CUMBRE AGRARIA CAMPESINA ETNICA Y POPULAR<\/p>\n
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1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial
El pa\u00eds necesita un proceso de Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producci\u00f3n, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estrat\u00e9gicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntar\u00e1 a armonizar la conservaci\u00f3n del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias.<\/p>\n
Por lo anterior, Exigimos:<\/p>\n
Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cu\u00e1les deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una pol\u00edtica diferencial propia que incluya a las distinciones \u00e9tnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jur\u00eddica para los territorios individuales y colectivos.<\/p>\n
El ordenamiento territorial exigido tendr\u00e1 como base la definici\u00f3n y el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo:<\/p>\n
Estas tendr\u00e1n el car\u00e1cter de inalienables e imprescriptibles.<\/p>\n
Las organizaciones, comunidades, autoridades y pueblos movilizados o que por decisi\u00f3n aut\u00f3noma se incluyan en el proceso, desarrollaremos una ruta propia de definici\u00f3n de los t\u00e9rminos del ordenamiento territorial para garantizar la permanencia en el territorio y convivencia inter\u00e9tnica e intercultural. Esa ruta propia hace parte de una iniciativa de paz impulsada por las organizaciones campesinas, ind\u00edgenas, afro y urbano-populares que participen del proceso.<\/p>\n
Que el gobierno nacional nos d\u00e9 garant\u00edas para la elaboraci\u00f3n de esa ruta de ordenamiento territorial y que las figuras mencionadas sean consignadas en la normativa colombiana y sean reglamentadas conforme a las decisiones de las organizaciones, pueblos y comunidades participantes; incluyendo el reconocimiento constitucional de la territorialidad colectiva campesina y afro.<\/p>\n
Una pol\u00edtica de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que desmonte el latifundio como expresi\u00f3n hist\u00f3rica de la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella, as\u00ed como la garant\u00eda de la autonom\u00eda territorial para campesinos, ind\u00edgenas y afro. Esa pol\u00edtica de reforma agraria deber\u00e1 construirse de la mano con las organizaciones rurales y urbano-populares.<\/p>\n
Esta pol\u00edtica debe tener un enfoque territorial y no simplemente de acceso a la tierra, de ah\u00ed que no se deba limitar a la dotaci\u00f3n de tierra para las comunidades rurales, sino que redistribuya el conjunto de bienes comunes que se encuentran en los territorios rurales y en los m\u00e1rgenes entre lo rural y lo urbano, asegurando su cobertura, garant\u00eda y acceso para los pueblos ind\u00edgenas, afro, campesinos y urbano-populares.
La construcci\u00f3n de un fondo de tierras que se alimente de los predios despojados, que sean propiedad de narcotraficantes o que no cumplan con la funci\u00f3n social de la propiedad, o que atenten contra su vocaci\u00f3n natural (el caso de ci\u00e9nagas y playones) y los bald\u00edos apropiados ilegalmente por la agroindustria.<\/p>\n
Que se reconozcan los derechos hist\u00f3ricos de los pueblos ind\u00edgenas, el pueblo raizal y las comunidades afro a sus territorios, y en especial la propiedad colectiva inalienable de los resguardos ind\u00edgenas, territorios ancestrales y territorios de las comunidades afro.<\/p>\n
Que se completen los procesos de titulaci\u00f3n colectiva para pueblos ind\u00edgenas y afros que a\u00fan est\u00e1n pendientes.<\/p>\n
Que se detengan todos los planes y proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades, entre ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de empresarios nacionales o extranjeros, sobre los territorios y las tierras de campesinos, ind\u00edgenas y afro. Consideramos que esas medidas son otra forma de despojo contra los pueblos.<\/p>\n
Que se aplique el derecho de prevalencia para los territorios de las comunidades ind\u00edgenas, afro y campesinas, en caso de disputas con transnacionales, terratenientes y despojadores.<\/p>\n
Que la consulta previa, y el consentimiento previo libre e informado, se extienda a las comunidades campesinas, extendiendo la aplicaci\u00f3n del convenio 169 de la OIT.<\/p>\n
Que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho las empresas que han violado la ley 160 de 1994, al adquirir m\u00e1s de las UAF autorizadas en dicha norma.<\/p>\n
Que los bald\u00edos se destinen exclusivamente a garantizar el derecho a la tierra de los campesinos, trabajadores rurales, poblaci\u00f3n afrocolombiana e ind\u00edgena.<\/p>\n
Que se proscriban todas las formas de extranjerizaci\u00f3n de la tierra. En ning\u00fan caso personas naturales o jur\u00eddicas de origen extranjero podr\u00e1n apropiarse, usar, arrendar superficie o generar ninguna forma de tenencia sobre la tierra.<\/p>\n
El cumplimiento y fortalecimiento de la legislaci\u00f3n relativa a la extinci\u00f3n de dominio de las tierras que no cumplan con la funci\u00f3n social y ambiental de la propiedad.<\/p>\n
La restituci\u00f3n integral de las tierras despojadas a las familias, comunidades y pueblos v\u00edctimas del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta enfoques colectivos y \u00e9nfasis comunitarios en tales procesos de reparaci\u00f3n.<\/p>\n
La devoluci\u00f3n de tierras expropiadas por endeudamiento campesino.<\/p>\n
El reconocimiento del enfoque diferenciado y con perspectiva de g\u00e9nero del acceso, uso y goce del territorio y la tierra para las mujeres.
La creaci\u00f3n de una nueva institucionalidad p\u00fablica para darle cumplimiento al nuevo ordenamiento territorial, la reforma agraria y la protecci\u00f3n ambiental.<\/p>\n
El avance y profundizaci\u00f3n del modelo neoliberal ha generado graves perjuicios a la econom\u00eda nacional, en especial a las formas de producci\u00f3n, comercializaci\u00f3n y consumo propias de las comunidades campesinas, ind\u00edgenas y afrocolombianas. Lo anterior ha impactado negativamente la soberan\u00eda alimentaria de los pueblos y de la naci\u00f3n. Las normas que regulan el libre mercado han generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de las y los peque\u00f1os productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y multinacionales del agro. Como resultado se han afectado no solo los intereses econ\u00f3mico de las comunidades rurales, sino las pr\u00e1cticas culturales y de vida asociadas a estos.<\/p>\n
Por lo anterior, Exigimos:<\/strong><\/p>\n La transformaci\u00f3n del modelo productivo del pa\u00eds, apuntando a una pol\u00edtica econ\u00f3mica planificada y agroecol\u00f3gica, que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la econom\u00eda campesina, ind\u00edgena y afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de econom\u00eda campesina que desarrolle una pol\u00edtica p\u00fablica para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las pol\u00edticas aperturistas y de libre comercio.<\/p>\n La implementaci\u00f3n de una pol\u00edtica que restrinja y regule el uso y precio de los agroqu\u00edmicos, as\u00ed como el inicio de un proceso de reconversi\u00f3n de la producci\u00f3n nacional hacia un modelo agroecol\u00f3gico, creando un sistema nacional de asistencia t\u00e9cnica basada en el respeto al ambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades.<\/p>\n Condonaci\u00f3n de las deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades del campesinado adquiridas a trav\u00e9s del sistema financiero y acceso al cr\u00e9dito agropecuario con tasas no determinadas por la l\u00f3gica de mercado.<\/p>\n Creaci\u00f3n y fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesinado y comunidades rurales, con financiaci\u00f3n del Estado y dirigidas por las organizaciones comunitarias.<\/p>\n El desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios firmados por Colombia, deteniendo la aprobaci\u00f3n de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperaci\u00f3n que vulneren la producci\u00f3n agropecuaria nacional. Exigimos que se priorice la integraci\u00f3n con los pueblos de Nuestra Am\u00e9rica Latina y el Caribe, en el marco de la protecci\u00f3n de la producci\u00f3n nacional.<\/p>\n Entretanto, exigimos que todo tratado de comercio internacional, inversiones, propiedad intelectual y servicios sean consultados con el pueblo colombiano.<\/p>\n Un r\u00e9gimen de subsidios que proteja la producci\u00f3n nacional, en especial a los sectores afectados por la apertura, en la cual se establezca por parte del Estado precios de sustentaci\u00f3n rentables y seguros de cosecha. De igual manera, exigimos la instauraci\u00f3n de un sistema de compra y distribuci\u00f3n estatal de alimentos y productos agropecuarios, as\u00ed como establecer subsidios al transporte de alimentos y productos de comunidades campesinos, ind\u00edgenas y afros.<\/p>\n Un plan de choque para el est\u00edmulo a la producci\u00f3n de alimentos b\u00e1sicos por parte de los peque\u00f1os productores, que tendr\u00e1 como base el apoyo a la econom\u00eda campesina en los t\u00e9rminos propuestos en el punto anterior. As\u00ed como el fortalecimiento de los mercados campesinos y locales, buscando la integraci\u00f3n regional, en el marco de las pr\u00e1cticas de comercio justo y eliminando la figura de los intermediarios.<\/p>\n Una pol\u00edtica de apoyo a la transformaci\u00f3n de alimentos y productos agropecuarios desde las comunidades rurales, generando procesos de industrializaci\u00f3n acordes con los intereses de las mismas.<\/p>\n La prohibici\u00f3n de la importaci\u00f3n de los productos agropecuarios estrat\u00e9gicos para la econom\u00eda nacional.<\/p>\n La derogaci\u00f3n de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual (patentes y derechos de obtentores vegetales), y que propician su privatizaci\u00f3n, de manera que el gobierno deje de perseguir al campesinado por guardar, proteger o intercambiar semillas. Exigimos que no aplique las leyes 1032 de 2006 y la 1518 de 2012 y derogue la resoluci\u00f3n 970 del ICA.<\/p>\n La creaci\u00f3n de un sistema nacional, regional y local de promoci\u00f3n y apoyo a la producci\u00f3n, selecci\u00f3n, multiplicaci\u00f3n y difusi\u00f3n de semillas originarias, que no tengan registro de propiedad intelectual, ni normas que controlen la producci\u00f3n, la libre circulaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n por las comunidades campesinas, ind\u00edgenas y afrocolombianas. As\u00ed como el apoyo econ\u00f3mico y t\u00e9cnico, de forma descentralizada, para el establecimiento de casas custodios de semillas, manejadas y controladas por las organizaciones y comunidades agrarias.<\/p>\n Enfocar la propuesta investigativa y acad\u00e9mica de las universidades seg\u00fan el contexto y las necesidades del agro colombiano, en particular de los peque\u00f1os productores, reconociendo y articulando los saberes y conocimientos propios ancestrales e hist\u00f3ricos de campesinos, ind\u00edgenas y afrodescendientes.<\/p>\n El avance en la protecci\u00f3n de la soberan\u00eda alimentaria nacional desde lo local y que sea declarada como utilidad p\u00fablica, inter\u00e9s social y bien com\u00fan de la naci\u00f3n.<\/p>\n La reglamentaci\u00f3n del cap\u00edtulo VII de la ley 70, en lo relacionado con el fomento al desarrollo de los territorios colectivos y tradicionales afro. Dicha reglamentaci\u00f3n se har\u00e1 conforme a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos.<\/p>\n Financiaci\u00f3n del sector agrario, en particular del fortalecimiento de la peque\u00f1a y mediana producci\u00f3n especialmente de alimentos mediante un fondo nacional cuyos recursos provengan, entre otros, de la eliminaci\u00f3n de las exenciones tributarias a grandes empresas de capital nacional y trasnacional, as\u00ed como de la explotaci\u00f3n de recursos minero energ\u00e9ticos.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n La mala gesti\u00f3n y el saqueo de los recursos naturales minero \u2013 energ\u00e9ticos afecta gravemente a la madre tierra y las comunidades rurales, genera impactos ambientales que ponen en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad, persigue y criminaliza a los peque\u00f1os mineros, y solo beneficia las empresas transnacionales que se enriquecen gracias al modelo econ\u00f3mico impulsado por el gobierno colombiano. En ese marco, reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo minero\u2013energ\u00e9tico basado en la soberan\u00eda nacional, el aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnol\u00f3gico propio, la protecci\u00f3n ambiental y la redistribuci\u00f3n de los rendimientos generados por las actividades mineras y energ\u00e9ticas.<\/p>\n Por lo anterior exigimos:<\/strong><\/p>\n Que se inicie un proceso democr\u00e1tico de discusi\u00f3n de una nueva pol\u00edtica nacional minero\u2013energ\u00e9tica, con participaci\u00f3n efectiva de las comunidades campesinas, ind\u00edgenas, afro y los peque\u00f1os mineros tradicionales y de sobrevivencia, a trav\u00e9s de un ejercicio de legislaci\u00f3n popular e incluyente.<\/p>\n Exigimos la reformulaci\u00f3n de un nuevo modelo de redistribuci\u00f3n de las rentas petrolera y minero-energ\u00e9tica, con el fin de fomentar, promover e invertir en el desarrollo rural y urbano; y obtener mayores recursos para la inversi\u00f3n social y la garant\u00eda de los derechos de las comunidades. Una moratoria minera que congele la adjudicaci\u00f3n de t\u00edtulos mineros en todo el pa\u00eds. La moratoria se aplicar\u00e1 hasta que se den condiciones reales para una explotaci\u00f3n minera razonable para el pa\u00eds y las comunidades.<\/p>\n La reversi\u00f3n de los bloques petroleros y las concesiones otorgadas a las multinacionales en casos de grave deterioro ambiental, detrimento de los recursos de la naci\u00f3n y violaci\u00f3n de los derechos de los trabajadores.<\/p>\n La reversi\u00f3n de todos los t\u00edtulos mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, ind\u00edgenas y afros sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada.<\/p>\n Que no se aprueben nuevos t\u00edtulos mineros en territorios ancestrales, en territorios ind\u00edgenas y afros, sin pasar por el requisito de la consulta en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades \u00e9tnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garant\u00edas para la miner\u00eda artesanal.<\/p>\n Que deje de considerarse la miner\u00eda como actividad de utilidad p\u00fablica y de inter\u00e9s social de la naci\u00f3n.<\/p>\n Que en el desarrollo de la pol\u00edtica minera se garantice el estricto respeto por el agua, los p\u00e1ramos, bosques, \u00e1reas protegidas, zonas de biodiversidad y agroalimentarias, fuentes de agua y todos los ecosistemas estrat\u00e9gicos para la vida y la biodiversidad. Por lo anterior, que no se apruebe ning\u00fan t\u00edtulo minero en dichos territorios.<\/p>\n En ning\u00fan caso se aprueben proyectos minero\u2013energ\u00e9ticos, (t\u00edtulos, concesiones y similares) sin el requisito de la licencia social, es decir, sin la autorizaci\u00f3n derivada de la realizaci\u00f3n de consultas campesinas y populares en los territorios que puedan verse afectados. Tales consultas se realizar\u00e1n durante la fase de solicitud del proyecto, del t\u00edtulo o la concesi\u00f3n.<\/p>\n Suspender la implementaci\u00f3n de megaproyectos hidroel\u00e9ctricos que afecten los territorios y comunidades campesinas, ind\u00edgenas y afros, y promover la implementaci\u00f3n de alternativas de abastecimiento energ\u00e9tico a partir de tecnolog\u00edas apropiadas y limpias. La reestructuraci\u00f3n de la f\u00f3rmula que define los precios de combustibles, para garantizar un costo de vida m\u00e1s equitativo para el conjunto de la poblaci\u00f3n, procurando la regulaci\u00f3n ambiental de la extracci\u00f3n, procesamiento y comercializaci\u00f3n de hidrocarburos.<\/p>\n Reconocer y reparar a las v\u00edctimas y afectados por los proyectos minero-energ\u00e9ticos e hidroel\u00e9ctricos.<\/p>\n -Suspender los proyectos de fracking apelando de principio de precauci\u00f3n.<\/p>\n Ante el fracaso y la arbitrariedad de la pol\u00edtica antidrogas del Estado Colombiano, consideramos crucial redefinir los lineamientos que han configurado el tratamiento a los cultivos de coca, marihuana y amapola.<\/p>\n Por lo anterior, Exigimos:<\/strong><\/p>\n El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos organizativos representantes de los cultivadores de coca, marihuana y amapola en movilizaciones pasadas.<\/p>\n Un programa de sustituci\u00f3n social, gradual, concertada, estructural y ambiental que permita generar una fuente alternativa de ingresos frente a los derivados por cultivos de usos il\u00edcitos como la coca, la marihuana y la amapola. Dicho programa deber\u00e1 hacerse con \u00e9nfasis en ordenamiento y la planeaci\u00f3n territorial, acordando procedimientos, tiempos y mecanismos; con la participaci\u00f3n de las comunidades agrarias y sus organizaciones representativas, basado en el reconocimiento, la formulaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de Planes de desarrollo sostenibles, integrales y\/o de vida.<\/p>\n Un programa de sustituci\u00f3n de cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola que supere la puesta en marcha de programas de erradicaci\u00f3n violenta y aspersi\u00f3n con glifosato que atentan contra la vida digna de las comunidades agrarias (Ind\u00edgenas, Afro descendientes y Campesinos). No aplicaci\u00f3n de la extinci\u00f3n de dominio en los predios en los que se cultive marihuana, coca y amapola.<\/p>\n Una pol\u00edtica de sustituci\u00f3n gradual que tenga como base la inversi\u00f3n social en la comunidad y el impulso a cultivos alternativos desde las propuestas campesinas. Rechazamos la sustituci\u00f3n basada en la imposici\u00f3n de cultivos agroindustriales como la palma de aceite, el caucho y otros similares.<\/p>\n Una pol\u00edtica de sustituci\u00f3n basada en la promoci\u00f3n de cultivos productivos propios de la econom\u00eda campesina que sean comerciables y con seguros de cosecha a corto, mediano y largo plazo. Los planes se sustentaran en dos ejes orientadores: el primero se refiere al dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de Sistemas Productivos Sostenibles y el segundo a la estabilizaci\u00f3n y garant\u00eda de la integralidad de derechos.<\/p>\n Programas de sustituci\u00f3n basados en la estabilizaci\u00f3n de los Sistemas Productivos Sostenibles y atendiendo a 6 l\u00edneas de acci\u00f3n: acceso a tierra, sistemas productivos sostenibles, mejora de infraestructura, transformaci\u00f3n agregaci\u00f3n de valor en el predio, acceso a asistencia t\u00e9cnica y tecnolog\u00eda, y acceso a mercados.<\/p>\n Respetar y fortalecer los usos tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de la hoja de coca, amapola y marihuana, en el marco de los sistemas productivos de las comunidades agrarias.<\/p>\n La sustituci\u00f3n debe ser manejada por las comunidades y las organizaciones agrarias (Ind\u00edgenas, Afrodescendientes y Campesinos). Ser\u00e1n las comunidades quienes impulsen las propuestas de sustituci\u00f3n, no el gobierno nacional.<\/p>\n Implementar propuestas de inversi\u00f3n agropecuarias desde las comunidades agrarias, con garant\u00edas para la producci\u00f3n.<\/p>\n Respeto y promoci\u00f3n la producci\u00f3n e industrializaci\u00f3n, por parte del Estado, de alimentos y medicinas basados en los cultivos de coca, amapola y marihuana.<\/p>\n Garantizar el despliegue comunicativo nacional a trav\u00e9s de todos los medios disponibles para difundir, educar y capacitar a las comunidades sobre el uso de las plantas sagradas, ancestrales y todo lo relacionado con el cultivo de la coca, amapola y marihuana.<\/p>\n No otorgar patentes para las plantas de coca, marihuana y amapola y los productos derivados de los procesos de transformaci\u00f3n. Debido a la falta de reconocimiento pol\u00edtico de los derechos de los campesinos, la insuficiente garant\u00eda de los derechos de afrocolombianos e ind\u00edgenas, el alto n\u00famero de violaciones a los derechos humanos, la falta de garant\u00edas para las organizaciones sociales y populares, la constante estigmatizaci\u00f3n, persecuci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n de quienes se movilizan para buscar una sociedad m\u00e1s justa y en paz, persistimos en reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar las garant\u00edas m\u00ednimas para vivir en una sociedad democr\u00e1tica<\/p>\n Por lo anterior, Exigimos:<\/strong><\/p>\n La verdad, justicia y reparaci\u00f3n integral por las violaciones a derechos humanos perpetradas contra las comunidades agrarias y populares, y la no repetici\u00f3n de estas pr\u00e1cticas.<\/p>\n Desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicializaci\u00f3n penal de sus actores, propiciando una veedur\u00eda internacional y la conformaci\u00f3n de una comisi\u00f3n de la verdad. As\u00ed como realizar investigaciones eficaces que revelen los v\u00ednculos entre el sector econ\u00f3mico, pol\u00edtico, y militar con los paramilitares.<\/p>\n La conformaci\u00f3n de una comisi\u00f3n de la verdad y una pol\u00edtica de recuperaci\u00f3n de la memoria hist\u00f3rica de las violaciones a los derechos humanos en b\u00fasqueda de la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n, que difunda de manera masiva sus resultados. Dicha pol\u00edtica debe garantizar el acompa\u00f1amiento psicosocial y pedag\u00f3gico, as\u00ed como el reconocimiento tanto a las comunidades vulneradas como a las asociaciones de v\u00edctimas, de manera concertada.<\/p>\n Garant\u00edas para la permanencia en los territorios, en especial para las comunidades campesinas, ind\u00edgenas y afro. Garant\u00edas para el derecho a la protesta social y garant\u00edas para la movilizaci\u00f3n, as\u00ed como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos pol\u00edticos; y que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio.<\/p>\n Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusi\u00f3n de sus resultados.<\/p>\n El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la justicia penal militar a la unidad de DDHH y DIH de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n Investigaci\u00f3n, judicializaci\u00f3n y castigo de los autores, as\u00ed como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, de los 19 homicidios y cerca del millar de heridos ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro agrario y la minga del 2013. Reivindicando as\u00ed su memoria y garantizando los derechos de verdad, justicia, y reparaci\u00f3n que le asisten a los familiares de las v\u00edctimas.<\/p>\n Soluci\u00f3n estructural a la crisis carcelaria y la declaratoria de la emergencia social, la cual pasa por la reformulaci\u00f3n de la pol\u00edtica criminal actualmente basada en la privaci\u00f3n de la libertad, la criminalizaci\u00f3n de la pobreza, la protesta social y otras garant\u00edas y libertades ciudadanas, hacia una pol\u00edtica que garantice la prevenci\u00f3n del delito, la inclusi\u00f3n social y el respeto de garant\u00edas.<\/p>\n Abolir la mal llamada \u201climpieza social\u201d ejecutada, principalmente en contra de los j\u00f3venes, por funcionarios del Estado y las estructuras paramilitares, e imponer ejemplares sanciones a los responsables.<\/p>\n Garant\u00edas jur\u00eddicas y administrativas para el ejercicio de la pol\u00edtica y la oposici\u00f3n.<\/p>\n Derogaci\u00f3n de la ley de seguridad ciudadana, y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo su vigencia. Fin de la doctrina de seguridad nacional y que se dote a las fuerzas armadas de una doctrina basada en el respeto a los derechos humanos y la defensa de la naci\u00f3n.<\/p>\n Reforma al r\u00e9gimen de servicio militar, que incluya el fin del servicio militar obligatorio, la prohibici\u00f3n del reclutamiento forzado y la garant\u00eda en la aplicaci\u00f3n de las sentencias frente a la objeci\u00f3n de conciencia. Se deben llevar a cabo Investigaciones disciplinarias y penales por parte de autoridades civiles para miembros de la fuerza p\u00fablica que realicen pr\u00e1cticas de reclutamiento forzado, tanto en el campo como en la ciudad. Adem\u00e1s exigimos acceso universal de la libreta militar para j\u00f3venes y personas que no tengan resuelta su situaci\u00f3n militar, y se elimine su car\u00e1cter de requisito para tr\u00e1mites con el Estado.<\/p>\n Igualdad de derechos pol\u00edticos, sociales y econ\u00f3micos entre hombres y mujeres, desde una perspectiva de g\u00e9nero y de libertades sexuales y reproductivas, asegurando una equitativa participaci\u00f3n pol\u00edtica en las instancias de decisi\u00f3n en los asuntos que afectan sus vidas.<\/p>\n Garant\u00edas reales para que los cuerpos de las mujeres y ni\u00f1as no sigan siendo un instrumento, ni bot\u00edn de guerra.<\/p>\n Tipificaci\u00f3n del feminicidio como un delito aut\u00f3nomo.<\/p>\n Aplicaci\u00f3n efectiva de la ley 1257 de 2008 y el cese de la violencia contra la mujer.<\/p>\n Reconocimiento con car\u00e1cter vinculante de los derechos plasmados en el proyecto de la declaraci\u00f3n sobre los derechos de las campesinas y los campesinos que hace tr\u00e1mite en la ONU; exigimos que el Estado colombiano adopci\u00f3n plena y perentoria de la Declaraci\u00f3n Universal sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas. Exigimos la incorporaci\u00f3n de estas directrices y derechos a la legislaci\u00f3n interna, desarrollando pol\u00edticas p\u00fablicas que garanticen su promoci\u00f3n y exigibilidad. Mientras se surte el tr\u00e1mite para el cumplimiento de la exigencia anterior, requerimos el desarrollo de una pol\u00edtica transitoria en favor de campesinos ind\u00edgenas y negritudes.<\/p>\n Participaci\u00f3n amplia, efectiva y con car\u00e1cter decisorio en las instancias de planeaci\u00f3n y definici\u00f3n de la pol\u00edtica de producci\u00f3n agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a trav\u00e9s de mecanismos definidos de manera aut\u00f3noma. Exigimos la democratizaci\u00f3n real de la Federaci\u00f3n Nacional de Cafeteros y otras federaciones. Exigimos la participaci\u00f3n efectiva y con car\u00e1cter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atenci\u00f3n a la poblaci\u00f3n rural.<\/p>\n Otorgar reconocer y garantizar con car\u00e1cter vinculante el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas, ind\u00edgenas, afrodescendientes y comunidades urbanas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, en lo pol\u00edtico, en lo ambiental, en lo econ\u00f3mico y lo cultural.<\/p>\n Garant\u00edas para una verdadera y genuina pol\u00edtica de restituci\u00f3n de tierras despojadas as\u00ed como el reconocimiento de los territorios sagrados para los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n Garant\u00edas para la construcci\u00f3n de planes de vida donde se determine lo que sucede en los territorios, reconociendo la posibilidad de desarrollar modelos aut\u00f3nomos en cuanto al desarrollo de la tierra, la educaci\u00f3n, la salud, y la econom\u00eda propias.<\/p>\n Cumplimiento perentorio de los autos 004 y 005 de la sentencia T-025 de 2004, relativos a la situaci\u00f3n de peligro de desaparici\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas y afro.<\/p>\n Respeto al DIH, incluyendo la prohibici\u00f3n de puestos de polic\u00eda y militares en los cascos urbanos y poblados; as\u00ed mismo el respeto al principio de distinci\u00f3n del Derecho internacional Humanitario, buscando no involucrar a la poblaci\u00f3n civil en los conflictos armados. Lo anterior incluye el cese de la persecuci\u00f3n a la poblaci\u00f3n civil mediante montajes judiciales.<\/p>\n Reconocimiento y la no estigmatizaci\u00f3n y persecuci\u00f3n a las y los Defensores de Derechos Humanos, l\u00edderes y lideresas sociales y populares Democratizaci\u00f3n de los medios de comunicaci\u00f3n existentes, as\u00ed como el fortalecimiento de los medios alternativos, comunitarios, regionales, y locales. Y la creaci\u00f3n de nuevos medios de comunicaci\u00f3n con alta difusi\u00f3n y participaci\u00f3n de los sectores populares. 6. Derechos sociales<\/strong><\/p>\n Para los pueblos afro e ind\u00edgenas y para las comunidades campesinas, la educaci\u00f3n, salud, el trabajo, vivienda digna y la recreaci\u00f3n ser\u00e1n concebidas como derechos, no como servicios, y se desarrollar\u00e1n de acuerdo a las necesidades y realidades de las comunidades.<\/p>\n Por lo tanto, Exigimos:<\/strong><\/p>\n El aumento de las partidas presupuestales para inversi\u00f3n social en infraestructura y dotaci\u00f3n para educaci\u00f3n, vivienda, salud, v\u00edas, producci\u00f3n, redes el\u00e9ctricas, saneamiento b\u00e1sico, agua y alcantarillado en las zonas rurales.<\/p>\n Una pol\u00edtica educativa que propenda por un proyecto de educaci\u00f3n p\u00fablica propia campesina que le permita a los estudiantes campesinos tener una formaci\u00f3n acorde a sus realidades y sus necesidades. Lo anterior implica la construcci\u00f3n de un curr\u00edculo y una pedagog\u00eda diferenciada acorde con las territorialidades, y con la participaci\u00f3n decisoria de las comunidades campesinas y sus organizaciones. Tambi\u00e9n exigimos mayor formaci\u00f3n docente y fortalecimiento de la planta docente en el sector rural.<\/p>\n Derogar el acto legislativo 01 del 2001, el cual modifica los art\u00edculos 347, 356 y 357 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Nacional relacionados con la educaci\u00f3n; la ley 715 del 2001 y la ley 1294 del 2010, los cuales sustentan la privatizaci\u00f3n de la salud y educaci\u00f3n, entendi\u00e9ndolas como servicios y no como derechos.<\/p>\n Derogar la ley 30 de 1992, de educaci\u00f3n superior, y la concertaci\u00f3n con la sociedad de una nueva ley de educaci\u00f3n p\u00fablica, gratuita y de calidad, que reconozca la educaci\u00f3n como derecho fundamental, bien com\u00fan y con enfoque diferencial.<\/p>\n Condonaci\u00f3n y congelamiento de las deudas del Icetex apuntando al subsidio a la oferta.<\/p>\n Cumplimiento y garant\u00eda de los programas de educaci\u00f3n propia para pueblos afro, comunidades negras e ind\u00edgenas.<\/p>\n Reconocimiento y plenas garant\u00edas al ejercicio, prestaci\u00f3n y promoci\u00f3n de la medicina ancestral como parte de un nuevo sistema de salud. Que la salud deje de concebirse como negocio o mercanc\u00eda para que se garantice como derecho humano y fundamental que. Exigimos la derogatoria de todas las normas que mercantilizan la salud y niegan la garant\u00eda de este derecho, entre ellos los art\u00edculos 48 y 49 de la constituci\u00f3n, la ley 100 de 1993 y el proyecto de ley estatutaria sobre la salud y la seguridad social.<\/p>\n El fin de la pol\u00edtica del subsidio a la demanda y se instauren pol\u00edticas de subsidio a la oferta en salud y educaci\u00f3n, una nueva pol\u00edtica presupuestal que fortalezca las instituciones educativas de todos los niveles y que saque de la crisis a la red hospitalaria que ha sido sistem\u00e1ticamente debilitada por los gobiernos nacionales desde 1993, el fin de la intermediaci\u00f3n financiera privada en salud y educaci\u00f3n, la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, as\u00ed como la concertaci\u00f3n con la sociedad de una nueva legislaci\u00f3n en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.<\/p>\n El derecho fundamental al Trabajo digno, por medio de contrataci\u00f3n directa, garant\u00edas laborales, protecci\u00f3n y reparaci\u00f3n de la libre asociaci\u00f3n, huelga y reparaci\u00f3n a las personas perseguidas.<\/p>\n La definici\u00f3n de un sistema de seguridad social para campesinos, ind\u00edgenas y afrodescendientes, con el cual se otorgue pensi\u00f3n y aseguramiento en riesgos profesionales.<\/p>\n Un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de poblaci\u00f3n rural al sistema de educaci\u00f3n b\u00e1sica, media, superior y t\u00e9cnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.<\/p>\n El nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educaci\u00f3n que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales.<\/p>\n Que se detenga la privatizaci\u00f3n y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento b\u00e1sico, agua y alcantarillado teniendo un criterio social. Que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial. El agua concebida como un derecho y bien com\u00fan.<\/p>\n Derogatoria de la ley 142 que posibilita la privatizaci\u00f3n del uso del agua.<\/p>\n La condonaci\u00f3n de las deudas de los usuarios de servicios p\u00fablicos y que se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo. El servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica rural y agua potable para los lugares que a\u00fan no cuenten con estos servicios.<\/p>\n Programas masivos de vivienda rural digna y de educaci\u00f3n t\u00e9cnica y acceso a la educaci\u00f3n superior. Exigimos la garant\u00eda de derechos para los trabajadores rurales, empleo digno con remuneraci\u00f3n justa y seguridad social.<\/p>\n Que las escuelas, hospitales y salones comunales no sean ocupadas por los actores armados, y que sus construcciones no respondan a intereses estrat\u00e9gicos de guerra y confrontaci\u00f3n.<\/p>\n Respeto por la propiedad comunitaria para administraci\u00f3n de espacios de recreaci\u00f3n y de servicios p\u00fablicos, estas deben ser iniciativas comunitarias, con el fin de mantener su funci\u00f3n social.<\/p>\n La infraestructura debe ser construida en pro del bienestar de las comunidades en consenso y no contra ellas, ni contra la madre tierra, ni para el ejercicio militar.<\/p>\n 7. Relaci\u00f3n campo-ciudad<\/strong><\/p>\n La configuraci\u00f3n actual de la relaci\u00f3n ciudad-campo exige una respuesta inmediata y contundente por parte del movimiento social. La tradicional distinci\u00f3n entre la ciudad y el campo ha generado grandes problem\u00e1ticas sociales y econ\u00f3micas donde se puede evidenciar la relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n del campo a la ciudad. En ese orden, es urgente eliminar las falsas barreras prescindibles entre ciudad y campo, para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a trav\u00e9s de nuevos modelos alternativos de construcci\u00f3n territorial.<\/p>\n Por lo anterior, Exigimos:<\/strong><\/p>\n La protecci\u00f3n de todas las fuentes de agua del pa\u00eds, en especial de aquellas que abastecen del l\u00edquido a las grandes ciudades. Exigimos el manejo p\u00fablico y comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos que amenazan las fuentes h\u00eddricas, su pureza y distribuci\u00f3n. Exigimos que el estado garantice la financiaci\u00f3n y administraci\u00f3n de los acueductos comunitarios.<\/p>\n La cobertura universal de los servicios p\u00fablicos domiciliarios a los habitantes del territorio colombiano y la condonaci\u00f3n de las deudas contra\u00eddas por los ciudadanos y ciudadanas en esta materia.<\/p>\n Una nueva tabla de tarifas de servicios p\u00fablicos, que correspondan a los costos reales, con subsidios ampliados de parte del Estado y sin los costos de especulaci\u00f3n de la intermediaci\u00f3n financiera.<\/p>\n Frenar la privatizaci\u00f3n de las empresas prestadoras de servicios p\u00fablicos y que \u00e9stas sean de car\u00e1cter estatal con veedur\u00eda de las comunidades. Inversi\u00f3n en v\u00edas de comunicaci\u00f3n secundaria y terciaria para el pleno ejercicio del abastecimiento campo-ciudad.<\/p>\n Redefinici\u00f3n de criterios para las tarifas de impuesto predial, tarifas m\u00e1s altas para grandes propietarios y m\u00e1s bajas para peque\u00f1os propietarios.<\/p>\n Demandamos garant\u00edas de regreso a los campos de las personas que viven en las ciudades a causa de los desplazamientos, ya sean por motivos de la violencia o de la construcci\u00f3n de megaproyectos. De igual forma, exigimos que se brinden todas las garant\u00edas para aquellas personas que decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado el reconocimiento de la problem\u00e1tica de la ciudad que surge de modelos de despojo del sector rural.<\/p>\n Exigimos una reforma urbana integral que incluya:<\/p>\n H\u00e1bitat y vivienda digna garantizada por el Estado, que contenga el m\u00ednimo vital de servicios p\u00fablicos con tarifas al alcance del consumidor, en armon\u00eda con el medio ambiente.<\/p>\n El desmonte de la especulaci\u00f3n financiera y uso de suelo controlado por el mercado.<\/p>\n La legalizaci\u00f3n de asentamientos informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado.<\/p>\n La creaci\u00f3n de la ley org\u00e1nica de plan de ordenamiento territorial urbano, que cuente con la participaci\u00f3n de las comunidades y sectores populares, teniendo como base las diversas construcciones territoriales y planes de vida.<\/p>\n Participaci\u00f3n comunitaria en la toma de decisiones y en la generaci\u00f3n de pol\u00edticas urbanas, planificaci\u00f3n de presupuestos y\/o direcci\u00f3n del recurso p\u00fablico, para la construcci\u00f3n de planes de desarrollo y gobierno. Para ello, demandamos las consultas previas y vinculantes de las comunidades.<\/p>\n Transformaci\u00f3n del modelo de movilidad urbana que frene la privatizaci\u00f3n del transporte p\u00fablico, con reducci\u00f3n de tarifas del servicio, incluyendo la implementaci\u00f3n de planes para la movilidad alternativa.<\/p>\n 8. Paz, justicia social y soluci\u00f3n pol\u00edtica<\/strong><\/p>\n Las anteriores reivindicaciones y propuestas de pa\u00eds se constituyen en parte de la agenda de paz que impulsamos desde los movimientos agrarios, sociales y populares. Nuestra agenda de paz busca la justicia social y la vida digna en los territorios.<\/p>\n Por lo tanto, Exigimos:<\/strong><\/p>\n La soluci\u00f3n pol\u00edtica al conflicto social y armado. El avance de los di\u00e1logos que se realizan en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP. el cese al fuego bilateral y la instalaci\u00f3n de las mesas de di\u00e1logos entre el gobierno nacional, el ELN y el EPL.<\/p>\n Las comunidades rurales, quienes conocemos la crudeza y el horror del conflicto social y armado en sus peores manifestaciones exigimos la participaci\u00f3n en los procesos de negociaci\u00f3n, y propendemos exigimos que no se levanten de las mesas de negociaciones.<\/p>\n La implementaci\u00f3n de una pol\u00edtica integral para la paz elaborada por los movimientos sociales y populares y financiada por el gobierno nacional.<\/p>\n Garant\u00edas para un gran di\u00e1logo nacional, que se exprese en la apertura de di\u00e1logos regionales en aquellos territorios donde la guerra se vive con mayor rigor.<\/p>\n La desmilitarizaci\u00f3n de los territorios ind\u00edgenas, campesinos, afrodescendientes, urbanos, universitarios y el respeto de la autonom\u00eda en los territorios que se encuentran en medio del conflicto social y armado.<\/p>\n La eliminaci\u00f3n de la doctrina de seguridad nacional. Por lo tanto la reducci\u00f3n del pie de fuerza, depuraci\u00f3n de las fuerzas militares, retiro inmediato de las bases militares extranjeras en el pa\u00eds, fin a los tratados de car\u00e1cter militar con la OTAN, derogar la ley de seguridad ciudadana y desmontar el plan de inteligencia y contrainteligencia.<\/p>\n La reestructuraci\u00f3n del presupuesto nacional y limitaci\u00f3n del gasto de guerra. El gasto en defensa no puede ser mayor al de la inversi\u00f3n social. Las garant\u00edas para avanzar en un proceso constituyente por la democracia, la justicia social y la paz.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" CUMBRE AGRARIA CAMPESINA ETNICA Y POPULAR<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-3492","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3492","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3492"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3492\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3492"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3492"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.redcolombia.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3492"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}3. Miner\u00eda, energ\u00eda y ruralidad<\/h3>\n
Detener la concesi\u00f3n de t\u00edtulos mineros y la adjudicaci\u00f3n de bloques petroleros, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales y los trabajadores del sector la pol\u00edtica minero- energ\u00e9tico del pa\u00eds.<\/p>\n
Revocar las licencias ambientales de megaproyectos hidroel\u00e9ctricos, hasta tanto no se tenga una comisi\u00f3n nacional de represas que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados por las hidroel\u00e9ctricas.<\/p>\n4. Cultivos de coca, marihuana y amapola<\/h4>\n
La liberaci\u00f3n de las y los presos judicializados por el cultivo de marihuana, coca y amapola; no relacionado directamente con comercializaci\u00f3n de estupefacientes.<\/p>\n
El tratamiento del consumidor como un tema de salud p\u00fablica, con el ingreso al sistema de salud.<\/p>\n5. Derechos pol\u00edticos, garant\u00edas, v\u00edctimas y justicia<\/h4>\n
Justicia, verdad, reparaci\u00f3n integral y no repetici\u00f3n por las personas detenidas, heridas y asesinadas por el Estado en el marco de las movilizaciones sociales.<\/p>\n
Desmonte del ESMAD y prohibici\u00f3n del uso de las mal llamadas \u201carmas de letalidad reducida\u201d.<\/p>\n
Desmonte, supresi\u00f3n y ordenamiento jur\u00eddico de la figura del fuero penal militar, que deje de aplicarse la figura del blanco leg\u00edtimo, ejecuciones extra judiciales (falsos positivos), y otras arbitrariedades similares.<\/p>\n
-Democratizaci\u00f3n del espectro electromagn\u00e9tico.<\/p>\n
Implementaci\u00f3n de planes de medicina preventiva, tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo a las pr\u00e1cticas culturales de cada comunidad o regi\u00f3n.<\/p>\n
Que se garantice un m\u00ednimo vital gratuito para las comunidades rurales, urbanas y se implementen veedur\u00edas comunales a la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos.<\/p>\n
En las ciudades, en especial en las grandes capitales, se deben realizar pactos con las \u00e1reas rurales y municipios que las abastecen de alimentos. Tales pactos o alianzas deben priorizar la articulaci\u00f3n de las zonas agroalimentarias, las de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos ind\u00edgenas y territorios ancestrales, como despensas alimentarias y apoyo a las econom\u00edas campesinas, en el marco de acuerdos regionales de soberan\u00eda alimentaria y, si se requiere, mediante asociaci\u00f3n de municipios (como est\u00e1 previsto en la Constituci\u00f3n Nacional). Tales pactos deben estar guiados por principios de solidaridad y econom\u00eda propia; en ese sentido, es necesario el reconocimiento de las plazas de mercado populares por parte del Estado.<\/p>\n
Garant\u00edas para que las organizaciones, procesos y movimientos puedan desarrollar su actividad organizativa y pol\u00edtica para la construcci\u00f3n del movimiento social por la paz; Particularmente el desmonte del paramilitarismo, ya que lo entendemos como un mecanismo para el ejercicio del terrorismo de estado.<\/p>\n