3 Nov 2017. Contagio Radio<\/p>\n
A la suspensi\u00f3n de la consulta popular en Granada, se suma la cancelaci\u00f3n de los mecanismos de participaci\u00f3n popular en El Castillo y La Macarena, en el departamento del Meta. \u00bfLa raz\u00f3n? la falta de recursos que argumenta el gobierno nacional para costear las urnas y las papeletas requeridas para la votaci\u00f3n.<\/p>\n
De acuerdo con Delio Franco, presidente de la Asociaci\u00f3n de Juntas de La Macarena, la comunidad ha decidido consultar con diferentes instancias los costos que implicar\u00edan la realizaci\u00f3n de una consulta popular, para una poblaci\u00f3n de un poco m\u00e1s de 8 mil personas. El precio, seg\u00fan Franco, no superar\u00eda los 50 millones de pesos.
\n\u00bfQu\u00e9 pasa con el presupuesto para eventos electorales?<\/p>\n
Precisamente un an\u00e1lisis que hace el constitucionalista Luis Arturo Ram\u00edrez Roa, se\u00f1ala que seg\u00fan el presupuesto para el 2017, la Registradur\u00eda Nacional cuenta con un total de $44’769.000.000 para financiaci\u00f3n de Asuntos electorales y procesos democr\u00e1ticos. Adem\u00e1s, de acuerdo con la Ley de participaci\u00f3n ciudadana, la 1757 de 2015, hay $10.189.000.000 en el Fondo para la Participaci\u00f3n Ciudadana, y $1.252.000.000 en el \u00edtem de Participaci\u00f3n Ciudadana.<\/p>\n
Es decir que hay m\u00e1s de $56.000.000.000 destinados para asuntos como las consultas populares, de manera tal, que si la consulta popular en La Macarena tiene un costo cercano a los 50 millones de pesos, habr\u00eda dinero de sobra para esta, y otras consultas en los diferentes municipios del pa\u00eds.<\/p>\n
\u00abEstamos indignados por lo que el gobierno le dijo al registrador que no ten\u00eda recursos para desarrollar consultas populares en el pa\u00eds\u00bb, expresa el l\u00edder de la comunidad de La Macarena, quien se\u00f1ala que lo que est\u00e1n haciendo las comunidades no es otra cosa que defender sus territorios, bajo el amparo de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n
Y as\u00ed parece ser. De acuerdo con el an\u00e1lisis del constitucionalista Ram\u00edrez Roa, en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, reza en el art\u00edculo 334, que \u201cbajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podr\u00e1 invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protecci\u00f3n efectiva\u201d. Para Ram\u00edrez, esto no significa otra cosa que no se puede negar el derecho a la participaci\u00f3n, al tratarse de un derecho fundamental.<\/p>\n
As\u00ed las cuentas, por dar un ejemplo, teniendo en cuenta que la Asociaci\u00f3n Colombiana de Petr\u00f3leos, tiene un registro de 23 consultas populares en curso con el objetivo de impedir la extracci\u00f3n y explotaci\u00f3n de de hidrocarburos, si cada consulta costara lo mismo que la del municipio de La Macarena, el gobierno no gastar\u00eda m\u00e1s $1’150.000.000.
\nLa respuesta de las comunidades<\/p>\n
Teniendo en cuenta que lo que se procura es proteger de actividades petroleras, toda la regi\u00f3n del Ariari, los municipios han decidido unirse para empezar a analizar soluciones jurisprudenciales, como la tutela, y acciones de movilizaci\u00f3n social para exigir el cumplimiento de la Constituci\u00f3n y por tanto, su derecho a la consulta popular. Asimismo, las comunidades han decidido empezar a realizar bazares y colectas ciudadanas para recaudar dinero para poder realizar las consultas.<\/p>\n
En La Macarena, toda la comunidad est\u00e1 en busca de salidas para la situaci\u00f3n en la que los ha puesto el gobierno nacional. Comerciantes, ganaderos, profesores, estudiantes, agricultores, etc, buscan la manera de blindar su territorio de las petroleras, teniendo en cuenta en el, hacen parte esencial de las actividades agr\u00edcolas y ecotur\u00edsticas del Meta.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"