Las comunidades araucanas siguen gravemente victimizadas en medio del conflicto social y armado.

 

 

El 4 de marzo, a las 3:00 p.m., fue asesinado por integrantes de la Fuerza de Tarea Quir√≥n de la Brigada 18 del Ej√©rcito Nacional, el campesino ARBEY RAMOS CARRE√ĎO, de 36 a√Īos de edad, en momentos que se encontraba desarrollando su labor como aserrador de madera en la vereda Las Bancas del municipio de Arauquita. El lugar de los hechos hace parte de la zona de influencia de trabajo de la transnacional OXY.

No obstante el ejército haber reconocido el hecho, lo presentan como un error militar, sin embargo no es la primera vez que en el departamento de Arauca ocurren este tipo de homicidios en persona protegida; y la forma como se produjo la muerte del labriego, con dos impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza, y la formación y entrenamiento militar que tiene un soldado profesional, hace difícil plantear que sea un error militar y por el contrario se trata de un Crimen de Estado para favorecer los intereses de la transnacional petrolera.

Este hecho se suma a una serie de afectaciones sufridas por la poblaci√≥n civil por las distintas acciones en desarrollo del conflicto armado que durante los √ļltimos d√≠as se ha arreciado en el territorio araucano:

El d√≠a 27 de febrero, en la vereda La Esmeralda del municipio de Arauquita fue asesinado el joven FABIAN YESID MORENO de 21 a√Īos de edad.

El 4 de marzo, en el caser√≠o de Puerto Nari√Īo del municipio de Saravena, result√≥ herido el joven AN√ćBAL MONSALBE, al recibir un disparo en una de sus extremidades inferiores cuando se desarrollaba un enfrentamiento entre el ej√©rcito nacional y la guerrilla.

As√≠ mismo, en los √ļltimos d√≠as han sido retenidos algunos veh√≠culos al servicio de la industria petrolera, obstruidas las v√≠as, limitado el derecho de locomoci√≥n y contaminadas las fuentes h√≠dricas producto del derrame de crudo por atentados al oleoducto.

Por lo anterior, exhortamos a los organismos de justicia y control del Estado a avanzar en las investigaciones de estos hechos, adem√°s que sea la justicia ordinaria y no la penal militar la que investigue el homicidio del labriego Arbey Ramos Carre√Īo.

Reiteramos nuestro llamado a que la vida, integridad y bienes de la población civil estén por encima de cualquier otro tipo de intereses, en cumplimiento de los fines constitucionales del Estado.

A los actores del conflicto (fuerza p√ļblica y organizaciones rebeldes) a respetar y dejar fuera de sus acciones a la poblaci√≥n civil.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN NUESTRO TERRITORIO

FUNDACI√ďN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA

NUESTRA ACCI√ďN SOCIAL ES LEGAL Y LEG√ćTIMA
Comité Ejecutivo Regional
Fundación de DD.HH. Joel Sierra.

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