Aplazada sesión de la mesa de inversión social en el Sur de Bolívar

Debido a la falta de compromiso y seriedad de las autoridades nacionales y departamentales.

El proceso de interlocución entre las comunidades del Sur de Bolívar y el gobierno nacional, cualquiera que este sea, ha estado lleno de obstáculos. Este proceso que desde hace muchos años vienen propiciando las comunidades para buscarle soluciones a las múltiples problemáticas que afectan a la región, ha sido manoseado e irrespetado por parte de los representantes de las diferentes instancias del gobierno nacional, departamental y municipal.

El acuerdo construido entre las comunidades y las autoridades se concretiza desde el año 2005 en la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar en la que participan de una parte delegados de las organizaciones sociales de cada uno de los municipios del Sur de Bolívar y de otra parte, los delegados de cada una de las instituciones responsables de los temas que se discuten en la Mesa que son: Derechos Humanos y DIH, Inversión Social, Tierra y Territorio y Minería y Medio Ambiente. Los delegados oficiales deben tener capacidad de decisión.

Sin embargo, los acuerdos que desde 2005 hasta 2009 se fueron alcanzando, no se cumplieron y por el contrario la situación de la región se agudizó en contra de las comunidades. En 2009, en medio de una discusión sobre la problemática de la tierra en el Sur de Bolívar, el gobierno nacional decidió suspender unilateralmente la Mesa de Interlocución, ya que no compartían los planteamientos de la Comisión de Interlocución sobre la problemática de tierras en la región.

Durante los últimos tres años, las comunidades con la vocería de la Comisión de Interlocución, insistimos de manera permanente ante el gobierno nacional para que se volviera a reiniciar la dinámica de interlocución y la Mesa volviera a funcionar. Para ello recurrimos a diferentes mecanismos como oficios, derechos de petición y denuncias; acciones políticas como reuniones con funcionarios gubernamentales, con el Ministerio Público, con organismos internacionales de derechos humanos, entre otras; e incluso en septiembre de 2011, ante la falta de respuesta, 300 personas ocupamos durante 9 días la vía que comunica al municipio de Arenal con el resto del departamento, exigiendo siempre lo mismo: la reinstalación de la Mesa de Interlocución.

Finalmente fue necesario recurrir directamente al Presidente Juan Manuel Santos, a quien mediante un documento se le expuso la problemática de la región, se le manifestaba la falta de voluntad  para la reactivación de la Mesa y se le planteaba la importancia de retomar este proceso. Así se logró desatrancar a principios de 2012, el nuevo comienzo del proceso de interlocución.

El 10 de marzo de 2012 se reinstaló la Mesa de Interlocución en el municipio de Arenal, acto en el que participó el Vicepresidente Angelino Garzón, quien se comprometió a que en conjunto con la Comisión de Interlocución, se establecería una metodología para el desarrollo de las 4 mesas temáticas que abordan cada uno de los temas que en este espacio se discuten. Así fue y el acuerdo que se logró es que se trabajaría cada uno de los temas en mesas temáticas en el siguiente orden: Derechos Humanos y DIH, Inversión Social, Tierra y Territorio y Minería y medio ambiente. La Mesa de Derechos humanos sesionó en el municipio de Aguachica y la de Inversión social se programó para sesionar en Rioviejo los días 23 y 24 de julio.

Desafortunadamente por la falta de compromiso y de voluntad política del gobierno nacional y departamental, para asumir con seriedad el proceso de interlocución con las comunidades del Sur de Bolívar, la sesión de la Mesa de Inversión Social se suspendió.

Esta sesión en la que debían discutirse los problemas que afrontamos las comunidades en salud, educación, vivienda, saneamiento básico, comunicaciones, energía, deporte, recreación y cultura, no pudo realizarse debido a que las instituciones y ministerios responsables de cada uno de estos temas no asumieron con seriedad la convocatoria. Algunos delegaron a funcionarios sin ninguna capacidad de decisión y otros ni siquiera hicieron presencia, estos son:  Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente, Secretaria de Salud del Departamento, Secretaria Departamental de Cultura, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte, Dirección Nacional de Regalías, Secretaria Saneamiento Básico del Departamento.

En medio de la molestia que generó, entre los más de 100 delegados de los diferentes municipios que conforman la Comisión de Interlocución, la falta de compromiso y seriedad del gobierno nacional y el irrespeto que significa que ante la grave problemática social por la que atraviesa la región, no se asista o se envíen funcionarios que solo van a escuchar más no a plantear soluciones, se decidió que no tenía sentido adelantar ningún tipo de conversación mientras no asistieran quienes pueden darle solución a una problemática que en la región es estructural.

La falta de asistencia de funcionarios a esta sesión de la Mesa es muy grave si tenemos en cuenta que los problemas que en materia social afecta a la región son cada vez más delicados. Así lo refleja el documento titulado La negación sistemática de derechos económicos, sociales y culturales en el Sur de Bolívar que se anexa a este escrito y que contiene tanto un diagnóstico de la problemática como nuestras propuestas para buscarle soluciones reales y de fondo.

Los esfuerzos que estamos haciendo los pobladores de la región para que se nos reconozcan nuestros derechos económicos, sociales y culturales no son nuevos. Desde 1985 nos estamos movilizando para exigir su cumplimiento, sin embargo la actitud de las autoridades siempre es la misma: incumplir, no tomarnos en serio, mentirnos, dilatar las conversaciones y compromisos adquiridos, tratarnos como a ciudadanos de segunda. En esta ocasión la situación vuelve y se repite: los funcionarios que llegan no pueden comprometerse a nada y otros simplemente ni siquiera hacen presencia en las reuniones como sucedió en Rioviejo.

Además de los temas específicos que se deben abordar en la Mesa, hay otra serie de situaciones que están afectando gravemente la vida de las comunidades y a las que tampoco se les está prestando atención:

El problema de la pequeña minería es cada vez más delicado porque la fuerza pública ha empezado a poner una serie de trabas a los pequeños mineros para el ingreso de los insumos necesarios para la labor minera, en cambio si permiten que quienes trabajan con retroexcavadoras entren de manera ilegal combustibles, insumos, repuestos, y todo lo que necesitan para su destructora actividad. También están restringiendo la compra y venta del oro por parte de los pequeños mineros atentando así contra la única fuente de ingresos de muchos de los pobladores de la región.

La insurgencia está interfiriendo en la actividad de los pequeños mineros al exigirles el pago de altas cuotas a manera de “vacuna” lo que hace cada vez menos rentable la actividad para la pequeña minería. Además hay presiones, amenazas e incluso desplazamiento forzados contra quienes se niegan a pagar o no se acogen a las normas que estas organizaciones quieren imponerles a los pobladores.

Las empresas palmeras están presionando a los campesinos para que entreguen sus tierras, presiones de las que incluso participan ciertas autoridades locales, como sucede en el caso de Las Pavas, en las que un juez y un inspector de policía desconocen los derechos de las comunidades campesinas a la tierras y los obligan a aceptar que las empresas palmeras siembren palma en sus tierras, afectando gravemente la soberanía y seguridad alimentaria de la población que habita en la región.

Por su parte los alcaldes de los municipios que hacen parte del Sur de Bolívar nunca han participado de este proceso de interlocución a pesar de que desde la Comisión se les ha invitado numerosas veces a que se vinculen dinámicamente. Pero tampoco asumen un rol claro en el proceso, aunque en realidad por su papel como administradores municipales hacen parte de las autoridades obligadas a encontrar soluciones a la problemática y reclaman ser reconocidos como tales según los mandatos de la ley, no tienen una posición clara de exigirle a las autoridades centrales las soluciones de fondo que los problemas de sus municipios requieren.

La gran mayoría de alcaldes se dedican a hacer lobby ante los funcionarios del gobierno central para que le den, a cada uno por su lado, aquellas cosas que no solucionan de fondo los problemas, pero que si les sirven para sus actividades de proselitismo político en época electoral.

Con contadas y honrosas excepciones, los alcaldes además asumen una actitud de clara hostilidad contra los miembros de la Comisión de Interlocución en general y de sus voceros en particular, haciendo señalamientos que ponen en grave riesgo la vida e integridad personal de estas personas. Señalamientos que cada vez suben más de tono como que “sirven a intereses oscuros”, “que hacen parte de las organizaciones insurgentes”, “que pretenden reemplazar a las autoridades legítimamente constituidas”, entre otras cosas.

Incluso de los alcaldes que se hicieron presentes en la fallida mesa que se realizaría en Rioviejo, se escucharon expresiones como las siguientes:

Jesús Jiménez, alcalde de Norosí: “Es una falta de respeto, creer que los funcionarios que estamos presentes no servimos para nada, tenemos que ser claros en las competencias, de lo contrario siempre  vamos a tener confusión. se requiere que las comunidades acepten que los alcaldes  tienen funciones y competencias acordes con el plan de desarrollo municipal y departamental,  allí es donde las comunidades tiene que apoyar a los alcaldes, para que estas obras se lleven a cabo, pero se requiere entender que por ley los alcaldes tienen una responsabilidad con los planes de desarrollo.  No puedo estar en una reunión donde la fuerza pública no puede estar.

Esto ha ido generando una situación que no permite que quienes nos vemos afectados por los problemas de nuestra región, incluidos los alcaldes, podamos transitar todos el mismo camino de exigencia de cumplimiento pleno de los derechos que nos otorgan tanto la Constitución Nacional, como los mecanismos internacionales de derechos humanos que el Estado colombiano ha suscrito y por los que se obliga a hacer realidad estos derechos en todo el territorio nacional.

A esto le sumamos la insistencia del gobierno nacional en querer militarizar el escenario de interlocución al exigir la presencia de miembros del ejército y la policía en las sesiones de la Mesa de Interlocución y de las mesas temáticas, lo que hace que el espacio de interlocución sea cada vez más complejo. Esto porque el papel de la fuerza pública en la región está marcado por una historia de asesinatos, atropellos, graves violaciones de los derechos humanos, persecución a los líderes y pobladores en general, quema de maquinarias. La muestra más reciente de la actitud de los miembros de la fuerza pública hacia las comunidades es que el día 23 de julio del presente año, en que debía iniciarse con la Mesa de Inversión social, algunos de ellos se dedicaron a fotografiar a los asistentes y a hacerle seguimiento a los voceros de la Comisión de Interlocución, situación que no es la primera vez que se presenta. Incluso porque la presencia de uniformados entre la población civil es un grave atentado contra del Derecho Internacional Humanitario, más en un región en donde el conflicto armado mantiene una dinámica en la cual todos los actores armados buscan cualquier tipo de ventaja para atacar al otro sin respetar a quienes nos encontramos en medio.

Estas son las razones por las cuales desde la Comisión de Interlocución nos hemos opuesto desde el inicio del proceso de interlocución a que la fuerza pública esté presente en las sesiones de la Mesa, además porque desde 2005 ésta Mesa ha sido un escenario de discusión entre civiles, incluidos los representantes del Estado, quienes además son los responsables de transmitirle a la fuerza pública las denuncias, inquietudes, preocupaciones que los pobladores tenemos frente al papel de ellos en la región.

Y los alcaldes nuevamente, en vez de comprender las razones de las comunidades ya que ellos mismos han sido testigos de la situación en la que se vive en la región, toman posiciones como las siguientes:

Albeiro Martínez, alcalde de Santa Rosa del Sur: “…me tiene molesto que la fuerza pública este marginada, si tienen problemas de derechos humanos denuncien. En la mesa minera si no dejan entrar la fuerza pública no presto el municipio para la realización de la mesa, no entiendo porque la fuerza pública no puede entrar, ellos nos quieren ayudar…”

El señor Ecequiel Salcedo, acalde de Morales afirmó: “Hay que dejar de jugar a la defensiva, yo considero que acá hay funcionarios, con alto nivel.  “desarmémonos” para avanzar en la mesa. No estoy de acuerdo con la no presencia de la fuerza pública, reconocemos que anteriormente se han presentado abusos, pero hoy los alcaldes defendemos los derechos de las comunidades si algún miembro de estas instituciones viola los derechos.

Por todo lo anterior, la Comisión de interlocución del Sur de Bolívar ha tomado la decisión de no avanzar en la realización de ninguna de las mesas temáticas que están pendientes de realizarse hasta que no se realice, en las condiciones acordadas, la sesión de la Mesa temática de inversión social.

Llamamos a las comunidades a seguir participando de este proceso de defensa de la vida y permanencia en el territorio, a que no permitamos que las autoridades sigan desconociéndonos como ciudadanos y negándonos los derechos que nos otorgan la Constitución y la ley.

Exigimos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales,  demostrar su real voluntad de avanzar en la identificación y concreción de soluciones a las problemáticas que afectan al sur de Bolívar, asumiendo con seriedad y responsabilidad estos escenarios en los que desde la legalidad podemos construir este territorio de todos y para todos de manera autónoma.

Exigimos al gobierno nacional a que defina de manera clara y definitiva cual o cuales de las instituciones del gobierno son las responsables directas de coordinar, convocar y responder por la realización de cada una de las mesas temáticas y de la Mesa de Interlocución con las comunidades del Sur de Bolívar.

Finalmente anunciamos que las comunidades de esta región del país, obligados por la actitud de desconocimiento e irrespeto que tiene el gobierno hacia nosotros, quedamos en estado de alerta respecto a las decisiones que desde el gobierno central se tomen respecto al proceso de interlocución, y de no encontrar respuestas claras y soluciones reales a nuestra problemática, nos movilizaremos de manera contundente a indefinida para exigir respeto, seriedad y cumplimiento en los compromisos adquiridos.

Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, julio 26 de 2012

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