Julián Gil: «¡Ser líder social no es delito!»

Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.

Arainfo.

Cuenta William Ospina en su libro “Pa que se acabe la vaina” que la nuestra fue siempre una democracia de fachada y que mucho antes de la revolución cubana y antes de la existencia de guerrillas ya se perseguía la lucha popular. Recuerda el caso de María Cano, antioqueña de quien se dice que fue la primera mujer líder política en el país, quien en 1928, después de la huelga de las bananeras que fue reprimida violentamente con una matanza de obreros, acabó en prisión por denunciar esta masacre.

El caso Julian Gil es un claro ejemplo de líder social perseguido por su participación política. Estos días se cumplen dos años desde su encarcelamiento acusado de participar en acciones bélicas. Julián pertenece al Congreso de los Pueblos, un movimiento político social muy perseguido por el Estado colombiano. En la actualidad en la cárcel de la Picota otros miembros de este movimiento acompañan a Julián pendientes de celebración de juicio.

El pasado mes de septiembre Angélica Orjuela, actual Secretaria Técnica del Congreso de los Pueblos, después de sustituir en el cargo a Julián tras su detención, afirmaba que “la fiscalía está jugando a relacionar las y los líderes sociales con la insurgencia, de hecho en una audiencia de Julián la fiscal aseguró que son los líderes sociales lo que ponen bombas y que son un peligro para la comunidad”.

Raymundo Vasquez, del Comité de Presos Políticos, es el abogado que ejerce la defensa de Julián. En un reciente conversatorio on-line organizado con ocasión del aniversario de su encarcelamiento denunció la manipulación del proceso por parte de la Fiscalía para procesar a Julián como vocero y líder social, todo ello como parte de una estrategia mas amplia para judicializar a líderes sociales y la defensa de los intereses colectivos, añadió que este tipo de procedimientos se caracterizan por abusar de algunas peculiaridades del sistema judicial acusatorio colombiano que permite encarcelar provisionalmente a los acusados mientras se tramita el procedimiento.

“Desde el momento de la detención de Julián se organizó un gran despliegue mediático con grandes titulares en los medios y pronunciamientos del Presidente, Ministro de Defensa y Fiscalía sobre el caso, que el detenido aparezca en primera pagina le da una apariencia de eficacia a la administración de Justicia y se utiliza para justificar la prisión provisional”, además el abogado recordó cómo “el escenario de hacinamiento de las cárceles colombianas que es muy complicado se ve empeorado actualmente con la crisis carcelaria derivada del coronavirus”.

Después de casi dos años en prisión provisional, en enero pasado empezó el juicio. Ahora, con la pandemia del coronavirus y casos confirmados de la enfermedad en el interior de la cárcel La Picota, el proceso se ha visto sometido a diferentes retrasos y las audiencias se celebran virtualmente, lo que despierta las dudas y recelos de la defensa.

En estos dos años Julián no ha estado solo, sus vecinos del barrio de Bossa no le han olvidado. El pasado domingo, un grupo de compañeros y amigos de Julián renovaron un mural referente a su persona en uno de los muros próximos a la Iglesia de Bossa San Bernardino, junto al Parque Central de esta localidad de Bogotá. La madre de Julián, Luz Dary Reyes, que asistió al acto recuerda que es “un lugar muy especial para él y la familia, aquí fue bautizado, tomó la primera comunión, la confirmación y pasó 4 años del seminario”.

Alejandra Toloza es una compañera de Julián en el proceso barrial Quinua, dónde ambos compartieron actividades comunitarias y sociales, recuerda que Julián fue miembro fundador de este proceso y su trabajo en la corporación de los claretianos: “esperamos que se haga justicia y que el Estado colombiano admita su responsabilidad y la inocencia de Julián”. Alejandra, rememora el shock inicial tras su detención, luego el miedo, explicar qué está pasando a todas las personas, a la familia, aunque por el trabajo comunitario que desempeñaba Julián en el barrio la gente cree rotundamente en su inocencia y preguntan en qué se puede ayudar, incluso para visibilizar el tema de las cárceles y habla de las señoras de la parroquia que asistían a las audiencias del juicio. Alejandra no olvida la importancia del tejido social y lo sentimental, de mantenernos mas cercanos, aunque el no tener a la persona físicamente es muy duro e ir de visita a la cárcel es complicado. Afirma que todo esto ha servido muchísimo para fortalecer vínculos de amistad y hermandad con otras personas y con la familia de Julián.

Desde la cárcel, el propio Julián Gil explica que las practicas de judicialización no son de este periodo sino que han acompañado históricamente la forma de hacer política en el país, que hacen parte de la denegación sistemática de la participación política, así de igual manera que se dan los asesinatos de líderes de manera sistemática, porque se busca silenciar su voz, ahora la judicialización busca silenciar y deslegitimar la organización social y popular: “Yo físicamente estoy aquí, pero quieren judicializar, señalar y estigmatizar el Congreso de los Pueblos y que ese proceso pierda legitimidad ante la sociedad, estamos en una lógica en que nos dan tratamiento de enemigo interno, al que hay que eliminar, no contradecirle no debatirle, para ser sacado del juego político, porque les es más fácil, ven mas fácil, dirimir y hablar entre ellos mismos que solucionar los problemas estructurales que todos compartimos en la sociedad colombiana, no solo a aquellos que hemos pensado un país distinto a los que nos hemos intentado organizar, las clases populares representamos un enemigo para las clases dominantes del país, y la forma de solucionar estos problemas es la eliminación física y a eso se suma la eliminación dentro de las cárceles”.

En 2013, en su libro William Ospina se preguntaba “cuál es la causa de esa desmedida reacción antipopular de la élite colombiana; que es lo que la lleva a declarar subversiva y comunista a toda protesta, a tratar a los estudiantes que arrojan piedras como siniestros terroristas, a los campesinos que reclaman cambios como a guerrilleros infiltrados, a los ciudadanos que marchan como peligrosos rebeldes”. La respuesta que se daba el escritor era “lo que odia y teme es el discurso de los derechos humanos, de las reivindicaciones ciudadanas, los movimientos sindicales”.

Desde entonces y a pesar de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP en 2016, la persecución de líderes sociales en el país se ha agravado con mas de 900 líderes sociales y más de 200 ex-guerrilleros de las FARC-EP asesinados. La otra cara de la moneda de la represión, los falsos positivos judiciales tampoco deja de incrementarse, los últimos detenidos esta semana son unos líderes comunitarios del Norte de Santander pertenecientes a la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro –ASONALCA- y que también hace parte del Congreso de los Pueblos, para Sonia López – Defensora de Derechos Humanos de la Fundación Joel Sierra y Vocera del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, “la captura de los dos líderes busca romper el tejido social del territorio y debilitar a las comunidades que en esta región se han movilizado exigiendo sus derechos… Es una estrategia del Estado, capturar a los líderes en medio de Falsos Positivos Judiciales”.

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