Segunda Misión de Verificación: Comunidades construyen a pesar del conflicto

23/05/2019. Colombia Informa.

Al nororiente de Colombia, en el Catatumbo, Norte de Santander, una de las zonas con mayor abandono estatal, alta militarización y conflicto social y armado, se realizó la Segunda Misión de Verificación, teniendo como objetivo actualizar cifras sobre denuncias a violaciones de Derechos Humanos- DDHH -, y al Derecho Internacional Humanitario – DIH-.

La Segunda Misión de Verificación, impulsada por la ‘Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo’, tuvo lugar en distintos municipios, corregimientos y veredas de la región, del 14 al 18 de mayo; estuvo acompañada de organismos nacionales como Asociación Minga, Marcha Patriótica, Equipo Jurídico Pueblos, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, medios de comunicación popular y alternativos, e internacionales como la Organización de las Naciones Unidas –ONU-, Acción internacional por la Paz -IAP -, y la Red de Hermandad y Solidaridad -RedHer-.

A diferencia de la Primera Misión de Verificación, llevada a cabo el año pasado, esta vez se realizaron dos rutas con la finalidad de llegar a más lugares y escuchar a la mayor comunidad posible. Los territorios visitados fueron corregimientos y veredas de los municipios de Convención, El Carmen, Hacarí, La Playa, Teorama, El Tarra y Tibú, donde se evidenciaron precariedades en salud, educación e infraestructura, la alta militarización, y se recibieron denuncias sobre pintas que aluden a Grupos Paramilitares, amedrentamiento por parte del Ejército Nacional hacia la comunidad, enfrentamientos entre insurgencias y Ejército, judicialización y asesinatos a líderes sociales.

Sin embargo y pese a estas circunstancias, las comunidades del territorio como método de resistencia a esta realidad social impuesta desde el Gobierno Nacional a través de las décadas, realizan proyectos de autogestión que permiten contrarrestar el abandono estatal e intentan cambiar el estilo de vida de las comunidades, demostrando la unidad que se forja, para mejorar las condiciones de vida en el territorio, sin tener que depender del estado.

Mientras se realizaba la segunda misión de verificación en esos territorios, en el casco urbano de convención y de Ocaña, fueron asesinados un comerciante y una funcionaria pública, respectivamente.

Calle del municipio de Convención

Proceso de Resistencia de Mujeres

Las mujeres del Comité de Integración social del Catatumbo –CISCA-, realizan jabones, pomadas y cremas, con plantas medicinales que ellas mismas cosechan, reivindicando el poder de la medicina ancestral y el uso terapéutico de plantas como la coca o la marihuana.

“La idea del nacimiento de la Casa de la Mujer viene desde la oleada paramilitar; entonces en esta casa se hacen talleres, reuniones, si hay matrimonios, cumpleaños, la alquilamos para poder generar fondos. También trabajamos con plantas medicinales, y con esto hacemos cremas, jabones”, comentó el Comité de Mujeres del CISCA.

El dos de febrero de 2018 las mujeres se organizaron y se movilizaron para exigir la paz en ella región, ya que el corregimiento ha sido testigo de guerra, violencia y desplazamiento forzado por parte del Ejército Nacional, Grupos Paramilitares y enfrentamientos con las insurgencias que hacen presencia en el territorio.

Pomadas de coca y de marihuana

Educación, Salud, Infraestructura y Vías

En todos los municipios, veredas y corregimientos a los que llegó la Segunda Misión de Verificación, se evidenció: abandono total y estatal, precariedades en los servicios más básicos y procesos de resistencia que se encargan se hacer el contrapeso a estas problemáticas para sacar el territorio adelante.

En las escuelas rurales se realizaron la mayoría de las reuniones, y junto a ellas, denuncias sobre falta de recursos y garantías para la educación básica de niños, niñas y jóvenes a estas comunidades. “Aquí también hay un abandono de régimen, y no es Venezuela, es Colombia, pero nadie mira para acá, estamos abandonados”, afirmó un habitante de la comunidad.

De 14 veredas de cada corregimiento existe una escuela y un puesto de salud, sin embargo, estos carecen de herramientas y personal.

Mediante peajes comunitarios, avalados por las Juntas de Acción Comunal –JAC- de cada sector, recogen fondos para arreglar las carreteras que llevan hacia sus veredas y municipios, construir canchas deportivas, y arreglar los daños en las escuelas.

En estas comunidades escasea personal docente y de salud. Hay por lo menos un militar por cada 10 habitantes, y por cada 5.000 habitantes hay un médico. Actualmente se evidencia sólo presencia militar (aproximadamente 14.000 hombres de las Fuerzas Militares), y 1 médico por cada municipio.

Terrorismo de Estado

La comunidad pidió ayuda a los organismos de control para velar por sus derechos fundamentales, ya que se sienten amenazados por parte de la fuerza pública.

El pueblo Catatumbero dio a conocer diferentes hechos donde se presentaban amedrentamientos por parte de las fuerzas militares, abuso de poder, despojo de bienes, desplazamiento forzado, bombardeos y hostigamientos, así mismo como empadronamientos (retenes ilegales donde toman fotografías a sus documentos de identidad y luego a su rostro), donde luego los anotan en un libro, son métodos que utilizan las Fuerzas Militares para atemorizar a la comunidad.

A una mujer de aproximadamente 78 años de edad, el Ejército Nacional la despojó de su tienda, donde perdió unos 7 millones de pesos en productos con los que contaba para subsistir. Mientras vivía en su finca en el Alto de Bobalí, el Ejército le robaba su ganado.

“Me decían que hablara, que cantara, que dijera donde estaba fulanito de tal, que ni yo conocía. Yo toda mi vida me he dedicado a hacer empanadas, arepas, nosotros no somos guerrilleros”, afirmó la mujer.
En Bobalí, hubo un gran desplazamiento y las veredas hoy en día se encuentran vacías.

Comunidad Campesina, Ejército Nacional e Insurgencia

En este recrudecimiento de la violencia que vive nuevamente Colombia, 317 líderes y lideresas sociales han sido asesinatos sistemáticamente desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, según Medicina Legal. Con el Gobierno Actual, los mal llamados ‘falsos positivos’ (que se tratan en realidad de señalamientos, judicializaciones y ejecuciones extrajudiciales) van en aumento.

Miedo, burlas, abuso de autoridad, y amenaza directa con armas, son los medios de hostigamiento que utilizan las Fuerzas Militares para violar los derechos de las comunidades campesinas.

“Los campesinos no nos sentimos seguros con el Ejército Nacional, ellos son una banda delincuencial más y está extorsionando a la comunidad”, afirmó un habitante del territorio.

Varios presidentes de Juntas de Acción Comunales, y líderes de diferentes corregimientos se encuentran detenidos por falsas judicializaciones.

Soluciones y proyectos

La ‘solución’ del Gobierno de Iván Duque a estas problemáticas sociales ha sido la militarización del territorio, aumentando los casos de violación de Derechos Humanos a las comunidades.

Las comunidades subsisten gracias a proyectos impulsados por procesos de organización campesina, recolectando dinero que les permita suplir algunas necesidades que pide el territorio, en cuestiones ya mencionadas como salud, educación, acceso a vivienda y ahora, rutas de autoprotección.

El cultivo de coca, el cultivo de plátano, yuca y plantas medicinales, son medios alternativos con los cuales el campesinado busca subsistir en un territorio tan abandonado por el estado.

“El tema de la coca lo critican, hablando de erradicaciones, fumigaciones, pero por qué no buscan alternativas a esto, por qué no nos dan garantías” expresó un habitante del lugar.

Además, proyectos de cultura, educación, escuelas de danza, crecimiento de espacio en casas sociales, venta de productos naturales, bingos, bazares, son los métodos que utiliza la comunidad campesina para contrarrestar el daño y la violación a sus derechos humanos que le ha hecho la fuerza pública al territorio desde hace décadas, y para dejarle a los niños una construcción de paz, donde no se escuchen los sonidos de las balas.

Mientras el Gobierno Nacional no se preocupe por solucionar las problemáticas internas del país, y continúe buscando la forma de violentar la soberanía de países hermanos, las comunidades continuarán sufriendo las consecuencias del abandono estatal y el terrorismo de estado, sin embargo, también continuarán defendiendo sus territorios y la organización social será mayor, como lo ha demostrado el Catatumbo, región que resiste hace décadas.

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