18 novimenbre, 2017 La Siniestra: Manuel Garz\u00f3n<\/p>\n
Hace un a\u00f1o celebr\u00e1bamos, esperanzados, la suscripci\u00f3n del Acuerdo Final en el teatro Col\u00f3n. Desde que fue conocido, defendimos sin ambig\u00fcedad alguna y con total decisi\u00f3n y firmeza el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y Garant\u00edas de No Repetici\u00f3n pactado; tanto de los ataques malintencionados y mezquinos provenientes de la extrema derecha, como de las cr\u00edticas, algunas certeras, otras exageradas y muchas tambi\u00e9n injustas, de sectores democr\u00e1ticos, progresistas y de defensa de derechos humanos. Hoy, tal defensa es insostenible: la JEP fue hecha trizas<\/p>\n
La JEP, como componente fundamental del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y Garant\u00edas de No Repetici\u00f3n, estaba concebida primordialmente como un escenario de rendici\u00f3n de cuentas en un contexto de finalizaci\u00f3n del conflicto armado y construcci\u00f3n de una paz estable y duradera. Buscaba indagar y hacer un escrutinio profundo y sincero de las responsabilidades de todos los actores del conflicto armado, civiles y militares, con el fin de develar y esclarecer la verdad de lo ocurrido y reparar integralmente a las v\u00edctimas, para transitar genuinamente hacia la reconciliaci\u00f3n nacional y la reconstrucci\u00f3n del tejido social. No era un tribunal pensado ni dise\u00f1ado para sancionar, perseguir y castigar; sino, m\u00e1s bien, para propiciar un di\u00e1logo nacional que nos permitiera cerrar adecuadamente el ciclo tr\u00e1gico de violencia en que se vio envuelto el pa\u00eds y sanar las heridas dejadas por la guerra. Era un escenario pensado para el perd\u00f3n y la reconciliaci\u00f3n.<\/p>\n
Con el anuncio de las decisiones contenidas en su sentencia, la Corte Constitucional dilapida en su integridad los loables objetivos buscados por la JEP y desnaturaliza, de manera irreversible, sus fines supremos.<\/p>\n
No podemos matizar la gravedad de la decisi\u00f3n, destacando como positivo la declaraci\u00f3n de exequibilidad del Acto Legislativo: ello deber\u00eda ser un presupuesto sobre el que no hubiese duda; lo regulado por la Corte Constitucional es algo no solo distinto, sino contrario a lo que se pact\u00f3. Por mezquindad, por defender intereses inconfesables en ins\u00f3lita coordinaci\u00f3n con las dem\u00e1s ramas del poder p\u00fablico, o por una inaudita e inexcusable incomprensi\u00f3n, la Corte Constitucional da al traste con el esp\u00edritu de la JEP y, con ello, de todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y Garant\u00edas de No Repetici\u00f3n; y con el Acuerdo Final mismo.<\/p>\n
En igual sentido, tampoco es un avance la afirmaci\u00f3n difundida en los grandes medios de comunicaci\u00f3n, inexacta por dem\u00e1s, de que \u201cse resolvieron las dudas respecto de la participaci\u00f3n pol\u00edtica de los excombatientes de las FARC\u201d. En estricto sentido, tales \u201cdudas\u201d jam\u00e1s existieron: como es una obviedad de perogrullo, el proceso busc\u00f3 y logr\u00f3 que las FARC EP dejaran la lucha armada para participar en pol\u00edtica de manera legal, como sucede con todos los grupos rebeldes del mundo que suscriben acuerdos de paz; y como fue el compromiso del Estado colombiano en La Habana.<\/p>\n
El numeral 23 del comunicado de la Corte, sin embargo, matiza tal participaci\u00f3n pol\u00edtica al establecer que: \u201ccorresponder\u00e1 a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz determinar la compatibilidad con la participaci\u00f3n en pol\u00edtica de las sanciones que ella imponga a los excombatientes\u201d. Y concluye: \u201cuna adecuada reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas depender\u00e1 de una implementaci\u00f3n efectiva de las restricciones de libertades y derechos fundamentales, de un sistema riguroso de verificaci\u00f3n por parte de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz y de si su compatibilidad con actividades pol\u00edticas, no frustra el objeto y fin de la sanci\u00f3n\u201d. En los debates en el congreso que terminaron con la expedici\u00f3n del Acto Legislativo revisado, por proposici\u00f3n de Cambio Radical, se incluy\u00f3 en su momento un par\u00e1grafo en sentido muy similar: supeditar la participaci\u00f3n pol\u00edtica a las decisiones de los magistrados de la JEP. En la conciliaci\u00f3n de textos entre las c\u00e1maras esto fue eliminado, pero la Corte, de nuevo y ahora en forma definitiva, lo revivi\u00f3. Nada que celebrar.<\/p>\n
As\u00ed mismo, la Corte arrasa la pretendida, necesaria y pactada independencia con que deb\u00eda contar la jurisdicci\u00f3n al interior de la estructura administrativa y judicial del Estado. La necesidad de crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y Garant\u00edas de No Repetici\u00f3n, parti\u00f3 de los supuestos ciertos y evidentes de que el aparato de justicia ordinaria existente ha sido incapaz -ya sea por ineptitud, incompetencia o complicidad- de investigar y juzgar adecuadamente los asuntos de su competencia, sobre todo los relativos a las graves violaciones a derechos humanos donde la impunidad es casi del 100%, por una parte; y, de manera inversamente proporcional, como rama del poder p\u00fablico del Estado colombiano, fue implacable en su persecuci\u00f3n a la insurgencia. Las FARC EP, ciertamente, tambi\u00e9n se levantaron en armas en contra de ese aparato judicial parcializado. Esas dos circunstancias llevaron a la necesidad de pactar un Sistema Integral que fuera aut\u00f3nomo e independiente. La Corte desmantel\u00f3 ese prop\u00f3sito.<\/p>\n
El Secretario Ejecutivo, el Presidente y los Magistrados de la JEP, contrario a lo acordado, quedaron sometidos al r\u00e9gimen ordinario de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal, de cualquier funcionario p\u00fablico y no a los organismos internos y aut\u00f3nomos cuya creaci\u00f3n ordenaba el Acto Legislativo. M\u00e1s grave a\u00fan es la exclusi\u00f3n definitiva que se hace de la participaci\u00f3n de juristas expertos externos en la deliberaci\u00f3n de las salas. Recordemos que tal aspecto molest\u00f3 siempre a los detractores del Acuerdo: el firmado en Cartagena dispon\u00eda la participaci\u00f3n de juristas extranjeros, en determinadas circunstancias en las que no ahondaremos, en igualdad de condiciones con sus pares nacionales; despu\u00e9s del plebiscito, el Acuerdo del Teatro Col\u00f3n estableci\u00f3 que tales juristas podr\u00edan participar con voz, pero sin voto en las decisiones: la sentencia de la Corte los excluye definitivamente de cualquier participaci\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, tales modificaciones al Acuerdo son casi insignificantes si se comparan con el tratamiento que se le dar\u00e1 a las acciones de tutela en contra de decisiones de la JEP. Lo pactado sobre este particular buscaba mantener un margen de autonom\u00eda de las decisiones de la Jurisdicci\u00f3n, al establecer un tr\u00e1mite especial sobre el conocimiento, selecci\u00f3n y revisi\u00f3n de tutelas, en donde la JEP tuviera un papel determinante. Tal mecanismo fue eliminado y las tutelas que se interpongan en contra de decisiones de la JEP surtir\u00e1n el tr\u00e1mite ordinario de cualquier otra acci\u00f3n. En conclusi\u00f3n, la Corte Constitucional (si selecciona el expediente) o incluso el tribunal o juzgado de la jurisdicci\u00f3n ordinaria que decidan de fondo, ser\u00e1n de facto los organismos de cierre de las decisiones de la JEP. Grav\u00edsimo y en manera flagrante contrario a lo pactado.<\/p>\n
Finalmente, el ins\u00f3lito \u201cacceso voluntario\u201d para civiles, particulares y agentes estatales, termina por apuntalar, con una osad\u00eda infame, la obscena traici\u00f3n al Acuerdo de Paz.<\/p>\n
Sentenci\u00f3 la Corte que \u201ccomo garant\u00edas institucionales deben respetarse todos los fueros constitucionales\u201d, exceptuando el fuero penal militar previsto para generales y almirantes. Es decir, ministros, gobernadores, congresistas, fiscales y otros funcionarios, continuar\u00e1n gozando de su fuero. Adem\u00e1s, en lo referido al tratamiento diferenciado para los agentes del Estado, \u201cdebe entenderse que dichos agentes que no hacen parte de la fuerza p\u00fablica, se encuentran sometidos al mismo r\u00e9gimen de los terceros civiles, por lo cual, el acceso de los mismos a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz tambi\u00e9n es voluntario\u201d.<\/p>\n
La consolidaci\u00f3n desleal y prevaricadora de ese r\u00e9gimen de los mal llamados \u201cterceros\u201d[1] civiles, ordenado por la Corte, termina por sepultar el concepto de JEP acordado en La Habana, concebido para todos los actores del conflicto, al establecer que \u201clos civiles y los agentes del Estado no miembros de la fuerza p\u00fablica, solo acceder\u00e1n a esa instancia voluntariamente, en funci\u00f3n de las ventajas que puedan obtener como contrapartida a su decisi\u00f3n de aportar verdad, reparaci\u00f3n y garant\u00edas de no repetici\u00f3n\u201d. Fundamenta tal proceder con la temeraria insinuaci\u00f3n de que la JEP \u201cen relaci\u00f3n con tales terceros, puede no satisfacer las garant\u00edas de independencia interna y externa y de imparcialidad\u201d. Desastroso.<\/p>\n
La JEP, como componente del SIVJRGNR, ten\u00eda aspiraciones que iban mucho m\u00e1s all\u00e1 de la habilitaci\u00f3n al tr\u00e1nsito de la guerrilla a la vida civil. Su principal objetivo era contribuir a disminuir la avasallante impunidad en que se encuentran las graves violaciones a derechos humanos y cr\u00edmenes de lesa humanidad; y contribuir a la reconciliaci\u00f3n nacional. Eso ya no ser\u00e1 posible.<\/p>\n
La Corte Constitucional, adem\u00e1s, ignor\u00f3, deliberadamente y en su totalidad, las recomendaciones que hizo Fatuo Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional. El tratamiento de la responsabilidad de mando de la Fuerza P\u00fablica, contrario a la jurisprudencia, instrumentos internacionales y consideraciones espec\u00edficas de la se\u00f1ora Fiscal, qued\u00f3 id\u00e9ntico a como estaba regulado en el Acto Legislativo. As\u00ed, en la pr\u00e1ctica, la JEP ve limitada su competencia a investigar y juzgar a los miembros de las FARC-EP. A eso qued\u00f3 reducida tras la sentencia de la Corte Constitucional.<\/p>\n
Hace un a\u00f1o celebr\u00e1bamos, esperanzados, la suscripci\u00f3n del Acuerdo Final en el teatro Col\u00f3n. Desde que fue conocido, defendimos sin ambig\u00fcedad alguna y con total decisi\u00f3n y firmeza el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y Garant\u00edas de No Repetici\u00f3n pactado; tanto de los ataques malintencionados y mezquinos provenientes de la extrema derecha, como de las cr\u00edticas, algunas certeras, otras exageradas y muchas tambi\u00e9n injustas, de sectores democr\u00e1ticos, progresistas y de defensa de derechos humanos. Hoy, tal defensa es insostenible: la JEP fue hecha trizas.<\/p>\n
Coda: Lo del Senado en la noche del 15 no es solo ya el abierto, aleve y p\u00e9rfido incumplimiento del Acuerdo al que nos acostumbraron los congresistas, sino una burla desvergonzada que evidencia la intenci\u00f3n ya no solo de vulnerar lo acordado, sino hacerlo, a prop\u00f3sito y con sa\u00f1a, de la forma m\u00e1s insultante, provocadora y artera posible. En ese contexto, es preferible que la ley estatutaria de la JEP se hunda y quedemos en la incertidumbre, a tener la certeza de que lograron su cometido de reducirla a su m\u00ednima expresi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"