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Pliego de exigencias: Mandatos para el buen-vivir, la democracia y la paz

CUMBRE AGRARIA CAMPESINA ETNICA Y POPULAR

1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial
El pa铆s necesita un proceso de Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producci贸n, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estrat茅gicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntar谩 a armonizar la conservaci贸n del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias.

Por lo anterior, Exigimos:

Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cu谩les deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una pol铆tica diferencial propia que incluya a las distinciones 茅tnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jur铆dica para los territorios individuales y colectivos.

El ordenamiento territorial exigido tendr谩 como base la definici贸n y el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo:

  • Resguardos ind铆genas y territorios ancestrales
  • Territorios colectivos afrocolombianos
  • Zonas de Reserva Campesina
  • Zonas Agroalimentarias
  • Zonas de biodiversidad
  • Territorios inter茅tnicos e interculturales
  • Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades.

Estas tendr谩n el car谩cter de inalienables e imprescriptibles.

Las organizaciones, comunidades, autoridades y pueblos movilizados o que por decisi贸n aut贸noma se incluyan en el proceso, desarrollaremos una ruta propia de definici贸n de los t茅rminos del ordenamiento territorial para garantizar la permanencia en el territorio y convivencia inter茅tnica e intercultural. Esa ruta propia hace parte de una iniciativa de paz impulsada por las organizaciones campesinas, ind铆genas, afro y urbano-populares que participen del proceso.

Que el gobierno nacional nos d茅 garant铆as para la elaboraci贸n de esa ruta de ordenamiento territorial y que las figuras mencionadas sean consignadas en la normativa colombiana y sean reglamentadas conforme a las decisiones de las organizaciones, pueblos y comunidades participantes; incluyendo el reconocimiento constitucional de la territorialidad colectiva campesina y afro.

Una pol铆tica de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, que desmonte el latifundio como expresi贸n hist贸rica de la desigualdad y genere acceso seguro a la tierra para quienes carezcan de ella, as铆 como la garant铆a de la autonom铆a territorial para campesinos, ind铆genas y afro. Esa pol铆tica de reforma agraria deber谩 construirse de la mano con las organizaciones rurales y urbano-populares.

Esta pol铆tica debe tener un enfoque territorial y no simplemente de acceso a la tierra, de ah铆 que no se deba limitar a la dotaci贸n de tierra para las comunidades rurales, sino que redistribuya el conjunto de bienes comunes que se encuentran en los territorios rurales y en los m谩rgenes entre lo rural y lo urbano, asegurando su cobertura, garant铆a y acceso para los pueblos ind铆genas, afro, campesinos y urbano-populares.
La construcci贸n de un fondo de tierras que se alimente de los predios despojados, que sean propiedad de narcotraficantes o que no cumplan con la funci贸n social de la propiedad, o que atenten contra su vocaci贸n natural (el caso de ci茅nagas y playones) y los bald铆os apropiados ilegalmente por la agroindustria.

Que se reconozcan los derechos hist贸ricos de los pueblos ind铆genas, el pueblo raizal y las comunidades afro a sus territorios, y en especial la propiedad colectiva inalienable de los resguardos ind铆genas, territorios ancestrales y territorios de las comunidades afro.

Que se completen los procesos de titulaci贸n colectiva para pueblos ind铆genas y afros que a煤n est谩n pendientes.

Que se detengan todos los planes y proyectos que amenazan el goce de la tierra para las comunidades, entre ellas el derecho de superficie y los mercados de carbono en favor de empresarios nacionales o extranjeros, sobre los territorios y las tierras de campesinos, ind铆genas y afro. Consideramos que esas medidas son otra forma de despojo contra los pueblos.

Que se aplique el derecho de prevalencia para los territorios de las comunidades ind铆genas, afro y campesinas, en caso de disputas con transnacionales, terratenientes y despojadores.

Que la consulta previa, y el consentimiento previo libre e informado, se extienda a las comunidades campesinas, extendiendo la aplicaci贸n del convenio 169 de la OIT.

Que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho las empresas que han violado la ley 160 de 1994, al adquirir m谩s de las UAF autorizadas en dicha norma.

Que los bald铆os se destinen exclusivamente a garantizar el derecho a la tierra de los campesinos, trabajadores rurales, poblaci贸n afrocolombiana e ind铆gena.

Que se proscriban todas las formas de extranjerizaci贸n de la tierra. En ning煤n caso personas naturales o jur铆dicas de origen extranjero podr谩n apropiarse, usar, arrendar superficie o generar ninguna forma de tenencia sobre la tierra.

El cumplimiento y fortalecimiento de la legislaci贸n relativa a la extinci贸n de dominio de las tierras que no cumplan con la funci贸n social y ambiental de la propiedad.

La restituci贸n integral de las tierras despojadas a las familias, comunidades y pueblos v铆ctimas del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta enfoques colectivos y 茅nfasis comunitarios en tales procesos de reparaci贸n.

La devoluci贸n de tierras expropiadas por endeudamiento campesino.

El reconocimiento del enfoque diferenciado y con perspectiva de g茅nero del acceso, uso y goce del territorio y la tierra para las mujeres.
La creaci贸n de una nueva institucionalidad p煤blica para darle cumplimiento al nuevo ordenamiento territorial, la reforma agraria y la protecci贸n ambiental.

2. La econom铆a propia contra el modelo de despojo

El avance y profundizaci贸n del modelo neoliberal ha generado graves perjuicios a la econom铆a nacional, en especial a las formas de producci贸n, comercializaci贸n y consumo propias de las comunidades campesinas, ind铆genas y afrocolombianas. Lo anterior ha impactado negativamente la soberan铆a alimentaria de los pueblos y de la naci贸n. Las normas que regulan el libre mercado han generado un modelo de despojo que afecta el buen vivir de las y los peque帽os productores, favoreciendo los intereses de latifundistas y multinacionales del agro. Como resultado se han afectado no solo los intereses econ贸mico de las comunidades rurales, sino las pr谩cticas culturales y de vida asociadas a estos.

Por lo anterior, Exigimos:

La transformaci贸n del modelo productivo del pa铆s, apuntando a una pol铆tica econ贸mica planificada y agroecol贸gica, que regule el mercado, basada en el fortalecimiento de la econom铆a campesina, ind铆gena y afrocolombiana. Ese nuevo modelo debe impulsar un sistema de econom铆a campesina que desarrolle una pol铆tica p煤blica para recuperar el campo colombiano de la quiebra generada por las pol铆ticas aperturistas y de libre comercio.

La implementaci贸n de una pol铆tica que restrinja y regule el uso y precio de los agroqu铆micos, as铆 como el inicio de un proceso de reconversi贸n de la producci贸n nacional hacia un modelo agroecol贸gico, creando un sistema nacional de asistencia t茅cnica basada en el respeto al ambiente y a los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades.

Condonaci贸n de las deudas y retiro de los embargos a tierras y propiedades del campesinado adquiridas a trav茅s del sistema financiero y acceso al cr茅dito agropecuario con tasas no determinadas por la l贸gica de mercado.

Creaci贸n y fortalecimiento de cooperativas de ahorro para el campesinado y comunidades rurales, con financiaci贸n del Estado y dirigidas por las organizaciones comunitarias.

El desmonte de todos los tratados de libre comercio, inversiones, propiedad intelectual y servicios firmados por Colombia, deteniendo la aprobaci贸n de nuevas normas, tratados y acuerdos internacionales de cooperaci贸n que vulneren la producci贸n agropecuaria nacional. Exigimos que se priorice la integraci贸n con los pueblos de Nuestra Am茅rica Latina y el Caribe, en el marco de la protecci贸n de la producci贸n nacional.

Entretanto, exigimos que todo tratado de comercio internacional, inversiones, propiedad intelectual y servicios sean consultados con el pueblo colombiano.

Un r茅gimen de subsidios que proteja la producci贸n nacional, en especial a los sectores afectados por la apertura, en la cual se establezca por parte del Estado precios de sustentaci贸n rentables y seguros de cosecha. De igual manera, exigimos la instauraci贸n de un sistema de compra y distribuci贸n estatal de alimentos y productos agropecuarios, as铆 como establecer subsidios al transporte de alimentos y productos de comunidades campesinos, ind铆genas y afros.

Un plan de choque para el est铆mulo a la producci贸n de alimentos b谩sicos por parte de los peque帽os productores, que tendr谩 como base el apoyo a la econom铆a campesina en los t茅rminos propuestos en el punto anterior. As铆 como el fortalecimiento de los mercados campesinos y locales, buscando la integraci贸n regional, en el marco de las pr谩cticas de comercio justo y eliminando la figura de los intermediarios.

Una pol铆tica de apoyo a la transformaci贸n de alimentos y productos agropecuarios desde las comunidades rurales, generando procesos de industrializaci贸n acordes con los intereses de las mismas.

La prohibici贸n de la importaci贸n de los productos agropecuarios estrat茅gicos para la econom铆a nacional.

La derogaci贸n de las leyes de semillas que regulan su propiedad intelectual (patentes y derechos de obtentores vegetales), y que propician su privatizaci贸n, de manera que el gobierno deje de perseguir al campesinado por guardar, proteger o intercambiar semillas. Exigimos que no aplique las leyes 1032 de 2006 y la 1518 de 2012 y derogue la resoluci贸n 970 del ICA.

La creaci贸n de un sistema nacional, regional y local de promoci贸n y apoyo a la producci贸n, selecci贸n, multiplicaci贸n y difusi贸n de semillas originarias, que no tengan registro de propiedad intelectual, ni normas que controlen la producci贸n, la libre circulaci贸n y comercializaci贸n por las comunidades campesinas, ind铆genas y afrocolombianas. As铆 como el apoyo econ贸mico y t茅cnico, de forma descentralizada, para el establecimiento de casas custodios de semillas, manejadas y controladas por las organizaciones y comunidades agrarias.

Enfocar la propuesta investigativa y acad茅mica de las universidades seg煤n el contexto y las necesidades del agro colombiano, en particular de los peque帽os productores, reconociendo y articulando los saberes y conocimientos propios ancestrales e hist贸ricos de campesinos, ind铆genas y afrodescendientes.

El avance en la protecci贸n de la soberan铆a alimentaria nacional desde lo local y que sea declarada como utilidad p煤blica, inter茅s social y bien com煤n de la naci贸n.

La reglamentaci贸n del cap铆tulo VII de la ley 70, en lo relacionado con el fomento al desarrollo de los territorios colectivos y tradicionales afro. Dicha reglamentaci贸n se har谩 conforme a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos.

Financiaci贸n del sector agrario, en particular del fortalecimiento de la peque帽a y mediana producci贸n especialmente de alimentos mediante un fondo nacional cuyos recursos provengan, entre otros, de la eliminaci贸n de las exenciones tributarias a grandes empresas de capital nacional y trasnacional, as铆 como de la explotaci贸n de recursos minero energ茅ticos.

3. Miner铆a, energ铆a y ruralidad

La mala gesti贸n y el saqueo de los recursos naturales minero 鈥 energ茅ticos afecta gravemente a la madre tierra y las comunidades rurales, genera impactos ambientales que ponen en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad, persigue y criminaliza a los peque帽os mineros, y solo beneficia las empresas transnacionales que se enriquecen gracias al modelo econ贸mico impulsado por el gobierno colombiano. En ese marco, reivindicamos la necesidad de construir un nuevo modelo minero鈥揺nerg茅tico basado en la soberan铆a nacional, el aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnol贸gico propio, la protecci贸n ambiental y la redistribuci贸n de los rendimientos generados por las actividades mineras y energ茅ticas.

Por lo anterior exigimos:

Que se inicie un proceso democr谩tico de discusi贸n de una nueva pol铆tica nacional minero鈥揺nerg茅tica, con participaci贸n efectiva de las comunidades campesinas, ind铆genas, afro y los peque帽os mineros tradicionales y de sobrevivencia, a trav茅s de un ejercicio de legislaci贸n popular e incluyente.

Exigimos la reformulaci贸n de un nuevo modelo de redistribuci贸n de las rentas petrolera y minero-energ茅tica, con el fin de fomentar, promover e invertir en el desarrollo rural y urbano; y obtener mayores recursos para la inversi贸n social y la garant铆a de los derechos de las comunidades.
Detener la concesi贸n de t铆tulos mineros y la adjudicaci贸n de bloques petroleros, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales y los trabajadores del sector la pol铆tica minero- energ茅tico del pa铆s.

Una moratoria minera que congele la adjudicaci贸n de t铆tulos mineros en todo el pa铆s. La moratoria se aplicar谩 hasta que se den condiciones reales para una explotaci贸n minera razonable para el pa铆s y las comunidades.

La reversi贸n de los bloques petroleros y las concesiones otorgadas a las multinacionales en casos de grave deterioro ambiental, detrimento de los recursos de la naci贸n y violaci贸n de los derechos de los trabajadores.

La reversi贸n de todos los t铆tulos mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, ind铆genas y afros sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada.

Que no se aprueben nuevos t铆tulos mineros en territorios ancestrales, en territorios ind铆genas y afros, sin pasar por el requisito de la consulta en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades 茅tnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garant铆as para la miner铆a artesanal.

Que deje de considerarse la miner铆a como actividad de utilidad p煤blica y de inter茅s social de la naci贸n.

Que en el desarrollo de la pol铆tica minera se garantice el estricto respeto por el agua, los p谩ramos, bosques, 谩reas protegidas, zonas de biodiversidad y agroalimentarias, fuentes de agua y todos los ecosistemas estrat茅gicos para la vida y la biodiversidad. Por lo anterior, que no se apruebe ning煤n t铆tulo minero en dichos territorios.

En ning煤n caso se aprueben proyectos minero鈥揺nerg茅ticos, (t铆tulos, concesiones y similares) sin el requisito de la licencia social, es decir, sin la autorizaci贸n derivada de la realizaci贸n de consultas campesinas y populares en los territorios que puedan verse afectados. Tales consultas se realizar谩n durante la fase de solicitud del proyecto, del t铆tulo o la concesi贸n.

Suspender la implementaci贸n de megaproyectos hidroel茅ctricos que afecten los territorios y comunidades campesinas, ind铆genas y afros, y promover la implementaci贸n de alternativas de abastecimiento energ茅tico a partir de tecnolog铆as apropiadas y limpias.
Revocar las licencias ambientales de megaproyectos hidroel茅ctricos, hasta tanto no se tenga una comisi贸n nacional de represas que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados por las hidroel茅ctricas.

La reestructuraci贸n de la f贸rmula que define los precios de combustibles, para garantizar un costo de vida m谩s equitativo para el conjunto de la poblaci贸n, procurando la regulaci贸n ambiental de la extracci贸n, procesamiento y comercializaci贸n de hidrocarburos.

Reconocer y reparar a las v铆ctimas y afectados por los proyectos minero-energ茅ticos e hidroel茅ctricos.

-Suspender los proyectos de fracking apelando de principio de precauci贸n.

4. Cultivos de coca, marihuana y amapola

Ante el fracaso y la arbitrariedad de la pol铆tica antidrogas del Estado Colombiano, consideramos crucial redefinir los lineamientos que han configurado el tratamiento a los cultivos de coca, marihuana y amapola.

Por lo anterior, Exigimos:

El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los procesos organizativos representantes de los cultivadores de coca, marihuana y amapola en movilizaciones pasadas.

Un programa de sustituci贸n social, gradual, concertada, estructural y ambiental que permita generar una fuente alternativa de ingresos frente a los derivados por cultivos de usos il铆citos como la coca, la marihuana y la amapola. Dicho programa deber谩 hacerse con 茅nfasis en ordenamiento y la planeaci贸n territorial, acordando procedimientos, tiempos y mecanismos; con la participaci贸n de las comunidades agrarias y sus organizaciones representativas, basado en el reconocimiento, la formulaci贸n y ejecuci贸n de Planes de desarrollo sostenibles, integrales y/o de vida.

Un programa de sustituci贸n de cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola que supere la puesta en marcha de programas de erradicaci贸n violenta y aspersi贸n con glifosato que atentan contra la vida digna de las comunidades agrarias (Ind铆genas, Afro descendientes y Campesinos).
La liberaci贸n de las y los presos judicializados por el cultivo de marihuana, coca y amapola; no relacionado directamente con comercializaci贸n de estupefacientes.

No aplicaci贸n de la extinci贸n de dominio en los predios en los que se cultive marihuana, coca y amapola.

Una pol铆tica de sustituci贸n gradual que tenga como base la inversi贸n social en la comunidad y el impulso a cultivos alternativos desde las propuestas campesinas. Rechazamos la sustituci贸n basada en la imposici贸n de cultivos agroindustriales como la palma de aceite, el caucho y otros similares.

Una pol铆tica de sustituci贸n basada en la promoci贸n de cultivos productivos propios de la econom铆a campesina que sean comerciables y con seguros de cosecha a corto, mediano y largo plazo. Los planes se sustentaran en dos ejes orientadores: el primero se refiere al dise帽o e implementaci贸n de Sistemas Productivos Sostenibles y el segundo a la estabilizaci贸n y garant铆a de la integralidad de derechos.

Programas de sustituci贸n basados en la estabilizaci贸n de los Sistemas Productivos Sostenibles y atendiendo a 6 l铆neas de acci贸n: acceso a tierra, sistemas productivos sostenibles, mejora de infraestructura, transformaci贸n agregaci贸n de valor en el predio, acceso a asistencia t茅cnica y tecnolog铆a, y acceso a mercados.

Respetar y fortalecer los usos tradicionales, medicinales, alimenticios e industriales de la hoja de coca, amapola y marihuana, en el marco de los sistemas productivos de las comunidades agrarias.

La sustituci贸n debe ser manejada por las comunidades y las organizaciones agrarias (Ind铆genas, Afrodescendientes y Campesinos). Ser谩n las comunidades quienes impulsen las propuestas de sustituci贸n, no el gobierno nacional.

Implementar propuestas de inversi贸n agropecuarias desde las comunidades agrarias, con garant铆as para la producci贸n.

Respeto y promoci贸n la producci贸n e industrializaci贸n, por parte del Estado, de alimentos y medicinas basados en los cultivos de coca, amapola y marihuana.

Garantizar el despliegue comunicativo nacional a trav茅s de todos los medios disponibles para difundir, educar y capacitar a las comunidades sobre el uso de las plantas sagradas, ancestrales y todo lo relacionado con el cultivo de la coca, amapola y marihuana.

No otorgar patentes para las plantas de coca, marihuana y amapola y los productos derivados de los procesos de transformaci贸n.
El tratamiento del consumidor como un tema de salud p煤blica, con el ingreso al sistema de salud.

5. Derechos pol铆ticos, garant铆as, v铆ctimas y justicia

Debido a la falta de reconocimiento pol铆tico de los derechos de los campesinos, la insuficiente garant铆a de los derechos de afrocolombianos e ind铆genas, el alto n煤mero de violaciones a los derechos humanos, la falta de garant铆as para las organizaciones sociales y populares, la constante estigmatizaci贸n, persecuci贸n y criminalizaci贸n de quienes se movilizan para buscar una sociedad m谩s justa y en paz, persistimos en reivindicar el respeto a nuestros derechos y en demandar las garant铆as m铆nimas para vivir en una sociedad democr谩tica

Por lo anterior, Exigimos:

La verdad, justicia y reparaci贸n integral por las violaciones a derechos humanos perpetradas contra las comunidades agrarias y populares, y la no repetici贸n de estas pr谩cticas.

Desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicializaci贸n penal de sus actores, propiciando una veedur铆a internacional y la conformaci贸n de una comisi贸n de la verdad. As铆 como realizar investigaciones eficaces que revelen los v铆nculos entre el sector econ贸mico, pol铆tico, y militar con los paramilitares.

La conformaci贸n de una comisi贸n de la verdad y una pol铆tica de recuperaci贸n de la memoria hist贸rica de las violaciones a los derechos humanos en b煤squeda de la verdad, la justicia y la reparaci贸n, que difunda de manera masiva sus resultados. Dicha pol铆tica debe garantizar el acompa帽amiento psicosocial y pedag贸gico, as铆 como el reconocimiento tanto a las comunidades vulneradas como a las asociaciones de v铆ctimas, de manera concertada.

Garant铆as para la permanencia en los territorios, en especial para las comunidades campesinas, ind铆genas y afro.
Justicia, verdad, reparaci贸n integral y no repetici贸n por las personas detenidas, heridas y asesinadas por el Estado en el marco de las movilizaciones sociales.

Garant铆as para el derecho a la protesta social y garant铆as para la movilizaci贸n, as铆 como la libertad inmediata de las personas detenidas en las protestas y los presos pol铆ticos; y que la protesta social no tenga un tratamiento militar ni intimidatorio.

Celeridad y efectividad en las investigaciones y procesos judiciales que recaen sobre responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y amplia difusi贸n de sus resultados.

El traslado de todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la justicia penal militar a la unidad de DDHH y DIH de la Fiscal铆a.

Investigaci贸n, judicializaci贸n y castigo de los autores, as铆 como el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, de los 19 homicidios y cerca del millar de heridos ocurridos en el marco de las movilizaciones del paro agrario y la minga del 2013. Reivindicando as铆 su memoria y garantizando los derechos de verdad, justicia, y reparaci贸n que le asisten a los familiares de las v铆ctimas.

Soluci贸n estructural a la crisis carcelaria y la declaratoria de la emergencia social, la cual pasa por la reformulaci贸n de la pol铆tica criminal actualmente basada en la privaci贸n de la libertad, la criminalizaci贸n de la pobreza, la protesta social y otras garant铆as y libertades ciudadanas, hacia una pol铆tica que garantice la prevenci贸n del delito, la inclusi贸n social y el respeto de garant铆as.

Abolir la mal llamada 鈥渓impieza social鈥 ejecutada, principalmente en contra de los j贸venes, por funcionarios del Estado y las estructuras paramilitares, e imponer ejemplares sanciones a los responsables.

Garant铆as jur铆dicas y administrativas para el ejercicio de la pol铆tica y la oposici贸n.

Derogaci贸n de la ley de seguridad ciudadana, y libertad inmediata de las personas procesadas y condenadas bajo su vigencia.
Desmonte del ESMAD y prohibici贸n del uso de las mal llamadas 鈥渁rmas de letalidad reducida鈥.

Fin de la doctrina de seguridad nacional y que se dote a las fuerzas armadas de una doctrina basada en el respeto a los derechos humanos y la defensa de la naci贸n.

Reforma al r茅gimen de servicio militar, que incluya el fin del servicio militar obligatorio, la prohibici贸n del reclutamiento forzado y la garant铆a en la aplicaci贸n de las sentencias frente a la objeci贸n de conciencia. Se deben llevar a cabo Investigaciones disciplinarias y penales por parte de autoridades civiles para miembros de la fuerza p煤blica que realicen pr谩cticas de reclutamiento forzado, tanto en el campo como en la ciudad. Adem谩s exigimos acceso universal de la libreta militar para j贸venes y personas que no tengan resuelta su situaci贸n militar, y se elimine su car谩cter de requisito para tr谩mites con el Estado.

Igualdad de derechos pol铆ticos, sociales y econ贸micos entre hombres y mujeres, desde una perspectiva de g茅nero y de libertades sexuales y reproductivas, asegurando una equitativa participaci贸n pol铆tica en las instancias de decisi贸n en los asuntos que afectan sus vidas.

Garant铆as reales para que los cuerpos de las mujeres y ni帽as no sigan siendo un instrumento, ni bot铆n de guerra.

Tipificaci贸n del feminicidio como un delito aut贸nomo.

Aplicaci贸n efectiva de la ley 1257 de 2008 y el cese de la violencia contra la mujer.

Reconocimiento con car谩cter vinculante de los derechos plasmados en el proyecto de la declaraci贸n sobre los derechos de las campesinas y los campesinos que hace tr谩mite en la ONU; exigimos que el Estado colombiano adopci贸n plena y perentoria de la Declaraci贸n Universal sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas. Exigimos la incorporaci贸n de estas directrices y derechos a la legislaci贸n interna, desarrollando pol铆ticas p煤blicas que garanticen su promoci贸n y exigibilidad. Mientras se surte el tr谩mite para el cumplimiento de la exigencia anterior, requerimos el desarrollo de una pol铆tica transitoria en favor de campesinos ind铆genas y negritudes.

Participaci贸n amplia, efectiva y con car谩cter decisorio en las instancias de planeaci贸n y definici贸n de la pol铆tica de producci贸n agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a trav茅s de mecanismos definidos de manera aut贸noma. Exigimos la democratizaci贸n real de la Federaci贸n Nacional de Cafeteros y otras federaciones. Exigimos la participaci贸n efectiva y con car谩cter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atenci贸n a la poblaci贸n rural.

Otorgar reconocer y garantizar con car谩cter vinculante el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas, ind铆genas, afrodescendientes y comunidades urbanas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, en lo pol铆tico, en lo ambiental, en lo econ贸mico y lo cultural.

Garant铆as para una verdadera y genuina pol铆tica de restituci贸n de tierras despojadas as铆 como el reconocimiento de los territorios sagrados para los pueblos ind铆genas.

Garant铆as para la construcci贸n de planes de vida donde se determine lo que sucede en los territorios, reconociendo la posibilidad de desarrollar modelos aut贸nomos en cuanto al desarrollo de la tierra, la educaci贸n, la salud, y la econom铆a propias.

Cumplimiento perentorio de los autos 004 y 005 de la sentencia T-025 de 2004, relativos a la situaci贸n de peligro de desaparici贸n de los pueblos ind铆genas y afro.

Respeto al DIH, incluyendo la prohibici贸n de puestos de polic铆a y militares en los cascos urbanos y poblados; as铆 mismo el respeto al principio de distinci贸n del Derecho internacional Humanitario, buscando no involucrar a la poblaci贸n civil en los conflictos armados. Lo anterior incluye el cese de la persecuci贸n a la poblaci贸n civil mediante montajes judiciales.

Reconocimiento y la no estigmatizaci贸n y persecuci贸n a las y los Defensores de Derechos Humanos, l铆deres y lideresas sociales y populares
Desmonte, supresi贸n y ordenamiento jur铆dico de la figura del fuero penal militar, que deje de aplicarse la figura del blanco leg铆timo, ejecuciones extra judiciales (falsos positivos), y otras arbitrariedades similares.

Democratizaci贸n de los medios de comunicaci贸n existentes, as铆 como el fortalecimiento de los medios alternativos, comunitarios, regionales, y locales. Y la creaci贸n de nuevos medios de comunicaci贸n con alta difusi贸n y participaci贸n de los sectores populares.
-Democratizaci贸n del espectro electromagn茅tico.

6. Derechos sociales

Para los pueblos afro e ind铆genas y para las comunidades campesinas, la educaci贸n, salud, el trabajo, vivienda digna y la recreaci贸n ser谩n concebidas como derechos, no como servicios, y se desarrollar谩n de acuerdo a las necesidades y realidades de las comunidades.

Por lo tanto, Exigimos:

El aumento de las partidas presupuestales para inversi贸n social en infraestructura y dotaci贸n para educaci贸n, vivienda, salud, v铆as, producci贸n, redes el茅ctricas, saneamiento b谩sico, agua y alcantarillado en las zonas rurales.

Una pol铆tica educativa que propenda por un proyecto de educaci贸n p煤blica propia campesina que le permita a los estudiantes campesinos tener una formaci贸n acorde a sus realidades y sus necesidades. Lo anterior implica la construcci贸n de un curr铆culo y una pedagog铆a diferenciada acorde con las territorialidades, y con la participaci贸n decisoria de las comunidades campesinas y sus organizaciones. Tambi茅n exigimos mayor formaci贸n docente y fortalecimiento de la planta docente en el sector rural.

Derogar el acto legislativo 01 del 2001, el cual modifica los art铆culos 347, 356 y 357 de la Constituci贸n Pol铆tica Nacional relacionados con la educaci贸n; la ley 715 del 2001 y la ley 1294 del 2010, los cuales sustentan la privatizaci贸n de la salud y educaci贸n, entendi茅ndolas como servicios y no como derechos.

Derogar la ley 30 de 1992, de educaci贸n superior, y la concertaci贸n con la sociedad de una nueva ley de educaci贸n p煤blica, gratuita y de calidad, que reconozca la educaci贸n como derecho fundamental, bien com煤n y con enfoque diferencial.

Condonaci贸n y congelamiento de las deudas del Icetex apuntando al subsidio a la oferta.

Cumplimiento y garant铆a de los programas de educaci贸n propia para pueblos afro, comunidades negras e ind铆genas.

Reconocimiento y plenas garant铆as al ejercicio, prestaci贸n y promoci贸n de la medicina ancestral como parte de un nuevo sistema de salud.
Implementaci贸n de planes de medicina preventiva, tanto en zonas rurales como urbanas, de acuerdo a las pr谩cticas culturales de cada comunidad o regi贸n.

Que la salud deje de concebirse como negocio o mercanc铆a para que se garantice como derecho humano y fundamental que. Exigimos la derogatoria de todas las normas que mercantilizan la salud y niegan la garant铆a de este derecho, entre ellos los art铆culos 48 y 49 de la constituci贸n, la ley 100 de 1993 y el proyecto de ley estatutaria sobre la salud y la seguridad social.

El fin de la pol铆tica del subsidio a la demanda y se instauren pol铆ticas de subsidio a la oferta en salud y educaci贸n, una nueva pol铆tica presupuestal que fortalezca las instituciones educativas de todos los niveles y que saque de la crisis a la red hospitalaria que ha sido sistem谩ticamente debilitada por los gobiernos nacionales desde 1993, el fin de la intermediaci贸n financiera privada en salud y educaci贸n, la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, as铆 como la concertaci贸n con la sociedad de una nueva legislaci贸n en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.

El derecho fundamental al Trabajo digno, por medio de contrataci贸n directa, garant铆as laborales, protecci贸n y reparaci贸n de la libre asociaci贸n, huelga y reparaci贸n a las personas perseguidas.

La definici贸n de un sistema de seguridad social para campesinos, ind铆genas y afrodescendientes, con el cual se otorgue pensi贸n y aseguramiento en riesgos profesionales.

Un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de poblaci贸n rural al sistema de educaci贸n b谩sica, media, superior y t茅cnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.

El nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educaci贸n que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales.

Que se detenga la privatizaci贸n y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento b谩sico, agua y alcantarillado teniendo un criterio social. Que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial. El agua concebida como un derecho y bien com煤n.

Derogatoria de la ley 142 que posibilita la privatizaci贸n del uso del agua.

La condonaci贸n de las deudas de los usuarios de servicios p煤blicos y que se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.
Que se garantice un m铆nimo vital gratuito para las comunidades rurales, urbanas y se implementen veedur铆as comunales a la prestaci贸n de servicios p煤blicos.

El servicio de energ铆a el茅ctrica rural y agua potable para los lugares que a煤n no cuenten con estos servicios.

Programas masivos de vivienda rural digna y de educaci贸n t茅cnica y acceso a la educaci贸n superior. Exigimos la garant铆a de derechos para los trabajadores rurales, empleo digno con remuneraci贸n justa y seguridad social.

Que las escuelas, hospitales y salones comunales no sean ocupadas por los actores armados, y que sus construcciones no respondan a intereses estrat茅gicos de guerra y confrontaci贸n.

Respeto por la propiedad comunitaria para administraci贸n de espacios de recreaci贸n y de servicios p煤blicos, estas deben ser iniciativas comunitarias, con el fin de mantener su funci贸n social.

La infraestructura debe ser construida en pro del bienestar de las comunidades en consenso y no contra ellas, ni contra la madre tierra, ni para el ejercicio militar.

7. Relaci贸n campo-ciudad

La configuraci贸n actual de la relaci贸n ciudad-campo exige una respuesta inmediata y contundente por parte del movimiento social. La tradicional distinci贸n entre la ciudad y el campo ha generado grandes problem谩ticas sociales y econ贸micas donde se puede evidenciar la relaci贸n de subordinaci贸n del campo a la ciudad. En ese orden, es urgente eliminar las falsas barreras prescindibles entre ciudad y campo, para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a trav茅s de nuevos modelos alternativos de construcci贸n territorial.

Por lo anterior, Exigimos:

La protecci贸n de todas las fuentes de agua del pa铆s, en especial de aquellas que abastecen del l铆quido a las grandes ciudades. Exigimos el manejo p煤blico y comunitario del agua y el desmonte de los megaproyectos que amenazan las fuentes h铆dricas, su pureza y distribuci贸n. Exigimos que el estado garantice la financiaci贸n y administraci贸n de los acueductos comunitarios.

La cobertura universal de los servicios p煤blicos domiciliarios a los habitantes del territorio colombiano y la condonaci贸n de las deudas contra铆das por los ciudadanos y ciudadanas en esta materia.

Una nueva tabla de tarifas de servicios p煤blicos, que correspondan a los costos reales, con subsidios ampliados de parte del Estado y sin los costos de especulaci贸n de la intermediaci贸n financiera.

Frenar la privatizaci贸n de las empresas prestadoras de servicios p煤blicos y que 茅stas sean de car谩cter estatal con veedur铆a de las comunidades.
En las ciudades, en especial en las grandes capitales, se deben realizar pactos con las 谩reas rurales y municipios que las abastecen de alimentos. Tales pactos o alianzas deben priorizar la articulaci贸n de las zonas agroalimentarias, las de reserva campesina, los territorios afrocolombianos, los resguardos ind铆genas y territorios ancestrales, como despensas alimentarias y apoyo a las econom铆as campesinas, en el marco de acuerdos regionales de soberan铆a alimentaria y, si se requiere, mediante asociaci贸n de municipios (como est谩 previsto en la Constituci贸n Nacional). Tales pactos deben estar guiados por principios de solidaridad y econom铆a propia; en ese sentido, es necesario el reconocimiento de las plazas de mercado populares por parte del Estado.

Inversi贸n en v铆as de comunicaci贸n secundaria y terciaria para el pleno ejercicio del abastecimiento campo-ciudad.

Redefinici贸n de criterios para las tarifas de impuesto predial, tarifas m谩s altas para grandes propietarios y m谩s bajas para peque帽os propietarios.

Demandamos garant铆as de regreso a los campos de las personas que viven en las ciudades a causa de los desplazamientos, ya sean por motivos de la violencia o de la construcci贸n de megaproyectos. De igual forma, exigimos que se brinden todas las garant铆as para aquellas personas que decidan no retornar al campo. Exigimos al Estado el reconocimiento de la problem谩tica de la ciudad que surge de modelos de despojo del sector rural.

Exigimos una reforma urbana integral que incluya:

H谩bitat y vivienda digna garantizada por el Estado, que contenga el m铆nimo vital de servicios p煤blicos con tarifas al alcance del consumidor, en armon铆a con el medio ambiente.

El desmonte de la especulaci贸n financiera y uso de suelo controlado por el mercado.

La legalizaci贸n de asentamientos informales que detenga el despojo arbitrario por parte del Estado.

La creaci贸n de la ley org谩nica de plan de ordenamiento territorial urbano, que cuente con la participaci贸n de las comunidades y sectores populares, teniendo como base las diversas construcciones territoriales y planes de vida.

Participaci贸n comunitaria en la toma de decisiones y en la generaci贸n de pol铆ticas urbanas, planificaci贸n de presupuestos y/o direcci贸n del recurso p煤blico, para la construcci贸n de planes de desarrollo y gobierno. Para ello, demandamos las consultas previas y vinculantes de las comunidades.

Transformaci贸n del modelo de movilidad urbana que frene la privatizaci贸n del transporte p煤blico, con reducci贸n de tarifas del servicio, incluyendo la implementaci贸n de planes para la movilidad alternativa.

8. Paz, justicia social y soluci贸n pol铆tica

Las anteriores reivindicaciones y propuestas de pa铆s se constituyen en parte de la agenda de paz que impulsamos desde los movimientos agrarios, sociales y populares. Nuestra agenda de paz busca la justicia social y la vida digna en los territorios.

Por lo tanto, Exigimos:

La soluci贸n pol铆tica al conflicto social y armado. El avance de los di谩logos que se realizan en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP. el cese al fuego bilateral y la instalaci贸n de las mesas de di谩logos entre el gobierno nacional, el ELN y el EPL.

Las comunidades rurales, quienes conocemos la crudeza y el horror del conflicto social y armado en sus peores manifestaciones exigimos la participaci贸n en los procesos de negociaci贸n, y propendemos exigimos que no se levanten de las mesas de negociaciones.

La implementaci贸n de una pol铆tica integral para la paz elaborada por los movimientos sociales y populares y financiada por el gobierno nacional.

Garant铆as para un gran di谩logo nacional, que se exprese en la apertura de di谩logos regionales en aquellos territorios donde la guerra se vive con mayor rigor.

La desmilitarizaci贸n de los territorios ind铆genas, campesinos, afrodescendientes, urbanos, universitarios y el respeto de la autonom铆a en los territorios que se encuentran en medio del conflicto social y armado.

La eliminaci贸n de la doctrina de seguridad nacional. Por lo tanto la reducci贸n del pie de fuerza, depuraci贸n de las fuerzas militares, retiro inmediato de las bases militares extranjeras en el pa铆s, fin a los tratados de car谩cter militar con la OTAN, derogar la ley de seguridad ciudadana y desmontar el plan de inteligencia y contrainteligencia.

La reestructuraci贸n del presupuesto nacional y limitaci贸n del gasto de guerra. El gasto en defensa no puede ser mayor al de la inversi贸n social.
Garant铆as para que las organizaciones, procesos y movimientos puedan desarrollar su actividad organizativa y pol铆tica para la construcci贸n del movimiento social por la paz; Particularmente el desmonte del paramilitarismo, ya que lo entendemos como un mecanismo para el ejercicio del terrorismo de estado.

Las garant铆as para avanzar en un proceso constituyente por la democracia, la justicia social y la paz.

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