Condena contra militares

por acceso carnal violento en persona protegida de mujer ind铆gena

El 9 de septiembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popay谩n anunci贸 el sentido del fallo condenatorio contra HECTOR LUJAN SANCHEZ y CARLOS ALBERTO PULGARIN, por encontrarlos responsables a titulo de coautores del delito de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida cuya v铆ctima es una mujer ind铆gena. Seg煤n el art铆culo 138 del C贸digo Penal, modificado por la Ley 890 de 2004, la sanci贸n contempla una pena de 13 a 27 a帽os de prisi贸n, la cual ser谩 impuesta el 19 de diciembre pr贸ximo.

El 10 de junio de 2009, cuando la mujer ind铆gena de veintid贸s a帽os se dirig铆a a su casa, en zona rural del municipio de Jambal贸 Cauca, miembros de la Tercera Brigada del Ej茅rcito Nacional uniformados y portando armas de largo alcance, la retuvieron y le decomisaron su c茅dula de ciudadan铆a. Posteriormente la accedieron carnalmente de manera violenta.. Con el fin de que la humilde mujer no instaurara la denuncia penal, el Sargento Torres le ofreci贸 cien mil pesos.

Pese a las amenazas de los agresores que provocaron su desplazamiento forzado, la v铆ctima y su familia emprendieron el tortuoso camino ante la justicia colombiana.

La investigaci贸n penal (- Spoa聽 196926000633200900610-) en principio estuvo a cargo del fiscal seccional de Silvia Cauca, y posteriormente pas贸 a la Fiscal铆a 38 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (UNDHDIH) de Cali, en donde ins贸litamente el caso pas贸 por las manos de seis fiscales.

Luego de reiteradas quejas y solicitudes por falta de garant铆as para el Acceso a la Justicia de la v铆ctima, el Fiscal General de la Naci贸n relev贸 del proceso a la cuestionada Fiscal铆a 38 UNDHDIH y lo reasign贸 a la fiscal 145 Seccional de Bogot谩 Destacada en G茅nero, quien diligentemente adelant贸 el juicio oral y practic贸 las pruebas necesarias que llevaron a la convicci贸n al juez de conocimiento de la responsabilidad penal de los militares en el crimen.

Fue tan grave la situaci贸n, que la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos 鈥揅IDH- le otorg贸 medidas cautelares a la v铆ctima y sus hijos, ordenando al Estado de Colombia, adoptar medidas urgentes para la protecci贸n de los derechos a la vida e integridad personal. Y dispuso tambi茅n el esclarecimiento de los hechos.

Las actuaciones de la fiscal铆a 38 especializada de la UN-DH-DIH de Cali, no cumplieron los est谩ndares nacionales e internacionales de derechos humanos de la debida diligencia para esta clase de delitos. Por el contrario, el fiscal de turno decidi贸 archivar la investigaci贸n en octubre de 2011, al dar total credibilidad a los agresores; se帽alar a la mujer ind铆gena de tener una conducta licenciosa, y justificar su inacci贸n judicial aduciendo que la v铆ctima supuestamente padec铆a un trastorno psicol贸gico. Argument贸 tambi茅n absurdamente que no exist铆an signos de violencia, porque la v铆ctima no hab铆a entregado la ropa que vest铆a el d铆a de los hechos. A煤n m谩s grave, la fiscal铆a 38 desconoci贸 las entrevistas realizadas y el dictamen psicol贸gico del Centro de Atenci贸n a v铆ctimas de violencia sexual 鈥揅AIVAS- de la FGN, que certific贸 los hallazgos de abuso sexual.

Gracias a la intervenci贸n de los abogados de la v铆ctima el caso fue desarchivado por el juzgado 17 de control de garant铆as de Cali, en marzo de 2012. Infortunadamente la misma fiscal铆a 38 contin煤o con el conocimiento de la investigaci贸n y mantuvo el proceso durante tres a帽os en etapa de indagaci贸n preliminar sin realizar ninguna actividad investigativa.

Fueron tan evidentes las irregularidades que el Magistrado VICTOR MANUEL CHAPARRO BORDA de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, en fallo de Acci贸n de Tutela (Rad. 2013-100) expres贸 que la Fiscal铆a ha vulnerado el derecho de petici贸n de la mujer ind铆gena; Ha vulnerado el derecho fundamental de Acceso a la Administraci贸n de Justicia, parte del debido proceso, porque聽 luego de m谩s de tres a帽os, no decide si abre o no proceso penal; La Fiscal铆a 38 ha impuesto a la mujer ind铆gena v铆ctima, la carga de la prueba sin adelantar gesti贸n alguna para garantizar su derecho a la justicia; La Fiscal铆a 38 revictimiza y ha prejuzgado, ya que no cree en la victima y le da total credibilidad a los militares.

En diciembre de 2013 la fiscal铆a 38, dispuso la ruptura de la unidad procesal del caso, para investigar solo el acceso carnal violento y no las amenazas y el desplazamiento forzado conexos, en evidente favorecimiento a los implicados. Amenazas y desplazamiento forzado que se encuentran en absoluta impunidad.

En mayo de 2014, la fiscal铆a 38 solicit贸 imputaci贸n de cargos contra los agresores pero no cit贸 a la audiencia a los abogados de las v铆ctimas, para ejercer su derecho a oponerse a聽 la solicitud de libertad de los imputados que efectu贸, pese a la prohibici贸n legal por la naturaleza del delito.

La v铆ctima y su madre fueron sometidas a hostigamientos no solo de parte de los agresores sino que constantemente recibieron llamadas telef贸nicas de la polic铆a judicial, incluso a altas horas de la noche en las que se les amenazaba con cobrarles el costo de las audiencias si no asist铆an a ellas; As铆 mismo les manifestaban recurrentemente que no ten铆an abogados que las representaran y que les iban a designar un defensor p煤blico.

Las v铆ctimas y sus representantes esperan que estos cr铆menes no se vuelvan a repetir y que la FGN ofrezca todas las garant铆as de Acceso a la Justicia y se abstenga de obstruir los derechos de las v铆ctimas y el libre ejercicio de los defensores de derechos humanos.

CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD

corporacionjusticiaydignidad@gmail.com

Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2016

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