EN POPAYÁN LA FUERZA PÚBLICA ARREMETE CONTRA VENDEDORES AMBULANTES Y SEÑALA A REPORTEROS GRÁFICOS 
por Departamento de Derechos Humanos de ASOINCA
Popayán, 14 de julio del 2006

Contexto
La plaza de mercado de La Esmeralda en Popayán lleva más de 35 años como centro de acopio y distribución de productos agropecuarios y se ha convertido en la única posibilidad de subsistencia de unas 800 familias que viven del rebusque en las afueras del edificio, entre productores, distribuidores, revendedores, carretilleros, carreteros, aseadores, etc. Estas familias se han visto en la obligación de asentarse afuera de la plaza de mercado por la incapacidad del Estado de ofrecerles unas mínimas condiciones laborales que les permitan sostener a sus familias. 
 
A partir del año 2000, con la disculpa de la defensa del espacio público, las administraciones municipales, a través de la Fuerza Pública, han venido atropellando violentamente a los vendedores ambulantes. En la administración Fernando Duque (2000-2004) llegaron a un acuerdo de tolerancia, el cual, sin embargo, se vio roto por la llegada de más vendedores ambulantes, motivados por la pura necesidad de sobrevivir. Reiniciaron los atropellos. Luego, cuando el actual alcalde Víctor Libardo Ramírez   se encontró en campaña electoral, les prometió a los vendedores ambulantes no molestarles a cambio de votos. Muchos votaron por él, y una vez elegido se olvidó de su promesa aduciendo tener que cumplir órdenes de “defender” el espacio público. Desde entonces los atropellos violentos se han vuelto muy frecuentes, a veces con heridos, siempre decomisando frutas y verduras, regándolas y aplastándolas, o sea los vendedores siempre quedan lastimados de una u otra forma.
 
Hechos del 14 de julio del 2006
 
A las 8 de la mañana, una camioneta llena de policías de la ESMAD llegó a la plaza de mercado de La Esmeralda con el fin de desalojar una vez más a los vendedores ambulantes. Éstos a su vez, concientes de que vender ahí es la única opción de subsistencia para ellos y sus familias, se aferraron a sus productos y los defendieron. La respuesta de la Fuerza Pública fue golpearlos con bolillos y  patadas, echar gases lacrimógenos de forma selectiva y volcar las mercancías y pisotearlas. Resultaron heridos y contusos en brazos, piernas, nuca, varios vendedores, incluyendo menores de edad, además del señor José Uldarico Gallego Corrales, de avanzada edad, que por causa del gas lacrimógeno sufrió un pre-infarto y tuvo que ser llevado de urgencia al hospital. 
En el transcurso de los atropellos, varios  policías arrastraron del cabello a la señora Amparo Ortega y la detuvieron. Al joven Larry Gómez le dejaron malherido de golpes y lo detuvieron también. 
 
Poco después de llegar a La Esmeralda para filmar los atropellos, los reporteros gráficos María del Carmen Valencia y Fernando Luís Paz Alegría de “Voz Comunitaria” y miembros de la Asociación de Institutores del Cauca – ASOINCA fueron retenidos por el Mayor de la Policía James Toro y llevados en una patrulla de la Policía a la Personería Municipal donde el Mayor Toro exigió ver las filmaciones, supuestamente por miedo de aparecer en ellas. Lo que logró con esa maniobra fue impedir que los dos reporteros pudieran realizar su trabajo, mientras los policías continuaban atropellando a los vendedores. 
 
Después de aclarar el asunto ante el Personero, los dos reporteros, acompañados por dos compañeros más del sindicato (Luís Alfredo Lucero y Gudrun Kern), volvieron a la plaza de mercado con el fin de recoger testimonios de lo ocurrido. En eso, dos policías filmaron a los cuatro con celulares y un policía de la ESMAD, identificado como Cortes I. (placa 50431), le dijo al sindicalista Luís Alfredo Lucero que le estaba tomando la foto para “catalogarlo como revolucionario”. En un país como Colombia ese señalamiento por parte de un funcionario público puede traer graves problemas de seguridad para la persona señalada. 
 
Por esos hechos exigimos
 
·        Al alcalde: una solución definitiva a los problemas de los vendedores ambulantes que les garantice condiciones dignas de trabajo y de vida para ellos y sus familias.
 
·        A la Procuraduría y el Comandante de la Policía en Popayán: investigar los atropellos cometidos contra los vendedores ambulantes como expresión de abuso del poder de la Fuerza Pública y tomar medidas disciplinarias contra los responsables.
 
·        A la Fuerza Pública: garantizar el respeto al libre ejercicio del trabajo periodístico así como abstenerse de cuestionar la legitimidad del trabajo periodístico y sindical ni pronunciar falsas acusaciones que comprometan la seguridad de los reporteros sindicalistas.