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El tercer d\u00eda del Juicio \u00c9tico y Pol\u00edtico contra el Despojo en Colombia, realizado en Bogot\u00e1, dio inicio con la presentaci\u00f3n de las conclusiones obtenidas en las mesas de trabajo del d\u00eda 17 de agosto. Posteriormente se expuso el caso de Arauca y se realizaron las denuncias contra la OXY y Ecopetrol. Finalmente, se obtuvo el veredicto emitido por el cuerpo colegiado.
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En primera instancia, Milena Ochoa de la Red de Hermandad y Solidadridad -REDHER-, y miembro de la comisi\u00f3n metodol\u00f3gica explic\u00f3 las conclusiones a las que llegaron las mesas de miner\u00eda, hidrocarburos e hidroel\u00e9ctricas. En \u00e9stas se evidenciaron las graves consecuencias de las pol\u00edticas extractivistas\u00a0 y el consecuente despojo que vienen sufriendo los pueblos desde la \u00e9poca de la conquista, que van acompa\u00f1adas de violencia, persecuci\u00f3n, desplazamiento y explotaci\u00f3n de los trabajadores. Todo ello sucede con el benepl\u00e1cito del gobierno nacional, a qui\u00e9n le interesa ampliamente promover la inversi\u00f3n extranjera, la cual convierte en mercanc\u00edas los bienes\u00a0 comunes de la naturaleza y del pueblo, a\u00f1adi\u00f3 Ochoa.<\/p>\n
Por lo anterior, la mesa de miner\u00eda denuncia a las empresas R\u00edo Paila Castilla, M\u00f3nica Semillas y empresas multinacionales mineras, energ\u00e9ticas y petroleras por cambiar y violar la ley, con el fin de apropiarse de millones de hect\u00e1reas; por militarizar los territorios con ayuda de fuerzas militares estatales y paraestatales que desatan l\u00f3gicas de seguridad privada; por el uso de plataformas ideol\u00f3gicas con el apoyo de medios de comunicaci\u00f3n, que se dirigen a poner de acuerdo a la poblaci\u00f3n con las l\u00f3gicas de las transnacionales; trabas burocr\u00e1ticas para la legalizaci\u00f3n de los peque\u00f1os mineros; extorsi\u00f3n de los peque\u00f1os\u00a0 mineros por parte de grupos armados y diferentes servidores p\u00fablicos al servicio de los capitalistas; iniquidad en las normas ambientales entre los peque\u00f1os mineros y las multinacionales; transformaci\u00f3n violenta del uso del suelo y la vocaci\u00f3n agropecuaria, poniendo en riesgo la seguridad y soberan\u00eda alimentaria; explotaci\u00f3n de uranio y minerales estrat\u00e9gicos y p\u00e9rdida absoluta de la\u00a0 soberan\u00eda del Estado sobre los mismos; creaci\u00f3n de empresas de papel para evadir impuestos y obtener subsidios estatales; compra de peque\u00f1as empresas mineras; cambio de raz\u00f3n social de empresas para repercusiones judiciales y testaferrato; destrucci\u00f3n de las fuentes de agua y p\u00e1ramos, como el de Pisba en Boyac\u00e1.<\/p>\n
Por su parte, la mesa de hidrocarburos denuncia: Caso del poliducto de la provincia de Lengup\u00e1 en Boyac\u00e1 y sus impactos sociales, pol\u00edticos y culturales; caso Acac\u00edas en el departamento del Meta, por apropiaci\u00f3n de las aguas de\u00a0 los r\u00edos planas y piyab\u00e1; caso vereda los Kioskos en Puerto Gait\u00e1n, Meta, por secamiento de rios y quebradas, militarizaci\u00f3n y deterioro del tejido social; caso Puerto L\u00f3pez \u2013 Meta, por que Ecopetrol se ha puesto al servicio de las transnacionales y no cumple su funci\u00f3n econ\u00f3mica y social.<\/p>\n
En cuanto a las hidroel\u00e9ctricas, se denuncia que la pol\u00edtica energ\u00e9tica se enmarca en pol\u00edticas inversionistas\u00a0 del gobierno y de empresas como la Epsa, Emgesa, Endesa, Epm, Isa e Isagen; pues la producci\u00f3n de energ\u00eda con centrales hidroel\u00e9ctricas son un negocio y no un servicio, son creadas para la exportaci\u00f3n y no para la necesidades del pa\u00eds. Se plantea necesario cuestionar la responsabilidad social y ambiental de las multinacionales en los territorios donde construyen los proyectos, pues se denuncia una falta de visi\u00f3n social de ellos. Adem\u00e1s, NO EXISTE CONSULTA PREVIA O POPULAR; la explotaci\u00f3n de recursos se decide y se pone en marcha por el gobierno y luego se socializa, sin tener en cuenta la opini\u00f3n de los pueblos. Estas implementaciones van acompa\u00f1adas con presencia militar que pone en riesgo la vida de los habitantes de los territorios. Por ello se hace un llamado a no aceptar la energ\u00eda de hidroel\u00e9ctricas como energ\u00eda limpia o alternativa, a visibilizar la verdadera responsabilidad social y a organizarse para desenmascarar la responsabilidad del gobierno colombiano.<\/p>\n
En segundo lugar, se present\u00f3 Luis Alfredo Cede\u00f1o, ind\u00edgena Sikuani, quien denuncia el caso de la Oxy y su afectaci\u00f3n en la Laguna de Lipa, en Ca\u00f1o Lim\u00f3n, departamento de Arauca. Se hacen acusaciones contra la transnacional Occidental Petroleum Corporation y Ecopetrol por ecocidio: por\u00a0 vulneraci\u00f3n de derechos colectivos y del medio ambiente debido a da\u00f1os ambientales y fallas en tratamiento de agua; intervenci\u00f3n irregular de la zona cuando se encontraba bajo la figura de reserva natural; la incidencia en entidades gubernamentales para levantar \u201cfigura de reserva\u201d de la laguna de Lipa; vertimiento de aguas contaminadas y altas temperaturas en esteros, ca\u00f1os y lagunas (el agua que se vierte esta de 57\u00b0 a 61\u00b0 cent\u00edgrados -50% superior al permitido- , lo que ha ocasionado muerte de animales); contaminaci\u00f3n de fuentes h\u00eddricas subterr\u00e1neas; construcci\u00f3n de infraestructura vial que obstruye flujo natural del agua; envenenamiento y\u00a0 alteraci\u00f3n del sistema de lagunas; construcci\u00f3n de infraestructura nueva a partir de contrato Chipir\u00f3n que afecta 26,738 hect\u00e1reas;\u00a0 construcci\u00f3n de plataformas con v\u00edas f\u00e9rreas dentro de la laguna de Lipa.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se les denuncia\u00a0 por etnocidio:\u00a0 por amenazar la supervivencia cultural de los pueblos Sikuani, Makaguani, Hitnu, Betoy, U`wa, Inga y pobladores campesinos; vulneraci\u00f3n de derechos, de identidad cultural, de libre determinaci\u00f3n y no consulta a los pueblos originarios y campesinos; vulneraci\u00f3n del derecho a la vida de pueblos ind\u00edgenas a trav\u00e9s del pago a fuerzas privadas de represi\u00f3n; por ocupaci\u00f3n y usurpaci\u00f3n de territorios ancestrales y sagrados del cual fueron expulsados los habitantes; por vulneraci\u00f3n a la libre circulaci\u00f3n; por violaci\u00f3n a los derechos humanos; por enfermedades y malformaciones que genera la contaminaci\u00f3n en los pobladores. Se acusa al Estado, a la Oxy y su filial por participar en atropellos contra pobladores de Arauca e intervenir en el conflicto armado interno. Se les acusa tambi\u00e9n por detrimento del patrimonio de la naci\u00f3n, por prorroga injustificada del contrato en el que se otorga licencia y posibilidad de explotaci\u00f3n en la zona; y por amenazas directas de la Pacific Rubiales a los pueblos Hitnu, Sikuani, Makaguani, y pol\u00edticas que afectan tambi\u00e9n a los pueblos Betoy, U`wa e Inga.<\/p>\n
Para dar cierre a este evento \u00e9tico y pol\u00edtico, Susana Deranger, Manuel Vega Vargas y Eduardo Le\u00f3n G\u00f3mez, integrantes del cuerpo colegiado, y tras unaexposici\u00f3n general de las conclusiones extra\u00eddas por, hacen p\u00fablico el siguiente veredicto que, Alberto Castilla, Coordinador Nacional Agrario dice que el juicio debe convertirse en una plataforma de lucha para el pueblo colombiano en la defensa de nuestros territorios, ya que \u201ca partir de ma\u00f1ana (19 de agosto) la tarea de \u00e9ste juicio contin\u00faa\u201d, pues es el fortalecimiento de la consciencia pol\u00edtica del movimiento popular.<\/p>\n
Veredicto:<\/p>\n
En cuerpo colegiado condena a las empresas Anglo Gold Ashanti, Pacific Rubiales y subsidiaria en Meta por la violaci\u00f3n de los siguientes derechos humanos:<\/p>\n
violaciones graves a los derechos naturales; violaci\u00f3n a la libertad de asociaci\u00f3n sindical; violaci\u00f3n al derecho a la protesta social; desprecio de la dignidad y la vida de los trabajadores y las comunidades, y por ser instigadores de asesinatos selectivos de dirigentes sindicales, ind\u00edgenas y organizadores sociales; violaci\u00f3n al derecho a la alimentaci\u00f3n, por violaci\u00f3n de los derechos colectivos a la tierra, los recursos naturales, los derechos de participaci\u00f3n, especialmente de la consulta previa; violaci\u00f3n de los derechos culturales, espirituales y ancestrales, as\u00ed como , al desarrollo propio y aut\u00f3nomo de los pueblos originarios; violaci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ambiental vigente; cercamiento de r\u00edos y ca\u00f1os, da\u00f1os irreversible en los ecosistemas que afectan, flora y fauna. Los condena por cr\u00edmenes financieros, como evasi\u00f3n sistem\u00e1tica de impuestos, desfalco al estado en materia de regal\u00edas; por injerencia en transformaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas para su beneficio. Condena al gobierno colombiano por entregar amplios territorio a transnacionales para explotar bienes de la naturaleza, comprometiendo la seguridad y soberan\u00eda del pa\u00eds; por violar derechos a los derechos humanos a la vida, la salud, la alimentaci\u00f3n, organizaci\u00f3n, protesta social, trabajo, libre movilidad y permanencia en los territorios;, por violar derechos de pueblos ind\u00edgenas y campesinos; por violar derecho al agua, a la salud, ambiente sano y derechos sexuales; por organizaci\u00f3n y fortalecimiento de grupos paramilitares para implementaci\u00f3n de pol\u00edticas extractivistas, la explotaci\u00f3n de recursos naturales; por el empobrecimiento generalizado de amplias capas de la poblaci\u00f3n; por violaci\u00f3n de convenios internacionales de derechos humanos y los derechos de los pueblos.<\/p>\n
Se recomienda al movimiento social popular mantener el proceso de denuncia y resistencia contra la actividad econ\u00f3mica depredadora de las transnacionales. <\/p>\n
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