde los estudiantes tienen que caminar por m\u00e1s de dos<br \/>\nhoras para llegar a una escuela improvisada que no cuenta con mobiliario, ni tablero. No cuentan<br \/>\ncon espacios l\u00fadico-recreativos, algunos salones est\u00e1n sin techo y con piso en tierra y en la<br \/>\nmayor\u00eda no se cuenta con aula m\u00faltiple para realizar eventos culturales.<br \/>\nLos directivos y docentes de varios establecimientos educativos denuncian que los alimentos que<br \/>\nofrece el Programa de Alimentaci\u00f3n Escolar \u2013 PAE \u2013 no est\u00e1n llegando hasta los colegios y<br \/>\nescuelas de las veredas, debido a la falta de coordinaci\u00f3n de la administraci\u00f3n municipal, lo cual<br \/>\nha provocado que la misma comunidad tenga que cubrir el costo del transporte semanal de los<br \/>\nalimentos del programa.<br \/>\nLos docentes reclaman estabilidad laboral y transparencia en los concursos docentes para que<br \/>\nestas condiciones mejoren el nivel educativo de los estudiantes y garanticen su permanencia en la<br \/>\nescuela. Adem\u00e1s, reclaman la asignaci\u00f3n de docentes que cubran las sedes sat\u00e9lites que<br \/>\nactualmente tienen ni\u00f1os matriculados y consideran necesaria la contrataci\u00f3n de docentes<br \/>\npsic\u00f3logos y trabajadores sociales que puedan atender los casos de afectaci\u00f3n emocional con los<br \/>\nque est\u00e1n llegando los estudiantes en un contexto de conflicto armado.<br \/>\nEl acceso a la educaci\u00f3n secundaria y superior es m\u00ednimo. Los docentes han solicitado en<br \/>\nreiteradas ocasiones la apertura de otras sedes en las que se garantice el bachillerato para los<br \/>\nj\u00f3venes que no tienen c\u00f3mo continuar sus estudios y quedan en mayor riesgo frente a los grupos<br \/>\narmados. En varios corregimientos s\u00f3lo se cuenta con Hogares Juveniles de Paz que tienen una<br \/>\ncapacidad limitada, no cuentan con personal administrativo y tampoco pueden garantizar<br \/>\nprogramas y\/o alternativas eficaces para que los estudiantes puedan ingresar a la educaci\u00f3n<br \/>\nsuperior.Cientos de estudiantes de las diferentes veredas y corregimientos se ven afectados por la<br \/>\nintervenci\u00f3n militar de la fuerza p\u00fablica en sus territorios. La comunidad denuncia que los<br \/>\nestablecimientos educativos son usados como trincheras de guerra por el Ej\u00e9rcito Nacional y las<br \/>\nfamilias est\u00e1n desistiendo de enviar a sus hijos e hijas a clase. Denuncian que las tropas han<br \/>\nubicado retenes militares cerca de las escuelas y ante el reclamo de los padres de familia les han<br \/>\ndado respuestas como la siguiente: \u00abac\u00e1 no nos van a atacar porque ah\u00ed estudian los hijos de los<br \/>\nguerrilleros, ah\u00ed estudian sus propios hijos\u00bb.<br \/>\nImplementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz<br \/>\nDebido a la importancia de esta tem\u00e1tica, la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n decidi\u00f3, junto con los<br \/>\nacompa\u00f1antes, que la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz ser\u00eda uno de los ejes a valorar con las<br \/>\ncomunidades. Particularmente, la situaci\u00f3n de reincorporaci\u00f3n de los excombatientes de las<br \/>\nFARC y la implementaci\u00f3n de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial &#8211; PDET-. En<br \/>\nel recorrido, los l\u00edderes y lideresas sociales expresaron su descontento por la falta de informaci\u00f3n<br \/>\ny transparencia por parte del Gobierno Nacional frente a la implementaci\u00f3n de los -PDET-. Estos<br \/>\nl\u00edderes participaron activamente hasta la fase subregional en donde se firm\u00f3 el Plan de Acci\u00f3n<br \/>\npara la Transformaci\u00f3n Territorial -PATR- en la ciudad de C\u00facuta, les reconocieron varias<br \/>\niniciativas y recursos asignados. Sin embargo, denuncian que desde la entrada del Gobierno<br \/>\nactual, no se ha convocado a las comunidades a participar de su implementaci\u00f3n y que se necesita<br \/>\nuna respuesta concreta por parte de las entidades nacionales respecto a las restricciones que se<br \/>\ntienen en esta zona como parte de la Reserva Ambiental para definir, de acuerdo a ello, los<br \/>\nalcances de las propuestas territoriales que tienen las mismas comunidades.<br \/>\nRespecto a la implementaci\u00f3n del Programa Nacional Integral de Sustituci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos<br \/>\n&#8211; PNIS manifiestan que el Ej\u00e9rcito Nacional ha venido amenazando a sus habitantes trabajadores<br \/>\ncon erradicar forzosamente los cultivos. Ellos y ellas mencionan que siguen creyendo en una<br \/>\nposible implementaci\u00f3n del PNIS en sus terrenos, pues tienen la voluntad de adelantar una<br \/>\npol\u00edtica concertada de sustituci\u00f3n.<br \/>\nRespecto al proceso de reincorporaci\u00f3n de los excombatientes, se manifest\u00f3 la profundizaci\u00f3n del<br \/>\nmiedo generalizado, especialmente tras el asesinato de Dimar Torres y el riesgo de repetici\u00f3n de<br \/>\ncasos similares en algunos municipios. Se denunci\u00f3 que dentro de una vivienda en construcci\u00f3n,<br \/>\ncayeron dos granadas, muy cerca de la casa de una joven pareja de excombatientes de las FARC-<br \/>\nEP y su beb\u00e9 de 4 meses. Su casa fue alcanzada por las balas, debiendo ser desalojada en medio<br \/>\nde la confrontaci\u00f3n.<br \/>\nAfectaciones ambientales<br \/>\nDe acuerdo con las denuncias hechas por la comunidad de los municipios de Hacar\u00ed, Teorama,<br \/>\nSan Calixto y El Tarra, el Ej\u00e9rcito Nacional a trav\u00e9s de la Fuerza de Despliegue R\u00e1pido FUDRANo.3, ha desarrollado una estrategia de ocupaci\u00f3n y posicionamiento en los filos de las monta\u00f1as<br \/>\ny nacimientos de agua, talando una gran cantidad de \u00e1rboles y haciendo uso de zonas de reserva<br \/>\nambiental y fincas de propiedad privada. Adem\u00e1s, contamina el agua que surte a las veredas y<br \/>\ncorregimientos ocasionando problemas de salud y de falta de abastecimiento de agua potable a la<br \/>\npoblaci\u00f3n civil. Las comunidades manifiestan que han intentado hacer control frente a la<br \/>\nrecuperaci\u00f3n de los espacios de nacimiento del recurso h\u00eddrico y han sido v\u00edctimas de amenazas,<br \/>\nretenciones arbitrarias, y objeto de fotograf\u00edas y v\u00eddeos durante sus desplazamientos.<br \/>\nEn El Tarra se denuncia que por \u00f3rdenes expresas del Ej\u00e9rcito, los habitantes no pueden acercarse<br \/>\nal lugar del nacimiento de agua para verificar su estado. Ya se present\u00f3 la denuncia en la<br \/>\nPersoner\u00eda de El Tarra, pero la situaci\u00f3n no ha cambiado. En el municipio de Teorama, el Ej\u00e9rcito<br \/>\nNacional que hace presencia cerca al oleoducto acus\u00f3 a las familias de complicidad con la<br \/>\ninsurgencia, amenaz\u00e1ndolas con recibir disparos. Esto ha hecho que la gente no salga de sus<br \/>\nfincas y denuncian que una parte del tubo no ha sido reparado y provoca contaminaci\u00f3n<br \/>\nambiental muy cerca de una escuela. En el corregimiento de La Cecilia de este mismo municipio,<br \/>\nse denuncia p\u00fablicamente la contaminaci\u00f3n de un nacimiento de agua por parte del Ej\u00e9rcito<br \/>\nNacional que ha establecido campamento en una finca de propiedad colectiva, comprada en el<br \/>\na\u00f1o 2011, con el fin de establecer all\u00ed una reserva de agua para la comunidad.<br \/>\nCon el objetivo de verificar estas denuncias, la Misi\u00f3n Humanitaria junto con l\u00edderes y lideresas<br \/>\nsociales del municipio de Hacar\u00ed intentaron acercarse al nacimiento de agua de la vereda Mesa<br \/>\nRica, pero el Ej\u00e9rcito Nacional &#8211; Fuerza de Despliegue R\u00e1pido FUDRA #3; en comando del se\u00f1or<br \/>\nRolan Andr\u00e9s Moreno Parra lo impidi\u00f3. Procedi\u00f3 a interrogar a los delegados de la Misi\u00f3n de<br \/>\nVerificaci\u00f3n, argumentando que no hab\u00edan sido informados, pese a que todas las autoridades<br \/>\nciviles y militares ya hab\u00edan sido notificadas con antelaci\u00f3n a esta jornada. Sin embargo y frente a<br \/>\nello, negaron la entrada de los delegados de la comisi\u00f3n para hacer verificaci\u00f3n del estado actual<br \/>\nde los nacimientos de agua.<br \/>\nCONCLUSIONES<br \/>\nDe acuerdo con las denuncias hechas por las comunidades y el recorrido realizado por los<br \/>\nmunicipios de Hacar\u00ed, El Carmen, Convenci\u00f3n, Teorama, San Calixto y El Tarra en el marco de<br \/>\nla Segunda Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n Humanitaria de la regi\u00f3n del Catatumbo, la Comisi\u00f3n por la<br \/>\nVida, la Reconciliaci\u00f3n y la Paz confirma los factores de riesgo en los que se encuentra la<br \/>\npoblaci\u00f3n civil como consecuencia de la alta militarizaci\u00f3n del territorio y el abandono estatal en<br \/>\nmateria de garant\u00edas de los Derechos Humanos.<br \/>\nEn relaci\u00f3n con los hallazgos de la Primera Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n Humanitaria, se puede<br \/>\nafirmar que el conflicto entre las insurgencias del ELN y el EPL ha bajado en intensidad, aunque<br \/>\ncontin\u00faa provocando riesgos en algunos municipios del Catatumbo. Por otro lado, la alerta que sehizo hace un a\u00f1o frente al riesgo que provocar\u00eda el aumento de tropas militares no fue escuchada<br \/>\npor parte del Gobierno Nacional y, en consecuencia, la mayor\u00eda de las denuncias recibidas se<br \/>\nconcentraron en las vulneraciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al<br \/>\nDerecho Internacional Humanitario que genera la alta militarizaci\u00f3n de la regi\u00f3n y la estrategia<br \/>\nque el Ej\u00e9rcito Nacional est\u00e1 desarrollando.<br \/>\nLas denuncias hechas por la comunidad presentan rasgos comunes y ciertos patrones que se<br \/>\npueden identificar durante el recorrido por cada uno de los municipios. Estos hechos fueron<br \/>\nevidenciados previamente en el comunicado No. 12 de la Comisi\u00f3n por la Vida, la<br \/>\nReconciliaci\u00f3n y la Paz del Catatumbo debido a su gravedad y relaci\u00f3n con las denuncias hechas<br \/>\npor el New York Times. En ese sentido, encontramos reiteradas denuncias que permiten concluir<br \/>\nque a nivel regional las comunidades campesinas son concebidas por la institucionalidad militar<br \/>\ncomo adversarios u opositores del Estado y, en consecuencia, est\u00e1n recibiendo un tratamiento que<br \/>\nvulnera sus derechos en el marco del DIDH y el DIH.<br \/>\nSon reiteradas las denuncias por los siguientes hechos:<br \/>\n-Se\u00f1alamientos y estigmatizaciones contra comunidades y l\u00edderes comunales y sociales que son<br \/>\npermanentemente se\u00f1alados como guerrilleros y\/o auxiliadores de las insurgencias.<br \/>\n-Disparos indiscriminados contra campesinos y l\u00edderes sociales. En los municipios se<br \/>\ndenunciaron casos en los que el Ej\u00e9rcito dispara contra la poblaci\u00f3n civil mientras se encuentran<br \/>\ntrabajando, cuando se acercan a reclamar cuidado por las fuentes de agua y algunos casos contra<br \/>\nl\u00edderes sociales.<br \/>\n-Operaciones militares indiscriminadas. Tropas del Ej\u00e9rcito Nacional realizan disparos en<br \/>\ncampo abierto y\/o contra lugares habitados por poblaci\u00f3n civil, lo que ha generado zozobra y<br \/>\nafectaciones en viviendas ocupadas por familias campesinas y muertes a semovientes, violando el<br \/>\nprincipio de distinci\u00f3n del DIH. Las comunidades se refieren a estos hechos como combates<br \/>\nsimulados o falsos.<br \/>\n-Torturas f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas. Tropas del Ej\u00e9rcito Nacional han cometido tratos crueles,<br \/>\ninhumanos y degradantes a campesinos a los cuales se\u00f1alan como integrantes y\/o auxiliadores de<br \/>\ngrupos insurgentes. Se han presentado casos de allanamientos ilegales en los cuales maltratan<br \/>\nf\u00edsica y psicol\u00f3gicamente a civiles a quienes les roban sus pertenencias y les destruyen sus<br \/>\nlugares de residencia.<br \/>\nSeg\u00fan el art\u00edculo 178 del C\u00f3digo Penal se entiende como tortura el acto de infringir a una persona<br \/>\ndolor o sufrimiento f\u00edsico o ps\u00edquico, en el prop\u00f3sito de: a) obtener de ella o de un tercero, una<br \/>\nconfesi\u00f3n, b) castigarla por un acto que haya cometido o se crea que ha cometido, o, c) deintimidarla.<br \/>\nAl<br \/>\nrespecto<br \/>\nla<br \/>\nCorte Constitucional ha se\u00f1alado que se entender\u00e1 como tal \u201c&#8230;la aplicaci\u00f3n sobre una persona<br \/>\nde m\u00e9todos tendientes a anular la personalidad de la v\u00edctima o a disminuir su capacidad f\u00edsica o<br \/>\nmental, aunque no causen dolor f\u00edsico o angustia ps\u00edquica. Es decir que de acuerdo con la<br \/>\nConvenci\u00f3n Interamericana configura el delito de tortura cualquier acto que en los t\u00e9rminos y<br \/>\npara los fines all\u00ed se\u00f1alados atente contra la autonom\u00eda personal, incluso si el mismo no causa<br \/>\nsufrimiento o dolor\u201d (Sentencia C-148 de 2005)<br \/>\nPor su parte, la jurisprudencia internacional, ha se\u00f1alado \u201cla tortura no solamente puede ser<br \/>\nperpetrada mediante el ejercicio de la violencia f\u00edsica, sino tambi\u00e9n a trav\u00e9s de actos que<br \/>\nproduzcan en la v\u00edctima un sufrimiento f\u00edsico, ps\u00edquico o moral agudo\u201d. (Corte IDH. Caso<br \/>\nCantoral Benavides Vs. Per\u00fa. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, p\u00e1rr.<br \/>\n100).<br \/>\nA partir de estas definiciones b\u00e1sicas, contrastadas con la informaci\u00f3n transmitida por la<br \/>\ncomunidad, se advierte la concurrencia de actos posiblemente constitutivos del crimen enunciado.<br \/>\nEn particular, destacamos entre ellos, los hechos que hablan de la aprehensi\u00f3n de pobladores a<br \/>\nquienes se les desnuda, amarra y asfixia con agua o mantas sobre su rostro; al parecer con fines de<br \/>\nintimidaci\u00f3n o castigo. Estas conductas son m\u00e1s gravosas cuando afectan de manera directa a<br \/>\nni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. De igual forma, el permanente maltrato denunciado por los<br \/>\npobladores, cometido en un contexto en el que se evidencian exacerbadas las relaciones de poder<br \/>\nEstado-ciudadano\/a, creando un ambiente de zozobra, angustia y silenciamiento de las y los<br \/>\nhabitantes, puede ser entendido como una forma de tortura psicol\u00f3gica.<br \/>\n-Falsos positivos judiciales contra civiles reconocidos por sus comunidades y juntas de acci\u00f3n<br \/>\ncomunal como campesinos sin nexos con actores ni actos il\u00edcitos.<br \/>\nEn un recuento sobre el origen del Grupo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, se<br \/>\nse\u00f1ala que \u201cmiles de personas est\u00e1n sometidas a la detenci\u00f3n arbitraria cada a\u00f1o:<br \/>\n&#8211; ya sea s\u00f3lo porque han ejercido uno de sus derechos fundamentales garantizados con arreglo<br \/>\na tratados internacionales, tales como su derecho a la libertad de opini\u00f3n y expresi\u00f3n, su<br \/>\nderecho a la libertad de asociaci\u00f3n, o su derecho a salir del propio pa\u00eds y regresar a \u00e9l,<br \/>\nproclamados en la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos;<br \/>\n&#8211; o bien porque, no pudiendo beneficiarse de las garant\u00edas fundamentales del derecho a un<br \/>\njuicio imparcial, han sido detenidas sin que se dicte una orden de arresto, sin ser acusadas ni<br \/>\njuzgadas por una autoridad judicial independiente, o sin tener acceso a un abogado; a veces se<br \/>\nmantiene a los detenidos en r\u00e9gimen de incomunicaci\u00f3n durante varios meses o a\u00f1os, o incluso<br \/>\nindefinidamente\u201d [1]En primer lugar, no puede desconocerse que al margen del conflicto armado que afecta la regi\u00f3n,<br \/>\nla poblaci\u00f3n del Catatumbo ha tenido una importante tradici\u00f3n organizativa por la reclamaci\u00f3n de<br \/>\nderechos y la defensa de proyectos de vida colectivos. Esta realidad ha sido una de las razones que<br \/>\nmotivan la estigmatizaci\u00f3n y persecuci\u00f3n contra las comunidades campesinas de la zona, as\u00ed como<br \/>\nel uso desmedido del poder judicial.<br \/>\nLas denuncias evidencian que la estigmatizaci\u00f3n en contra de las comunidades se ha extendido al<br \/>\ncampo judicial. En tal sentido, el procesamiento de campesinas y campesinos de la regi\u00f3n parece<br \/>\nun hecho y riesgo inminente, que se agudiza si se tienen en cuenta situaciones como las narradas<br \/>\npor las comunidades, tales como el patrullaje del Ej\u00e9rcito con personas encapuchadas, la toma de<br \/>\nfotograf\u00edas de forma indiscriminada a las y los pobladores, etc.<br \/>\nEl relato de los habitantes habla de un contexto de aplicaci\u00f3n de normativas de excepci\u00f3n, que por<br \/>\nlo general, como se ha relatado, desembocan o se expresan en actos de detenci\u00f3n arbitraria. Los<br \/>\nretenes improvisados, los allanamientos ilegales, los ofrecimientos de dinero para acusar a<br \/>\nmiembros de la comunidad, entre otros hechos, muestran un panorama preocupante que<br \/>\nincrementan el riesgo de privaci\u00f3n irregular de la libertad.<br \/>\n-Retenciones ilegales a poblaci\u00f3n civil. Integrantes de la fuerza p\u00fablica restringen el derecho a<br \/>\nla libre movilidad de los pobladores de la regi\u00f3n, por espacio de hasta 4 horas y ordenan a la<br \/>\npoblaci\u00f3n se\u00f1alar datos de presidentes de las Juntas de Acci\u00f3n Comunal -JAC- l\u00edderes sociales y<br \/>\ndocentes.<br \/>\n-Empadronamientos. Se exige a las comunidades presentar sus documentos de identificaci\u00f3n los<br \/>\ncuales son fotografiados al igual que los rostros de las personas. Algunos documentos de l\u00edderes<br \/>\nson retenidos y no han sido devueltos a pesar de reiteradas solicitudes.<br \/>\nSe recuerda que la Corte Constitucional en sentencia C-1024 de 2002 afirma que:<br \/>\n\u201c&#8230;la realizaci\u00f3n de censos poblacionales como los previstos en la norma objeto de<br \/>\ncontrol, en virtud de los cuales quedan registrados en poder del Estado informaciones<br \/>\nde car\u00e1cter personal no s\u00f3lo sobre la identidad, sino sobre el lugar de residencia de<br \/>\ncada uno, su lugar de trabajo y sus actividades individuales, excede las facultades que<br \/>\nal Gobierno confiere la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica al ser declarado uno de los estados de<br \/>\nexcepci\u00f3n, como lo es en este caso el de conmoci\u00f3n interior. Dichos censos no se<br \/>\nencuentran autorizados en efecto, ni por la Constituci\u00f3n en sus art\u00edculos 213 y 214, ni<br \/>\ntampoco por la Ley Estatutaria de los Estados de Excepci\u00f3n. Esa precisamente es la<br \/>\nraz\u00f3n por la cual esta Corte en sentencia C-295 de 1996 declar\u00f3 la inconstitucionalidad<br \/>\ndel art\u00edculo 3 del Decreto Legislativo No. 717 de 18 abril de 1996, respecto de la<br \/>\nobligatoriedad de inscripci\u00f3n en la Alcald\u00eda por parte de los habitantes de zonas<br \/>\nespecialmente afectadas por alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico, por cuanto con esa medida seafecta la libertad individual en forma no autorizada por la Carta. Del mismo modo en<br \/>\nla sentencia C-251 de 2002, en la cual se declar\u00f3 la inexequibilidad de la Ley 684 de<br \/>\n2001, esta Corte declar\u00f3 contrario a la Constituci\u00f3n el registro de la poblaci\u00f3n que en<br \/>\nella se autorizaba adelantar en los llamados \u201cTeatros de operaciones militares\u201d, pues<br \/>\nesa clase de empadronamientos no se encuentra autorizada ni estados de normalidad ni<br \/>\nen estados de excepci\u00f3n\u201d.<br \/>\nAdem\u00e1s, se evidencia, a partir de las denuncias recibidas, que existe un abierto incumplimiento<br \/>\npor parte de los uniformados, de los principios rectores del tratamiento de datos contenidos en la<br \/>\nLey Estatutaria 1581 de 2012 (art. 1 y 8), en tanto: a) No se observa una finalidad leg\u00edtima y<br \/>\nconstitucional en la cooptaci\u00f3n de estos; b) Se desconoce el destino de esta informaci\u00f3n; c) No se<br \/>\ncuenta con evidencia de la autorizaci\u00f3n de las y los campesinos cuyos datos est\u00e1n siendo<br \/>\nalmacenados; d) No es posible predicar el principio de seguridad sobre el uso y destino de la<br \/>\ninformaci\u00f3n.<br \/>\n-Utilizaci\u00f3n de civiles encubiertos en operaciones militares, en el marco de desarrollo de<br \/>\nretenes y patrullajes con personas que ocultan el rostro con pasamonta\u00f1as utilizando algunas<br \/>\nprendas de uso exclusivo militar, generando permanente zozobra en las comunidades.<br \/>\n-Aparici\u00f3n de panfletos y letreros alusivos a grupos paramilitares (AUC &#8211; AGC) en cascos<br \/>\nurbanos y veredas con alta militarizaci\u00f3n. Los hechos se han presentado durante y en momentos<br \/>\ninmediatamente posteriores a la presencia de tropas del Ej\u00e9rcito Nacional.<br \/>\nComo consecuencia de estos hechos, la posibilidad de decidir el lugar de residencia est\u00e1 siendo<br \/>\nvulnerado en raz\u00f3n a la ocupaci\u00f3n militar de los predios de familias campesinas, de los<br \/>\nimpedimentos para transitar incluso hacia sus cultivos y el temor que viene generando los<br \/>\nse\u00f1alamientos y amenazas proferidas por miembros de la fuerza militar del Estado. Se torna<br \/>\npreocupante la falta de atenci\u00f3n a esta problem\u00e1tica por parte de las autoridades civiles de los<br \/>\ndistintos municipios y el departamento, conforme lo obliga la Ley 387 de 1997, la Ley 1448 de<br \/>\n2011 y los lineamientos propuestos por la Corte Constitucional, entre otras, en las Sentencias T-<br \/>\n025 de 2004 y T-239\/13.<br \/>\nEn materia de v\u00edas, salud, educaci\u00f3n y condiciones socioecon\u00f3micas, se verifica que a pesar de la<br \/>\nvisibilizaci\u00f3n de denuncias y exigencias de las comunidades en el marco de la Primera Misi\u00f3n de<br \/>\nverificaci\u00f3n, no se han presentado cambios significativos en los municipios. En todos los puntos<br \/>\nvisitados, se denuncia falta de personal m\u00e9dico, de equipamiento t\u00e9cnico y precariedad de la<br \/>\ninfraestructura de centros de salud. Adem\u00e1s, no cuentan ambulancias adecuadas lo que dificulta<br \/>\nla atenci\u00f3n en poblados rurales y pone en riesgo la seguridad de los pacientes, agravada con los<br \/>\ntraslados en las p\u00e9simas condiciones de infraestructura vial.La misi\u00f3n reafirma los hallazgos de hace un a\u00f1o y denuncia que los centros educativos de la<br \/>\nregi\u00f3n no cuentan con personal docente y administrativo suficiente para cubrir las necesidades de<br \/>\nla poblaci\u00f3n estudiantil; as\u00ed como la falta de materiales pedag\u00f3gicos e implementos tecnol\u00f3gicos<br \/>\nque garanticen una educaci\u00f3n de calidad. Se subraya la falta de personal capacitado para el<br \/>\nacompa\u00f1amiento psicosocial de los menores, especialmente en zonas en donde se presentan<br \/>\nenfrentamientos armados.<br \/>\nEl impacto psicosocial y los efectos que en este campo se est\u00e1n generando en las comunidades,<br \/>\nhablan de una vulneraci\u00f3n del derecho a vivir sin humillaciones. Los pobladores son insistentes<br \/>\nen manifestar que se sienten sometidos a relaciones de dominaci\u00f3n y degradaci\u00f3n y que sus<br \/>\nproyectos de vida se est\u00e1n viendo afectados, por lo que incluso dudan si deben insistir en su<br \/>\npermanencia en el territorio.<br \/>\nLas comunidades manifiestan que la falta de reconocimiento a su labor campesina como<br \/>\nproductores de alimentos y las malas condiciones de las v\u00edas para la comercializaci\u00f3n de sus<br \/>\nproductos, impiden que tengan ingresos suficientes para sobrevivir. Por esta raz\u00f3n, reclaman<br \/>\napoyo estatal a las formas de econom\u00eda campesina y solidaria que lideran las organizaciones<br \/>\nsociales y Juntas de Acci\u00f3n Comunal. Es evidente la necesidad de inversi\u00f3n social en esta regi\u00f3n<br \/>\ny denuncian que no han sido convocados para la implementaci\u00f3n del Programa de Desarrollo con<br \/>\nEnfoque Territorial (PDET).<br \/>\nLa Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n pudo constatar, una vez m\u00e1s, que las pocas condiciones de vida digna<br \/>\nque mantienen a los habitantes de esta regi\u00f3n en el territorio son producto del trabajo articulado y<br \/>\nde las capacidades organizativas que han desarrollado las comunidades a trav\u00e9s de las Juntas de<br \/>\nAcci\u00f3n Comunal, las Asociaciones de Juntas y las organizaciones sociales. En este sentido, la<br \/>\nComisi\u00f3n por la Vida, la Reconciliaci\u00f3n y la Paz del Catatumbo anima a las comunidades a<br \/>\ncontinuar con los esfuerzos organizativos, a ampliar los mecanismos de denuncia en materia de<br \/>\nDDHH y a promover un trabajo unitario para garantizar la permanencia en el territorio.<br \/>\nEXIGENCIAS<br \/>\nAnte la grave situaci\u00f3n en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,<br \/>\nse requiere la adopci\u00f3n de medidas urgentes a favor de las comunidades del Catatumbo. En este<br \/>\nsentido en ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n consagrado en la Constituci\u00f3n Nacional<br \/>\nen su art\u00edculo 23, las organizaciones sociales que integramos la Comisi\u00f3n por la Vida, la<br \/>\nReconciliaci\u00f3n y la Paz del Catatumbo, exigimos:<br \/>\nA todos los actores armados que hacen presencia en la regi\u00f3n del Catatumbo Ej\u00e9rcito de<br \/>\nLiberaci\u00f3n Nacional- ELN, Ej\u00e9rcito Popular de Liberaci\u00f3n EPL, Fuerzas Armadas<br \/>\nRevolucionarias de Colombia FARC:-El cese inmediato de toda confrontaci\u00f3n armada.<br \/>\n-Respeto al Derecho Internacional Humanitario, especialmente, a los principios de distinci\u00f3n y de<br \/>\nproporcionalidad que se encuentran vulnerados en la ocupaci\u00f3n de predios de las comunidades.<br \/>\n-Asumir compromisos de descontaminaci\u00f3n de los territorios donde hay minas antipersonales y<br \/>\nmunici\u00f3n sin explotar artefactos que ponen en riesgo a la poblaci\u00f3n civil.<br \/>\n-Adoptar mecanismos de evaluaci\u00f3n e investigaci\u00f3n interna sobre la actuaci\u00f3n de sus fuerzas, que<br \/>\npermitan la prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n adecuada de abusos contra las comunidades de la regi\u00f3n.<br \/>\nAl Ej\u00e9rcito Nacional de Colombia:<br \/>\n&#8211; Respetar el Derecho Internacional Humanitario: especialmente, a los principios de distinci\u00f3n y de<br \/>\nproporcionalidad que se encuentran vulnerados en el involucramiento de civiles en asuntos de<br \/>\n\u00edndole militar, en la ocupaci\u00f3n de bienes civiles de las comunidades y predios de los cuales<br \/>\nderivan su subsistencia y en las afectaciones de las que han sido v\u00edctimas familias que han<br \/>\nquedado en medio de confrontaciones militares caus\u00e1ndoles afectaciones materiales y<br \/>\npsicol\u00f3gicas.<br \/>\n&#8211; Evitar su presencia en cascos urbanos y escuelas: esta situaci\u00f3n aumenta el riesgo de la poblaci\u00f3n<br \/>\ncivil y especialmente de ni\u00f1os y ni\u00f1as.<br \/>\n&#8211; Cesar los disparos indiscriminados en ocasiones dirigidos hacia los sitios de residencia de la<br \/>\npoblaci\u00f3n civil y sin combate aparente.<br \/>\n&#8211; Tratar dignamente a la poblaci\u00f3n civil. Se percibe un aumento de la estigmatizaci\u00f3n y presi\u00f3n<br \/>\nque genera un ambiente de permanente angustia y zozobra.<br \/>\n&#8211; Garantizar la seguridad de los l\u00edderes y lideresas sociales y de las comunidades en general.<br \/>\n&#8211; Detener los empadronamientos y la cooptaci\u00f3n irregular de datos de las comunidades.<br \/>\n&#8211; Investigar las denuncias y detener los hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y<br \/>\ndegradantes.<br \/>\n&#8211; Frenar las detenciones arbitrarias y abuso de judicializaci\u00f3n (o amenaza de esta) como<br \/>\nmecanismo de intimidaci\u00f3n y represi\u00f3n contra las comunidades.<br \/>\n&#8211;<br \/>\nInvestigar y tomar medidas concretas frente a todas las denuncias presentadas en este informe de<br \/>\nVerificaci\u00f3n.Al se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, Iv\u00e1n Duque M\u00e1rquez:<br \/>\n-Garantizar la vida y los derechos humanos de la poblaci\u00f3n civil de la regi\u00f3n del Catatumbo.<br \/>\n&#8211; En calidad de comandante en jefe de la Fuerza P\u00fablica, velar por el respeto del Derecho<br \/>\nInternacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.<br \/>\n-Como jefe de Estado, garantizar que los planes, programas y proyectos de inversi\u00f3n en la regi\u00f3n<br \/>\ndel Catatumbo respondan a las necesidades territoriales de sus comunidades y garanticen la<br \/>\ntransformaci\u00f3n de sus condiciones de vida.<br \/>\n&#8211; Garantizar que la inversi\u00f3n social se ejecute a trav\u00e9s de las entidades correspondientes y no, a<br \/>\ntrav\u00e9s de jornadas c\u00edvico-militares que en este contexto, ponen en riesgo a la poblaci\u00f3n civil.<br \/>\nA la Unidad de V\u00edctimas y la Secretar\u00eda de V\u00edctimas, Paz y Posconflicto:<br \/>\n-Reconocer e incluir a las v\u00edctimas en el Registro \u00danico de V\u00edctimas de conformidad con la ley de<br \/>\nv\u00edctimas 1448.<br \/>\n-Activar seg\u00fan los lineamientos de la ley 1448 los planes de reparaciones individuales y colectivas<br \/>\ncorrespondientes a las afectaciones vividas durante el control paramilitar y aquellas que son<br \/>\nproducto de la actual confrontaci\u00f3n armada que se presenta en la regi\u00f3n. Fue reiterativa la queja<br \/>\nfrente a la falta de respuestas concretas a las v\u00edctimas de esta regi\u00f3n.<br \/>\nA los organismos de defensa de Derechos Humanos nacionales e internacionales, en cabeza<br \/>\nde la Defensor\u00eda del Pueblo y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, as\u00ed como a los<br \/>\nentes de Control en Cabeza de la Procuradur\u00eda y Contralor\u00eda Nacional y Congresistas:<br \/>\n-Velar por la superaci\u00f3n dialogada del actual conflicto que afecta la regi\u00f3n del Catatumbo.<br \/>\n-Velar por la minimizaci\u00f3n de los impactos del conflicto armado actual en la poblaci\u00f3n y generar<br \/>\ngarant\u00edas de protecci\u00f3n a los l\u00edderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos de la<br \/>\nregi\u00f3n.<br \/>\n&#8211; Acompa\u00f1ar de manera efectiva a las comunidades del Catatumbo y ejercer un rol de mediaci\u00f3n<br \/>\ncon los distintos actores que hacen presencia en el territorio.<br \/>\n&#8211; Al Ministerio del Interior garantizar que todas las denuncias tengan seguimiento y respuesta<br \/>\nefectiva.<br \/>\n&#8211; A la Oficina de Naciones de Unidas para los Derechos Humanos hacer seguimiento y<br \/>\nverificaci\u00f3n al cumplimiento de las exigencias aqu\u00ed manifiestas.-A la Defensor\u00eda del Pueblo emitir quejas formales a las entidades correspondientes de las<br \/>\ndenuncias recogidas durante esta Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n. Y cumplir con el compromiso adquirido<br \/>\nfrente a las comunidades respecto a los talleres sobre v\u00edctimas e implementaci\u00f3n de los PDET.<br \/>\n-A la Comisi\u00f3n de Paz del Congreso de la Rep\u00fablica hacer acompa\u00f1amiento a las comunidades de<br \/>\nla regi\u00f3n del Catatumbo y ejercer control pol\u00edtico a los funcionarios responsables de cumplir las<br \/>\nexigencias expuestas.<br \/>\n-A la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, iniciar las investigaciones y procesos formales que<br \/>\ncorrespondan de acuerdo a las denuncias ac\u00e1 presentadas y presentar p\u00fablicamente los avances de<br \/>\ndichos procesos.<br \/>\n&#8211; A la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n de Naciones Unidas ampliar el ejercicio de seguimiento y<br \/>\nverificaci\u00f3n alrededor de todos los puntos de implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz.<br \/>\nAl Estado colombiano y a las autoridades departamentales y municipales:<br \/>\n&#8211; Garantizar el derecho a la libre circulaci\u00f3n para que las personas puedan transitar sin obst\u00e1culos o<br \/>\ntemor por un territorio (Corte Constitucional, Sentencia T-202\/13).<br \/>\n&#8211; A la Consejer\u00eda Presidencial para la Estabilizaci\u00f3n y la Consolidaci\u00f3n, al Gobernador y alcaldes,<br \/>\nincluir en los planes nacionales, departamentales y municipales de inversi\u00f3n, as\u00ed como en la<br \/>\nimplementaci\u00f3n de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, la participaci\u00f3n<br \/>\nde las comunidades y responder a las denuncias manifiestas en este informe de verificaci\u00f3n.<br \/>\n&#8211; Al Ministerio de Ambiente y a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de la Frontera Nororiental &#8211;<br \/>\nCorponor, investigue y tome medidas frente a las denuncias sobre deforestaci\u00f3n y contaminaci\u00f3n<br \/>\nde nacimientos de agua en los municipios mencionados.<br \/>\nComisi\u00f3n por la Vida, la Reconciliaci\u00f3n y la Paz del Catatumbo<br \/>\nJunio de 2019<br \/>\nAcompa\u00f1antes<br \/>\nMinisterio del Interior<br \/>\nProcuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n<br \/>\nDefensor\u00eda del Pueblo &#8211; Regional Oca\u00f1a<br \/>\nONU &#8211; DDHH<br \/>\nMAPP\/OEA<br \/>\nEquipo Jur\u00eddico Pueblos<br \/>\nAsociaci\u00f3n MINGA &#8211; Corporaci\u00f3n Construyendo Poder, Democracia y Paz &#8211; PODERPAZ<br \/>\nInternational Action for Peace \u2013 IAP y Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia &#8211;<br \/>\nREDHERANEXO No. 1 &#8211; Fotograf\u00edas<br \/>\n1. Trincheras sobre v\u00edas p\u00fablicas y carreteras<br \/>\n2. Presencia del Ej\u00e9rcito en cascos urbanos y centros educativos<br \/>\n3. Intimidaci\u00f3n del Ej\u00e9rcito a miembros de la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n y sociedad civil4. Postes y \u00e1rboles con pintas alusivas a las \u201cAUC\u201d en fincas de propiedad privada<br \/>\n5. \u00c1rboles y postes de una finca con pintas \u201cAUC\u201d<br \/>\n6. Da\u00f1os en bienes privados de la poblaci\u00f3n civil7. Estado de los Puestos de Salud (Infraestructura y materiales)<br \/>\n8. Estado de los Centros Educativos14-18 DE MAYO DE 2019<br \/>\nSiguiendo el mandato emanado de la Asamblea comunitaria realizada el d\u00eda 22 de abril de 2018<br \/>\nen el municipio de El Tarra, la Comisi\u00f3n por la Vida, la Reconciliaci\u00f3n y la Paz del Catatumbo,<br \/>\nconformada por procesos sociales y comunales para dar respuesta a la crisis social, pol\u00edtica y<br \/>\necon\u00f3mica que se presenta en la regi\u00f3n, convoc\u00f3 la Segunda Misi\u00f3n de verificaci\u00f3n de la<br \/>\nsituaci\u00f3n de derechos humanos y DIH, con el objetivo de recoger, visibilizar y dar a conocer a las<br \/>\nautoridades correspondientes para su inmediata intervenci\u00f3n, las denuncias de vulneraci\u00f3n a la<br \/>\npoblaci\u00f3n civil.<br \/>\nLa 2da Misi\u00f3n de verificaci\u00f3n se realiz\u00f3 del 14 al 18 de mayo de 2019, en dos rutas definidas<br \/>\ntras la identificaci\u00f3n de lugares cuyas comunidades han realizado alertas y preocupantes<br \/>\ndenuncias. Inici\u00f3 en la ciudad de Oca\u00f1a y visit\u00f3 los municipios de Hacar\u00ed, Convenci\u00f3n, El<br \/>\nCarmen, San Calixto, Teorama, El Tarra y Tib\u00fa, donde finaliz\u00f3. En su realizaci\u00f3n cont\u00f3 con el<br \/>\nacompa\u00f1amiento de Ministerio del Interior, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Defensor\u00eda del<br \/>\nPueblo\/Regional Oca\u00f1a, Naciones Unidas\/DDHH, MAPP-OEA; con las organizaciones de<br \/>\nderechos humanos Corporaci\u00f3n Construyendo Poder Democracia y Paz\/ PODERPAZ, Equipo<br \/>\nJur\u00eddico Pueblos y Asociaci\u00f3n MINGA, Con los medios de comunicaci\u00f3n El Espectador,<br \/>\nPeriferia Prensa y Colombia Informa y con los observadores internacionales Red de Hermandad y<br \/>\nSolidaridad con Colombia \/REDHER y Acci\u00f3n Internacional por la Paz \/IAP.<br \/>\nA continuaci\u00f3n daremos a conocer los hallazgos de la 2da misi\u00f3n de verificaci\u00f3n en cada<br \/>\nmunicipio visitado, en tanto afectaciones a derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales,<br \/>\nimplementaci\u00f3n de los acuerdos de paz, al ambiente y vulneraciones al Derecho Internacional de<br \/>\nlos Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario\/DIH, haciendo \u00e9nfasis, de<br \/>\nacuerdo a las denuncias expuestas por la totalidad de comunidades visitadas, en las acciones<br \/>\ncometidas por parte de tropas de la Fuerza de Despliegue R\u00e1pido FUDRA del Ej\u00e9rcito Nacional<br \/>\nde Colombia. Acciones que podr\u00edan relacionarse con las denuncias conocidas recientemente en<br \/>\nel pa\u00eds, sobre directrices al interior de esta instituci\u00f3n que exigen aumentar resultados<br \/>\noperacionales aunque esto signifique afectar a la poblaci\u00f3n civil, como ya est\u00e1 sucediendo en la<br \/>\nregi\u00f3n del Catatumbo, donde las comunidades viven bajo un ambiente de zozobra permanente.<br \/>\nVulneraciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho<br \/>\nInternacional Humanitario\/DIH:<br \/>\nContexto regional:La Primera Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n realizada entre el 13 y 19 de mayo del a\u00f1o 2018, evidenci\u00f3 el<br \/>\nriesgo en materia de Derechos Humanos en el que se encontraba la poblaci\u00f3n civil del<br \/>\nCatatumbo, como consecuencia de los constantes enfrentamientos entre las insurgencias del EPL<br \/>\ny el ELN, la declaraci\u00f3n de paros armados, amenazas generalizadas y la confrontaci\u00f3n entre estos<br \/>\ngrupos y el Ej\u00e9rcito Nacional, cuya presencia ya avizoraba el aumento de riesgo por acciones que<br \/>\nse denunciaron en el informe anterior y en otros escenarios de incidencia, en los cuales, la<br \/>\nComisi\u00f3n por la Vida, la Reconciliaci\u00f3n y la Paz, manifestamos rechazo a la militarizaci\u00f3n, como<br \/>\n\u00fanica soluci\u00f3n que ofrece el Gobierno ante la crisis de la regi\u00f3n.<br \/>\nPara la Segunda Misi\u00f3n es claro que el contexto ha cambiado, se ha reducido considerablemente<br \/>\nla confrontaci\u00f3n entre insurgencias y, actualmente, toma mayor relevancia los riesgos que trae<br \/>\npara la poblaci\u00f3n civil el aumento dr\u00e1stico de la Fuerza P\u00fablica en el Catatumbo. A esta situaci\u00f3n<br \/>\ndeben sumarse los 10 casos de asesinatos de l\u00edderes sociales durante el 2018 en la regi\u00f3n, y los 4<br \/>\ncasos que se han registrado desde la Oficina de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos<br \/>\nHumanos en lo que va corrido del 2019. En cuanto a las amenazas que se presentan, dicha<br \/>\nOficina se\u00f1ala el riesgo inminente, especialmente, para los l\u00edderes comunales que impulsan el<br \/>\nproceso de sustituci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito, quienes han tenido que desplazarse de manera<br \/>\nforzada.<br \/>\nDe acuerdo a la informaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional, en la regi\u00f3n se han presentado 266<br \/>\nhomicidios durante el 2018 y lo que va corrido del 2019. La mayor\u00eda de estos casos son<br \/>\nhomicidios contra agricultores y realizados con arma de fuego y explosivos. Para este a\u00f1o,<br \/>\nNaciones Unidas ha documentado 23 casos de personas entre civiles y combatientes afectadas por<br \/>\nMinas Antipersonales y Munici\u00f3n Sin Explotar (MAP\/MUSE).<br \/>\nMunicipio de Convenci\u00f3n:<br \/>\nComunidades denuncian aparici\u00f3n y aumento de llamadas extorsivas a comerciantes del casco<br \/>\nurbano. El temor de la poblaci\u00f3n es generalizado por la aparici\u00f3n de panfletos de las<br \/>\nAutodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, el asesinato de comerciantes amenazados en<br \/>\ndicho panfletos y las amenazas que llegan a quienes se atreven a denunciar. Seg\u00fan las<br \/>\nautoridades, se trata de delincuencia com\u00fan. Durante la misi\u00f3n, y a pesar de la militarizaci\u00f3n del<br \/>\ncasco urbano y las restricciones de movilidad que se han impuesto por parte de la fuerza p\u00fablica,<br \/>\nse present\u00f3 un nuevo homicidio a un transportador informal. Preocupa la poca capacidad de<br \/>\nrespuesta de la fuerza p\u00fablica para evitar y\/o reducir estas situaciones.<br \/>\nLa comunidad percibe un retroceso en materia de Derechos Humanos. Denuncian que despu\u00e9s de<br \/>\nlos enfrentamientos entre las insurgencias del ELN y EPL varias veredas quedaron minadas y<br \/>\nafectan la libre movilidad por la zona. Afirman ser objeto de estigmatizaci\u00f3n y se\u00f1alamientospermanentes por parte de la fuerza p\u00fablica, quienes ocupan terrenos de propiedad privada y<br \/>\ncolectiva afectando las bocatomas de los acueductos y centros de salud. Se denuncian capturas de<br \/>\nl\u00edderes comunales a partir de se\u00f1alamientos de terceros.<br \/>\nSolo en el corregimiento de Cartagenita han sido asesinadas 41 personas entre 2017 y 2019. De<br \/>\nestas, el Estado ha reconocido el asesinato de Wilmer J\u00e1come, Luis Teresa Rodr\u00edguez y Dimar<br \/>\nTorres. As\u00ed mismo, denuncian el asesinato de seis personas por grupos paramilitares y el miedo<br \/>\nque sienten de ir al casco urbano de Convenci\u00f3n por las amenazas de las Autodefensas<br \/>\nGaitanistas de Colombia -AGC-.<br \/>\nPoblaci\u00f3n civil est\u00e1 en permanente riesgo como consecuencia de la ubicaci\u00f3n de tropas del<br \/>\nEj\u00e9rcito cerca a centros poblados y en casas de campesinos, acci\u00f3n contraria al DIH. Por esta<br \/>\ncausa las comunidades se han visto afectadas por bombardeos por parte del Ej\u00e9rcito Nacional en<br \/>\nveredas como Carrizal, El Loro, El Cobre y Chapinero. Comunidades aseguran que en medio de<br \/>\nhostigamientos de la guerrilla hacia el Ej\u00e9rcito, este responde disparando hacia la poblaci\u00f3n civil<br \/>\nque se encuentra en los caser\u00edos. Se han presentado acciones donde militares hacen disparos,<br \/>\nsuenan bombas y bengalas en las noches incluso cuando no se registran enfrentamientos con<br \/>\notros actores armados, acciones que pueden establecerse como posibles falsos combates. Estas<br \/>\nactuaciones han provocando zozobra permanente y desplazamiento de varias familias. La<br \/>\nmayor\u00eda contin\u00faan sin retornar a sus lugares de origen por falta de garant\u00edas de seguridad.<br \/>\nTambi\u00e9n se denuncian sobrevuelos constantes de drones con los que la fuerza p\u00fablica monitorea<br \/>\na la poblaci\u00f3n y se registran cortes injustificados del servicio de luz el\u00e9ctrica con lo que la<br \/>\ncomunidad se siente intimidada. En v\u00edas interveredales el Ej\u00e9rcito Nacional realiza retenes a los<br \/>\ncampesinos y hace presencia cerca a Escuelas, en algunas persiste presencia de campos minados<br \/>\nponiendo en riesgo la vida de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as. Soldados han abordado, retenido y amenazado<br \/>\ncon sus armas a j\u00f3venes de la comunidad acusandoles de estar instalando minas y\/o hacer parte<br \/>\nde las insurgencias. Gracias a la acci\u00f3n de l\u00edderes se han rescatado a quienes, seg\u00fan la<br \/>\ncomunidad, pudieron ser v\u00edctimas de montajes y\/o desapariciones. En algunos casos, al confirmar<br \/>\nque los j\u00f3venes son campesinos, militares les han ofrecido dinero por guardar silencio sobre las<br \/>\nretenciones de las que son v\u00edctimas.<br \/>\nSe denuncian quemas de casas de campesinos, robos de semovientes, enseres y alimentos en<br \/>\ncasas y tiendas por parte de tropas del Ej\u00e9rcito, a quienes tambi\u00e9n se\u00f1alan de encerrar y amenazar<br \/>\na mujeres y ni\u00f1os. Se denuncia aumento en casos de judicializaci\u00f3n a l\u00edderes sociales y miembros<br \/>\nde las JAC, sin \u00f3rdenes judiciales ni material probatorio, especialmente en las veredas Bella<br \/>\nUni\u00f3n, Guaciles y Maicitos. Por esta raz\u00f3n, comunidades se han visto en la obligaci\u00f3n de mediar<br \/>\ncon miembros de Ej\u00e9rcito y moverse de manera colectiva de un lado a otro para buscar a<br \/>\npobladores que reportan afectaciones. Manifiesta la comunidad que han recibido mensajes v\u00eda<br \/>\nFacebook y\/o WhatsApp, de actores que se identifican como funcionarios de inteligencia military de la fiscal\u00eda, por medio de los cuales les ofrecen dinero, les piden que se desmovilicen y<br \/>\ntrabajen con ellos.<br \/>\nEn todo el municipio hay retenes donde se realizan empadronamientos, en algunos puntos se<br \/>\npresentan controles de mercados y medicamentos. En estos retenes militares fotograf\u00edan y<br \/>\namenazan constantemente a todo residente y transe\u00fante de la zona a quienes les preguntan por<br \/>\nnombres y ubicaciones de l\u00edderes de las Juntas de Acci\u00f3n Comunal -JAC-. En varias veredas<br \/>\nopera un toque de queda de facto impuesto por los militares, quienes manifiestan a la poblaci\u00f3n<br \/>\nque \u201cnadie puede transitar por donde ellos est\u00e1n en horarios de la noche por su seguridad, que<br \/>\nporque a esa hora solo camina la guerrilla y que van a disparar a todo lo que vean\u201d. En clara<br \/>\nafectaci\u00f3n al derecho a la libre movilidad y al derecho de distinci\u00f3n estigmatizando y poniendo<br \/>\nen riesgo a la poblaci\u00f3n civil. Se denuncia adem\u00e1s que en varias ocasiones el Ej\u00e9rcito Nacional<br \/>\nimpide reuniones de las Juntas de Acci\u00f3n Comunal &#8211; JAC- argumentando que \u201cuna reuni\u00f3n con<br \/>\nm\u00e1s de cinco personas, ya se asume como un encuentro de la insurgencia\u201d.<br \/>\nEn este municipio se present\u00f3 una denuncia de tratos crueles, degradantes e inhumanos por parte<br \/>\nde miembros del Ej\u00e9rcito Nacional a dos campesinos que se encontraban trabajando en una finca,<br \/>\nse\u00f1alandolos de ser parte de la insurgencia. En palabras de la comunidad \u201clos torturaron, les<br \/>\npusieron una bolsa de tela oscura en la cabeza y les echaron un l\u00edquido que les gener\u00f3 ardor en<br \/>\nlos ojos. Los colgaron de los pies en un \u00e1rbol, los amenazaron con degollarlos y quitarles las<br \/>\nu\u00f1as. Los dejaron amarrados a un \u00e1rbol cerca a sus fincas, de las cuales robaron varios<br \/>\nmillones de pesos que ten\u00edan los campesinos como ahorros. Ese mismo d\u00eda, tres miembros del<br \/>\nEj\u00e9rcito Nacional llegaron hasta la finca de una mujer, madre de tres hijos menores de edad, le<br \/>\nrompieron las camas, los colchones, los muebles y grabaron el hecho para mostrarlo como<br \/>\namenaza a la comunidad d\u00edas despu\u00e9s.\u201d<br \/>\nDe las denuncias hechas en este corregimiento, llama la atenci\u00f3n que el Ej\u00e9rcito Nacional est\u00e9<br \/>\nusando civiles encapuchados en operaciones militares y que la comunidad asegure que los han<br \/>\nvisto escribir en algunas paredes pintas alusivas al \u201cELN\u201d o cosas como \u201cEPL Hp\u201d, lo cual<br \/>\ngenera dudas sobre el rol que han desempe\u00f1ado durante el enfrentamiento entre estas dos<br \/>\ninsurgencias y provoca confusi\u00f3n en la comunidad.<br \/>\nMunicipio de Teorama<br \/>\nLos constantes enfrentamientos que se presentan entre el Ej\u00e9rcito Nacional y las insurgencias<br \/>\ncerca de los cascos urbanos ponen en riesgo a la poblaci\u00f3n civil. Se han presentado casos de<br \/>\nactivaci\u00f3n de artefactos explosivos cerca de la poblaci\u00f3n, ametrallamiento sobre las fincas y<br \/>\nhacia las monta\u00f1as, ca\u00edda de casquillos y otros elementos como fragmentos de morteros a 10 y 20<br \/>\nmetros de distancia de viviendas y escuelas, estallido de cilindros y lanzamiento de tatucos en<br \/>\nalgunos lugares cuando hay campesinos trabajando cerca. En este municipio se denuncia que<br \/>\nmilitares han disparado contra la poblaci\u00f3n civil mientras trabaja en sus fincas, en palabras de lacomunidad:<br \/>\n\u201cdispararon con tiros de precisi\u00f3n a una persona de la tercera edad, sin ning\u00fan tipo de<br \/>\nenfrentamiento cerca, como simulando combates.\u201d<br \/>\nEntre las principales afectaciones producto de estos hechos, se destacan: deserci\u00f3n escolar,<br \/>\nafectaciones psicol\u00f3gicas en ni\u00f1os y adultos, confinamientos y desplazamientos masivos,<br \/>\nimpedimentos para el trabajo agr\u00edcola, bloqueos econ\u00f3micos, se\u00f1alamientos de grupos armados y<br \/>\ndesapariciones. Comunidades denuncian que dichas afectaciones son profundizadas con la<br \/>\nausencia de un protocolo de seguridad en las escuelas, ausencia de planes de contingencia en las<br \/>\ncabeceras municipales para atender a familias en condici\u00f3n de desplazamiento y las falta de<br \/>\ngarant\u00edas para el retorno de las familias.<br \/>\nPreocupa especialmente la persecuci\u00f3n actual hacia los l\u00edderes comunales que dinamizan los<br \/>\npeajes comunitarios, quienes est\u00e1n siendo amenazados con montajes judiciales. Denuncian que<br \/>\nla fuerza p\u00fablica solicita fotograf\u00edas de l\u00edderes sociales a pobladores que participan en la red de<br \/>\napoyo ciudadana, especialmente de l\u00edderes que dinamizan reuniones y hacen parte de procesos<br \/>\norganizativos. En algunos corregimientos como El Aserr\u00edo, fuerza p\u00fablica solicita a distintos<br \/>\nmiembros de la comunidad listados de los presidentes de JAC con c\u00e9dulas y que han llegado a las<br \/>\nfincas preguntando por estos l\u00edderes y lideresas con listas en mano. La comunidad afirma que<br \/>\nsoldados del Ej\u00e9rcito Nacional se movilizan vestidos de civil con botas de caucho como si fueran<br \/>\ncampesinos, y se presentan armados en casas preguntando por los presidentes de las JAC y<br \/>\npersonas afiliadas. Adem\u00e1s, existen amenazas directas sobre precandidatos a alcald\u00eda.<br \/>\nEn el municipio persiste un ambiente generalizado de estigmatizaci\u00f3n por parte del Ej\u00e9rcito<br \/>\nNacional sobre la poblaci\u00f3n civil, lo que se refleja en la retenci\u00f3n de los documentos de<br \/>\nidentidad, trato hostil cotidiano y toma de fotograf\u00edas a campesinos cuando transitan por las<br \/>\ncarreteras. La comunidad afirma que la fuerza p\u00fablica impide la libre movilidad en los caminos<br \/>\nde herradura, retiene a campesinos en las carreteras, ingresan a las fincas robando pl\u00e1tanos, yuca<br \/>\ny verduras as\u00ed como pertenencias de aseo, dinero ahorrado y han tomado sin permiso acceso a la<br \/>\nluz el\u00e9ctrica elevando las cuentas del servicio cuyo costo debe ser asumida por los campesinos.<br \/>\nAdem\u00e1s, habitantes denuncian no poder organizar eventos de integraci\u00f3n porque afirman que no<br \/>\nhay \u00e1nimo y las familias permanecen encerradas en sus fincas. Por esta causa, actualmente, en el<br \/>\ncorregimiento de El Aserr\u00edo hay fincas abandonadas y miedo generalizado para salir a trabajar.<br \/>\nSe denuncia la aparici\u00f3n de letreros alusivos a las \u201cAUC\u201d en los postes y \u00e1rboles de una finca<br \/>\ndonde ha hecho presencia el Ej\u00e9rcito Nacional. Esta situaci\u00f3n se suma a otras denuncias previas<br \/>\nen esta misma finca, donde se han hallado c\u00e1maras de vigilancia puestas sin consentimiento de<br \/>\nsus due\u00f1os quienes son familiares reconocidos l\u00edderes de la regi\u00f3n. Vecinos del lugar han<br \/>\nmanifestado que fuerza p\u00fablica ha estado indagando con los trabajadores sobre horarios de la<br \/>\nfamilia y distribuci\u00f3n del espacio de la casa.Comunidades afirman que existe una condici\u00f3n de confinamiento en toda la regi\u00f3n. Varias<br \/>\nfamilias se niegan a salir de sus fincas por miedo a transitar por el casco urbano del municipio de<br \/>\nConvenci\u00f3n, donde ha aumentado las extorsiones y asesinatos selectivos a pesar de la alta<br \/>\nmilitarizaci\u00f3n y la cercan\u00eda del batall\u00f3n en La Esmeralda. Comunidades denuncian que casos de<br \/>\nextorsi\u00f3n ya se est\u00e1n presentando en el municipio de Teorama.<br \/>\nSe denuncia persecuci\u00f3n por parte de la Fuerza P\u00fablica a conductores de rutas de l\u00ednea sobre<br \/>\nquienes buscan informaci\u00f3n e intimidan, esto genera alerta de posibles casos de falsos positivos<br \/>\njudiciales. Adem\u00e1s, denuncian la desaparici\u00f3n de dos campesinos miembros de la comunidad<br \/>\ndesde el pasado 14 de mayo de 2019. Se afirma que fueron citados en el corregimiento de San<br \/>\nPablo por actores desconocidos que les obligaron a subir a una camioneta blanca y hasta el<br \/>\nmomento no se tiene informaci\u00f3n de su paradero.<br \/>\nEn t\u00e9rminos generales, la comunidad percibe hechos similares a los vividos entre el 2002 y 2007<br \/>\ncon el paramilitarismo.<br \/>\nMunicipio de Hacar\u00ed<br \/>\nLa comunidad del municipio de Hacar\u00ed se muestra muy inconforme e insegura con las actividades<br \/>\nque ha desarrollado el Ej\u00e9rcito Nacional, pues perciben que tras el aumento de la tropa se ha<br \/>\nprofundizado la estigmatizaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n que, adem\u00e1s, amenaza con acabar los recursos<br \/>\nh\u00eddricos del territorio y limita el libre tr\u00e1nsito entre las veredas. Eso \u00faltimo afect\u00f3 directamente la<br \/>\nMisi\u00f3n de Verificaci\u00f3n cuando miembros del Ej\u00e9rcito Nacional &#8211; Fuerza de Despliegue R\u00e1pido<br \/>\nNo. 3 en comando del se\u00f1or Rolan Andr\u00e9s Moreno Parra impidieron la realizaci\u00f3n del proceso de<br \/>\nverificaci\u00f3n en el nacimiento de agua de la vereda Mesa Rica.<br \/>\nUna situaci\u00f3n similar afect\u00f3 la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n en las veredas Monte Tarra e Islitas<br \/>\ncuando el lugar de reuni\u00f3n con la comunidad se vio rodeado por varios miembros del Ej\u00e9rcito<br \/>\nNacional, quienes, adem\u00e1s, procedieron a grabar y sacar fotograf\u00edas de los participantes de la<br \/>\nreuni\u00f3n con el objetivo de intimidar y ejercer presi\u00f3n sobre los miembros de la comunidad que<br \/>\nestaban tratando de presentar las denuncias respectivas.<br \/>\nEn Mesitas, la fuerza p\u00fablica tambi\u00e9n hizo presencia en el lugar de reuni\u00f3n entre la misi\u00f3n y la<br \/>\ncomunidad, tomando fotograf\u00edas. En di\u00e1logo con los acompa\u00f1antes nacionales e internacionales,<br \/>\nel Ej\u00e9rcito Nacional pidi\u00f3 un listado de asistencia de los participantes que les fue negado de<br \/>\nmanera inmediata y se pidi\u00f3 al delegado del Ministerio del Interior que les solicitara retirarse del<br \/>\nespacio. El Ej\u00e9rcito manifest\u00f3 tener informaci\u00f3n de posibles combates con integrantes de GAO<br \/>\nesa tarde y por esta misma raz\u00f3n se pidi\u00f3 respeto al DIH y en ese sentido repliegue de la fuerza y<br \/>\ndistancia del casco urbano, pues su presencia aumentaba el riesgo para la poblaci\u00f3n civil y la<br \/>\nMisi\u00f3n de Verificaci\u00f3n.Los l\u00edderes y lideresas sociales de este municipio sienten temor de continuar ejerciendo su<br \/>\nliderazgo y la participaci\u00f3n activa por la defensa de los derechos humanos, ya que se han visto<br \/>\namedrentados por parte del Ej\u00e9rcito Nacional, debido a que existe una persecuci\u00f3n constante por<br \/>\nel hecho de querer vincularlos a los grupos armados organizados (GAO). Mencionan que aunque<br \/>\nintenten establecer un di\u00e1logo directo con el alcalde del municipio de Hacar\u00ed, es imposible, pues<br \/>\nsiempre hay presencia del Ej\u00e9rcito Nacional y al final se convierte en una reuni\u00f3n de<br \/>\nse\u00f1alamientos sin fundamento. Se hacen denuncias p\u00fablicas respecto a empadronamientos<br \/>\nconstantes, retenes en las v\u00edas de acceso a las veredas obstaculizando el libre tr\u00e1nsito y la<br \/>\nindividualizaci\u00f3n de l\u00edderes por parte del Ej\u00e9rcito Nacional a partir de fotograf\u00edas. Adem\u00e1s,<br \/>\ndenuncia la comunidad que soldados del Ej\u00e9rcito Nacional est\u00e1n interrogando a los ni\u00f1os de las<br \/>\nescuelas con el fin de obtener informaci\u00f3n sobre las actividades de la comunidad en el territorio.<br \/>\nMunicipio de San Calixto:<br \/>\nLas comunidades de este municipio denuncian invasiones violentas y abusivas por parte del<br \/>\nEj\u00e9rcito Nacional a las veredas de los campesinos pobladores y trabajadores. La comunidad<br \/>\ndenuncia que, por \u00f3rdenes del coronel Casta\u00f1eda, tropas del Ej\u00e9rcito Nacional adscritos a la<br \/>\nFUDRA No.3, invaden violentamente los terrenos privados de los campesinos, colocando sus<br \/>\ncampamentos dentro de ellos e instalando trincheras que construyen deforestando el terreno.<br \/>\nDenuncian que ya hay varias familias que se han visto en la obligaci\u00f3n de desplazarse<br \/>\nforzosamente, debido a que soldados de la FUDRA No. 3 les comentan: \u201cEs mejor que se vayan<br \/>\nde ac\u00e1, nosotros no los vamos a proteger\u201d. Esta situaci\u00f3n se viene presentando desde diciembre<br \/>\ndel 2018 y se agrava con la restricci\u00f3n total de movilidad por las rutas de acceso a las fincas de<br \/>\nlos campesinos despu\u00e9s de las seis &#8211; 6 &#8211; de la tarde, lo que establece un toque de queda ilegal sin<br \/>\nning\u00fan tipo de justificaci\u00f3n expresa.<br \/>\nDenuncian que miembros de la Fudra No. 3 usando s\u00f3lo el camuflado del pantal\u00f3n y una camisa<br \/>\nnegra, atacaron a dos j\u00f3venes a quienes, seg\u00fan la comunidad, \u201camordazaron, amarraron con<br \/>\ncabulla los brazos y las piernas, los arrastraron contra el suelo, les disparaban a los pies, los<br \/>\ngolpeaban fuertemente en el rostro y en sus cuerpos, destruyendo su ropa y hasta robando el<br \/>\ndinero que dentro del hogar se encontraba. Les pusieron un arma en las manos para que<br \/>\nsalieran corriendo y as\u00ed poder matarlos con una justificaci\u00f3n\u201d. Adem\u00e1s, denuncian la captura<br \/>\nilegal de tres miembros de la comunidad, quienes, seg\u00fan informan los soldados, se encontraban<br \/>\npreparando cilindros bomba. La comunidad rechaza estas acusaciones y afirma que a esos<br \/>\nmuchachos los obligaron, a partir de amenazas contra su vida, a aceptar su participaci\u00f3n en el<br \/>\nsupuesto ataque. Hasta la fecha estos miembros de la comunidad siguen capturados y a\u00fan no se<br \/>\nha adelantado una investigaci\u00f3n formal que comprueben la manipulaci\u00f3n de los artefactos<br \/>\nexplosivos.Como consecuencia de las capturas y la contaminaci\u00f3n de las fuentes de agua, la comunidad ha<br \/>\nbuscado dialogar con miembros del Ej\u00e9rcito, pero, como respuesta, han sido atacados con armas<br \/>\nde fuego, por lo que hay una mujer herida y se les han tomado fotograf\u00edas y solicitado c\u00e9dulas a<br \/>\nquienes interactuaron con ellos se\u00f1al\u00e1ndoles, posteriormente, de ser guerrilleros.<br \/>\nSe confirm\u00f3 la denuncia p\u00fablica hecha por tres l\u00edderes sociales, quienes siendo las 7:00 p.m. del<br \/>\nd\u00eda s\u00e1bado 20 de abril del 2019 fueron atacados con disparos de fusil mientras pasaban cerca de<br \/>\nun puesto militar cuando se dirig\u00edan hacia el casco urbano del municipio de San Calixto. Los<br \/>\nl\u00edderes sociales se identificaron como civiles, pero la respuesta desde el puesto militar fue<br \/>\ndisparar nuevamente. Este hecho los oblig\u00f3 a regresar y quedarse en una finca del sector. Al d\u00eda<br \/>\nsiguiente 21 de abril del 2019 un cabo del puesto militar les informa que esa zona estaba bajo<br \/>\nrestricci\u00f3n de paso desde las 6 de la tarde. Esta denuncia formal ya est\u00e1 en manos de la<br \/>\nDefensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda Provincial de Oca\u00f1a y en la Polic\u00eda Nacional.<br \/>\nMunicipio de El Carmen:<br \/>\nLa comunidad afirma que el Ej\u00e9rcito Nacional los trata como guerrilleros, les impide la libre<br \/>\ncirculaci\u00f3n entre sus fincas, pide papeles constantemente y les han tomado fotograf\u00edas a las<br \/>\nc\u00e9dulas de los campesinos. Adem\u00e1s, reciben amenazas constantes. En este sentido, afirman que<br \/>\nno tienen garant\u00edas para el ejercicio del liderazgo comunal.<br \/>\nDurante la semana santa del a\u00f1o 2019 miembros del Ej\u00e9rcito Nacional llegaron a una vereda y<br \/>\n\u201cse asentaron en una casa que funciona como gallera, rompieron las tablas, se apropiaron del<br \/>\nservicio de luz el\u00e9ctrica y de un televisor.\u201d En varias veredas se denuncia la revisi\u00f3n de mercados<br \/>\nde las familias, los impedimentos para la libre movilidad de los ni\u00f1os y ni\u00f1as en las carreteras y<br \/>\nla dificultad que esto genera para la comercializaci\u00f3n de productos.<br \/>\nMunicipio de El Tarra:<br \/>\nEn la reuni\u00f3n que se desarroll\u00f3 con instituciones p\u00fablicas, l\u00edderes y lideresas comunales y<br \/>\npresidentes de Juntas de Acci\u00f3n Comunal, se manifest\u00f3 que \u201cel municipio es un volc\u00e1n en alerta<br \/>\nroja y est\u00e1 a punto de erupci\u00f3n\u201d. Denuncian p\u00fablicamente que la comunidad sufre a diario<br \/>\nse\u00f1alamientos por parte de la fuerza p\u00fablica, al ser tildados de colaboradores de las insurgencias<br \/>\nen el territorio. Resaltan la intervenci\u00f3n del Personero Municipal y del mismo Alcalde como<br \/>\nactores intermediarios para charlas con los altos mandos del Ej\u00e9rcito. Sin embargo, quieren<br \/>\nalertar sobre nuevas capturas de l\u00edderes y lideresas sociales con algunos indicios que ya conoce la<br \/>\nPersoner\u00eda Municipal.<br \/>\nLa poblaci\u00f3n civil se ha visto afectada por las permanentes confrontaciones entre las insurgencias<br \/>\ny el Ej\u00e9rcito Nacional. Denuncian que el 1 de mayo result\u00f3 herido un joven y que en algunos<br \/>\ncorregimientos, el Ej\u00e9rcito Nacional ha ubicado sus campamentos dentro o muy cerca de loscaser\u00edos. Esta situaci\u00f3n provoca que se obstaculice el libre tr\u00e1nsito por el municipio, que la<br \/>\npoblaci\u00f3n civil quede en riesgo y que los m\u00e1s j\u00f3venes sean la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable.<br \/>\nDenuncian que el 14 de mayo de este a\u00f1o, patrullas del Ej\u00e9rcito retuvieron a un muchacho del<br \/>\nsector a quien le preguntaron insistentemente por el presidente de la JAC. Adem\u00e1s, denuncian<br \/>\nque los drones est\u00e1n todas las noches sobre la cabecera de los corregimientos y que las estrategias<br \/>\nllegan a ser tan abusivas que \u201clos soldados seducen a j\u00f3venes del sector para que colaboren con<br \/>\nel ej\u00e9rcito ofreci\u00e9ndoles mercados que vienen entregando a algunas familias\u201d. Con estos hechos<br \/>\nest\u00e1n involucrando a poblaci\u00f3n civil en el conflicto armado. Denuncian que en la \u00faltima reuni\u00f3n<br \/>\nque se tuvo directamente con el General Garz\u00f3n, \u00e9l mencion\u00f3 textualmente lo siguiente: \u00abLa<br \/>\norden es erradicar y acabar con la guerrilla como sea\u201d.<br \/>\nLa comunidad manifiesta que en meses anteriores tuvieron que desplazarse hacia la cabecera<br \/>\nmunicipal porque el Ej\u00e9rcito Nacional los oblig\u00f3 a dejar sus cultivos, sus animales y fincas.<br \/>\nCuando retornaron, sus animales hab\u00edan desaparecido en un 50% &#8211; sus cultivos hab\u00edan sido<br \/>\ndestruidos y algunas fincas y casas estaban deterioradas. En este plan retorno s\u00f3lo recibieron<br \/>\nacompa\u00f1amiento por parte de la Personer\u00eda y una sola ayuda humanitaria por parte de la<br \/>\nGobernaci\u00f3n del departamento.<br \/>\nDerechos econ\u00f3micos, sociales y culturales<br \/>\nDerecho a la salud<br \/>\nLas comunidades de los municipios de La Playa de Bel\u00e9n, El Carmen, Convenci\u00f3n, Hacar\u00ed, San<br \/>\nCalixto, Teorama y El Tarra denunciaron que en varios de sus corregimientos y veredas no<br \/>\ncuentan con puestos de salud, ambulancias ni personal m\u00e9dico necesario para atender el n\u00famero<br \/>\nde habitantes de estos territorios. Adem\u00e1s, denuncian que los centros de atenci\u00f3n m\u00e9dica<br \/>\nexistentes no cuentan con los utensilios b\u00e1sicos para la atenci\u00f3n en casos de urgencias, las<br \/>\nambulancias asignadas tienen recorridos demasiado extensos que impiden una atenci\u00f3n inmediata<br \/>\ny el personal de enfermer\u00eda no es asignado permanentemente. Denuncian que, por una directriz<br \/>\ndel Hospital de Oca\u00f1a Emiro Ca\u00f1izares, la \u00fanica manera para acceder al transporte de ambulancia<br \/>\nen el sector rural, el usuario debe costear los gastos de gasolina desde el casco urbano del<br \/>\nmunicipio hasta la vereda correspondiente a un valor aproximado de 100.000 \u2013 cien mil pesos &#8211;<br \/>\nque var\u00eda de acuerdo con la distancia del trayecto.<br \/>\nDenuncian el mal servicio que ofrece Comfaoriente, Medimas, Nueva EPS y Salud Vida al<br \/>\ncampesinado. En materia de salud solicitan que la Procuradur\u00eda investigue el uso de los recursos<br \/>\nasignados a los municipios y a las EPS, porque se conoce la existencia de varios convenios sin<br \/>\ntener resultados concretos.<br \/>\nComo consecuencia del contexto actual, las comunidades solicitan la creaci\u00f3n de un Plan de<br \/>\ncontingencia ante posibles desplazamientos masivos en los cascos urbanos o la creaci\u00f3n derefugios humanitarios en algunos corregimientos. La experiencia ya vivida demuestra que no se<br \/>\ncuenta con la infraestructura adecuada para atender este tipo de emergencias. Las condiciones de<br \/>\nlas casas campesinas, escuelas, casas de la mujer o polideportivos son insuficientes para atender a<br \/>\nlas familias que llegan desplazadas de las veredas como consecuencia de los enfrentamientos<br \/>\narmados.<br \/>\nDerecho a la educaci\u00f3n<br \/>\nLas comunidades denuncian el abandono estatal en materia educativa. La Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n<br \/>\npudo constatar el estado en el que se encuentran la mayor\u00eda de los Centros Educativos en los<br \/>\nmunicipios, corregimientos y veredas visitadas. La infraestructura de las escuelas est\u00e1 bastante<br \/>\ndeteriorada, no cuentan con los espacios, ni herramientas necesarias para su buen<br \/>\nfuncionamiento. El mal estado de bater\u00edas sanitarias, puertas y cocinas es evidente. Las<br \/>\nbibliotecas cuentan con muy pocos recursos de consulta y est\u00e1n desactualizados. El abandono se<br \/>\nhace m\u00e1s evidente a nivel veredal en donde los estudiantes tienen que caminar por m\u00e1s de dos<br \/>\nhoras para llegar a una escuela improvisada que no cuenta con mobiliario, ni tablero. No cuentan<br \/>\ncon espacios l\u00fadico-recreativos, algunos salones est\u00e1n sin techo y con piso en tierra y en la<br \/>\nmayor\u00eda no se cuenta con aula m\u00faltiple para realizar eventos culturales.<br \/>\nLos directivos y docentes de varios establecimientos educativos denuncian que los alimentos que<br \/>\nofrece el Programa de Alimentaci\u00f3n Escolar \u2013 PAE \u2013 no est\u00e1n llegando hasta los colegios y<br \/>\nescuelas de las veredas, debido a la falta de coordinaci\u00f3n de la administraci\u00f3n municipal, lo cual<br \/>\nha provocado que la misma comunidad tenga que cubrir el costo del transporte semanal de los<br \/>\nalimentos del programa.<br \/>\nLos docentes reclaman estabilidad laboral y transparencia en los concursos docentes para que<br \/>\nestas condiciones mejoren el nivel educativo de los estudiantes y garanticen su permanencia en la<br \/>\nescuela. Adem\u00e1s, reclaman la asignaci\u00f3n de docentes que cubran las sedes sat\u00e9lites que<br \/>\nactualmente tienen ni\u00f1os matriculados y consideran necesaria la contrataci\u00f3n de docentes<br \/>\npsic\u00f3logos y trabajadores sociales que puedan atender los casos de afectaci\u00f3n emocional con los<br \/>\nque est\u00e1n llegando los estudiantes en un contexto de conflicto armado.<br \/>\nEl acceso a la educaci\u00f3n secundaria y superior es m\u00ednimo. Los docentes han solicitado en<br \/>\nreiteradas ocasiones la apertura de otras sedes en las que se garantice el bachillerato para los<br \/>\nj\u00f3venes que no tienen c\u00f3mo continuar sus estudios y quedan en mayor riesgo frente a los grupos<br \/>\narmados. En varios corregimientos s\u00f3lo se cuenta con Hogares Juveniles de Paz que tienen una<br \/>\ncapacidad limitada, no cuentan con personal administrativo y tampoco pueden garantizar<br \/>\nprogramas y\/o alternativas eficaces para que los estudiantes puedan ingresar a la educaci\u00f3n<br \/>\nsuperior.Cientos de estudiantes de las diferentes veredas y corregimientos se ven afectados por la<br \/>\nintervenci\u00f3n militar de la fuerza p\u00fablica en sus territorios. La comunidad denuncia que los<br \/>\nestablecimientos educativos son usados como trincheras de guerra por el Ej\u00e9rcito Nacional y las<br \/>\nfamilias est\u00e1n desistiendo de enviar a sus hijos e hijas a clase. Denuncian que las tropas han<br \/>\nubicado retenes militares cerca de las escuelas y ante el reclamo de los padres de familia les han<br \/>\ndado respuestas como la siguiente: \u00abac\u00e1 no nos van a atacar porque ah\u00ed estudian los hijos de los<br \/>\nguerrilleros, ah\u00ed estudian sus propios hijos\u00bb.<br \/>\nImplementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz<br \/>\nDebido a la importancia de esta tem\u00e1tica, la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n decidi\u00f3, junto con los<br \/>\nacompa\u00f1antes, que la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz ser\u00eda uno de los ejes a valorar con las<br \/>\ncomunidades. Particularmente, la situaci\u00f3n de reincorporaci\u00f3n de los excombatientes de las<br \/>\nFARC y la implementaci\u00f3n de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial &#8211; PDET-. En<br \/>\nel recorrido, los l\u00edderes y lideresas sociales expresaron su descontento por la falta de informaci\u00f3n<br \/>\ny transparencia por parte del Gobierno Nacional frente a la implementaci\u00f3n de los -PDET-. Estos<br \/>\nl\u00edderes participaron activamente hasta la fase subregional en donde se firm\u00f3 el Plan de Acci\u00f3n<br \/>\npara la Transformaci\u00f3n Territorial -PATR- en la ciudad de C\u00facuta, les reconocieron varias<br \/>\niniciativas y recursos asignados. Sin embargo, denuncian que desde la entrada del Gobierno<br \/>\nactual, no se ha convocado a las comunidades a participar de su implementaci\u00f3n y que se necesita<br \/>\nuna respuesta concreta por parte de las entidades nacionales respecto a las restricciones que se<br \/>\ntienen en esta zona como parte de la Reserva Ambiental para definir, de acuerdo a ello, los<br \/>\nalcances de las propuestas territoriales que tienen las mismas comunidades.<br \/>\nRespecto a la implementaci\u00f3n del Programa Nacional Integral de Sustituci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos<br \/>\n&#8211; PNIS manifiestan que el Ej\u00e9rcito Nacional ha venido amenazando a sus habitantes trabajadores<br \/>\ncon erradicar forzosamente los cultivos. Ellos y ellas mencionan que siguen creyendo en una<br \/>\nposible implementaci\u00f3n del PNIS en sus terrenos, pues tienen la voluntad de adelantar una<br \/>\npol\u00edtica concertada de sustituci\u00f3n.<br \/>\nRespecto al proceso de reincorporaci\u00f3n de los excombatientes, se manifest\u00f3 la profundizaci\u00f3n del<br \/>\nmiedo generalizado, especialmente tras el asesinato de Dimar Torres y el riesgo de repetici\u00f3n de<br \/>\ncasos similares en algunos municipios. Se denunci\u00f3 que dentro de una vivienda en construcci\u00f3n,<br \/>\ncayeron dos granadas, muy cerca de la casa de una joven pareja de excombatientes de las FARC-<br \/>\nEP y su beb\u00e9 de 4 meses. Su casa fue alcanzada por las balas, debiendo ser desalojada en medio<br \/>\nde la confrontaci\u00f3n.<br \/>\nAfectaciones ambientales<br \/>\nDe acuerdo con las denuncias hechas por la comunidad de los municipios de Hacar\u00ed, Teorama,<br \/>\nSan Calixto y El Tarra, el Ej\u00e9rcito Nacional a trav\u00e9s de la Fuerza de Despliegue R\u00e1pido FUDRANo.3, ha desarrollado una estrategia de ocupaci\u00f3n y posicionamiento en los filos de las monta\u00f1as<br \/>\ny nacimientos de agua, talando una gran cantidad de \u00e1rboles y haciendo uso de zonas de reserva<br \/>\nambiental y fincas de propiedad privada. Adem\u00e1s, contamina el agua que surte a las veredas y<br \/>\ncorregimientos ocasionando problemas de salud y de falta de abastecimiento de agua potable a la<br \/>\npoblaci\u00f3n civil. Las comunidades manifiestan que han intentado hacer control frente a la<br \/>\nrecuperaci\u00f3n de los espacios de nacimiento del recurso h\u00eddrico y han sido v\u00edctimas de amenazas,<br \/>\nretenciones arbitrarias, y objeto de fotograf\u00edas y v\u00eddeos durante sus desplazamientos.<br \/>\nEn El Tarra se denuncia que por \u00f3rdenes expresas del Ej\u00e9rcito, los habitantes no pueden acercarse<br \/>\nal lugar del nacimiento de agua para verificar su estado. Ya se present\u00f3 la denuncia en la<br \/>\nPersoner\u00eda de El Tarra, pero la situaci\u00f3n no ha cambiado. En el municipio de Teorama, el Ej\u00e9rcito<br \/>\nNacional que hace presencia cerca al oleoducto acus\u00f3 a las familias de complicidad con la<br \/>\ninsurgencia, amenaz\u00e1ndolas con recibir disparos. Esto ha hecho que la gente no salga de sus<br \/>\nfincas y denuncian que una parte del tubo no ha sido reparado y provoca contaminaci\u00f3n<br \/>\nambiental muy cerca de una escuela. En el corregimiento de La Cecilia de este mismo municipio,<br \/>\nse denuncia p\u00fablicamente la contaminaci\u00f3n de un nacimiento de agua por parte del Ej\u00e9rcito<br \/>\nNacional que ha establecido campamento en una finca de propiedad colectiva, comprada en el<br \/>\na\u00f1o 2011, con el fin de establecer all\u00ed una reserva de agua para la comunidad.<br \/>\nCon el objetivo de verificar estas denuncias, la Misi\u00f3n Humanitaria junto con l\u00edderes y lideresas<br \/>\nsociales del municipio de Hacar\u00ed intentaron acercarse al nacimiento de agua de la vereda Mesa<br \/>\nRica, pero el Ej\u00e9rcito Nacional &#8211; Fuerza de Despliegue R\u00e1pido FUDRA #3; en comando del se\u00f1or<br \/>\nRolan Andr\u00e9s Moreno Parra lo impidi\u00f3. Procedi\u00f3 a interrogar a los delegados de la Misi\u00f3n de<br \/>\nVerificaci\u00f3n, argumentando que no hab\u00edan sido informados, pese a que todas las autoridades<br \/>\nciviles y militares ya hab\u00edan sido notificadas con antelaci\u00f3n a esta jornada. Sin embargo y frente a<br \/>\nello, negaron la entrada de los delegados de la comisi\u00f3n para hacer verificaci\u00f3n del estado actual<br \/>\nde los nacimientos de agua.<br \/>\nCONCLUSIONES<br \/>\nDe acuerdo con las denuncias hechas por las comunidades y el recorrido realizado por los<br \/>\nmunicipios de Hacar\u00ed, El Carmen, Convenci\u00f3n, Teorama, San Calixto y El Tarra en el marco de<br \/>\nla Segunda Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n Humanitaria de la regi\u00f3n del Catatumbo, la Comisi\u00f3n por la<br \/>\nVida, la Reconciliaci\u00f3n y la Paz confirma los factores de riesgo en los que se encuentra la<br \/>\npoblaci\u00f3n civil como consecuencia de la alta militarizaci\u00f3n del territorio y el abandono estatal en<br \/>\nmateria de garant\u00edas de los Derechos Humanos.<br \/>\nEn relaci\u00f3n con los hallazgos de la Primera Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n Humanitaria, se puede<br \/>\nafirmar que el conflicto entre las insurgencias del ELN y el EPL ha bajado en intensidad, aunque<br \/>\ncontin\u00faa provocando riesgos en algunos municipios del Catatumbo. Por otro lado, la alerta que sehizo hace un a\u00f1o frente al riesgo que provocar\u00eda el aumento de tropas militares no fue escuchada<br \/>\npor parte del Gobierno Nacional y, en consecuencia, la mayor\u00eda de las denuncias recibidas se<br \/>\nconcentraron en las vulneraciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al<br \/>\nDerecho Internacional Humanitario que genera la alta militarizaci\u00f3n de la regi\u00f3n y la estrategia<br \/>\nque el Ej\u00e9rcito Nacional est\u00e1 desarrollando.<br \/>\nLas denuncias hechas por la comunidad presentan rasgos comunes y ciertos patrones que se<br \/>\npueden identificar durante el recorrido por cada uno de los municipios. Estos hechos fueron<br \/>\nevidenciados previamente en el comunicado No. 12 de la Comisi\u00f3n por la Vida, la<br \/>\nReconciliaci\u00f3n y la Paz del Catatumbo debido a su gravedad y relaci\u00f3n con las denuncias hechas<br \/>\npor el New York Times. En ese sentido, encontramos reiteradas denuncias que permiten concluir<br \/>\nque a nivel regional las comunidades campesinas son concebidas por la institucionalidad militar<br \/>\ncomo adversarios u opositores del Estado y, en consecuencia, est\u00e1n recibiendo un tratamiento que<br \/>\nvulnera sus derechos en el marco del DIDH y el DIH.<br \/>\nSon reiteradas las denuncias por los siguientes hechos:<br \/>\n-Se\u00f1alamientos y estigmatizaciones contra comunidades y l\u00edderes comunales y sociales que son<br \/>\npermanentemente se\u00f1alados como guerrilleros y\/o auxiliadores de las insurgencias.<br \/>\n-Disparos indiscriminados contra campesinos y l\u00edderes sociales. En los municipios se<br \/>\ndenunciaron casos en los que el Ej\u00e9rcito dispara contra la poblaci\u00f3n civil mientras se encuentran<br \/>\ntrabajando, cuando se acercan a reclamar cuidado por las fuentes de agua y algunos casos contra<br \/>\nl\u00edderes sociales.<br \/>\n-Operaciones militares indiscriminadas. Tropas del Ej\u00e9rcito Nacional realizan disparos en<br \/>\ncampo abierto y\/o contra lugares habitados por poblaci\u00f3n civil, lo que ha generado zozobra y<br \/>\nafectaciones en viviendas ocupadas por familias campesinas y muertes a semovientes, violando el<br \/>\nprincipio de distinci\u00f3n del DIH. Las comunidades se refieren a estos hechos como combates<br \/>\nsimulados o falsos.<br \/>\n-Torturas f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas. Tropas del Ej\u00e9rcito Nacional han cometido tratos crueles,<br \/>\ninhumanos y degradantes a campesinos a los cuales se\u00f1alan como integrantes y\/o auxiliadores de<br \/>\ngrupos insurgentes. Se han presentado casos de allanamientos ilegales en los cuales maltratan<br \/>\nf\u00edsica y psicol\u00f3gicamente a civiles a quienes les roban sus pertenencias y les destruyen sus<br \/>\nlugares de residencia.<br \/>\nSeg\u00fan el art\u00edculo 178 del C\u00f3digo Penal se entiende como tortura el acto de infringir a una persona<br \/>\ndolor o sufrimiento f\u00edsico o ps\u00edquico, en el prop\u00f3sito de: a) obtener de ella o de un tercero, una<br \/>\nconfesi\u00f3n, b) castigarla por un acto que haya cometido o se crea que ha cometido, o, c) deintimidarla.<br \/>\nAl<br \/>\nrespecto<br \/>\nla<br \/>\nCorte Constitucional ha se\u00f1alado que se entender\u00e1 como tal \u201c&#8230;la aplicaci\u00f3n sobre una persona<br \/>\nde m\u00e9todos tendientes a anular la personalidad de la v\u00edctima o a disminuir su capacidad f\u00edsica o<br \/>\nmental, aunque no causen dolor f\u00edsico o angustia ps\u00edquica. Es decir que de acuerdo con la<br \/>\nConvenci\u00f3n Interamericana configura el delito de tortura cualquier acto que en los t\u00e9rminos y<br \/>\npara los fines all\u00ed se\u00f1alados atente contra la autonom\u00eda personal, incluso si el mismo no causa<br \/>\nsufrimiento o dolor\u201d (Sentencia C-148 de 2005)<br \/>\nPor su parte, la jurisprudencia internacional, ha se\u00f1alado \u201cla tortura no solamente puede ser<br \/>\nperpetrada mediante el ejercicio de la violencia f\u00edsica, sino tambi\u00e9n a trav\u00e9s de actos que<br \/>\nproduzcan en la v\u00edctima un sufrimiento f\u00edsico, ps\u00edquico o moral agudo\u201d. (Corte IDH. Caso<br \/>\nCantoral Benavides Vs. Per\u00fa. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, p\u00e1rr.<br \/>\n100).<br \/>\nA partir de estas definiciones b\u00e1sicas, contrastadas con la informaci\u00f3n transmitida por la<br \/>\ncomunidad, se advierte la concurrencia de actos posiblemente constitutivos del crimen enunciado.<br \/>\nEn particular, destacamos entre ellos, los hechos que hablan de la aprehensi\u00f3n de pobladores a<br \/>\nquienes se les desnuda, amarra y asfixia con agua o mantas sobre su rostro; al parecer con fines de<br \/>\nintimidaci\u00f3n o castigo. Estas conductas son m\u00e1s gravosas cuando afectan de manera directa a<br \/>\nni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. De igual forma, el permanente maltrato denunciado por los<br \/>\npobladores, cometido en un contexto en el que se evidencian exacerbadas las relaciones de poder<br \/>\nEstado-ciudadano\/a, creando un ambiente de zozobra, angustia y silenciamiento de las y los<br \/>\nhabitantes, puede ser entendido como una forma de tortura psicol\u00f3gica.<br \/>\n-Falsos positivos judiciales contra civiles reconocidos por sus comunidades y juntas de acci\u00f3n<br \/>\ncomunal como campesinos sin nexos con actores ni actos il\u00edcitos.<br \/>\nEn un recuento sobre el origen del Grupo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, se<br \/>\nse\u00f1ala que \u201cmiles de personas est\u00e1n sometidas a la detenci\u00f3n arbitraria cada a\u00f1o:<br \/>\n&#8211; ya sea s\u00f3lo porque han ejercido uno de sus derechos fundamentales garantizados con arreglo<br \/>\na tratados internacionales, tales como su derecho a la libertad de opini\u00f3n y expresi\u00f3n, su<br \/>\nderecho a la libertad de asociaci\u00f3n, o su derecho a salir del propio pa\u00eds y regresar a \u00e9l,<br \/>\nproclamados en la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos;<br \/>\n&#8211; o bien porque, no pudiendo beneficiarse de las garant\u00edas fundamentales del derecho a un<br \/>\njuicio imparcial, han sido detenidas sin que se dicte una orden de arresto, sin ser acusadas ni<br \/>\njuzgadas por una autoridad judicial independiente, o sin tener acceso a un abogado; a veces se<br \/>\nmantiene a los detenidos en r\u00e9gimen de incomunicaci\u00f3n durante varios meses o a\u00f1os, o incluso<br \/>\nindefinidamente\u201d [1]En primer lugar, no puede desconocerse que al margen del conflicto armado que afecta la regi\u00f3n,<br \/>\nla poblaci\u00f3n del Catatumbo ha tenido una importante tradici\u00f3n organizativa por la reclamaci\u00f3n de<br \/>\nderechos y la defensa de proyectos de vida colectivos. Esta realidad ha sido una de las razones que<br \/>\nmotivan la estigmatizaci\u00f3n y persecuci\u00f3n contra las comunidades campesinas de la zona, as\u00ed como<br \/>\nel uso desmedido del poder judicial.<br \/>\nLas denuncias evidencian que la estigmatizaci\u00f3n en contra de las comunidades se ha extendido al<br \/>\ncampo judicial. En tal sentido, el procesamiento de campesinas y campesinos de la regi\u00f3n parece<br \/>\nun hecho y riesgo inminente, que se agudiza si se tienen en cuenta situaciones como las narradas<br \/>\npor las comunidades, tales como el patrullaje del Ej\u00e9rcito con personas encapuchadas, la toma de<br \/>\nfotograf\u00edas de forma indiscriminada a las y los pobladores, etc.<br \/>\nEl relato de los habitantes habla de un contexto de aplicaci\u00f3n de normativas de excepci\u00f3n, que por<br \/>\nlo general, como se ha relatado, desembocan o se expresan en actos de detenci\u00f3n arbitraria. Los<br \/>\nretenes improvisados, los allanamientos ilegales, los ofrecimientos de dinero para acusar a<br \/>\nmiembros de la comunidad, entre otros hechos, muestran un panorama preocupante que<br \/>\nincrementan el riesgo de privaci\u00f3n irregular de la libertad.<br \/>\n-Retenciones ilegales a poblaci\u00f3n civil. Integrantes de la fuerza p\u00fablica restringen el derecho a<br \/>\nla libre movilidad de los pobladores de la regi\u00f3n, por espacio de hasta 4 horas y ordenan a la<br \/>\npoblaci\u00f3n se\u00f1alar datos de presidentes de las Juntas de Acci\u00f3n Comunal -JAC- l\u00edderes sociales y<br \/>\ndocentes.<br \/>\n-Empadronamientos. Se exige a las comunidades presentar sus documentos de identificaci\u00f3n los<br \/>\ncuales son fotografiados al igual que los rostros de las personas. Algunos documentos de l\u00edderes<br \/>\nson retenidos y no han sido devueltos a pesar de reiteradas solicitudes.<br \/>\nSe recuerda que la Corte Constitucional en sentencia C-1024 de 2002 afirma que:<br \/>\n\u201c&#8230;la realizaci\u00f3n de censos poblacionales como los previstos en la norma objeto de<br \/>\ncontrol, en virtud de los cuales quedan registrados en poder del Estado informaciones<br \/>\nde car\u00e1cter personal no s\u00f3lo sobre la identidad, sino sobre el lugar de residencia de<br \/>\ncada uno, su lugar de trabajo y sus actividades individuales, excede las facultades que<br \/>\nal Gobierno confiere la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica al ser declarado uno de los estados de<br \/>\nexcepci\u00f3n, como lo es en este caso el de conmoci\u00f3n interior. Dichos censos no se<br \/>\nencuentran autorizados en efecto, ni por la Constituci\u00f3n en sus art\u00edculos 213 y 214, ni<br \/>\ntampoco por la Ley Estatutaria de los Estados de Excepci\u00f3n. Esa precisamente es la<br \/>\nraz\u00f3n por la cual esta Corte en sentencia C-295 de 1996 declar\u00f3 la inconstitucionalidad<br \/>\ndel art\u00edculo 3 del Decreto Legislativo No. 717 de 18 abril de 1996, respecto de la<br \/>\nobligatoriedad de inscripci\u00f3n en la Alcald\u00eda por parte de los habitantes de zonas<br \/>\nespecialmente afectadas por alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico, por cuanto con esa medida seafecta la libertad individual en forma no autorizada por la Carta. Del mismo modo en<br \/>\nla sentencia C-251 de 2002, en la cual se declar\u00f3 la inexequibilidad de la Ley 684 de<br \/>\n2001, esta Corte declar\u00f3 contrario a la Constituci\u00f3n el registro de la poblaci\u00f3n que en<br \/>\nella se autorizaba adelantar en los llamados \u201cTeatros de operaciones militares\u201d, pues<br \/>\nesa clase de empadronamientos no se encuentra autorizada ni estados de normalidad ni<br \/>\nen estados de excepci\u00f3n\u201d.<br \/>\nAdem\u00e1s, se evidencia, a partir de las denuncias recibidas, que existe un abierto incumplimiento<br \/>\npor parte de los uniformados, de los principios rectores del tratamiento de datos contenidos en la<br \/>\nLey Estatutaria 1581 de 2012 (art. 1 y 8), en tanto: a) No se observa una finalidad leg\u00edtima y<br \/>\nconstitucional en la cooptaci\u00f3n de estos; b) Se desconoce el destino de esta informaci\u00f3n; c) No se<br \/>\ncuenta con evidencia de la autorizaci\u00f3n de las y los campesinos cuyos datos est\u00e1n siendo<br \/>\nalmacenados; d) No es posible predicar el principio de seguridad sobre el uso y destino de la<br \/>\ninformaci\u00f3n.<br \/>\n-Utilizaci\u00f3n de civiles encubiertos en operaciones militares, en el marco de desarrollo de<br \/>\nretenes y patrullajes con personas que ocultan el rostro con pasamonta\u00f1as utilizando algunas<br \/>\nprendas de uso exclusivo militar, generando permanente zozobra en las comunidades.<br \/>\n-Aparici\u00f3n de panfletos y letreros alusivos a grupos paramilitares (AUC &#8211; AGC) en cascos<br \/>\nurbanos y veredas con alta militarizaci\u00f3n. Los hechos se han presentado durante y en momentos<br \/>\ninmediatamente posteriores a la presencia de tropas del Ej\u00e9rcito Nacional.<br \/>\nComo consecuencia de estos hechos, la posibilidad de decidir el lugar de residencia est\u00e1 siendo<br \/>\nvulnerado en raz\u00f3n a la ocupaci\u00f3n militar de los predios de familias campesinas, de los<br \/>\nimpedimentos para transitar incluso hacia sus cultivos y el temor que viene generando los<br \/>\nse\u00f1alamientos y amenazas proferidas por miembros de la fuerza militar del Estado. Se torna<br \/>\npreocupante la falta de atenci\u00f3n a esta problem\u00e1tica por parte de las autoridades civiles de los<br \/>\ndistintos municipios y el departamento, conforme lo obliga la Ley 387 de 1997, la Ley 1448 de<br \/>\n2011 y los lineamientos propuestos por la Corte Constitucional, entre otras, en las Sentencias T-<br \/>\n025 de 2004 y T-239\/13.<br \/>\nEn materia de v\u00edas, salud, educaci\u00f3n y condiciones socioecon\u00f3micas, se verifica que a pesar de la<br \/>\nvisibilizaci\u00f3n de denuncias y exigencias de las comunidades en el marco de la Primera Misi\u00f3n de<br \/>\nverificaci\u00f3n, no se han presentado cambios significativos en los municipios. En todos los puntos<br \/>\nvisitados, se denuncia falta de personal m\u00e9dico, de equipamiento t\u00e9cnico y precariedad de la<br \/>\ninfraestructura de centros de salud. Adem\u00e1s, no cuentan ambulancias adecuadas lo que dificulta<br \/>\nla atenci\u00f3n en poblados rurales y pone en riesgo la seguridad de los pacientes, agravada con los<br \/>\ntraslados en las p\u00e9simas condiciones de infraestructura vial.La misi\u00f3n reafirma los hallazgos de hace un a\u00f1o y denuncia que los centros educativos de la<br \/>\nregi\u00f3n no cuentan con personal docente y administrativo suficiente para cubrir las necesidades de<br \/>\nla poblaci\u00f3n estudiantil; as\u00ed como la falta de materiales pedag\u00f3gicos e implementos tecnol\u00f3gicos<br \/>\nque garanticen una educaci\u00f3n de calidad. Se subraya la falta de personal capacitado para el<br \/>\nacompa\u00f1amiento psicosocial de los menores, especialmente en zonas en donde se presentan<br \/>\nenfrentamientos armados.<br \/>\nEl impacto psicosocial y los efectos que en este campo se est\u00e1n generando en las comunidades,<br \/>\nhablan de una vulneraci\u00f3n del derecho a vivir sin humillaciones. Los pobladores son insistentes<br \/>\nen manifestar que se sienten sometidos a relaciones de dominaci\u00f3n y degradaci\u00f3n y que sus<br \/>\nproyectos de vida se est\u00e1n viendo afectados, por lo que incluso dudan si deben insistir en su<br \/>\npermanencia en el territorio.<br \/>\nLas comunidades manifiestan que la falta de reconocimiento a su labor campesina como<br \/>\nproductores de alimentos y las malas condiciones de las v\u00edas para la comercializaci\u00f3n de sus<br \/>\nproductos, impiden que tengan ingresos suficientes para sobrevivir. Por esta raz\u00f3n, reclaman<br \/>\napoyo estatal a las formas de econom\u00eda campesina y solidaria que lideran las organizaciones<br \/>\nsociales y Juntas de Acci\u00f3n Comunal. Es evidente la necesidad de inversi\u00f3n social en esta regi\u00f3n<br \/>\ny denuncian que no han sido convocados para la implementaci\u00f3n del Programa de Desarrollo con<br \/>\nEnfoque Territorial (PDET).<br \/>\nLa Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n pudo constatar, una vez m\u00e1s, que las pocas condiciones de vida digna<br \/>\nque mantienen a los habitantes de esta regi\u00f3n en el territorio son producto del trabajo articulado y<br \/>\nde las capacidades organizativas que han desarrollado las comunidades a trav\u00e9s de las Juntas de<br \/>\nAcci\u00f3n Comunal, las Asociaciones de Juntas y las organizaciones sociales. En este sentido, la<br \/>\nComisi\u00f3n por la Vida, la Reconciliaci\u00f3n y la Paz del Catatumbo anima a las comunidades a<br \/>\ncontinuar con los esfuerzos organizativos, a ampliar los mecanismos de denuncia en materia de<br \/>\nDDHH y a promover un trabajo unitario para garantizar la permanencia en el territorio.<br \/>\nEXIGENCIAS<br \/>\nAnte la grave situaci\u00f3n en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,<br \/>\nse requiere la adopci\u00f3n de medidas urgentes a favor de las comunidades del Catatumbo. En este<br \/>\nsentido en ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n consagrado en la Constituci\u00f3n Nacional<br \/>\nen su art\u00edculo 23, las organizaciones sociales que integramos la Comisi\u00f3n por la Vida, la<br \/>\nReconciliaci\u00f3n y la Paz del Catatumbo, exigimos:<br \/>\nA todos los actores armados que hacen presencia en la regi\u00f3n del Catatumbo Ej\u00e9rcito de<br \/>\nLiberaci\u00f3n Nacional- ELN, Ej\u00e9rcito Popular de Liberaci\u00f3n EPL, Fuerzas Armadas<br \/>\nRevolucionarias de Colombia FARC:-El cese inmediato de toda confrontaci\u00f3n armada.<br \/>\n-Respeto al Derecho Internacional Humanitario, especialmente, a los principios de distinci\u00f3n y de<br \/>\nproporcionalidad que se encuentran vulnerados en la ocupaci\u00f3n de predios de las comunidades.<br \/>\n-Asumir compromisos de descontaminaci\u00f3n de los territorios donde hay minas antipersonales y<br \/>\nmunici\u00f3n sin explotar artefactos que ponen en riesgo a la poblaci\u00f3n civil.<br \/>\n-Adoptar mecanismos de evaluaci\u00f3n e investigaci\u00f3n interna sobre la actuaci\u00f3n de sus fuerzas, que<br \/>\npermitan la prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n adecuada de abusos contra las comunidades de la regi\u00f3n.<br \/>\nAl Ej\u00e9rcito Nacional de Colombia:<br \/>\n&#8211; Respetar el Derecho Internacional Humanitario: especialmente, a los principios de distinci\u00f3n y de<br \/>\nproporcionalidad que se encuentran vulnerados en el involucramiento de civiles en asuntos de<br \/>\n\u00edndole militar, en la ocupaci\u00f3n de bienes civiles de las comunidades y predios de los cuales<br \/>\nderivan su subsistencia y en las afectaciones de las que han sido v\u00edctimas familias que han<br \/>\nquedado en medio de confrontaciones militares caus\u00e1ndoles afectaciones materiales y<br \/>\npsicol\u00f3gicas.<br \/>\n&#8211; Evitar su presencia en cascos urbanos y escuelas: esta situaci\u00f3n aumenta el riesgo de la poblaci\u00f3n<br \/>\ncivil y especialmente de ni\u00f1os y ni\u00f1as.<br \/>\n&#8211; Cesar los disparos indiscriminados en ocasiones dirigidos hacia los sitios de residencia de la<br \/>\npoblaci\u00f3n civil y sin combate aparente.<br \/>\n&#8211; Tratar dignamente a la poblaci\u00f3n civil. Se percibe un aumento de la estigmatizaci\u00f3n y presi\u00f3n<br \/>\nque genera un ambiente de permanente angustia y zozobra.<br \/>\n&#8211; Garantizar la seguridad de los l\u00edderes y lideresas sociales y de las comunidades en general.<br \/>\n&#8211; Detener los empadronamientos y la cooptaci\u00f3n irregular de datos de las comunidades.<br \/>\n&#8211; Investigar las denuncias y detener los hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y<br \/>\ndegradantes.<br \/>\n&#8211; Frenar las detenciones arbitrarias y abuso de judicializaci\u00f3n (o amenaza de esta) como<br \/>\nmecanismo de intimidaci\u00f3n y represi\u00f3n contra las comunidades.<br \/>\n&#8211;<br \/>\nInvestigar y tomar medidas concretas frente a todas las denuncias presentadas en este informe de<br \/>\nVerificaci\u00f3n.Al se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, Iv\u00e1n Duque M\u00e1rquez:<br \/>\n-Garantizar la vida y los derechos humanos de la poblaci\u00f3n civil de la regi\u00f3n del Catatumbo.<br \/>\n&#8211; En calidad de comandante en jefe de la Fuerza P\u00fablica, velar por el respeto del Derecho<br \/>\nInternacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.<br \/>\n-Como jefe de Estado, garantizar que los planes, programas y proyectos de inversi\u00f3n en la regi\u00f3n<br \/>\ndel Catatumbo respondan a las necesidades territoriales de sus comunidades y garanticen la<br \/>\ntransformaci\u00f3n de sus condiciones de vida.<br \/>\n&#8211; Garantizar que la inversi\u00f3n social se ejecute a trav\u00e9s de las entidades correspondientes y no, a<br \/>\ntrav\u00e9s de jornadas c\u00edvico-militares que en este contexto, ponen en riesgo a la poblaci\u00f3n civil.<br \/>\nA la Unidad de V\u00edctimas y la Secretar\u00eda de V\u00edctimas, Paz y Posconflicto:<br \/>\n-Reconocer e incluir a las v\u00edctimas en el Registro \u00danico de V\u00edctimas de conformidad con la ley de<br \/>\nv\u00edctimas 1448.<br \/>\n-Activar seg\u00fan los lineamientos de la ley 1448 los planes de reparaciones individuales y colectivas<br \/>\ncorrespondientes a las afectaciones vividas durante el control paramilitar y aquellas que son<br \/>\nproducto de la actual confrontaci\u00f3n armada que se presenta en la regi\u00f3n. Fue reiterativa la queja<br \/>\nfrente a la falta de respuestas concretas a las v\u00edctimas de esta regi\u00f3n.<br \/>\nA los organismos de defensa de Derechos Humanos nacionales e internacionales, en cabeza<br \/>\nde la Defensor\u00eda del Pueblo y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, as\u00ed como a los<br \/>\nentes de Control en Cabeza de la Procuradur\u00eda y Contralor\u00eda Nacional y Congresistas:<br \/>\n-Velar por la superaci\u00f3n dialogada del actual conflicto que afecta la regi\u00f3n del Catatumbo.<br \/>\n-Velar por la minimizaci\u00f3n de los impactos del conflicto armado actual en la poblaci\u00f3n y generar<br \/>\ngarant\u00edas de protecci\u00f3n a los l\u00edderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos de la<br \/>\nregi\u00f3n.<br \/>\n&#8211; Acompa\u00f1ar de manera efectiva a las comunidades del Catatumbo y ejercer un rol de mediaci\u00f3n<br \/>\ncon los distintos actores que hacen presencia en el territorio.<br \/>\n&#8211; Al Ministerio del Interior garantizar que todas las denuncias tengan seguimiento y respuesta<br \/>\nefectiva.<br \/>\n&#8211; A la Oficina de Naciones de Unidas para los Derechos Humanos hacer seguimiento y<br \/>\nverificaci\u00f3n al cumplimiento de las exigencias aqu\u00ed manifiestas.-A la Defensor\u00eda del Pueblo emitir quejas formales a las entidades correspondientes de las<br \/>\ndenuncias recogidas durante esta Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n. Y cumplir con el compromiso adquirido<br \/>\nfrente a las comunidades respecto a los talleres sobre v\u00edctimas e implementaci\u00f3n de los PDET.<br \/>\n-A la Comisi\u00f3n de Paz del Congreso de la Rep\u00fablica hacer acompa\u00f1amiento a las comunidades de<br \/>\nla regi\u00f3n del Catatumbo y ejercer control pol\u00edtico a los funcionarios responsables de cumplir las<br \/>\nexigencias expuestas.<br \/>\n-A la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, iniciar las investigaciones y procesos formales que<br \/>\ncorrespondan de acuerdo a las denuncias ac\u00e1 presentadas y presentar p\u00fablicamente los avances de<br \/>\ndichos procesos.<br \/>\n&#8211; A la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n de Naciones Unidas ampliar el ejercicio de seguimiento y<br \/>\nverificaci\u00f3n alrededor de todos los puntos de implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz.<br \/>\nAl Estado colombiano y a las autoridades departamentales y municipales:<br \/>\n&#8211; Garantizar el derecho a la libre circulaci\u00f3n para que las personas puedan transitar sin obst\u00e1culos o<br \/>\ntemor por un territorio (Corte Constitucional, Sentencia T-202\/13).<br \/>\n&#8211; A la Consejer\u00eda Presidencial para la Estabilizaci\u00f3n y la Consolidaci\u00f3n, al Gobernador y alcaldes,<br \/>\nincluir en los planes nacionales, departamentales y municipales de inversi\u00f3n, as\u00ed como en la<br \/>\nimplementaci\u00f3n de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, la participaci\u00f3n<br \/>\nde las comunidades y responder a las denuncias manifiestas en este informe de verificaci\u00f3n.<br \/>\n&#8211; Al Ministerio de Ambiente y a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de la Frontera Nororiental &#8211;<br \/>\nCorponor, investigue y tome medidas frente a las denuncias sobre deforestaci\u00f3n y contaminaci\u00f3n<br \/>\nde nacimientos de agua en los municipios mencionados.<br \/>\nComisi\u00f3n por la Vida, la Reconciliaci\u00f3n y la Paz del Catatumbo<br \/>\nJunio de 2019<br \/>\nAcompa\u00f1antes<br \/>\nMinisterio del Interior<br \/>\nProcuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n<br \/>\nDefensor\u00eda del Pueblo &#8211; Regional Oca\u00f1a<br \/>\nONU &#8211; DDHH<br \/>\nMAPP\/OEA<br \/>\nEquipo Jur\u00eddico Pueblos<br \/>\nAsociaci\u00f3n MINGA &#8211; Corporaci\u00f3n Construyendo Poder, Democracia y Paz &#8211; PODERPAZ<br \/>\nInternational Action for Peace \u2013 IAP y Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia &#8211;<\/p>\n<!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>14-18 DE MAYO DE 2019 Siguiendo el mandato emanado de la Asamblea comunitaria realizada el d\u00eda 22 de abril de 2018 en el municipio de <a href=\"https:\/\/www.redcolombia.org\/?p=7405\" class=\"read-more-link\">[more&#8230;]<\/a><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on wp_trim_excerpt --><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7406,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[160],"class_list":["post-7405","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-derechos-humanos"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.redcolombia.org\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/catatu.jpeg?fit=576%2C358&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7405","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7405"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7405\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7407,"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7405\/revisions\/7407"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7406"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7405"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7405"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7405"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}