Democracia, contra reformas y conflictos ecol贸gicos distributivos

Freddy D铆az 鈥 Equipo de Tierras CEDINS
Colombia, febrero de 2019
El a帽o pasado no pocos fueron los sorprendidos al saber que Germ谩n Vargas Lleras qued贸
fuera de la carrera presidencial al no poder acceder a la segunda vuelta, pues la maquinaria
pol铆tica con la que 茅l cuenta en las regiones del pa铆s lo pon铆an como un firme candidato a
quedarse con la presidencia.
Otra historia vivi贸 su partido Cambio Radical pues es uno de los que m谩s esca帽os en el
Congreso consigui贸. Apoyado en su bancada, pareciese que Vargas Lleras quisiera desarrollar
las propuestas de gobierno que ten铆a para su frustrado mandato.
Los proyectos y reformas impulsadas por esta colectividad ser谩n apoyadas por el partido de
gobierno; parte de esas propuestas se centrar铆an en dos ejes: el primero ser谩 la limitaci贸n a la
democracia y participaci贸n directa y efectiva de las comunidades por medio de la
reglamentaci贸n a la consulta previa y a la consulta popular; y el segundo, la modificaci贸n de
los procesos de licenciamiento y permisos ambientales. El inter茅s es claro: profundizar el
modelo de apropiaci贸n de los bienes naturales del pa铆s con el objetivo de exportarlos de
forma expedita.
Sin democracia, participaci贸n o autonom铆a.
En el pa铆s se han realizado 92 consultas populares para prohibir proyectos minero-
energ茅ticos (El Tiempo, 2018); hay, tambi茅n, 54 consultas pendientes por aprobaci贸n. En
cuanto a las consultas previas, de acuerdo al Ministerio del Interior, en el pa铆s se hacen m谩s de
2000 consultas previas al a帽o (Min. Interior, 2014). Ahora bien, a diferencia de lo que afirma
Vargas Lleras y quienes comulgan con su pensamiento pol铆tico – econ贸mico, las comunidades
que han usado estos mecanismos, no lo hacen para impedir o bloquear la ejecuci贸n de megaproyectos
per se y sin raz贸n aparente, por el contrario, lo hacen porque en ella
encontraron un medio jur铆dico para acompa帽ar las formas convencionales con las que las
comunidades se han opuesto a lo que consideran es perjudicial; y por otro lado, porque
conocen las implicaciones que conllevan las mega extracciones de bienes a su diario vivir.
Lo anterior puede verse de manera clara en los datos recopilados por Garc铆a (2017) en torno
a las movilizaciones contra la miner铆a. Del a帽o 2000 al 2015 se presentaron 11567 protestas.
De estas, el 2.3%, equivalentes a 267, est谩n 鈥渞elacionadas con exploraci贸n, explotaci贸n y
transporte de minerales, y con pol铆ticas referidas al sector de la miner铆a (como distribuci贸n de
regal铆as, determinaci贸n de regiones como distritos mineros, licenciamientos ambientales,
consulta previa y supremac铆a del orden nacional sobre la autonom铆a local鈥.
En 2013, se alcanz贸 el pico m谩s alto de protestas (imagen 1), en los mismos a帽os en los que se
lleg贸 al punto m谩s alto de inversi贸n extranjera directa para la industria
dicha ligaz贸n permite ver dos cosas, la primera la casi nula relaci贸n entre los recursos generados por el
sector extractivo y la percepci贸n de las comunidades de que eventualmente mejoren sus
condiciones, la segunda, los procesos que adelantan estas comunidades para la identificaci贸n,
reconocimiento e internalizaci贸n de los impactos negativos.
Contrario a la idea que se ha incubado, estos no son casos aislados que tienen baja ocurrencia,
en el pa铆s, pues 鈥渟e han registrado protestas relacionadas con miner铆a en 328 municipios
localizados en 26 de los 32 departamentos鈥 (Garc铆a, 2017), a pesar de que las fechas
manejadas por el documento citado anteriormente no sean suficientemente recientes y las
acciones hayan variado a帽o a a帽o, el patr贸n de luchas socio-ambientales es constante en el
tiempo.
Aparentemente a nada de lo descrito hasta ac谩 se le ha dado la importancia que tiene, pues
desde diferentes frentes se ha atacado la posibilidad de que las comunidades definan como
ordenar y relacionarse con el territorio. Sin duda, una de las razones que m谩s impulso le ha
dado a la idea de reglamentar la consulta previa es la disminuci贸n de recursos provenientes
de la IED, pues de acuerdo a la Agencia Nacional de Miner铆a (2018), los efectos de las
consultas populares han significado 230 mil millones de pesos menos para el pa铆s.
Y es a trav茅s de este argumento, que no s贸lo las agencias responsables de la explotaci贸n de los
bienes naturales en el pa铆s, sino pol铆ticos han buscado impulsar esta reforma; por medio de
chantajes han buscado deslegitimar la participaci贸n en las consultas populares porque se
vende la idea de que sin la explotaci贸n no hay inversi贸n social; muy parecido a lo dicho por
Vargas Lleras, quien propuso que los municipios que adelanten procesos de esta clase, no
deber铆an recibir regal铆as.
Lo anterior permite se帽alar dos elementos: el primero, de manera no tan sutil, se da el
mensaje de que la 煤nica actividad 煤til para el pa铆s es la que se relaciona con la extracci贸n de
bienes naturales, y los territorios realmente valiosos, son los que desarrollan este tipo de
actividades y no se oponen a ellas y, por ende, territorios socialmente vaciables (Svampa,
2008). Adem谩s, este mensaje es acompa帽ado por la idea de que la producci贸n de alimentos y
el cuidado ambiental quedan subyugados por la actividad extractiva. El segundo, con esta
medida se busca generar facilidades a la continuidad y profundizaci贸n en el pa铆s de la
dependencia del mercado mundial del carb贸n y petr贸leo especialmente, a pesar de los ya bien
conocidos y probados efectos negativos de este tipo de pol铆ticas.
En raz贸n de lo expuesto en el p谩rrafo anterior, es de una importancia may煤scula tener
presente que el sector minero-energ茅tico debe centrarse en cumplir los objetivos inherentes a
茅l y no verlo como la caja menor del Estado, pues al hacerlo, la prioridad central es generar
ganancias econ贸micas al costo que sea. 驴En realidad son tan importantes e irremplazables
estos recursos?, pues bajo el discurso de la necesidad de infraestructura y mejoras sociales,
m铆nimas, se ha defendido una supuesta necesidad de explotar hasta el bien natural m谩s
peque帽o y escaso que haya en el pa铆s. 驴Qu茅 tan 煤tiles y eficaces son los recursos que genera el
sector, supuestamente, para mejoras sociales?, de acuerdo a la UPME, la respuesta es casi
nada, 鈥渟e puede establecer que en los departamentos donde existe importante actividad
minera se presentan indicadores preocupantes de pobreza, pobreza extrema, 铆ndice de GINI e
ingresos per c谩pita bajos鈥 (UPME, 2014).
Otro de los argumentos usados para defender estas contra reformas es la posibilidad de que el
pa铆s sufra de inseguridad energ茅tica si contin煤a el bloqueo de proyectos mineros de
hidrocarburos e hidro energ茅ticos.
De acuerdo a los informes anuales de XM, en el 2017 la demanda de energ铆a en el pa铆s fue de
66.893 GW/h, mientras que la generaci贸n durante este mismo a帽o fue igual a 66.666 GW/h
dividida en fuentes no renovables con 57.984 GW/h y renovables con 8.683 GW/h. Ahora bien,
para hacer un an谩lisis adecuado es necesario tener en cuenta las exportaciones e
importaciones de energ铆a en el pa铆s; seg煤n los indicadores de intercambios de la UPME, en el
2017 se exportaron 9.207 GW/h y se importaron 78.162 GW/h, mientras que en el 2018
fueron de 16.052 GW/h y 110.640 GW/h respectivamente; teniendo en cuenta lo anterior es
preciso preguntarse: 驴en qu茅 se est谩 usando la energ铆a qu茅 genera el pa铆s?, 驴se est谩 usando
adecuadamente?, 驴en qu茅 se usa la que se exporta y la qu茅 se importa?, 驴antes de exportarse
no se deber铆an garantizar las necesidades energ茅ticas del pa铆s y sus habitantes?
Queda claro que las contra reformas vargaslleristas y duquistas no se centran 煤nicamente en
limitar la participaci贸n y decisi贸n de las comunidades, sino que es todo un andamiaje pro-
extracci贸n y pro-empresas extractivas. Pretende poner bajo el control del poder central los
PINES -Proyectos de Inter茅s Nacional y Estrat茅gicos-, lo cual significar铆a mayor facilidad en
tr谩mites y procesos agilizar proyectos de infraestructura y explotaci贸n de bienes naturales,
muchos de los cuales est谩n detenidos por las comunidades.
Apelan los capitalistas al sagrado derecho al desarrollo econ贸mico y la ganancia, a trav茅s del
cual se buscar谩 aumentar y proteger las inversiones tanto nacionales como extranjeras y as铆
eliminar cualquier obst谩culo que puedan afectarlas, como las consultas previas y populares.
De esta forma fortalecer铆an la figura de
inter茅s general sobre el particular
que ya se le aplica al
sector minero-energ茅tico, por lo tanto, es otro palo en la rueda que se le pondr铆a a las
consultas, pues lo 煤nico a proteger son las inversiones y las utilidades que generen esta clase
de proyectos, relegando a un lugar secundario la vida de las comunidades y su territorio.
Los pueblos se califican entre los que quieren el progreso y los que quieren seguir en el atraso,
desconociendo, a prop贸sito, lo se帽alado en el convenio 169 de la OIT, 驴se reconocer谩n
solamente a aquellos qu茅 abran sus territorios para explotarlos?
De igual manera, en el proyecto de ley se se帽ala que, si no hay acuerdo entre la comunidad
afectada y quien desarrolle el proyecto, se aplicar谩 el principio de proporcionalidad, a trav茅s
del test de proporcionalidad, que no es otra cosa que una ponderaci贸n entre derechos. La
experiencia reciente, y no tan reciente, ha demostrado como en casos de este tipo siempre se
ha dado mayor importancia a las inversiones, por esa raz贸n vale la pena preguntarse 驴qui茅n
har谩 el test?, 驴la empresa misma?, 驴qu茅 garant铆as, reales, se les ofrecen a las comunidades de
qu茅 se defender谩n sus derechos e intereses?, y tal vez m谩s importante a煤n, 驴ese es el inter茅s
de agregar al bloque de constitucionalidad el derecho al desarrollo econ贸mico?
En esta misma v铆a, se limitar铆a a un a帽o todo el proceso de consulta, lo que se traducir铆a en
posible menor rigurosidad en las fases del proceso y apresuramiento en la toma de decisiones,
as铆 pues, es v谩lido preguntar, 驴esto se hace con el fin de que no haya acuerdo y as铆 poder
aplicar el principio de proporcionalidad?
Para finalizar este apartado, es necesario se帽alar que, de ser aprobado el proyecto de ley, las
consultas no ser铆an vinculantes ni vetar铆an ning煤n proyecto, en otras palabras, pasar铆an a ser
un simple tr谩mite sin trascendencia y se desconocer铆a por completo a las comunidades y sus
decisiones frente al ordenamiento y uso del suelo.
Contra reformas ambientales
El proceso de licenciamiento ambiental en el pa铆s ha sido visto como un obst谩culo para la
adecuada puesta en marcha de megaproyectos, por esta raz贸n con las modificaciones
propuestas en la reforma se busca facilitar y desregular, a煤n m谩s, la puesta en marcha de
proyectos de gran envergadura y el sector ambiental respectivamente.
Para esto es necesario ir por partes. En primera medida, la reforma pretende concentrar en la
ANLA las funciones de entregar o negar permisos, tr谩mites y licencias ambientales, quit谩ndole
de esta manera algunas competencias a las Corporaciones Autonomas Regionales.
En este punto es necesario detallar que la ANLA es la responsable de otorgar o no las
autorizaciones anteriormente mencionadas que son de la incumbencia del Ministerio de
Ambiente, en otras palabras, las de proyectos nacionales, muchos de los cuales seguramente
son considerados PINES; mientras que las CAR鈥檚 son las encargadas de entregar los de
proyectos locales y/o regionales. En esta perspectiva es claro que el inter茅s primario de esta
propuesta es dejar en manos del poder central la facultad de otorgar permisos de explotaci贸n
y evitando as铆 que desde las regiones se obstaculicen los megaproyectos, y por ende, las
inversi贸n que se har谩 en ellos, pretendiendo as铆 acabar con la supuesta inseguridad jur铆dica
que hay en el pa铆s alrededor de esta clase de proyectos y la p茅rdida de derechos adquiridos
que esto implica.
Sin embargo, los proponentes olvidan dos cosas: la primera es que los derechos adquiridos no
aplican cuando de la protecci贸n ambiental se trata, y la segunda, es que tener una licencia
ambiental no significa tener derechos para explotar bienes naturales.
Continuando con lo anterior, se propone que el proceso de licenciamiento se d茅 en
simultaneidad con el de consulta previa con la finalidad acelerar el otorgamiento de la licencia
ambiental, lo cual permitir铆a pensar que en cuanto se tenga la licencia, el proceso de consulta
pasar铆a a segundo plano. Es importante recordar lo se帽alado l铆neas arriba, las reformas
propuestas har铆an que las consultas no puedan vetar proyectos.
De igual forma es importante preguntarse 驴estos procesos tendr谩n la rigurosidad necesaria
luego de haber sorteado alguno de ellos y tener la premura de conseguir el otro para poder
iniciar el proyecto?
En segunda medida, se propone realizar una reforma propiamente al proceso de
licenciamiento ambiental, puntualmente la proposici贸n es eliminar el Diagn贸stico Ambiental
de Alternativas -DAA-
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, y que sea el interesado en desarrollar la actividad o el proyecto quien
elija la ubicaci贸n o trazado. 驴Cu谩les ser铆an los argumentos qu茅 usar铆a qui茅n est茅 interesado en
hacer el proyecto o actividad en el momento de seleccionar por d贸nde pasar铆a o se ubicar铆a el
proyecto?, 驴tendr铆a en cuenta los ecosistemas y qui茅nes habitan en ellos o s贸lo se basar铆a en
cu谩l les deja mayores ganancias econ贸micas a menores inversiones?
Es preciso se帽alar que, de llegar a darse esta reforma, las decisiones se basar铆an en
indicadores contables y econ贸micos cl谩sicos, dando prioridad y centralidad a la ganancia
econ贸mica; dejando fuera del an谩lisis los costos socio-ecol贸gicos, que finalmente asumen las
comunidades, y que demuestran lo inviable e insostenible de los megaproyectos de
infraestructura y de explotaci贸n de la naturaleza.
En tercer lugar, la ANLA ser铆a la encargada de las sustracciones de reserva forestal, de esta
manera ser铆a la entidad encargada de, no s贸lo la entrega de los permisos y licencias
ambientales, sino que adem谩s se encargar铆a de habilitar zonas que est谩n vetadas por fines de
protecci贸n ambiental, lo que podr铆a significar el aumento exponencial de proyectos
extractivos y de infraestructura en el pa铆s. Lo anterior da pie para se帽alar dos elementos, el
primero, es que a los campesinos solicitantes de tierra les ponen todas las talanqueras
posibles para atender sus solicitudes, incluyendo las relacionadas con sustracci贸n de reservas
forestales para titulaci贸n; y el segundo, como una nota al pie, es que exfuncionarios de
Fedepalma ahora ocupan las direcciones de la Agencia de Restituci贸n de Tierras y de la
Agencia Nacional de Tierras, as铆 que, sumado a lo que se ha venido se帽alando en este art铆culo,
es muy probable que aumenten los proyectos de monocultivos, de los cuales muy
seguramente no pocos se ubicar谩n en, a hoy, zonas de protecci贸n ambiental. Generando a煤n
m谩s desigualdades ecol贸gicas y econ贸micas en las regiones del pa铆s.
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022
Para ir cerrando, es clave hacer menci贸n a las bases del Plan Nacional de Desarrollo del actual
gobierno en relaci贸n a los temas que se han tocado en el presente documento, el cual genera
m谩s dudas que certezas o caminos a transitar.
En el apartado cuarto, 鈥淧acto por la Sostenibilidad: Producir Conservando y Conservar
Produciendo鈥 se se帽ala que desde el Estado central se fortalecer谩n proyectos de Pagos por
Servicios Ambientales con el fin de que las comunidades hagan parte de 鈥渓a conservaci贸n,
preservaci贸n y restauraci贸n de los ecosistemas鈥 a cambio de una contraprestaci贸n econ贸mica;
actualmente hay casos en el pa铆s de comunidades que han entrado a estos proyectos y reciben
menos de un salario m铆nimo mensual, como los de BanCO2 en el oriente de Antioquia, de igual
manera, esta clase de mecanismos implican el cambio de uso del suelo y la imposibilidad de
las comunidades de continuar con sus formas de producci贸n, y por 煤ltimo, un elemento
impl铆cito: la negaci贸n de facto de que las comunidades est谩n en la capacidad de combinar la
protecci贸n ambiental con sus actividades diarias. Atendiendo a lo anterior es v谩lido
preguntarse, 驴son ellas las 煤nicas encargadas de cuidar los ecosistemas y no las empresas?
Desde el documento se apunta al apoyo a negocios sostenibles en el pa铆s, la miner铆a se
presenta a la opini贸n p煤blica como sostenible a pesar de no serlo, 驴qui茅n y c贸mo se definir谩
cu谩les son los negocios verdes y sostenibles?, 驴la actividad minera ser谩 cubierta por esta
categor铆a?, si esto ocurre 驴significar谩n mayores beneficios econ贸micos para el sector?
Como otro elemento a se帽alar, sobresale el inter茅s por enfrentar el cambio clim谩tico mientras
se contin煤a impulsando la extracci贸n de gas, carb贸n y petr贸leo, sabiendo que este tipo de
actividades son unas de las mayores generadoras de GEI.
En dicha secci贸n del documento institucional se establece la urgencia de reformar la
institucionalidad ambiental, dentro de ella, las CAR鈥檚, 鈥渇ortalecer el proceso de licenciamiento
ambiental y la evaluaci贸n de permisos鈥. Lo cual muestra que lo presentado en estas pocas
l铆neas hace parte no de una peque帽a parte del establecimiento, sino de una necesidad del
modelo econ贸mico en general para continuar apalancando su crecimiento a trav茅s de la
explotaci贸n de la naturaleza.
En la segunda secci贸n que genera inter茅s para los fines del documento, 鈥淧acto por los
Recursos Minero-Energ茅ticos para el Crecimiento Sostenible y la Expansi贸n de
Oportunidades鈥, es preciso se帽alar, sin temor a que parezca una conclusi贸n apresurada y
reduccionista, que no hay ning煤n tipo de intenci贸n en modificar lo que se hace en la
actualidad, se buscar谩 profundizar la explotaci贸n de energ铆a de fuentes convencionales con el
fin de generar ingresos, y en segundo plano queda nuevamente la generaci贸n a trav茅s de
fuentes renovables.
Para finalizar, se帽alar茅 dos elementos que a mi consideraci贸n son muy relevantes: El primero
es que, a pesar de reconocer el peso que tienen en el pa铆s las empresas extractivas, no hemos
dimensionando el poder que han alcanzado. El ejemplo m谩s claro son las modificaciones
se帽aladas en la legislaci贸n nacional, y que sin duda alguna benefician sus intereses.
Y segundo, es imposible que se siga pretendiendo alimentar a la sociedad de petr贸leo y carb贸n,
y seguir pensando que son energ铆as baratas mientras son las comunidades quienes asumen
las deudas ecol贸gicas y econ贸micas que generan los proyectos impulsados en su territorio.
Es un imperativo acelerar el proceso de la transici贸n energ茅tica, pero acompa帽ada por la
igualmente necesaria transici贸n socio-ecol贸gica. Sin una no puede existir la otra, deben ser un
complemento que confronte el centro del sistema econ贸mico.
Materialmente para los ecosistemas es imposible mantener el estilo de vida sostenido por
minerales, gas y petr贸leo, es imposible seguir negando los impactos negativos que vuelven
econ贸micamente viable la extracci贸n, pero inviable la vida de las comunidades.
A pesar de que sea repetitivo siempre es necesario se帽alarlo, en un planeta con bienes finitos,
es irrealizable la acumulaci贸n infinita.

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