La molesta presencia de ONU Derechos Humanos en Colombia

10 abr. Colombia Plural*.- En menos de un mes el nuevo representante del Alto Comisionado de la ONU [Organizaci贸n de las Naciones Unidas] para los Derechos Humanos en el pa铆s ha estallado. Alberto Brunori recoge las tensas relaciones de esta oficina con el Estado desde su apertura en 1997. Esta es la historia.

Alguien que estuvo muy cerca de Anders Kompass durante los tres a帽os que fue el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (HCHR-Colombia, por sus siglas en ingl茅s) relata a Colombia Plural por qu茅 fue sacado de ese puesto el 14 de junio de 2002: 鈥淪e le ocurri贸 cumplir estrictamente su mandato y eso le cost贸 el puesto鈥.

Hace un a帽o, en marzo de 2017, 200 organizaciones ped铆an que Todd Howland, el entonces representante del mismo organismo, no fuera trasladado, aunque oficialmente no hab铆a ninguna informaci贸n al respecto. 鈥淓l rumor era fuerte porque el Gobierno estaba muy molesto con las denuncias de Howland sobre c贸mo el Congreso estaba destrozando el marco de la justicia transicional pactado en La Habana [entre el Gobierno y las FARC]鈥, relata otra fuente cercana a lo acontecido. De hecho, parte de los problemas de Howland se acrecentaron cuando lleg贸 Jean Arnault, el jefe de la Misi贸n de la ONU para acompa帽ar el Proceso de Paz, mucho m谩s 鈥渃omplaciente鈥 con los incumplimientos oficiales.

Un a帽o despu茅s de esos rumores, en marzo de 2018, Howland sali贸 del pa铆s de forma precipitada, cuando le correspond铆a presentar su 煤ltimo y dur铆simo informe sobre la situaci贸n de los Derechos Humanos en el pa铆s. Los informes de Kompass tampoco gustaban al Gobierno, como no gustaron las denuncias de otros de los seis representantes que ha tenido el pa铆s desde que el Alto Comisionado de la ONU abriera oficina en el pa铆s, en 1997.

Ahora, Alberto Brunoni, el nuevo representante de la oficina desde el 21 de marzo, ya ha estallado, porque el Gobierno le est茅 dando credenciales temporales que, de momento, s贸lo le permitir铆an estar en el pa铆s hasta diciembre de 2018. Lo ha denunciado en una entrevista concedida a El Espectador https://www.elespectador.com/ en la que adem谩s, cuando le recuerdan que algunos sectores lo consideraban inc贸modo en Guatemala, su destino m谩s delicado (entre junio de 2010 y septiembre de 2016), advierte: 鈥淪oy una persona franca y respetuosa de las autoridades. Lo que s铆 no respeto son a los violadores de Derechos Humanos y a los corruptos condenados鈥. Con esos principios, en Colombia va a tener serios problemas de relaciones.

驴Qu茅 ocurre con el HCHR en Colombia?

La hemeroteca es terca y, cuando se evidencian estos roces, salen del armario del tiempo las declaraciones de Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz y Presidente de la Rep煤blica, cuando el julio de 2013, antes de recibir en Colombia a la Alta Comisionada de la ONU, asegur贸: 鈥淟e voy a decir (a Navi Pillay) que estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato [de la oficina del HCHR] o si se hace que sea por muy corto tiempo, porque el pa铆s ha avanzado lo suficiente para decir no necesitamos m谩s oficinas de DD.HH. de las Naciones Unidas en nuestro pa铆s. (鈥) Ya es responsabilidad nuestra y somos lo suficientemente maduros para saber que el respeto por los Derechos Humanos es una obligaci贸n de todos y cada uno de los ciudadanos pero sobre todo del Estado colombiano鈥. Santos tambi茅n defendi贸 al Ej茅rcito colombiano como un garante de esos Derechos Humanos.

No han dicho lo mismo los sucesivos informes anuales del HCHR en Colombia y no parece que ese sea el resultado del Examen Peri贸dico Universal sobre Derechos Humanos al que se somete el pa铆s el pr贸ximo 10 de mayo. Las organizaciones sociales y defensoras de DDHH ya han avisado que el pa铆s 鈥渟e raja鈥 en la mayor铆a de apartados de este peculiar examen de la ONU.

La realidad es que la oficina del HCHR en Colombia siempre ha sido inc贸moda para el poder.

Lo fue para Ernesto Samper, que choc贸 con la primera directora de la oficina del HCHR en Bogot谩, Almudena Mazarrasa, quien denunci贸 el crecimiento de los paramilitares, la legitimaci贸n de las Convivir y el impacto del narcotr谩fico en el accionar de los grupos armados. Ese tipo de aseveraciones se tradujeron en la salida de Mazarrasa y la llegada de Kompass, quien choc贸 con el Gobierno de Andr茅s Pastrana.

As铆 que Pastrana tampoco se llev贸 bien con esta dependencia de la ONU. Pastrana 鈥渏ustificaba鈥 la grave situaci贸n de los Derechos Humanos por el conflicto armado y no entend铆a por qu茅 el Gobierno ten铆a m谩s responsabilidad que la guerrilla en la violaci贸n de los mismos. Sandra Borda, de la Universidad de Los Andes, describ铆a en un art铆culo de 2012 la estrategia de su Gobierno como 鈥渄e negaci贸n de la responsabilidad del Estado en las violaciones [de derechos humanos]. En consecuencia, el Gobierno de Pastrana reemprendi贸 una campa帽a sistem谩tica de descalificaci贸n de los informes de la oficina del Alto Comisionado [de la ONU] y de las organizaciones no gubernamentales鈥.

Tambi茅n fue inc贸moda para el presidente 脕lvaro Uribe, cuando en 2004, el informe de la oficina le recordaba que incumpl铆a las 27 recomendaciones de la ONU en materia de Derechos Humanos y, por supuesto, le recordaba que se denominada como 鈥減ol铆tica de seguridad democr谩tica鈥 iba en contrav铆a de esos derechos, lejos de garantizarlos, como defend铆a el Gobierno.

Unos meses antes, Uribe hab铆a arremetido contra las organizaciones de derechos humanos, sin ponerles nombre ni apellidos: 鈥淯nos cr铆ticos te贸ricos que respetamos pero no compartimos su tesis de la debilidad. Unas organizaciones serias de derechos humanos, que respetamos y acogemos, con las cuales mantendremos permanente di谩logo para mejorar lo que hay que mejorar. Y unos traficantes de derechos humanos que se deber铆an quitar de una vez por todas su careta, aparecer con sus ideas pol铆ticas y dejar esa cobard铆a de esconder sus ideas pol铆ticas detr谩s de los Derechos Humanos鈥.

Tampoco le gust贸 a Marta Luc铆a Ram铆rez, la entonces Ministra de Defensa, cuando Michael Fr眉hling, quien sucedi贸 a Kompass al frente de la oficina, asegur贸 en una carta al Congreso que el proyecto de Ley Antiterrorista que se trataba era incompatible con las normas internacionales que Colombia se hab铆a comprometido a cumplir. Tampoco fueron del agrado del Gobierno las opiniones negativas de la oficina del HCHR sobre la Ley de Justicia y Paz o las denuncias permanentes sobre los asesinatos de sindicalistas o, al final del periodo de Fr眉hling, sobre los llamados 鈥渇alsos positivos鈥.

Fueron los a帽os m谩s duros de relaciones, con la presi贸n del Gobierno de Uribe para la salida de James Lemoyne, el enviado especial a Colombia del Secretario General de la ONU 鈥搇o que consigui贸 en 2004- e, incluso, cuando hubo intentos diplom谩ticos para cerrar la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el pa铆s, algo que no ocurri贸 por las presiones de la Uni贸n Europea, que logr贸 que se renegociara la presencia en el pa铆s en 2010.

Seg煤n explica Sandra Borda Guzm谩n, 鈥渦na de las grandes paradojas de la pol铆tica exterior colombiana en materia de Derechos Humanos reside en una doble tendencia que aboga, por un lado, por la negaci贸n sistem谩tica de la existencia de un problema serio y grave de violaci贸n a los derechos humanos en el pa铆s, y por el otro, intenta convencer a la comunidad internacional de que se han dado pasos sustanciales para solucionar un problema que, en primera instancia, no se admite que existe鈥.

La acreditaci贸n de Brunori

La bipolaridad oficial del Gobierno colombiano respecto a los Derechos Humanos vuelve ahora, en abril de 2018, cuando se produce el cambio del estadounidense Todd Howland 鈥搖n personaje inc贸modo por sus cr铆ticas al sistema pol铆tico colombiano y al poco inter茅s real por impulsar la paz acordada con las FARC- por el italiano Alberto Brunoni. Brunoni tiene un perfil alto y llega avalado por su experiencia en Guatemala, donde se enfrent贸 al establecimiento tanto en asuntos de corrupci贸n como en materia de las violaciones a los Derechos Humanos. Lo mismo hizo despu茅s desde su posici贸n como responsable del HCHR para Centroam茅rica, desde donde llega a Colombia.

No parece razonable que a un Gobierno presidido por un Premio Nobel de Paz le costara ratificar su nombramiento, cosa que ocurri贸 el 21 de marzo despu茅s de la presi贸n de la sociedad civil, con una carta exigi茅ndolo firmada por 400 organizaciones nacionales, y que, ahora, no le d茅 una credencial hasta el 31 de octubre de 2019, que es, al menos, hasta cuando est谩 acordado el mandato de la Oficina en Colombia, en la que trabajan unas 150 personas con presencia permanente en 15 departamentos. En este momento, Colombia es el pa铆s donde el HCHR despliega su mayor misi贸n en el mundo.

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende c贸mo se procesan los datos de tus comentarios.