Noticias

Un acuerdo de paz que ofende a la sociedad civil y pervierte el sentido de justicia

Siempre digo lo que pienso…

No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo¬Ľ: Calle 13

 

La violencia, y su forma descarnada –la guerra– declarada o no declarada, hab√≠an dejado millones de v√≠ctimas en Colombia, y despu√©s de 200 a√Īos de permanente violencia, parad√≥jicamente, no ten√≠an ning√ļn derecho reconocido jur√≠dicamente‚Ķ Hasta que en el a√Īo 2001, por primera vez, se reconoci√≥ a las v√≠ctimas de la violencia que forman parte de la sociedad civil; se les reconoci√≥ derechos que hoy todo el mundo repite y que pocos acatan: los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparaci√≥n y la garant√≠a de no repetici√≥n.

 

Ese hecho hist√≥rico est√° plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional, C-1149 del 31 de octubre del 2001 -magistrado ponente, JAIME ARAUJO RENTER√ćA, en donde se reconoce por primera vez que las v√≠ctimas de la violencia tendr√≠an plenos derechos en Colombia a la verdad, a la justicia, a la no repetici√≥n, a la reparaci√≥n plena, incluido el derecho a que se les REPARARA en forma individual y colectiva, incorporando la memoria hist√≥rica. Hasta ese momento, la reparaci√≥n solo era una reparaci√≥n material o patrimonial (parte civil dentro del proceso) individual. No cobijaba medidas generales, ni colectivas, ni memoria hist√≥rica, ni inmateriales como el perd√≥n. En la mencionada sentencia, por vez primera, aparecieron las medidas de car√°cter simb√≥lico en concepto de reparaci√≥n moral, como el reconocimiento p√ļblico y solemne por el Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las v√≠ctimas, los actos conmemorativos, los bautizos de v√≠as p√ļblicas y las erecciones de monumentos para facilitar el deber de recordar.

 

Nadie puede defender un derecho si no sabe que lo tiene; y no puede defenderlo bien si no sabe exactamente en qué consiste y cuáles son las características de ese derecho.

 

Por esta razón elemental, es indispensable que las víctimas conozcan sus derechos; la totalidad de sus derechos; cómo se integran sus derechos al esquema universal de derechos humanos. Lo primero es que los derechos de las víctimas, forman una unidad inescindible.

 

El derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación y la garantía de no repetición, no pueden separarse o dividirse:

 

1). Sin justicia no hay verdad ni reparación ni garantía de no repetición;

 

2).- Sin verdad no hay justicia ni reparación ni garantía de no repetición;

 

3). Sin reparación integral no hay justicia ni verdad ni garantía de no repetición;

 

4). Sin garantía de no repetición no hay justicia, ni verdad ni reparación

 

A las víctimas les pertenecen esos derechos en su integridad y unidad. No reconocérselos en su integridad, es hacerles fraude y, en cierta forma, cometer otra violación de sus derechos. Las víctimas tienen derechos completos, NO medios derechos o fracciones de derechos.

 

Derecho a la verdad

 

Son elementos del derecho a la verdad los que se se√Īalaron en la sentencia C-1149: El derecho a SABER y el derecho a RECORDAR, individual y colectivamente, cuyo texto dice:

 

¬ęDerecho a saber. No se trata s√≥lo del derecho individual que toda v√≠ctima o sus familiares tienen a saber lo que ocurri√≥, que es el derecho a la verdad. El derecho a saber es tambi√©n un derecho colectivo que hunde sus ra√≠ces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones. Como contrapartida, al Estado le incumbe, el ¬ędeber de recordar¬Ľ, a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo; en efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresi√≥n forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Tales son los principales objetivos del derecho a saber c√≥mo derecho colectivo.¬Ľ.

 

Este derecho es individual, porque las familias tienen el derecho a conocer la suerte de sus seres queridos, como ha dicho la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): ¬ęconocer la verdad √≠ntegra, completa y p√ļblica sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias espec√≠ficas y qui√©nes participaron en ellos¬Ľ; esto es, conocer la verdad total en relaci√≥n con los hechos, sus circunstancias de modo, tiempo y lugar; la identidad de los autores materiales e intelectuales y c√≥mplices y sus motivaciones.

 

En eventos de ejecuciones extrajudiciales, desaparici√≥n forzada y tumbas clandestinas, el derecho a la verdad implica conocer la suerte y el paradero de las v√≠ctimas y en la desaparici√≥n o hurto de ni√Īos durante la detenci√≥n de sus padres, el derecho a la verdad conlleva el de los ni√Īos a conocer su identidad verdadera.

 

Es un derecho colectivo, porque como dijo la misma comisi√≥n al estudiar la ley de amnist√≠a de Pinochet donde se perdonaban los cr√≠menes cometidos entre 1973 y 1978, impidi√©ndose la investigaci√≥n y sanci√≥n de los delitos y acord√°ndose impunidad a sus responsables: ¬ęToda sociedad tiene el derecho inalienable de conocer la verdad de lo ocurrido, as√≠ como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.¬Ľ

 

La Comisión dijo que este derecho a la verdad, individual y colectivo impone a los estados el deber de brindar a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general, información acerca de las circunstancias que rodearon las violaciones graves de los derechos humanos y acerca de la identidad de sus perpetradores, este derecho emana de los artículos 1(1), 8(1), 25 y 13; de la Convención Americana.

 

Otra de las características del derecho a la verdad es su peculiaridad de inalienable, imprescriptible y autónomo. Dado su carácter inalienable y su ámbito de aplicación material, no puede ser objeto de suspensión bajo ninguna circunstancia.

 

Como lo dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: ¬ęHabida cuenta de su car√°cter inalienable y su estrecha relaci√≥n con otros derechos que no admiten suspensi√≥n, como el derecho a no sufrir torturas y malos tratos, el derecho a la verdad debe considerarse como un derecho que no se puede suspender.

 

Las amnist√≠as y otras medidas an√°logas y las restricciones al derecho a solicitar informaci√≥n, nunca deben utilizarse para limitar, denegar o perjudicar el derecho a la verdad, que est√° estrechamente vinculado a la obligaci√≥n de los Estados de combatir y erradicar la impunidad¬Ľ.

 

Otra caracter√≠stica, del derecho a la verdad, es que no puede ser sustituido por las denominadas comisiones de la verdad, ya que estas √ļltimas no tienen el poder que tiene un tribunal para declarar culpable o inocente una persona, como dijo el Relator Especial De la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias: ¬ęla funci√≥n de una comisi√≥n, dentro de la obligaci√≥n que incumbe a un Estado de juzgar y castigar, es la de reunir pruebas para las actuaciones judiciales ulteriores, identificar a los autores de los delitos o recomendar que se juzgue a determinadas personas¬Ľ, concluyendo que ¬ęUna comisi√≥n no puede sustituir a un juicio penal¬Ľ.

 

De igual manera, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ¬ęEn cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el derecho a conocer la verdad, los Estados pueden establecer comisiones de la verdad, las que contribuyen a la construcci√≥n y preservaci√≥n de la memoria hist√≥rica, el esclarecimiento de hechos y la determinaci√≥n de responsabilidades institucionales, sociales y pol√≠ticas en determinados per√≠odos hist√≥ricos de una sociedad.

 

No obstante, esto no completa o sustituye la obligaci√≥n del Estado de establecer la verdad a trav√©s de procesos judiciales, por lo cual era una obligaci√≥n del Estado iniciar investigaciones penales para determinar las correspondientes responsabilidades¬Ľ (Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, Sentencia de 31 de agosto de 2011).

 

En otro caso, Ignacio Ellacur√≠a S.J. y otros Vs El Salvador, la Comisi√≥n Interamericana precis√≥ que este tipo de comisiones: ¬ęTampoco sustituyen la obligaci√≥n indelegable del Estado de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del √°mbito de su jurisdicci√≥n, de identificar a los responsables, de imponerles sanciones y de asegurar a la v√≠ctima una adecuada reparaci√≥n […] todo dentro de la necesidad imperativa de combatir la impunidad¬Ľ.

 

Después de estudiar todos los elementos que configuran el derecho a la verdad y de cotejarlos con el acuerdo final de La Habana, podemos concluir que no garantiza el derecho a la verdad de las víctimas; que por el contrario, lo viola y de esta manera revictimiza a las víctimas. Varias son las razones de esta afirmación:

 

1).- Porque los elementos probatorios que recoja la Comisión de la Verdad, carecen de efectos probatorios ante los órganos judiciales. Como consecuencia, el Estado incumple su deber indelegable de investigar, perseguir y castigar a los violadores de los derechos humanos y de asegurar a la víctima una adecuada verdad y reparación.

 

2).- Porque, como ya sucedi√≥ en el caso de justicia y paz, las v√≠ctimas no pueden confrontar directamente a sus victimarios. El victimario no concurre solo y frente a sus v√≠ctimas, sino que lo hace por medio de otras personas (el fiscal, el juez, o los miembros de la Comisi√≥n de la verdad), de modo que el victimario dice lo que √©l quiere, olvida lo que quiere o s√≥lo dice verdades a medias que son la peor forma de mentir, sin que la v√≠ctima pueda interpelarlo directamente sobre su relato. √Čste esquema, donde s√≥lo narra el victimario y la v√≠ctima es pasiva, es perverso.

 

3).- Porque no se garantiza en los acuerdos que la verdad sea total en relaci√≥n con los hechos, sus circunstancias de modo, tiempo y lugar; la identidad de los autores materiales e intelectuales y c√≥mplices y sus motivaciones. En eventos de ejecuciones extrajudiciales, desaparici√≥n forzada y tumbas clandestinas, el derecho a la verdad implica conocer la suerte y el paradero de las v√≠ctimas; y en la desaparici√≥n o hurto de ni√Īos durante la detenci√≥n de sus padres, el derecho a la verdad conlleva el de los ni√Īos a conocer su identidad verdadera‚Ķ

 

En los acuerdos de La Habana, nada de esto se garantiza a las verdaderas víctimas.

 

Derecho a la reparación

 

Lo mismo sucede con el derecho a la reparaci√≥n: el verdadero derecho a la reparaci√≥n, es un derecho a que se resarza la totalidad del da√Īo; tanto el da√Īo material como el da√Īo moral; y si no se resarce la totalidad del da√Īo, en realidad las v√≠ctimas se han empobrecido.

 

En trat√°ndose de v√≠ctimas de la violencia, la totalidad del da√Īo implica una reparaci√≥n adicional, esto es, actos como los de pedir perd√≥n, tratamiento sicol√≥gico para las v√≠ctimas, construir obras p√ļblicas en nombre de las v√≠ctimas; conservar la memoria hist√≥rica; hacer monumentos y obras de arte que recuerden a las v√≠ctimas.

 

Todos esos actos son adicionales a la reparaci√≥n tradicional del da√Īo civil o administrativo (si se da√Ī√≥ por 100, hay que reparar por 100 y no por 20); y como su nombre lo dice, constituyen una adici√≥n, suma o PLUS a ese da√Īo, de modo que al tradicional da√Īo material (da√Īo emergente y lucro cesante) y al da√Īo moral (con sus tarifas de indemnizaci√≥n), hay que agregar esos otros actos en trat√°ndose de v√≠ctimas de la violencia y si no se agregan; o so pretexto de estos √ļltimos, no se puede desconocer la integridad del da√Īo material y del da√Īo moral; y si as√≠ se hace, se le est√° haciendo otro fraude al derecho de las v√≠ctimas a la integridad de la reparaci√≥n.

 

No se puede, decirle a las víctimas de que su derecho a la reparación, consiste exclusivamente en que los victimarios (Estado y guerrilla) les piden perdón, pero se quedan con los bienes de los que los despojaron; o con lo producido por el narcotráfico, o que bautiza una calle con el nombre de las víctimas de la masacre de el salado, pero que las madres de los hijos que fueron asesinados en esa masacre, no tienen derecho a la reparación material por la muerte de sus hijos. Hacerlo así, es otra violación del derecho a las víctimas, a la reparación integral y es hacerles un nuevo fraude en sus derechos.

 

Como sucede con el derecho a la verdad, el acuerdo de La Habana, tampoco garantiza el derecho a la reparaci√≥n de las v√≠ctimas: ni su da√Īo material, ni el moral, ni el psicol√≥gico; y de manera perversa, so pretexto del plus, vac√≠an de contenido la verdadera reparaci√≥n: la reparaci√≥n integral; esto es, la tradicional m√°s el plus. So pretexto de dar otro derecho, el derecho a la verdad, le quitan a la v√≠ctima el derecho a la reparaci√≥n; lo grave es que tampoco le dan derecho a la verdad, como acabamos de demostrarlo.

 

Derecho a la justicia

 

Como dijera Jos√© Ayala Lasso, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos: ¬ęPertenece al proceso de rehabilitaci√≥n de las victimas saber que los cr√≠menes est√°n reconocidos oficialmente como delitos y que los culpables ten√≠an que ser condenados. Con eso no se trata de una identificaci√≥n entre pena y justicia sino m√°s bien el reconocimiento de la necesidad de respetar al ser humano. Cada v√≠ctima de tortura o de cr√≠menes de guerra sufri√≥ una violaci√≥n de su dignidad de ser humano. El respeto y la compasi√≥n para la victima exigen que se investigue profundamente el crimen y que esta investigaci√≥n conduzca a una forma de reparaci√≥n y reivindicaci√≥n de su dignidad.

 

¬ęPor eso la advertencia de sanci√≥n es una parte importante de cada estrategia penal. Si queremos mantener la esperanza de impedir lo malo, tenemos que dejar muy en claro a los perpetradores que en el d√≠a del juicio van a tener que pagar por sus delitos.

 

¬ęUno de los principios importantes definidos en los procesos de N√ļremberg es el de la responsabilidad personal de individuos por sus acciones, sean estos presidentes, funcionarios o miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Ya no hay una inmunidad en ¬ęactos de soberan√≠a¬Ľ que excluya de persecuci√≥n por cr√≠menes de guerra a los altos funcionarios del gobierno, y esto es muy justo. Tambi√©n la vieja legitimaci√≥n de remitirse a una ¬ęorden superior¬Ľ carece de fundamento¬Ľ.

 

Concepto de justicia de John S. Mill

 

Para Mill, ¬ęSe considera universalmente justo que cada persona reciba lo que merece (sea bueno o malo) e injusto que reciba un bien, o que se le haga sufrir un mal que no merece. Esta es quiz√°s la m√°s clara y enf√°tica manera con que se concibe la idea de justicia. Como entra√Īa la noci√≥n de m√©rito, surge la cuesti√≥n ¬Ņqu√© es lo que constituye el m√©rito? Hablando de modo corriente, se entiende que una persona merece el bien si obra bien; el mal si obra mal. En un sentido m√°s particular, se dice que merece recibir el bien de aquellos con quienes ha obrado bien y el mal de aquellos con quienes ha obrado mal. El precepto de devolver bien por mal nunca se ha considerado como cumplimiento de la justicia,‚Ķ¬Ľ.

 

La sentencia C-1149, resumió así el Derecho a la justicia:

 

1. Derecho a un recurso equitativo y efectivo; que Implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso equitativo y efectivo, sobre todo para lograr que su opresor sea juzgado y obtener reparación. Conforme se indica en el preámbulo del Conjunto de principios, no existe reconciliación justa y duradera si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia; el perdón, acto privado, supone, como condición de toda reconciliación, que la víctima conozca al autor de las violaciones y que éste haya tenido la posibilidad de manifestar su arrepentimiento: en efecto, para que pueda ser concedido el perdón, es menester que haya sido previamente solicitado.

 

2) El derecho a la justicia impone obligaciones al Estado: la de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si se establece su culpabilidad, hacer que sean sancionados. Aunque la iniciativa del enjuiciamiento incumbe ante todo al Estado, habrá que prever en normas procesales complementarias la posibilidad de que toda víctima pueda erigirse en parte civil en las actuaciones y, cuando las autoridades no cumplan con su deber, asumir personalmente esa iniciativa.

 

3) Medidas restrictivas que se justifican por la lucha contra la impunidad: Cabe aplicar medidas restrictivas a ciertas normas de derecho, con miras a mejorar la lucha contra la impunidad. Se trata de evitar que esas normas sean utilizadas de forma que se conviertan en un incentivo a la impunidad, obstaculizando as√≠ el curso de la justicia. Fundamentalmente: a) Prescripci√≥n; b) Amnist√≠a ;c) Derecho de asilo; d) Extradici√≥n; e) Procesos en rebeld√≠a; f) Obediencia debida; g) Leyes sobre arrepentidos; h) Tribunales militares; i) Principio de inamovilidad de los jueces (…), etc.

 

Impunidad total

 

El acuerdo de La Habana no garantiza el derecho a la justicia, ni desde el punto de vista filosófico (en la acepción de John S. Mill), ni en la concepción del alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos; y mucho menos en las exigencias del derecho a la justicia para las víctimas, derivadas de la ya citada sentencia C-1149 de la Corte Constitucional.

 

El acuerdo es lo opuesto a la justicia; es la impunidad total: para los rebeldes, para los agentes del Estado, para los industriales y los empresarios; y esta impunidad no es s√≥lo penal sino tambi√©n disciplinaria y administrativa, y porque tampoco hay inhabilidad pol√≠tica: ¬ęLa imposici√≥n de cualquier sanci√≥n en el SIVJRNR (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci√≥n y No Repetici√≥n), no inhabilitar√° para la participaci√≥n pol√≠tica ni limitar√° el ejercicio de ning√ļn derecho, activo o pasivo, de participaci√≥n pol√≠tica, para lo cual las partes acordar√°n las reformas constitucionales pertinentes¬Ľ (P√°g. 135, numerales 33 y 36 del acuerdo).

 

Adem√°s por tres razones en las que es necesario detenerse:

 

De victimarios a víctimas

 

Hace pocos d√≠as nos asombramos cuando en la asamblea de la Andi, el Presidente Santos les dec√≠a a los industriales que si votaban el s√≠, iban a obtener ¬ętremendo beneficio¬Ľ, pues, podr√≠a convertirlos de victimarios en v√≠ctimas, de lo que se deduce, parad√≥jicamente, que los victimarios convertidos en v√≠ctimas tendr√≠an derecho a la reparaci√≥n; por lo que a las verdaderas v√≠ctimas de la sociedad civil, les tocara ¬°reparar e indemnizar a sus victimarios!

 

Como si esto fuera poco, en el acuerdo de La Habana, no sólo los industriales y empresarios, pueden ser víctimas, sino que lo son también los militares, los policías, los miembros de los organismos de seguridad del Estado y los miembros de la FARC.

 

Al introducir esta nueva categor√≠a de victimarios-v√≠ctimas, las verdaderas v√≠ctimas, las v√≠ctimas de la sociedad civil, no s√≥lo no reciben justicia sino impunidad; sino que tambi√©n su derecho a la reparaci√≥n –y especialmente su reparaci√≥n material–, que ya es casi inexistente, se volver√° pr√°cticamente inexistente, pues, los escasos recursos que existen se los llevaran los victimarios-v√≠ctimas, y las verdaderas v√≠ctimas de la sociedad civil se quedar√°n viendo un chispero.

 

Veamos las palabras mágicas del acuerdo que convierten los victimarios en víctimas:

 

¬ęAdicionalmente, en el marco del fin del conflicto el Gobierno se compromete a implementar las siguientes medidas acordadas:

 

Reconocer a las víctimas directas e indirectas de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH que también hayan sido combatientes. Las medidas de reparación de miembros de las FARC-EP que hayan sido víctimas se discutirán en el punto de la Agenda relativo

 

Al proceso de reincorporaci√≥n. En forma paralela el Gobierno Nacional fortalecer√° las medidas de atenci√≥n y reparaci√≥n para los miembros de la Fuerza P√ļblica v√≠ctimas de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH¬Ľ (Pag. 165).

 

Plat√≥n, el gran fil√≥sofo, en su obra el Gorgias (que fue uno de los grandes sofistas), recuerda una tesis central sobre la justicia, de su gran maestro S√≥crates: ¬ęNunca se debe cometer injusticia. Ahora bien, en el caso de que se cometa, es mejor sufrir injusticia que cometerla¬Ľ.

 

Con el acuerdo de La Habana, se trastocan esos valores de la justicia; pues quienes cometieron injusticia, obtienen impunidad y reparación; y quienes la sufrieron, las víctimas de la sociedad civil, se quedan sin justicia y sin reparación.

 

Impunidad para jefes y subalternos

 

La regla general, en materia de justicia punitiva, es que quien cometa un delito o conducta violatoria de la ley, responda como autor o c√≥mplice de la infracci√≥n misma, sin importar su jerarqu√≠a o su deber de obediencia, ya que no se pueden obedecer √≥rdenes violatorias de los derechos humanos, como qued√≥ claro despu√©s de los procesos de N√ļremberg: ¬Ľ Ya no hay una inmunidad en ¬ęactos de soberan√≠a¬Ľ que excluya de persecuci√≥n por cr√≠menes de guerra a los altos funcionarios del gobierno, y esto es muy justo.

 

Tambi√©n la vieja legitimaci√≥n de remitirse a una ¬ęorden superior¬Ľ carece de fundamento.¬Ľ. Como consecuencia de lo anterior, quien da una orden violatoria de los derechos humanos, es tan responsable como quien la ejecuta.

 

Para quien ha sido privado de la tierra, o ha sido herido, es indiferente que quien le haya violado sus derechos, sea una sola persona o varias personas (un autor material y otro autor intelectual), pues lo importante es que todos los violadores respondan de la violación de sus derechos: por eso es injusto con la víctima que sólo responda el autor intelectual y no el autor material, so pretexto de que el autor material era sólo un soldado o un guerrillero; como igualmente injusto, que sólo responda el autor material y no el autor intelectual, so pretexto de que no tenía el control efectivo de la conducta de sus subordinados o no tenía el conocimiento antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta o los medios a su alcance para prevenirla.

 

Si tenemos en cuenta que por otro lado, el discurso de la denominada justicia transicional, es en muchos casos, un mecanismo para legitimar y perpetuar la impunidad y la represi√≥n, pues, de entrada, ¬ęse renuncia¬Ľ a investigar y ejercer acciones penales contra todos los violadores de los derechos humanos, para ¬ęsof√≠sticamente¬Ľ concentrarse en los dirigentes o ¬ępeces gordos¬Ľ dejando de lado los ¬ępeces flacos¬Ľ; lo que reiteramos, es injusto con las v√≠ctimas, ya que para ellas es indiferente que la violaci√≥n de su derecho haya sido ejecutada por un pez flaco sin orden de un pez gordo; o por un pez flaco en ejecuci√≥n de una orden de un pez gordo.

 

Si adicionalmente tenemos presente que el acto legislativo 1 de 2012, que regula la justicia transicional, tiene 2 principios fundamentales, como son el de priorizaci√≥n, que le permite a la fiscal√≠a dejar de investigar muchos delitos cometidos contra las v√≠ctimas; y el de selecci√≥n que permite ¬ęcentrar los esfuerzos en la investigaci√≥n penal de los m√°ximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotaci√≥n de cr√≠menes de lesa humanidad, genocidio, o cr√≠menes de guerra cometidos de manera sistem√°tica; establecer los casos, requisitos y condiciones en los que proceder√≠a la suspensi√≥n de la ejecuci√≥n de la pena; establecer los casos en los que proceda la aplicaci√≥n de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecuci√≥n y cumplimiento de la pena; y autorizar la renuncia condicionada a la persecuci√≥n judicial penal de todos los casos no seleccionados¬Ľ.

 

En síntesis, el esquema de justicia transicional en Colombia renuncia de entrada a investigar todos los delitos que han violado derechos de las víctimas de la sociedad civil (criterio de priorización); y renuncia también a investigar a todos los violadores de los derechos humanos de las víctimas de la sociedad civil (criterio de selección), lo que es una doble violación de su derecho a la justicia, pues, concede la impunidad total respecto de algunos delitos y respecto de algunos autores de los mismos.

 

El acuerdo de La Habana es más peligroso para los derechos de las víctimas, que el acto legislativo 1 de 2012, pues, agrava la impunidad, ya que ahora quedarán impunes no sólo los soldados sino también los generales; no sólo los guerrilleros sino también sus comandantes, pues, se rompe la cadena de mando; no responderá el soldado ni guerrillero, por el solo hecho de ser soldado o guerrillero, pues quedan excluidos de toda investigación con fundamento en el criterio de selección y tampoco responderán los generales ni los comandantes guerrilleros, so pretexto de que no tenía el control efectivo de la conducta de sus subordinados o no tenía el conocimiento antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta o los medios a su alcance para prevenirla.

 

En conclusi√≥n a las v√≠ctimas no les responder√° ni el autor material ni el autor intelectual. Impunidad total. Las v√≠ctimas de √≥rdenes como: ¬ęcada vez que usted vea un guerrillero, m√°telo¬Ľ o ¬ęcada vez que te tengo secuestrado y la fuerza p√ļblica intente rescatarlo, m√°telo¬Ľ, jam√°s recibir√°n justicia. Veamos las dos normas, casi id√©nticas, que existen, acuerdos de La Habana, tanto para los comandantes de la fuerza p√ļblica como de la guerrilla.

 

P√°gina 137, Fuerza p√ļblica: ¬ę44.- En concordancia con lo anterior, respecto a los agentes del Estado, se establece un tratamiento especial, simult√°neo, equilibrado y equitativo basado en el Derecho Internacional Humanitario. Dicho tratamiento diferenciado valorar√° lo establecido en las reglas operacionales de la fuerza p√ļblica en relaci√≥n con el DIH. En ning√ļn caso la responsabilidad del mando podr√° fundarse exclusivamente en el rango, la jerarqu√≠a o el √°mbito de jurisdicci√≥n. La responsabilidad de los miembros de la fuerza p√ļblica por los actos de sus subordinados deber√° fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la informaci√≥n a su disposici√≥n antes, durante y despu√©s de la realizaci√≥n de la respectiva conducta, as√≠ como en los medios a su alcance para prevenir, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes.¬Ľ

 

P√°gina 146, FARC: ¬ę59.- Respecto a la responsabilidad de los integrantes de las FARC-EP se tendr√° en cuenta como referente jur√≠dico el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Penal. El componente de justicia del SIVJRNR tendr√° en cuenta la relevancia de las decisiones tomadas por la anterior organizaci√≥n que sean pertinentes para analizar las responsabilidades.

 

La responsabilidad de los mandos de las FARC-EP por los actos de sus subordinados deber√° fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la informaci√≥n a su disposici√≥n antes, durante y despu√©s de la realizaci√≥n de la respectiva conducta, as√≠ como en los medios a su alcance para prevenirla, y de haber ocurrido adoptar las decisiones correspondientes. La responsabilidad del mando no podr√° fundarse exclusivamente en el rango o la jerarqu√≠a¬Ľ.

 

M√°s caminos a la impunidad

 

El acuerdo de La Habana traza otro sendero que viola los derechos de las víctimas, y especialmente su derecho a la justicia, que conduce hacia la impunidad, pues, le permite al tribunal especial para la paz, que haga una calificación jurídica de los hechos distinta a la que ya hayan hecho las autoridades administrativas, disciplinarias o judiciales, no importa que haya sido hecha por la propia sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

Como este poder de nueva calificaci√≥n no tiene l√≠mites, cobija todas las posibilidades: el t√≠tulo al cual se imputa la conducta: autor√≠a o mera complicidad; dolo, culpa o preterintenci√≥n; pol√≠tico o com√ļn; conexo o no con el pol√≠tico; √ļnico o continuado; en concurso con otros delitos o no; etc√©tera.

 

Todos sabemos la diferencia punitiva que existe entre un homicidio doloso y un homicidio culposo, y nadie duda que si lo doloso se califica como culposo, se está regalando una gran dosis de impunidad al imputado del delito. Y mayor será la impunidad, sea un secuestro, se le califica de una mera retención; o a una extorsión con un impuesto para la liberación.

 

Veamos la norma

 

P√°gina 133, del acuerdo final: ¬ę19.- Para efectos del SIVJRNR, los marcos jur√≠dicos de referencia incluyen principalmente el Derecho Internacional en materia de derechos humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Las secciones del Tribunal para la Paz, las salas y la Unidad de Investigaci√≥n y Acusaci√≥n, al adoptar sus resoluciones o sentencias har√°n una calificaci√≥n jur√≠dica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, la cual podr√° ser diferente a la efectuada por las autoridades judiciales, disciplinarias o administrativas.

 

Garantía de no repetición

 

Hemos demostrado, que no existe para las víctimas de la sociedad civil, verdad, ni reparación, ni justicia; lo más grave es que tampoco existe garantía de no repetición.

 

En el informe final de Louis Joinet para la ONU, como relator especial sobre la impunidad, este se√Īala, que el Estado debe tomar medidas para que no se repita la violaci√≥n de derechos de las v√≠ctimas, y se√Īala tres mecanismos principales:

 

1), la derogación de disposiciones legales y jurisdicciones de excepción;

 

2) la disolución de los grupos armados paramilitares y

 

3) la destitución de los agentes del Estado implicados en violaciones graves a los derechos humanos.

 

 

 

La Resoluci√≥n 60/147 de 2005, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se√Īala como garant√≠as de no repetici√≥n, el control efectivo sobre autoridades civiles, sobre las fuerzas armadas y de seguridad y la educaci√≥n, de todos los sectores de la sociedad en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

 

Un mecanismo importante, para la garant√≠a de no repetici√≥n, es la denominada reforma institucional, que implica transformar las fuerzas armadas, de polic√≠a; la investigaci√≥n de los antecedentes de candidatos a ejercer cargos p√ļblicos; un poder judicial verdaderamente independiente e imparcial; el control civil del ej√©rcito y los dem√°s cuerpos de mantenimiento del orden; la existencia de procedimientos de denuncia; y otras instituciones estatales que han sido instrumentos de represi√≥n y corrupci√≥n y convertirlas en herramientas que fortalezcan el estado social y democr√°tico de derecho.

 

Como dijera la oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en el a√Īo 2014, en el documento justicia transicional y derechos econ√≥micos sociales y culturales, donde demuestra que la falta de respeto por estos derechos ha sido una de las causas fundamentales de la guerra y que no existir√° verdadera paz, hasta que no se reconozcan estos derechos a todos los miembros de la sociedad civil, pues son un elemento fundamental para el fortalecimiento del estado social y democr√°tico de derecho.

 

El acuerdo de La Habana no solo no da garantías de no repetición, sino que crea las condiciones para que se repita la violación masiva de derechos humanos de miembros de la sociedad civil.

 

No abole los tribunales de excepción, sino que crea uno con facultades excepcionales, por no decir que dictatoriales.

 

No se destituye a los agentes del Estado implicados en violaciones graves a los derechos humanos, por el contrario, se les concede la impunidad administrativa, disciplinaria y penal y por lo mismo seguirán en sus cargos, ascendiendo dentro de la jerarquía burocrática.

 

Los que están siendo investigados, serán reintegrados a sus cargos, indemnizados y ascenderán dentro de la escala militar, lo que impedirá que asciendan otros que no violaron derechos humanos y que injustamente, serán desplazados por quienes sí los violaron.

 

No se transforman las fuerzas armadas y de policía y los demás cuerpos de seguridad del Estado; no se crea un poder judicial verdaderamente imparcial e independiente, no se ordena investigar los antecedentes de los funcionarios del Estado, para ver su compromiso con la defensa de los derechos humanos y lo que es más grave como el modelo económico no cambia, y ni siquiera se discute, se perpetuará la violación de los derechos económicos sociales y culturales, que como dijera el alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, son la causa fundamental de la guerra y por lo mismo, no habrá verdadera paz, paz con justicia social

 

CONCLUSION

 

El centro del proceso del acuerdo de La Habana, debió haber sido el derecho de las víctimas de la sociedad civil a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición; y a pesar de que así se repite muchas veces en el documento final, en la práctica, fueron vulnerados esos derechos una vez más por sus victimarios: el Gobierno y las Farc.

 

Todos los dem√°s temas del acuerdo, deben mirarse desde la fundamental perspectiva de la sociedad civil… Todo lo dem√°s es accesorio a ella, est√° condicionado por ella y debe ser medida en relaci√≥n con ella.

 

Poco importa, si quien no dio la reparación integral, es el gobierno, el Congreso o los jueces; o un tribunal especial integrado por jueces nacionales o extranjeros, o mixto; designados por el Papa o por la Unión Europea; o por quienes no son imparciales, ya que asesoraron al gobierno o a la FARC en la redacción de los acuerdos y ahora participan en la escogencia de esos jueces, como es el caso de la delegación en Colombia del Centro internacional de justicia transicional (ICTJ); o todos juntos…

 

Lo que importa es que las v√≠ctimas fueron privadas o mutiladas en su derecho a la indemnizaci√≥n del da√Īo total; lo que importa es si el tribunal priv√≥ del derecho a la justicia o a la verdad o le mutil√≥ esos derechos a las v√≠ctimas de la sociedad civil.

 

Poco importa si interviene en la verificaci√≥n del cese al fuego la ONU, la OEA, Unasur, o todas juntas, si durante o despu√©s de esta verificaci√≥n, las v√≠ctimas no obtienen la reparaci√≥n integral del da√Īo que le fue ocasionado. La sociedad civil, en fin, tiene derecho a la verdad total, y no mentiras o verdades a medias (que son las peores formas de mentir); poco importa todo lo dem√°s, si las v√≠ctimas no obtienen la totalidad de sus derechos plenos e inescindibles y si no tienen adem√°s, sus otros derechos: educaci√≥n, salud, trabajo, igualdad, libertad; etc.

 

Como en los acuerdos de La Habana, las v√≠ctimas de la sociedad civil no tienen sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparaci√≥n integral y la garant√≠a de no repetici√≥n; ni los derechos econ√≥micos sociales y culturales, que son la verdadera garant√≠a de que habr√° una verdadera paz, con justicia social, es que el 2 de octubre, la sociedad civil, verdadera v√≠ctima del conflicto armado, votar√° por la constituyente y no votar√° ni por el s√≠ de Santos, ni por el no de Uribe, pues, aunque lo nieguen, votar S√ć (por Santos) o votar NO (por Uribe), √≠dem voto.

 

[Fuente: Por Jaime Araujo Rentería, Edición El Satélite, Octavio Quintero, Bogotá, 06sep16]

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz708.html

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.