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Plantón en la Fiscalía: Luchar no puede ser delito

Organizaciones sociales, líderes y lideresas se movilizaron esta mañana

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La lucha por la soberanía arrocera

El miércoles 6 de junio en horas de la mañana, integrantes del Consejo Nacional del Arroz de los departamentos del Meta, Huila, Sucre, Arauca, Casanare, Norte de Santander y la región Caribe, cesaron sus actividades para movilizarse en la ciudad de Bogotá con el fin de exigir mejores condiciones al gobierno nacional y garantías de producción en el marco del plan piloto ‘Colombia Siembra’.

En ese sentido, Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Colombiana, afirmó que la movilización en Bogotá es el resultado de una reducción injustificada del precio del grano que eleva los costos de producción sobre los ingresos, así como el incumplimiento por parte del ministro de Agricultura, Aurelio Irragori, en pagos para los incentivos de almacenamiento.

En concreto, ‘Colombia Siembra’ -programa piloto del ministerio de Agricultura- pretende la revitalización del campo, no precisamente su transformación. El gremio aceptó los términos para la siembra, sin embargo, las importaciones que se derivan de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y las importaciones de Ecuador, han fortalecido el oligopolio que maneja el 85% del mercado, debilitando los pequeños y medianos productores.

Los miembros del Consejo Nacional del Arroz se reunieron en el transcurso del día con el ministro de Agricultura para llegar a un acuerdo con acciones concretas respecto al aumento de precios de la carga de cereal, el pago pendiente del incentivo al almacenamiento, revisión y modificación de las normas de calidad y buscar un fortalecimiento de la pequeña y mediana industria.

Tras una larga jornada se llegó al consenso de que, mientras se toma una decisión frente al precio de referencia de la próxima cosecha de arroz, recibirán un apoyo para la comercialización que significa una inversión de 5.800 millones de pesos.

En la página oficial de la cartera de Agricultura se afirmó que “se evalúo la condición de grano partido como determinante de la liquidación del precio de compra y se implementará un sistema de chequeo cruzado para que la calidad que paga el molino al productor corresponde a la contra nuestra de los laboratorios de referencia”.

Por su parte, respecto a las importaciones, Irragori declaró que “no necesitamos importar nada distinto, tenemos más de 500 mil toneladas almacenadas y cumplirle a la industria con el pago pendiente de los primeros meses del año antes de la entrada de la cosecha grande en julio, por lo que adelantaremos un trabajo arduo para tener esa resolución con los precios acordados a más tardar en la primera semana de julio”.

Al finalizar, el ministro reiteró que continuará el diálogo con todos los sectores productivos, “trabajando en soluciones sin necesidad de marchas y protestas, así que, celebramos que la jornada de hoy se realizó en orden y con respeto”, por lo cual, el gremio provisionalmente no irá a paro nacional, si las medidas así se cumplen.

La lucha de arroceros, como la de gran parte de los agricultores colombianos, es la lucha por la dignidad, por la soberanía y seguridad alimentaria, que no es más que la defensa de la semilla nativa que teje identidad y fortalece lazos sociales en las comunidades.

07 de junio del 2017

¿Simple inhumanidad o arma de guerra?

Sobre una decisión judicial con efectos letales

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De Colombia a Venezuela: Paramilitarismo de exportación

No solo se reactivan en Colombia: bandas paramilitares llevan asesinatos y terror al vecino país para forzar la desestabilización. ¿Quién los manda? ¿Cuál es su relación con la oposición? Informe desde Venezuela.

Por Marco Teruggi*. Una unidad de veinte paramilitares ingresó desde Colombia a Guasdualito, y otros elementos fueron movilizados desde Aragua a la ciudad de San Fernando. Así denunció Orlando Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional. Apure, hasta el momento en relativa tranquilidad –exceptuando la quema de bancos en diciembre– pasó a ser un territorio priorizado en el plan de violencia insurreccional.

El objetivo, con el ingreso de esos grupos, es generar destrozos, ataques focalizados, y asesinatos de líderes chavistas. Su inserción desde fuera responde a la imposibilidad encontrada hasta el momento de desarrollar esas acciones con grupos ya instalados, debido al desarrollo chavista en el territorio. Ante eso se reforzó con la siguiente ecuación: cada paramilitar pasará coordinar un grupo propio, veinte paramilitares se transforman en veinte células desplegadas con armas de guerra, entrenamiento y estructura militar. Con Apure se densifica el despliegue paramilitar que tiene como objetivo final Caracas, centro del poder político.

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El diseño tiene como retaguardia profunda Táchira. Ese estado se transformó en centro de acciones paramilitares desde el 2014. Ahí está gran parte del acumulado, la infraestructura -en marzo fue desmantelado un campamento- y la experiencia práctica. Desde el inicio de este ciclo allí se agudizaron las amenazas sobre la población, los comerciantes, los transportistas, los toques de queda, el cierre prolongado de acceso a zonas -como al Municipio Andrés Bello, durante dos semanas- y los ataques sobre cuarteles militares y de la policía. Concentración de fuerza y de simbólica: la épica gocha debe servir como incentivo para el resto del país, como un efecto moralizador. Para eso los videos, las declaraciones, las imágenes.

Táchira como retaguardia, ejemplo, y punto desde donde agudizar el saboteo de alimentos para el país, como se vio en las imágenes de ataques a camiones transportando comida. La táctica ha sido atacar sobre la troncal 5 que sale desde San Cristobal hacia Caracas -con agresiones a altura de La Pedrera y de Socopó, por ejemplo-, y la troncal 1, que parte desde San Cristobal hacia El Vigía. Atacar la distribución y abastecimiento de comida ha sido una constante desde hace años que ha generado desgaste en la gente. Intentan profundizarlo en esta fase insurreccional.

Además de en la retaguardia, se han multiplicado los puntos de despliegue paramilitar en el país. Trazando una línea desde San Cristóbal hacia Caracas se puede construir un eje que pasa por Mérida -El Vigía, Tovar, por ejemplo-, Barquisimeto, Valencia, hasta llegar a Los Teques y San Antonio de Los Altos. También una línea que une a través de Socopó, Barinas, Guanare, hasta Valencia. Sobre esos ejes se han desplegado -o están en preparación- acciones similares: ataques a instituciones públicas, incendios de transportes, locales del Psuv, territorios populares/chavistas, destrozos y robos a comercios, terror sobre la población, barricadas prolongadas, ataques con armas de fuego a policías, guardias, cuarteles, asesinatos de chavistas y de los propios manifestantes de la derecha.

En ese plan entra la inserción de paramilitares en Apure, el incendio de autobuses en el estado Bolívar, el intento de mostrar territorios liberados y bajo control, como San Antonio de Los Altos. Se trata de un plan insurreccional que multiplica los focos en varios puntos del país, se desplaza sobre el territorio con fuerzas de choque, busca cercar Caracas, el oeste, el Palacio de Miraflores. La guerra no está por venir, la guerra está en desarrollo. No hay que esperar el desembarco: los elementos militares ya están desplegados sobre el territorio.

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Las guerras se preparan. El desarrollo del entramado paramilitar también. Lo explica Zambrano, militante de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora: entre los paramilitares del año 2002 o 2008 y estos que ahora están en acción existe diferencias. Ya no se ven pintadas de la Autodefensas Unidas de Venezuela, ni se trata -exceptuando casos como el de Guasdualito- de fuerzas traídas desde fuera. Ha existido un proceso de enraizamiento en el territorio, principalmente a través de la captación de bandas criminales.

El proceso, acelerado a partir del 2011, fue el siguiente: detectar a los líderes de bandas criminales -como el caso de El Picure-, darles formación, tecnificar el armamento, cambiar los métodos de combate, de crimen, brindar logística, retaguardia, incorporarlos a una estructura. Para afuera hampa común. En lo invisible, parte del entramado paramilitar, con jerarquías, tareas. El proceso de formación también se dio con jóvenes de partidos políticos, como Lorent Saleh, enviado a Colombia a recibir entrenamiento para luego aplicarlo en Venezuela.

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Por eso resulta difícil identificarlos. No usan nombres, ni insignias, ni asumen la responsabilidad de los actos. Al contrario: atacan, queman, matan, y acusan al chavismo de la responsabilidad de los hechos, como se vio en varios videos -como en Carrizal. La disputa es por el sentido de las cosas. Luego de amenazar a los comerciantes con quemarles los negocios en caso de abrir, filman las santamarías bajas afirmando el carácter patriótico de los comerciantes quienes se habrían sumado espontáneamente al paro. El paramilitarismo es entre otras cosas un método. Se ha multiplicado por todo el territorio. Este lunes llegó, por ejemplo, al municipio Baruta.

¿Quiénes actúan en cada caso? ¿Son paramilitares, bandas criminales con dirigente que son parte de una estructura paramilitar, hampa común reclutada y pagada para confrontar, gente que espontáneamente se suma? ¿Dónde empieza uno y dónde termina el otro? En la confusión está la táctica. No se dejan ver, pero matan, queman, disparan, disputan territorios. Como el truco del diablo, como decía Charles Baudelaire: logró persuadir que no existía.

¿A quiénes responden? La estructura de confrontación callejera, de paramilitarismo venezolano, está dirigida centralmente por Voluntad Popular. Junto a Primero Justicia, son los dos partidos que tomaron la dirección de la escalada insurreccional. Las alianzas en los estados llaneros son centralmente con los ganaderos, quienes financian parte de las acciones. La última retaguardia está del otro lado de la frontera: en Colombia.

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¿Hasta dónde? Lo que está en marcha son acciones de carácter militar, con logística, infraestructura, armamento, y preparación acorde para eso, apoyadas y potenciadas por un andamiaje comunicacional que genera confusión, miedo, rumor. Se han multiplicado por el país, y, por lo que indican los últimos acontecimientos, van a continuar sucediendo. Serán reforzados desde fuera en caso de ser necesario, como en Guasdualito. El ejemplo del lunes en Barinas muestra la magnitud y potencia de lo que está en desarrollo: ataque y quema a seis estaciones de policía, local del Psuv, CNE, Inces, Invi, centros comerciales, más de diez trancas en zonas populares, intento de penetrar en el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Los ataques apuntan centralmente a los flancos del chavismo que la derecha define como fuertes: la unidad institucional -defensoría, TSJ, Fanb, etc.-, la estructura de dirección -con acoso y escarnio a familiares-, los barrios populares -como en el caso de El Valle o Barinas- y ahora la toma de instalaciones militares. En esa lógica se puede seguir el hilo de los acontecimientos.

Es parte del plan que presiona, intenta inundar de una violencia cada vez más fuerte, como el caso del joven que fue linchado y prendido fuego en Altamira, o el número de víctimas que se incrementa a cada nueva acción callejera de la derecha. Lo necesitan para fracturar la sociedad de odio, para escalar en la insurrección, y para su frente exterior, del cual esperan una intervención mayor. ¿Qué tipo de intervención? Tal vez la lógica de esperar el gran acontecimiento sea equivocada, y la intervención ya está en marcha y es, como el paramilitarismo, invisible.

Mayo 25-2017

Más de 280 organizaciones sociales solicitamos que Todd Howland se quede en Colombia

Más de 280 organizaciones sociales solicitamos que Todd Howland se quede en Colombia

Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos:

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25 de mayo: Día Nacional por la Dignidad de las víctimas de violencia sexual

Colombia conmemora cada 25 de mayo el Día por la Dignidad de Violencia Sexual con el objetivo de visibilizar esa problemática y dignificar a las miles de mujeres afectadas que en el marco del conflicto armado han sido víctimas del patriarcado, en una de sus máximas expresiones.

El Decreto 1480 que concreta esta iniciativa surge a raíz de la lucha de la periodista Jineth Bedoya, quien un 25 de mayo fue secuestrada a las puertas de la cárcel La Modelo de Bogotá y torturada y violada por sus captores, tres paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, a los que investigaba para un reportaje para el periódico El Espectador.

Con ocasión de la conmemoración, en Colombia Informa emprendimos la tarea de abrir espacios para mujeres víctimas de acosos y abusos sexuales a través de la campaña Contar para Sanar, cuya intención es permitir que las letras ayuden a hacer una catarsis, a la vez de establecer un canal de denuncia social que permita a las mujeres identificar los episodios de ese tipo que han ocurrido en sus vidas, muchas veces sin que se identifique como tal.

Les invitamos a Contar para Sanar. Recibimos sus dibujos, textos, canciones, fotografías o cualquier tipo de expresión a través de la cual podemos contribuir colectivamente a la construcción de la solidaridad y la concienciación. Recibimos sus aportes a través de Facebook, o al correo Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. .

Mayo 25-2017

Crece a 500 el número de familias desplazadas en Chocó

Decenas de comunidades afro e indígenas están siendo violentadas actualmente en la región del Alto y Medio Baudó, en el departamento del Chocó. El número de familias afectadas asciende a 500 pero se espera que aumente debido a la presencia paramilitar en la zona. Esta denuncia fue realizada hace pocas horas por la comunidad chocoana y el movimiento social Congreso de los Pueblos.  Agencias internacionales como la ONU ya verificaron esta crítica situación.

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Pero el pueblo no dejó nunca de alzar la bandera de la liberación, la clase obrera no dejó nunca de rebelarse contra la injusticia”. Rodolfo Walsh.

El pueblo colombiano no se rinde en la exigencia de sus derechos fundamentales, pese la represión del Estado y la invisibilización de los medios de comunicación, los maestros, las comunidades del Chocó y de Buenaventura se mantienen en pie de lucha. A ellos, nuestro saludo beligerante, de fortaleza y de hermandad en esta justa disputa por vida digna.

Contrario a lo comprometido en los diferentes instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos, donde los Estados se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida de los pueblos, el Estado colombiano ha arreciado la opresión jurídica, militar y paramilitar. Así los demuestra la reforma tributaria con un alza del IVA al 19%; la Ley ZIDRES, que legaliza y promueve el despojo de tierras a los campesinos para la implementación de megaproyectos económicos; ley de Seguridad Ciudadana y código Nacional de Policía, que restringe y judicializa la protesta social, legalizando los atropellos de la fuerza pública contra el pueblo; la privatización de derechos fundamentales como la salud y la educación; sumado al aumento en los asesinatos contra dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos; la alta militarización y paramilitarización de los territorios y la vida cotidiana de los pobladores.

Conscientes de esta situación que ofende la dignidad del pueblo, éste se ha levantado y abalanzado a las calles y vías del país exigiendo respeto y garantías de derechos.

Los docentes del país completan 12 días de paro, no solo, reclamando sus derechos laborales, salud, salarios y condiciones de ascensos dignos; sino garantías para la educación pública y emancipadora. Para ello, es necesario que haya transporte y alimentación escolar, aulas adecuadas, material técnico, tecnológico y didáctico, recursos económicos y humanos para el funcionamiento administrativo. La respuesta del gobierno ha sido la de “no hay plata”, sin embargo actos de corrupción como ODEBRECHT, con el robo de 11,5 millones de dólares, Interbolsa 300.000 millones, Saludcoop 1,4 billones y el daño fiscal de la Refinería de Cartagena que supera los 8,5 billones de pesos, donde los dineros públicos se han destinado a llenar los bolsillos de los poderosos, están en la completa impunidad.

El pueblo de Buenaventura está en paro cívico desde el 16 de mayo, pues no es justo que esta ciudad con uno de los puertos más importantes para la economía del país no cuente con un hospital de segundo nivel soportando condiciones indignas de salud, educación, vivienda y trabajo, esta hazaña les ha costado la vida a seis (6) personas, cientos de heridos, desaparecido y decenas de judicializados a manos del Estado. A ellos se suman, los 13 días de paro de las comunidades del Chocó, quienes se encuentran movilizados exigiendo al Estado colombiano cumplimiento de los acuerdos pactados en 2016, que contemplan entre otros, la exigencia de agua potable, un hospital de tercer nivel y vías de comunicación terrestre. Ayer se conmemoró, el día de la Afrocolombianidad, y este pueblo aguerrido ha hecho gala de su gallardía para a través de la movilización exigir respeto y dignidad.

Los medios de comunicación han invisibilizado esta realidad, poniendo como cortina de humo la situación de la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Como Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, rechazamos los actos de represión que el Estado ha implementado contra las comunidades y sectores sociales movilizados, y exigimos que se resuelvan sus peticiones.

A los docentes y comunidades afros, reiteramos nuestro mensaje de fortaleza y solidaridad en la lucha.

¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA!
MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA!!!

CONGRESO DE LOS PUEBLOS CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA VIDA DIGNA!!!

mayo 23, 2017

Crisis humanitaria, más de 100 familias desplazadas en el Alto Baudó

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos ha emitido una alerta sobre la incursión paramilitar de más de 200 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) vestidos de camuflado y portando brazaletes quienes ingresaron en las horas de la mañana a la comunidad  Afrodescendiente de Peña Azul ubicada en el municipio chocoano del Alto Baudó.

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Quince días completa el Paro de Trabajadores Estatales


Profesores, estudiantes y trabajadores estatales volvieron a las calles en varios puntos de la Bogotá para reclamar mejores salarios, formalización laboral y garantías sindicales. Así lo expresaron los manifestantes en la Plaza de Bolívar.


Según Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia -CUT-, “el gobierno no ha iniciado la Mesa Nacional Estatal, con plazo para ser convocada hasta el día de hoy”. Arias agregó que las instituciones se niegan a manifestar propuestas concretas para los 3 temas que se contemplan en el Pliego Nacional Estatal: salarios, formalización laboral y garantías sindicales. Lo anterior con la excusa que no hay dinero para solucionar esas dificultades.

Dicho Pliego contiene peticiones que cobijan a todos los sectores estatales del país entre los que se encuentran el magisterio, la justicia, la salud, el sector universitario, de los entes territoriales y dependencias descentralizadas, entre otros.

“Casa de herrero, azadón de palo”

Octaviano Montilla, integrante del Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo, reclamó que el paro de actividades en el ministerio de Trabajo, que lleva 14 días, responde al incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el año 2015 y que debieron ser ejecutados en 2016: “Queremos advertir a la ciudadanía que en la casa donde se protegen los derechos de los colombianos (ministerio de Trabajo) no garantiza los de sus propios empleados”.

Clara López, exministra de esa cartera, firmó uno de los Pactos para el trabajo decente en Colombia que hace parte de los acuerdos incumplidos denunciados hoy por los trabajadores.

Actualmente el país vive diferentes movilizaciones sociales que exigen soluciones concertadas entre  las comunidades y el Gobierno Nacional. A esta, la de los trabajadores estatales, se suman el paro cívico del Pacífico colombiano (en Chocó y Buenaventura), además del reciente paro en la Universidad Nacional que culminó con la derogatoria de la reforma al estatuto estudiantil.


23 mayo-2107

La USO saluda la instalación de la mesa de dialogos GOBIERNO- ELN

UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO “USO”

Comunicado a la opinión Pública:

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En grave riesgo la vida de Marylen Serna

Denuncia pública: En grave riesgo la vida e integridad física de liderasa MARYLEN SERNA  SALINAS en Colombia.

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Huelga de hambre en la Tramacua de los detenidos en fase de confianza

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

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Delegación asturiana constató continuidad del paramilitarismo en Colombia

El pasado 16 de marzo, la XIII Delegación Asturiana de Derechos Humanos presentó su informe de visita a Colombia ante las autoridades de Gijón, capital del Principado de Asturias, en el que destacó los avances del proceso de paz y denunció incumplimientos del gobierno colombiano en su parte del Acuerdo.

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Asesinato de José Yimer Cartagena

La Unión Patriótica denuncia el asesinato de José Yimer Cartagena miembro de la Marcha Patriótica

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“Ser la antítesis de la tesis del patriarcado”, así es que se libera la vida

Kurdistán – En Kurdistán la lucha por la liberación de las mujeres es el eje de la lucha por la liberación social y nacional kurda. Desde entonces los actos de heroísmo, el dolor por las mujeres caídas y la lucha por la liberación se han combinado de una forma única.

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Sociedad civil celebró anuncio de fase pública de diálogos ELN-Gobierno

En la mañana de hoy se dio a conocer el anuncio de la esperada fase pública de diálogos entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional -ELN- que iniciaría el 8 de febrero.

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