Migración colombiana y seguridad social

Una lucha en dos escenarios Acceso a la seguridad social y políticas estatales orientadas a la migración

Ximena es colombiana, tiene más de 30 años de vivir en Suiza, casada y divorciada de un ciudadano de este país, llegó a Europa a mediados de los 80. Ha trabajado de manera permanente desde finales de los 90, pero los bajos salarios, las enfermedades y el desempleo han hecho que en ocasiones haya tenido que recurrir a la asistencia social para sacar adelante a su familia. Siempre pensó en jubilarse y regresar a su país de origen, pero como nunca quiso o no pudo obtener la nacionalidad suiza le han dicho que si se jubila no podrá “exportar” la pensión a Colombia porque no tiene los mismos derechos que una ciudadana suiza o de una de los países que tiene acuerdos de seguridad social con la Confederación Helvética. Le han explicado que los acuerdos entre Suiza y Colombia son tratados de libre comercio que favorecen a las empresas pero no a personas trabajadoras como ella o como el grueso de la migración colombiana. Si ella regresa definitivamente a Colombia no se le pagará ninguna pensión de jubilación en el extranjero y lo único que podrá hacer es reclamar el reembolso de las cotizaciones que ella pago directamente al sistema suizo de seguridad social.

Hugo es refugiado político en Suiza. En Colombia trabajaba en una multinacional y era sindicalista. Perseguido por sus actividades fue víctima de torturas, de acoso y amenazas por parte del Ejército que le dejaron secuelas psicológicas importantes. En el exilio nunca encontró un trabajo acordé con sus capacidades, experiencias y sueños. Después de varias crisis psicológicas de diferente tipo y de mucho luchar para que las instituciones suizas le reconocieran su enfermedad se le concedió una pensión por invalidez. Como Ximena, quiere regresarse a Colombia, pero se ha dado cuenta que allá tampoco él podrá cobrar la pensión de invalidez que recibe en Suiza porque no existen acuerdos entre los dos países que permitan que los derechos a la seguridad social sean transferidos de Suiza a su país. En su caso las cotizaciones a la seguridad social no podrán recuperarse en su totalidad. Como la asistencia social cotizó por él mientras estuvo enfermo no podrá reclamar ese dinero y además como a causa de sus enfermedades, el seguro de invalidez pagó para su readaptación y su reinserción al trabajo, de lo que él cotizó mientras trabajó le van a descontar el valor de ese tratamiento.

Discriminación institucional en función del pasaporte

Ximena y Hugo son personajes ficticios pero su situación se corresponde con la realidad que viven muchas personas migrantes colombianas en Suiza y de manera general en Europa. En Suiza con el marco legal vigente, todas las personas originarias de los países del sur o de países pobres que no tienen un acuerdo bilateral con la Confederación Helvética, o multilateral con la UE, sufren, en razón de su pasaporte, un trato diferenciado y discriminatorio si lo comparamos con las personas provenientes de la UE – AELE o de los países con los que la Confederación helvética tiene acuerdos. Sin embargo, es importante resaltar que no se trata de una situación exclusiva de la migración colombiana. Con sus particularidades, la situación se puede hacer extensiva al resto de los migrantes de los países del Sur que viven en Suiza y no tienen la nacionalidad de alguno de los países del norte industrializado o de Chile, Filipinas, Turquía, Croacia, Macedonia. Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro, países estos que en algún momento firmaron acuerdos para la seguridad social con la Confederación Helvética. Esta discriminación institucionalizada de la población migrante de los países del Sur se presenta, no sólo en los temas de la jubilación o la invalidez, si no también, con los seguros de desempleo, los permisos de residencia o de trabajo, la reunificación familiar o la adquisición de los derechos de ciudadanía.

Aunque la seguridad social en Europa varía de un país a otro porque los sistemas son diferentes esta limitación de los derechos o su negación es similar para las personas colombianas que viven en otros países europeos1. En el caso de España y de Portugal estos países han firmado un convenio de seguridad social con otros países de Iberoamérica que abarca el tema de las pensiones de jubilación y de la invalidez pero que por el momento no cubre a la diáspora colombiana porque a diferencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Portugal, Uruguay, el gobierno colombiano no ha sido diligente para firmar el acuerdo.

La seguridad social como derecho universal

El actual proceso organizativo que la migración colombiana está desarrollando en Europa y la reactivación de los movimientos sociales y las organizaciones políticas realizada en el marco de las conversaciones de paz constituyen una buena oportunidad para abordar el tema de sus derechos sociales, políticos y administrativos en tanto que diáspora. La seguridad social, el retorno, el uso de las remesas, el reconocimiento de diplomas y de experiencias de trabajo pueden ser abordados desde una óptica que les favorezca. En esas luchas contra esa segregación “legalizada” la diáspora colombiana debe asumir un rol protagónico uniendo sus esfuerzos a los de otras comunidades de migrantes provenientes de África, Latinoamérica o Europa del Este que también viven los mismos problemas y sufren las mismas discriminaciones y a la clase trabajadora oriunda de las sociedades de acogida.

Hay que recordar que estos países del norte industrializado, como el resto de naciones, han firmado múltiples acuerdos que estipulan que la seguridad social es un derecho humano fundamental, y sin embargo, esto no se cumple, pues en esos países no todo el mundo tiene acceso a ella y cuando se accede no todas las personas tienen los mismos derechos u oportunidades. Tener o no la nacionalidad del país en donde se reside o con el que hay acuerdos en este campo hace una real diferencia en términos económicos, sociales y políticos. Hay que destacar sin embargo que obtener esa nacionalidad depende de condiciones cada vez más estrictas entre las que se destacan la autonomía financiera, el aprendizaje de las lenguas nacionales del país en donde se reside y tener un historial jurídico sin infracciones penales o administrativas. Estos requisitos son un verdadero desafío cuando no se tiene un trabajo estable con un salario decente o cuando se carece de un permiso de trabajo o residencia.

Rol del trabajo en la definición de derechos

En buena parte de las sociedades del norte industrializado, el trabajo asalariado es el elemento central para la definición de las políticas sociales, los derechos o la forma como en estas se define la integración en la sociedad. Como consecuencia de esa situación aquellas personas que no tienen un trabajo digno y reconocido oficialmente, han estado desempleadas durante mucho tiempo o han cotizado pocos años a los diferentes seguros, tienen un presente vulnerable y un futuro muy incierto. La situación alcanza niveles extremos de desprotección para aquella población trabajadora clandestinizada, ilegalizada e instrumentalizada por el sistema capitalista, que al no otorgársele permisos estables de trabajo o de residencia, vive en situaciones aún más precarias e inciertas.

Migración colombiana y seguridad social: Una lucha en dos escenarios

En Colombia el acceso a la seguridad social por parte de la población es limitado. No existe seguro de desempleo, el acceso a la salud está privatizado y es objeto de prácticas clientelistas y el régimen de pensiones cobijaba en el 2011 sólo al 31 % de la población. En el exterior las cifras no mejoran para la población colombiana. Según un estudio del CONPES (2009)2 la mayoría de esa migración está por fuera de los mecanismos de protección formal de los países receptores y no participan, o se ha desligado de los sistemas de protección social existentes en Colombia. Si partimos del principio que el trabajo es el factor determinante del acceso a la seguridad social en Europa y en los Estados Unidos la precaria inserción laboral que muestra una parte importante de la migración colombiana en esos países es un factor en contra que hace que tengan un deficiente acceso a los sistemas de protección social. Hay que tener presente que los diferentes estudios que se han hecho sobre estos temas indican que la diáspora colombiana trabaja en oficios que la población nativa de esos países rechaza, bien porque son duros, mal pagos o porque hacen parte de ramas de la producción en donde el valor agregado es poco, el reconocimiento social es mínimo y existen prácticas de precarización del trabajo importantes. En general son oficios en sectores como la gastronomía, el aseo, la construcción, las labores agrícolas y los servicios a las personas3.

A esas características anteriormente descritas de la población colombiana en el exterior, y a las leyes que la rigen, hay que agregar que esa deficiencia en la afiliación a la seguridad social y las exclusiones que sufren se agravan por qué el Estado colombiano ha hecho muy poco para defender y promover los derechos de sus nacionales en el exterior. En temas de protección de las personas como la jubilación, la invalidez, la enfermedad o el desempleo sólo recientemente el gobierno colombiano ha firmado algunos acuerdos y convenios que tocan ciertos aspectos de la seguridad social y de la movilidad de las personas con los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), España, Argentina, Uruguay y Chile. No obstante el alcance de esos acuerdos es limitado porque los esfuerzos de divulgación son escasos y no existe claridad entre los potenciales beneficiarios sobre su funcionamiento y sobre cómo hacerlos efectivos.

Uno de los retos mayores de la población migrante es el de organizarse para hacer frente a esos desafíos ocasionados por el débil acceso a la seguridad social. En el campo de los convenios internacionales, el Estado colombiano, que ha sido muy diligente para firmar tratados de libre comercio con muchos países de Europa, América y Asia; que ha suscrito pactos internacionales de distinto tipo en el marco del sistema de Naciones Unidas y acuerdos regionales, no se ha preocupado por establecer convenios que favorezcan a la migración porque mejorar la calidad de vida de esas personas si no fue una prioridad cuando ellas estaban en Colombia menos lo será en el extranjero.

La migración como clientela a ofrecer

En el pasado el trabajo de las embajadas colombianas hacia sus nacionales estaba circunscrito principalmente a algunos asuntos de carácter administrativo, a la diplomacia entre Estados, a favorecer negocios e inversiones económicas en el país, a darle refugio a políticos o militares retirados, a espiar a sus ciudadanos y a defenderse de los cuestionamientos por sus continuas violaciones a los derechos humanos. El contacto con la migración se suscribía a la celebración de las “fiestas patrióticas” o a mostrar una “imagen positiva” del país por la vía de la exaltación individual de la carrera o las proezas de algunas personas.

A partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de su estrategia de “Estado comunitario” la situación cambió. En 2003 con la llamada “seguridad democrática” se inició un mayor intercambio con las asociaciones de migrantes; se desarrolló un diagnóstico sobre las mismas; aumentó el acercamiento hacia colombianas y colombianos reconocidos en el exterior por sus aportes en los campos de la ciencia, las artes o el deporte y se desplegó a través de los servicios de inteligencia una actividad de control de la oposición y de aquellas personas u organizaciones solidarias con el movimiento social colombiano. Toda esta estrategia uribista tuvo como propósito lanzar una percepción de Colombia como una nación moderna, democrática, segura y pujante con la que se podían firmar acuerdos comerciales e invertir.

En el marco de la llamada “Seguridad democrática” se puso en marcha el programa “Colombia nos une” que más que resolver – con la migración y a partir de los intereses de ésta los problemas que le afectaban – busca vincularla a redes y programas que respondan a los intereses políticos y económicos del establecimiento y de las empresas, tanto nacionales como extranjeras. A esos factores hay que agregar que con estos programas se prolongaron muchas veces las prácticas clientelistas del Estado colombiano, que construye sus estrategias a través de promesas y dadivas a aquellos que son afines a la agenda oficial del Estado o que pueden ser potenciales aliados políticos o ideológicos, tal como lo destaca en su estudio Guarnizo E. (2006)4.

El gobierno de Juan Manuel Santos le ha dado continuidad a este programa institucional “Colombia nos une” constituyéndolo en una de las apuestas más ambiciosas del Estado colombiano dirigida a sus compatriotas en el exterior.5 Además de trabajar la imagen del país se pretende aprovechar el potencial económico que tiene la migración colombiana en temas como las remesas, el retorno y el aprovechamiento de las redes sociales que se han consolidado en el extranjero para usufructuar de las posibilidades que éstas tiene en términos del comercio exterior6.

Sobre las actividades relacionados con el acceso a la seguridad social y la posibilidad de retorno, los programas más importantes son el de «Colombiano Seguro en el Exterior» y las llamadas “Ferias inmobiliarias”.

En el primero de esos programas en materia pensional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el Instituto de Seguros Sociales ISS han creado el programa «Colombiano Seguro en el Exterior» que permite a las personas colombianas que viven en el exterior cotizar para alcanzar una pensión en el país. El convenio, firmado en 2006 entre el ISS y la empresa Giros y Finanzas S.A., representante legal de Western Union en Colombia, confirma una tendencia muy propia de las políticas del Estado colombiano hacia la migración y es que, si antes, con sus políticas sociales, económicas y de seguridad los obligó o presionó a salir, también allá, lejos del país, se les piensa más como fuente de ingresos para las multinacionales y las empresas privadas que como personas con derechos tanto individuales como colectivos. La situación, que favorece a ese pulpo financiero que es la Western Union, no es un caso exclusivo o ajenos a las prácticas de la clase política tradicional o del empresariado colombiano ya que con ella se repiten las estrategias neoliberales de privatización que hacen que sea el mercado, y en él las empresas privadas y las multinacionales, el que se encargue del futuro de unas personas a las que el Estado pretende seguir ofreciendo al mejor postor, aprovechándose de los recursos que, en su dura vivencia como migrantes, consiguen. Con estas políticas se refuerza en materia pensional la doble cotización para la jubilación o para la invalidez cuando se regresa al país. Esta opción, que debería ser voluntaria, adquiere carácter obligatorio porque al no existir acuerdos entre Colombia y los Estados en donde reside la migración si se quiere tener una vejez o un retorno con unas mínimas garantías a la frecuentemente obligatoria cotización al sistema de seguridad social de la sociedad de acogida en Europa o en Norteamérica se agrega otra que debe hacerse en Colombia.

En estas dinámicas el Estado colombiano sigue viendo a sus migrantes como clientes potenciales para ser ofrecidos a ciertos sectores económicos (empresarios privados y multinacionales) a los cuales, además, les presta sus servicios de intermediación. No hay, como en cambio sí lo hacen los nuevos gobiernos latinoamericanos de izquierda, estrategias orientadas a defender, o ayudar a que sus ciudadanos, que han migrado, puedan organizarse y contar con su apoyo para reclamar ante los países del norte industrializado un mejor trato, ni se promocionan con decisión acuerdos bilaterales o multilaterales en materia de seguridad social, o para mejorar las condiciones de trabajo, o de otorgamiento de permisos, visas de trabajo, o reconocimiento de competencias.

Lo que hasta aquí se ha dicho deja claro que las intenciones y programas del gobierno colombiano, los de antes y el actual, no son precisamente las de interesarse por el mejoramiento de las condiciones de vida en el exterior de sus migrantes. Tampoco lo es el tratar de establecer convenios y acuerdos con los gobiernos de los países receptores que les indiquen a éstos, claramente, que tras sus migrantes hay un gobierno que cumple con su papel de proteger, apoyar y defender a sus ciudadanos, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Queda dicho también que resolver las causas estructurales que han causado esta masiva migración, y en la que los gobiernos colombianos a través de sus políticas han incidido de manera determinante, no forman parte de la agenda del actual gobierno. Que tampoco los gobiernos receptores, hacen lo necesario y suficiente para que la integración del migrante sea una realidad de doble vía, y en cambio, se empeñan en seguir fomentando la exclusión, la persecución y el abuso, a través de políticas policivas, excluyentes y no pocas veces xenófobas.

La población migrante, en cambio, no hace más que aportarle al país que la obliga a salir y al país que intenta expulsarla. Sus gobiernos, tanto el de origen y el receptor, sólo piensan en beneficiarse de ella. Por cierto, si la integración puede ser un concepto que como tal puede manosearse, definirse y redefinirse, la migración no lo es; la migración es un caudal de hombres, mujeres y niños, consecuencia de muchos de los factores antes expuestos, a los que como personas, trabajadores y ciudadanos, le son conculcados sus más elementales derechos humanos.

La organización de la población migrante en pro de lograr mejorar sus condiciones de vida en el exterior, tanto como por tratar de hacer más provechosa, en su país y para su familia, las riquezas generadas con su esfuerzo, se presenta como la asignatura pendiente de la propia migración, la que, a sí misma, debe definir su identidad, comprender el contexto que la obliga a salir y convertirse en sujeto político activo de una situación que parece tiende a agravarse si se sigue dejando en manos de los gobiernos o de personas u organizaciones que no los representan pero que quieren seguir utilizándola.

Importancia de la solidaridad de clase para conquistar nuevos derechos

El discurso conformista e hipócrita de la crisis capitalista que se nos ha impuesto exime de responsabilidades a las grandes empresas, oculta el peso que sobre la misma tiene el modelo capitalista y responsabiliza – entre otras razones – a las poblaciones migrantes de la falta de trabajo o de abusar de los servicios sociales. Detrás de esas derivas xenófobas, racistas, diferencialistas y fatalistas, que señalan a la población extranjera, especialmente la proveniente del sur o de los países pobres y a las personas que con sus prácticas de vida se alejan de las normas impuestas por el sistema, de todos los problemas de la sociedad se esconden propósitos económicos que facilitan la explotación de la migración mediante la limitación de sus derechos, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y su instrumentalización como pretendido factor de desestabilización. Negar o limitar el acceso a la seguridad social, pagar bajos salarios o bajas pensiones, hacer vulnerables a las personas migrantes utilizando el miedo a ser descubiertos u obligándolos con la miseria y la denegación de derechos a aceptar condiciones de trabajo miserables son estrategias que ayudan al sometimiento perpetuo de la clase obrera. El enfrentamiento entre trabajadores nacionales y extranjeros debilita su capacidad de resistencia y permite al sistema capitalista que, aunque los costos en vidas humanas y en la calidad de la misma sean desproporcionados, los costos de producción para las empresas se reduzcan y con ello sus márgenes de ganancia.

Quienes hoy se interesan por luchar para mejorar las condiciones de vida de la migración colombiana deben unir sus esfuerzos a los de otras poblaciones de migrantes provenientes del sur en una lucha que no puede perder su componente de clase y debe abarcar temas inseparables como la libre circulación de las personas, la lucha contra el racismo y la reivindicación de los derechos laborales, políticos y administrativos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Abogar porque haya contratos de trabajo justos, reivindicar la lucha por la seguridad social de los y las trabajadoras son elementos comunes a la lucha de todas las poblaciones migrantes incluida la colombiana y de todas las personas trabajadoras incluidas las originarias de las sociedades receptoras independientemente de su estatus. En nuestro caso es claro que esos propósitos no van a ser defendidos ni reivindicados por los políticos de derecha y por las instancias – que para el caso colombiano – están detrás de la salida de Colombia de más de 5 millones de personas. Se requiere de la construcción de un amplio movimiento de migrantes, que a partir de su propia realidad reivindique sus derechos y respalde a legítimos representantes de los intereses populares que puedan promover que se firmen acuerdos, leyes y tratados – bilaterales o multilaterales – entre los Estados para garantizar la libre circulación de las personas y el derecho universal a la seguridad social. Hay que presionar para que de la política exterior de los Estados beneficie al conjunto de la población y en este caso las personas migrantes que no deben seguir siendo considerando como mercancías de usar y tirar. Como referentes actuales están algunos gobiernos progresistas de América Latina, las organizaciones de migrantes de esos países y en el pasado la diáspora chilena que luchó contra la dictadura de Pinochet y se unió también para reivindicar derechos en torno al retorno que permitió que surgieran algunos acuerdos en términos de seguridad social que explican la posibilidad que tienen los nacionales de ese país que se jubilan en Suiza para cobrar sus pensiones en sus país de origen.

NOTAS:

1 Los modelos de protección social en Europa y en Estados Unidos se han construido a partir de tres concepciones: La liberal o residual que impera en los Estados Unidos, la universalista inspirada en los postulados de William Beveridge que tiene como referencia a la Gran Bretaña y la Corporativista que sigue los postulados de Otto von Bismarck y se aplica en Alemania y Suiza.

2 Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES – Política integral migratoria (2009) Bogotá

3 En los servicios a la persona hay que resaltar que las mujeres migrantes colombianas realizan un aporte invaluable a estas sociedades. Ellas sacrifican la atención a sus propias familias para ocuparse de personas mayores y de infantes. Junto con otras mujeres migrantes, ellas terminan cubriendo las deficiencias estructurales que en materia de atención a esos sectores específicos de la población tienen los países europeos y suplen las limitaciones que se tienen de guarderías, asilos y de personal de la salud y de los cuidados a las personas.

4 Guarnizo L.. «El estado y la migración global colombiana». Migración y Desarrollo006 (2006): 79-101.

5 http://www.cancilleria.gov.co/%20footer/join-us/work

6 https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=sOTSClEqIAI%3D&tabid=1238

 

 

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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