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<\/p>\n14 ene. Colombia Informa.- A pesar del rechazo de organismos internacionales y de la indignaci\u00f3n de una gran parte de la sociedad civil, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada en M\u00e9xico tanto por diputados como por senadores y a\u00fan se espera el consenso por parte de la Suprema Corte de Justicia para que entre en vigor.<\/p>\n
El pasado 21 de diciembre se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n la Ley de Seguridad Interior que el Presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto promovi\u00f3. Esta ley otorga las mismas facultades de las polic\u00edas estatales, municipales y federales a las Fuerzas Armadas; es decir, al ej\u00e9rcito y la marina.<\/p>\n
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Desde 2006, cuando el entonces Presidente Felipe Calder\u00f3n declar\u00f3 la guerra al narcotr\u00e1fico, el ej\u00e9rcito y la marina desplegaron m\u00e1s de 750.000 soldados en varios Estados para cumplir las funciones de sus polic\u00edas.<\/p>\n
Esta ley legitima acciones militares y otorga el poder al Presidente para que pueda decidir, sin consultar al Congreso o a la ciudadan\u00eda, en qu\u00e9 momento el ej\u00e9rcito debe intervenir cuando se evidencia un caso que atente contra la seguridad interior.<\/p>\n
Aquello que se considere un atentado a la seguridad interior quedar\u00e1 a criterio de Pe\u00f1a Nieto y, posteriormente, de quien gane las Elecciones Presidenciales de este a\u00f1o.<\/p>\n
Con un concepto tan ambiguo como \u201cseguridad interior\u201d, esta ley pone en riesgo la libertad de expresi\u00f3n, pues establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en protestas sociales si se considera que no son pac\u00edficas. Asimismo, es un retroceso en materia de transparencia ya que decreta que toda informaci\u00f3n sobre medidas de seguridad interior ser\u00e1 confidencial.<\/p>\n
Estas amenazas no son nuevas para M\u00e9xico. Desde que las Fuerzas Armadas han tomado el papel de la polic\u00eda en el pa\u00eds, la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos -CNDH- ha recibido m\u00e1s de 11.000 quejas contra la Secretar\u00eda de Defensa Nacional y la Secretar\u00eda de Marina por violaci\u00f3n a los Derechos Humanos.<\/p>\n
La gran mayor\u00eda de estos cr\u00edmenes siguen impunes, de acuerdo con un estudio realizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos -WOLA, por sus siglas en ingl\u00e9s- que se\u00f1ala que solamente el 3.2% de estos casos se resuelven y son castigados.<\/p>\n
En un pa\u00eds con m\u00e1s de 150.000 muertes y m\u00e1s de 30.000 desaparecidos en la \u00faltima d\u00e9cada, gran parte de la sociedad civil manifest\u00f3 su inconformidad con esta ley a trav\u00e9s de organizaciones y medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas -ONU-, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, y la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos -OEA- se pronunciaron en contra de esta ley e instaron al Gobierno mexicano para que detuviera su aprobaci\u00f3n.<\/p>\n
La ley sorprende a organismos internacionales por su naturaleza retr\u00f3grada en materia de Derechos Humanos. Su promulgaci\u00f3n recuerda al Estatuto de Seguridad que se instaur\u00f3 en Colombia en 1978 por el entonces Presidente Julio C\u00e9sar Turbay, el cual conced\u00eda facultades de polic\u00eda judicial a las Fuerzas Militares. Esta medida gener\u00f3 una crisis de Derechos Humanos en el pa\u00eds y una polarizaci\u00f3n social que cuatro a\u00f1os despu\u00e9s llev\u00f3 a la derogaci\u00f3n del Estatuto, gracias a la presi\u00f3n de Amnist\u00eda Internacional.<\/p>\n
A\u00f1os m\u00e1s tarde, cuando en 1999 Andr\u00e9s Pastrana instaur\u00f3 el Plan Colombia para combatir el narcotr\u00e1fico con las Fuerzas Militares, los resultados fueron una detonaci\u00f3n de violencia en el pa\u00eds y el incremento en un 15% en los cultivos il\u00edcitos de coca y un aumento de 4% en la producci\u00f3n de coca\u00edna.<\/p>\n
La intervenci\u00f3n de las fuerzas armadas en estos y otros pa\u00edses de Am\u00e9rica han tra\u00eddo consecuencias negativas y poco han logrado en materia de seguridad. Sin embargo, en M\u00e9xico a\u00fan hay esperanza pues ONGs, partidos pol\u00edticos e incluso un municipio del pa\u00eds han interpuesto acciones de inconstitucionalidad. Por otro lado, la Ley de Seguridad a\u00fan est\u00e1 siendo analizada en la Suprema Corte de Justicia, instituci\u00f3n que tendr\u00e1 la \u00faltima palabra para decidir si entra en vigor o se deroga por ir en contra de la Constituci\u00f3n Mexicana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"