El mecanismo judicial de restituci\u00f3n de tierras es sin duda valioso, pero ser\u00e1 inane en su prop\u00f3sito de proteger los derechos patrimoniales de cientos de miles de familias que huyendo de la violencia fueron despojadas o forzadas a abandonar no menos de 4 millones de hect\u00e1reas, seg\u00fan los registros oficiales, si quienes promovieron el desplazamiento o se beneficiaron de \u00e9l, no son perseguidos judicialmente y sancionados proporcionalmente a la gravedad de los cr\u00edmenes cometidos.<\/p>\n
<\/p>\n
por: Claudia Liliana Erazo
Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica Yira Castro<\/p>\n
No en vano se afirma que la impunidad es en s\u00ed misma una violaci\u00f3n a los derechos humanos pues es la negaci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas a la verdad y la justicia, tiene efectos devastadores para el acceso a la reparaci\u00f3n integral y es la ant\u00edtesis de las garant\u00edas de no repetici\u00f3n. Adem\u00e1s pone en evidencia la incapacidad o la falta de voluntad del Estado para brindar un recurso judicial eficaz y por lo tanto se constituye en la vulneraci\u00f3n del derecho al acceso a la justicia de las v\u00edctimas de graves violaciones de derechos humanos.<\/p>\n
Con una tasa de impunidad que roza el 100%, el desplazamiento forzado en Colombia no s\u00f3lo ha causado una grave crisis humanitaria padecida por m\u00e1s de siete millones de v\u00edctimas (el 15% de la poblaci\u00f3n nacional), sino que se ha convertido en la m\u00e1s grande deuda de justicia tanto para las v\u00edctimas como para la sociedad en general que ha visto en los y las desplazadas forzadas los efectos de un conflicto armado desarrollado mayoritariamente en zonas rurales pero que ha impactado los centros urbanos que se convirtieron en los principales receptores de sus v\u00edctimas.<\/p>\n
Todos los actores armados han sido responsables de hechos de desplazamiento y, frente a ellos, la respuesta de la administraci\u00f3n de justicia ha sido la misma: ninguna. Con el resurgimiento del fen\u00f3meno paramilitar a finales de los 80, los niveles de degradaci\u00f3n del conflicto armado tocaron su pico m\u00e1s alto. Se contaron por centenas las masacres, y por miles las desapariciones y ejecuciones de campesinos inermes bajo la mirada c\u00f3mplice de agentes estatales. Los atroces actos de violencia paramilitar generaron innumerables hechos de desplazamiento forzado. Ante esta din\u00e1mica perversa que se prolong\u00f3 por m\u00e1s de una d\u00e9cada, numerosas voces empezaron a se\u00f1alar que detr\u00e1s del desplazamiento forzado exist\u00eda el inter\u00e9s de despojar de sus tierras a las victimas, a fin de ejercer control territorial, apropiarse ilegalmente de ellas o para garantizar determinados proyectos econ\u00f3micos. Sin embargo y pese a la evidencia, la administraci\u00f3n de justicia fue ciega y sorda frente a un fen\u00f3meno que empezaba a inundar las calles y las goteras marginales de grandes y peque\u00f1as ciudades.<\/p>\n
Es hasta el a\u00f1o de 1997 que con la expedici\u00f3n de la Ley 387 el Estado colombiano reconoce la existencia del desplazamiento forzado, que se ven\u00eda registrando por organizaciones de la sociedad civil desde finales de la d\u00e9cada del 80, y toma medidas para la atenci\u00f3n humanitaria de las v\u00edctimas que para entonces ya ascend\u00edan a m\u00e1s de un mill\u00f3n y medio de personas. No obstante, solo hasta el a\u00f1o 2000 se incorpora en el c\u00f3digo penal el delito de desplazamiento forzado y en el 2001 se toman las primeras medidas para la protecci\u00f3n de predios abandonados o despojados, los cu\u00e1les son implementadas de manera regular hasta el a\u00f1o 2007, es decir, a 10 a\u00f1os de la Ley y casi 20 a\u00f1os despu\u00e9s del recrudecimiento de este fen\u00f3meno por cuenta de la violencia paramilitar.<\/p>\n
Con el proceso de desmovilizaci\u00f3n paramilitar iniciado en 2005 miles de familias campesinas, v\u00edctimas de desplazamiento y despojo en zonas de influencia de estos grupos, confiaron en que se develar\u00edan los responsables de su tragedia; sin embargo, las imputaciones formuladas a los pocos postulados que han pasado por la jurisdicci\u00f3n de justicia y paz han desconocido en su mayor\u00eda hechos de desplazamiento forzado y a\u00fan m\u00e1s el despojo de tierras. Tanto fiscales como jueces se han negado de manera sistem\u00e1tica a abordar este delito como un crimen de la mayor gravedad y la mayor\u00eda de las denuncias se encuentran en etapa preliminar. Esto resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que los comandantes paramilitares que se acogieron a la Ley 975 (Ley de \u201cjusticia y paz\u201d) reconocieron su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos como las masacres, que originaron masivos episodios de desplazamiento forzado en sus zonas de control. El jefe paramilitar Jorge 40, comandante del Bloque Norte de las AUC, ha reconocido que el objetivo del desplazamiento forzado era desalojar a los leg\u00edtimos poseedores de tierras que consideraban atractivas a fin de apropiarse de ellas, para lo que se valieron de funcionarios p\u00fablicos que facilitaron procesos de despojo disfrazados de actos legales de transmisi\u00f3n de dominio de numerosos predios en departamentos como el Magdalena.<\/p>\n
Se\u00f1ala Jorge 40 en sus declaraciones que cont\u00f3 con la ayuda de hombres bajo su mando quienes le sirvieron de comisionistas encargados de \u201ccomprar\u201d tierras a los campesinos, y quienes prestaban su nombre para hacer negocios fraudulentos sobre estos predios. Muchas de estas personas eran cercanas al gremio ganadero de la regi\u00f3n y algunas han sido vinculadas a procesos judiciales por su pertenencia a grupos paramilitares y su participaci\u00f3n en hechos entre los que se cuenta el desplazamiento forzado. Sin embargo, la gran mayor\u00eda no tienen condenas penales en su contra, son pr\u00f3fugas de la justicia o han salido en libertad por cumplir la pena alternativa de justicia y paz (8 a\u00f1os) sin que los jueces hayan proferido condena alguna en su contra, pese a los delitos imputados e incluso confesados. En los pocos casos en que hombres cercanos a Jorge 40 han sido condenados por desplazamiento forzado, las penas impuestas han sido m\u00ednimas y, adicionalmente, han recibido beneficios judiciales como la casa por c\u00e1rcel.<\/p>\n
Este es el caso del reconocido Augusto \u201cEl Tuto\u201d Castro, confeso paramilitar al mando de Jorge 40 quien se acogi\u00f3 a la ley de justicia y paz en el a\u00f1o 2005, pero que al no ser vinculado a ning\u00fan proceso judicial continu\u00f3 delinquiendo en la regi\u00f3n, llegando a conformar en el 2012 un \u201cEj\u00e9rcito Antirestituci\u00f3n\u201d en el departamento del Magdalena, como respuesta a la expedici\u00f3n de la ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras promulgada en el a\u00f1o 2011, la cual incorpor\u00f3 por primera vez un mecanismo judicial para la restituci\u00f3n de predios despojados o abandonados de manera forzada por las v\u00edctimas del conflicto, y cuyo programa piloto se concentr\u00f3 en el mencionado departamento ante la amplia documentaci\u00f3n del despojo y abandono forzado all\u00ed padecido durante la d\u00e9cada de control paramilitar.<\/p>\n
Luego de las insistentes denuncias presentadas, en octubre de 2012 se dio su captura y su vinculaci\u00f3n a un proceso por concierto para delinquir y desplazamiento forzado por los que recibi\u00f3 una condena de 8 a\u00f1os, la cual purga desde el a\u00f1o pasado en su finca de Ariguan\u00ed alegando problemas de salud para no cumplirla en establecimiento carcelario. Pero a\u00fan m\u00e1s perturbador resulta el hecho de que el se\u00f1or Castro y su familia, tambi\u00e9n cuestionada por v\u00ednculos con los paramilitares, a\u00fan fungen como opositores en procesos de restituci\u00f3n de tierras en el departamento del Magdalena.<\/p>\n
Recientemente los se\u00f1ores Jos\u00e9 Norberto \u201cEl Mono\u201d Bedoya y Pedro Pimienta, exfuncionarios p\u00fablicos del Magdalena se\u00f1alados de pertenecer a grupos paramilitares, se \u201copusieron\u201d de manera violenta a una diligencia judicial promovida por una familia campesina que pretend\u00eda el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que ordenada la restituci\u00f3n de sus tierras ante la mirada pasmosa de la fuerza p\u00fablica que acompa\u00f1aba la diligencia. No hay sentencias judiciales en contra de estos sujetos pese a los innumerables dichos de paramilitares y campesinos de la regi\u00f3n que los vinculan con hechos criminales, entre ellos el desplazamiento y el despojo de tierras.<\/p>\n
Opositores de este talante abundan en regiones donde, como en el Magdalena, el control paramilitar incluy\u00f3 la cooptaci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos civiles y militares, y donde se actu\u00f3 con la complicidad de poderosos gremios econ\u00f3micos locales. Ahora no nos sorprenda que lobos vestidos de ovejas pretendan presentarse como v\u00edctimas de la ley de restituci\u00f3n de tierras mientras puedan ampararse en la generosa cobija de la impunidad. Y es que adem\u00e1s cuentan con el poder para hacerse o\u00edr. Utilizan cuanta argucia jur\u00eddica para obstaculizar los procesos administrativos o judiciales de restituci\u00f3n, hacen uso de la intimidaci\u00f3n y la amenaza para oponerse a los procesos judiciales, convocan actos masivos para desinformar, se\u00f1alar e intimidar a la comunidad reclamante y tienen amigos en altos cargos, que hacen eco a sus pretensiones.<\/p>\n
Incluso cuentan con representantes en el Congreso, quienes presentan iniciativas legislativas para reformar a su acomodo el mecanismo de restituci\u00f3n de tierras. Atacan con vehemencia el requisito de la buena fe exenta de culpa que deben demostrar si pretenden aclarar su relaci\u00f3n con predios reclamados por despojo o abandono forzado. Se oponen a la inversi\u00f3n de la carga de la prueba que beneficia a quien reclama haber sido v\u00edctima de despojo o abandono forzado, para que sea al opositor a quien cobije esta presunci\u00f3n y, como si fuera poco, buscan incorporar la conciliaci\u00f3n extrajudicial a los procesos de restituci\u00f3n, f\u00f3rmula en la que est\u00e1n interesadas grandes empresas nacionales y extranjeras que no quieren ver cuestionados sus m\u00e9todos de apropiaci\u00f3n de predios en procesos de restituci\u00f3n y est\u00e1n dispuestos a pagar \u2013dinero- por ese silencio.<\/p>\n
El proceso de di\u00e1logo y negociaci\u00f3n adelantado con la guerrilla de las FARC-EP nos ofrece dos escenarios de total relevancia para este tema. El primero es la creaci\u00f3n de una justicia especial para la paz donde nos prometen una comisi\u00f3n de la verdad que se encargar\u00e1 de desenmascarar la verdad oculta en 50 a\u00f1os de conflicto armado, los m\u00e1s graves cr\u00edmenes perpetrados y sus principales responsables. Si una comisi\u00f3n de este nivel no revela qu\u00e9 y qui\u00e9nes estuvieron detr\u00e1s del crimen que m\u00e1s v\u00edctimas ha dejado en este pa\u00eds, puede anticiparse su fracaso. Por otro lado, se crear\u00e1 un Tribunal a donde comparecer\u00e1n todos aquellos m\u00e1ximos responsables de los cr\u00edmenes m\u00e1s graves. Tal vez all\u00ed podamos ver sentados a empresarios, ganaderos, latifundistas, funcionarios p\u00fablicos, entre otros tantos m\u00e1ximos responsables de la m\u00e1s agresiva contrarreforma agraria que ha vivido el pa\u00eds.<\/p>\n
El segundo es la terminaci\u00f3n del conflicto armado con esta guerrilla y la posibilidad de adelantar procesos de restituci\u00f3n en el sur del pa\u00eds y en otras zonas de marcada influencia guerrillera. Con din\u00e1micas distintas pero con resultados id\u00e9nticos, las FARC-EP han sido se\u00f1aladas como responsables de un alto porcentaje de los desplazamientos internos, pero al igual que con la macrocriminalidad del paramilitarismo, estos hechos han sido altamente invisibilizados por la administraci\u00f3n de justicia, pese a las numerosas sentencias emitidas en contra de los m\u00e1ximos comandantes de este grupo guerrillero.<\/p>\n
El mecanismo judicial de restituci\u00f3n de tierras es sin duda valioso, pero ser\u00e1 inane en su prop\u00f3sito de proteger los derechos patrimoniales de cientos de miles de familias que huyendo de la violencia fueron despojadas o forzadas a abandonar no menos de 4 millones de hect\u00e1reas, seg\u00fan los registros oficiales, si quienes promovieron el desplazamiento o se beneficiaron de \u00e9l, no son perseguidos judicialmente y sancionados proporcionalmente a la gravedad de los cr\u00edmenes cometidos.<\/p>\n
Publicado el 7 de Mayo 2016 en Palabras al Margen: http:\/\/palabrasalmargen.com\/index.php\/articulos\/nacional\/item\/las-amenazas-al-proceso-de-restitucion-de-tierras?category_id=138<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"