Detenciones masivas de integrantes del movimiento social en Colombia

Historia universal de la infamia

 

 

 

“Il faut penser comme moi pour être sauvé.

 

Voil√† le dogme affreux¬† qui d√©sole la terre¬†¬Ľ

 

Jean-Jacques Rousseau

 

 

 

El 8 de julio a las 2h19 el presidente de Colombia Juan Manuel Santos lanzaba un twitter en el que dec√≠a que hab√≠an sido ‚ÄúCapturadas 11 personas del ELN responsables de petardos en Bogot√°. Felicitaciones a @PoliciaColombia y @FiscaliaCol -Pagar√°n por atentados! Acto¬† seguido y haciendo a un lado la presunci√≥n de inocencia y el debido proceso afirmaba que ‚ÄúContinuaremos operativos para dar con todos los responsables de sembrar terror en (la) capital‚ÄĚ.

 

 

 

 

Matoneo medi√°tico del Estado contra el movimiento social

 

 

 

La condena p√ļblica contra estas personas, orquestada desde la polic√≠a y los servicios de seguridad colombiana, ha estado acompa√Īada de un amplio despliegue medi√°tico por parte de revistas como Semana, los principales peri√≥dicos colombianos y algunos funcionarios estatales que han actuado al l√≠mite de lo permitido por sus cargos. Sin que todav√≠a se les hubiera imputado cargos estas personas – feministas, estudiantes, periodistas, fil√≥sofas, profesoras, educadoras populares pertenecientes al Congreso de los Pueblos – fueron a trav√©s de la radio, la televisi√≥n, los peri√≥dicos y las nuevas plataformas de comunicaci√≥n acusadas de terroristas y sometidas a un ‚Äúmatoneo‚ÄĚ medi√°tico. El acoso se hizo extensivo a quienes hacen su defensa jur√≠dica y a las organizaciones sociales de las cuales hacen parte o se han solidarizado con su situaci√≥n. A tal punto que la defensa de las personas detenidas hizo un llamado expreso a los generales Rodolfo Palomino y¬† Humberto Guatibonza para que respeten la ley. Sindican a las instituciones que realizan la investigaci√≥n de haber inferido en el proceso al filtrar pruebas a la prensa que no han sido utilizadas en las audiencias y por lo tanto no constituyen pruebas asociadas al proceso¬† y de efectuar aseveraciones que constituyen una condena medi√°tica antes del juicio.

 

En el pasado reciente la inhabilitaci√≥n pol√≠tica de Piedad C√≥rdoba,¬† toda la campa√Īa desplegada contra el alcalde Gustavo Petro y todo ese n√ļmero impresionante de l√≠deres y lideresas sociales detenidos durante los gobierno de Uribe¬† y Santos acusados de pertenecer a las insurgencias muestran que la utilizaci√≥n del aparato judicial para perseguir a los opositores es una realidad latente que debe cambiar[1].

 

 

 

Respetar los derechos fundamentales

 

 

 

En una democracia el derecho a la oposición política es un derecho fundamental que en Colombia ha estado siempre limitado. En ocasiones mediante la persecución política o jurídica, en otras a través de la violencia más atroz, la corrupción o el desprestigio sistemático. Reconocer a las minorías, a los grupos y organizaciones opositoras como interlocutoras válidas con derechos a ejercer el poder, a gobernar y llegado el caso a transformar la sociedad o el país es una asignatura pendiente de la democracia colombiana. Es necesario un sistema político y judicial que respete y acepte la legitimidad de tener otras visiones y concepciones de la vida, la sociedad y la economía y no las persiga o condene.


 

Los recientes sucesos, a los que podemos agregar toda la persecuci√≥n desatada contra ¬†la organizaci√≥n social Marcha Patri√≥tica, han ratificado una vez m√°s la necesidad de garantizar al conjunto de la poblaci√≥n, en especial a la directamente involucrada en los problemas la posibilidad de participar, de decidir y de transformar a Colombia. La construcci√≥n de paz y de convivencia requiere de la creaci√≥n de canales no violentos para tratar las diferencias¬† y los antagonismos sociales y pol√≠ticos. Asegurar esa convivencia significa garantizar el pluralismo pol√≠tico y establecer reglas claras que permitan a los actores sociales involucrados tener acceso a la informaci√≥n, la formaci√≥n y la posibilidad de organizarse seg√ļn sus conveniencias y convicciones. Estos prop√≥sitos exigen la superaci√≥n de las pr√°cticas mafiosas enquistadas en la pol√≠tica colombiana en donde imperan el mesianismo moral y el chantaje. Hay que cambiar aquellas practicas que hacen que al opositor de cualquier clase se le quite primero su dignidad humana y se le demonice para luego condenarlo al exterminio como pas√≥ con la Uni√≥n Patri√≥tica y con otros movimientos y organizaciones sociales, incluidas el Congreso de los Pueblos y Marcha Patri√≥tica, que est√°n ahora en la picota p√ļblica. Un opositor u opositora pol√≠tica no es un obst√°culo a eliminar y por el contrario puede ser una garant√≠a para la convivencia, la construcci√≥n de confianzas, la justicia social y el buen vivir y convivir.


 

En Colombia en pleno proceso de paz se ha continuado demonizando a la insurgencia armada sin reconocer el hecho de que se trata de delincuentes pol√≠ticos. Consciente de las dificultades que esto significa porque no se puede pretender que la sociedad acepte la participaci√≥n en los espacios democr√°ticos de aquel que durante a√Īos se ha condenado neg√°ndole derechos a expresarse, a interlocutor, a escuchar y a ser escuchado, el presidente Santos hizo un llamado a realizar un trato mas respetuoso al referirse a las FARC. Sin embargo la incontinencia verbal del sistema se est√° empleando ahora contra el movimiento social como lo reflejan los twitteres enviados por los y las funcionarias del Estado.

 

 

 

Caza de brujas contra la libertad de pensamiento y de expresión

 

 

 

Históricamente el ELN ha demandado la participación protagónica de la sociedad en el proceso de paz y ha hecho de la defensa de los recursos naturales, de la soberanía nacional y del pensamiento de Camilo Torres elementos centrales de sus propuestas. Probablemente muchas personas en Colombia y en el exterior, que no tienen ninguna relación con la lucha armada, compartan esos mismos enfoques políticos y sociales y resulta entonces absurdo que se desate una cacería de brujas y que se considere Рcomo ha pasado con las personas detenidas del Congreso de los Pueblos Рque tener libros de Camilo Torres o relacionados con los temas antes mencionados les haga condenables.

 

 

 

Ese obscurantismo político, que atenta contra la libertad de expresión y pensamiento es absolutamente reprobable e insostenible y constituye una suerte de chantaje en el que se violan los derechos fundamentales a miles de personas y organizaciones sociales y políticas.

 

 

 

El presidente Juan Manuel Santos ha dise√Īado una estrategia de paz que tiene como prop√≥sito ¬†central resolver el conflicto armado y desmovilizar a las insurgencias armadas, sin embargo muchos de quienes participan desde la sociedad en la b√ļsqueda de la paz y las guerrillas mismas quieren¬† cambios que encuentren soluciones reales a los problemas sociales, pol√≠ticos y de justicia social que est√°n en la base del conflicto. Surge entonces ¬†la pregunta si el inter√©s del gobierno de Santos estriba en pactar la paz con la insurgencia armada mientras le declara la guerra a los movimientos sociales y pol√≠ticos alternativos como el Congreso de los Pueblos o la Marcha Patri√≥tica para que nada cambie?.

 

 

 

Las recientes detenciones de dirigentes populares de esas dos organizaciones nos hacen preguntarnos si existe una estrategia del gobierno y de sus medios de comunicación de acusarles de tener vínculos con la insurgencia para justificar su exterminio o su inhabilitación política y la destrucción del tejido social que construyen. De nada sirve un proceso de paz, que acorde con la especificidad colombiana, establezca acuerdos si después la maquinaria del poder utilizando diversas estratagemas se encargue de desmontarlos o evita que la ciudadanía y los actores sociales puedan concretarlos en acciones transformadoras de su vida y de la sociedad.

 

 

 

¬ŅUn capitulo m√°s de la infamia oficial contra la oposici√≥n?

 

 

 

En el momento de las detenciones a los y las compa√Īeras del Congreso de los Pueblos se les acus√≥ de colocar las bombas en las sedes del fondo de pensiones Porvenir, sin embargo con el paso de las horas y dados los testimonios de diversas fuentes que los ubicaban lejos de los lugares de los atentados y las debilidades de las pruebas aportadas por los organismos de seguridad del Estado esa acusaci√≥n se cay√≥ y todo parece indicar que el prop√≥sito ahora de algunas autoridades es el de incriminarlos a toda costa en cualquier hecho con connotaciones delictivas para evitar reconocer que se trata de un falso positivo judicial.

 

 

 

En este caso resulta interesante saber cu√°l ser√° el rol a jugar por parte del aparato judicial en Colombia y si quienes se ocupan de los hechos ser√°n capaces de actuar con total independencia para garantizar un debido proceso a aquellas personas que ya han condenado medi√°ticamente y colocado en grave riesgo al¬† se√Īalarlos como blanco de la extrema derecha y del paramilitarismo. Estas historias universales de¬† la infamia pol√≠tica y social en Colombia como dir√≠a J.L Borges ¬†deben desaparecer. Superar todas estas anquilosadas pr√°cticas de la ‚Äúdemocracia colombiana‚ÄĚ exige entender que adem√°s de las leyes y los derechos pol√≠ticos y de pactar el fin del conflicto armado con la insurgencia es necesario garantizar una democracia social y econ√≥mica a trav√©s de cambios hechos con la m√°s amplia participaci√≥n en todas las esferas del Estado, en todas las instituciones y en los medios de comunicaci√≥n para que se puedan abrir as√≠ espacios de convivencia.

 

 

 

Arrigo Paci

 


[1] El Congreso de los pueblos ha venido denunciando los falsos positivos judiciales. Hay m√°s de 13 mil demandas al Estado colombiana por detenciones arbitrarias que comprometen 27 billones de pesos. Ninguna de las personas acusadas de v√≠nculos con las insurgencias durante el paro agrario permaneci√≥ detenida. En Congreso de los Pueblos: ¬ęLos detenidos son l√≠deres sociales de reconocida trayectoria¬Ľ. Colombia informa Direcci√≥n URL http://www.colombiainforma.info/politica/derechos-humanos/2542-congreso-de-los-pueblos-los-detenidos-son-lideres-sociales-de-reconocida-trayectoria (Sitio consultado el 20 julio 2015).

 

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