Condena contra militares

por acceso carnal violento en persona protegida de mujer indígena

El 9 de septiembre de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popay√°n anunci√≥ el sentido del fallo condenatorio contra HECTOR LUJAN SANCHEZ y CARLOS ALBERTO PULGARIN, por encontrarlos responsables a titulo de coautores del delito de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida cuya v√≠ctima es una mujer ind√≠gena. Seg√ļn el art√≠culo 138 del C√≥digo Penal, modificado por la Ley 890 de 2004, la sanci√≥n contempla una pena de 13 a 27 a√Īos de prisi√≥n, la cual ser√° impuesta el 19 de diciembre pr√≥ximo.

El 10 de junio de 2009, cuando la mujer ind√≠gena de veintid√≥s a√Īos se dirig√≠a a su casa, en zona rural del municipio de Jambal√≥ Cauca, miembros de la Tercera Brigada del Ej√©rcito Nacional uniformados y portando armas de largo alcance, la retuvieron y le decomisaron su c√©dula de ciudadan√≠a. Posteriormente la accedieron carnalmente de manera violenta.. Con el fin de que la humilde mujer no instaurara la denuncia penal, el Sargento Torres le ofreci√≥ cien mil pesos.

Pese a las amenazas de los agresores que provocaron su desplazamiento forzado, la víctima y su familia emprendieron el tortuoso camino ante la justicia colombiana.

La investigación penal (- Spoa  196926000633200900610-) en principio estuvo a cargo del fiscal seccional de Silvia Cauca, y posteriormente pasó a la Fiscalía 38 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (UNDHDIH) de Cali, en donde insólitamente el caso pasó por las manos de seis fiscales.

Luego de reiteradas quejas y solicitudes por falta de garantías para el Acceso a la Justicia de la víctima, el Fiscal General de la Nación relevó del proceso a la cuestionada Fiscalía 38 UNDHDIH y lo reasignó a la fiscal 145 Seccional de Bogotá Destacada en Género, quien diligentemente adelantó el juicio oral y practicó las pruebas necesarias que llevaron a la convicción al juez de conocimiento de la responsabilidad penal de los militares en el crimen.

Fue tan grave la situaci√≥n, que la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos ‚ÄďCIDH- le otorg√≥ medidas cautelares a la v√≠ctima y sus hijos, ordenando al Estado de Colombia, adoptar medidas urgentes para la protecci√≥n de los derechos a la vida e integridad personal. Y dispuso tambi√©n el esclarecimiento de los hechos.

Las actuaciones de la fiscal√≠a 38 especializada de la UN-DH-DIH de Cali, no cumplieron los est√°ndares nacionales e internacionales de derechos humanos de la debida diligencia para esta clase de delitos. Por el contrario, el fiscal de turno decidi√≥ archivar la investigaci√≥n en octubre de 2011, al dar total credibilidad a los agresores; se√Īalar a la mujer ind√≠gena de tener una conducta licenciosa, y justificar su inacci√≥n judicial aduciendo que la v√≠ctima supuestamente padec√≠a un trastorno psicol√≥gico. Argument√≥ tambi√©n absurdamente que no exist√≠an signos de violencia, porque la v√≠ctima no hab√≠a entregado la ropa que vest√≠a el d√≠a de los hechos. A√ļn m√°s grave, la fiscal√≠a 38 desconoci√≥ las entrevistas realizadas y el dictamen psicol√≥gico del Centro de Atenci√≥n a v√≠ctimas de violencia sexual ‚ÄďCAIVAS- de la FGN, que certific√≥ los hallazgos de abuso sexual.

Gracias a la intervenci√≥n de los abogados de la v√≠ctima el caso fue desarchivado por el juzgado 17 de control de garant√≠as de Cali, en marzo de 2012. Infortunadamente la misma fiscal√≠a 38 contin√ļo con el conocimiento de la investigaci√≥n y mantuvo el proceso durante tres a√Īos en etapa de indagaci√≥n preliminar sin realizar ninguna actividad investigativa.

Fueron tan evidentes las irregularidades que el Magistrado VICTOR MANUEL CHAPARRO BORDA de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, en fallo de Acci√≥n de Tutela (Rad. 2013-100) expres√≥ que la Fiscal√≠a ha vulnerado el derecho de petici√≥n de la mujer ind√≠gena; Ha vulnerado el derecho fundamental de Acceso a la Administraci√≥n de Justicia, parte del debido proceso, porque¬† luego de m√°s de tres a√Īos, no decide si abre o no proceso penal; La Fiscal√≠a 38 ha impuesto a la mujer ind√≠gena v√≠ctima, la carga de la prueba sin adelantar gesti√≥n alguna para garantizar su derecho a la justicia; La Fiscal√≠a 38 revictimiza y ha prejuzgado, ya que no cree en la victima y le da total credibilidad a los militares.

En diciembre de 2013 la fiscalía 38, dispuso la ruptura de la unidad procesal del caso, para investigar solo el acceso carnal violento y no las amenazas y el desplazamiento forzado conexos, en evidente favorecimiento a los implicados. Amenazas y desplazamiento forzado que se encuentran en absoluta impunidad.

En mayo de 2014, la fiscalía 38 solicitó imputación de cargos contra los agresores pero no citó a la audiencia a los abogados de las víctimas, para ejercer su derecho a oponerse a  la solicitud de libertad de los imputados que efectuó, pese a la prohibición legal por la naturaleza del delito.

La v√≠ctima y su madre fueron sometidas a hostigamientos no solo de parte de los agresores sino que constantemente recibieron llamadas telef√≥nicas de la polic√≠a judicial, incluso a altas horas de la noche en las que se les amenazaba con cobrarles el costo de las audiencias si no asist√≠an a ellas; As√≠ mismo les manifestaban recurrentemente que no ten√≠an abogados que las representaran y que les iban a designar un defensor p√ļblico.

Las víctimas y sus representantes esperan que estos crímenes no se vuelvan a repetir y que la FGN ofrezca todas las garantías de Acceso a la Justicia y se abstenga de obstruir los derechos de las víctimas y el libre ejercicio de los defensores de derechos humanos.

CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD

corporacionjusticiaydignidad@gmail.com

Santiago de Cali, 13 de septiembre de 2016

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.