Los desalojos de la alcaldesa de Bogotá durante la pandemia despiertan indignación.

Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Arainfo.

Decenas de ranchitos y cambuches construidos con tablones de madera, restos de publicidad y chapas metálicas son el objetivo de esta campaña de desalojos iniciada durante el estado de calamidad que decretó la Alcaldesa de Bogotá Claudia López

Bogotá 15 de mayo de 2020.

En medio de la pandemia por el coronavirus en Altos de la Estancia, Ciudad Bolivar, al sur de Bogotá, las autoridades han desatado una particular ofensiva contra los pobladores de uno de los innumerables asentamientos de invasión que existen en la ciudad. Decenas de ranchitos y cambuches construidos con tablones de madera, restos de publicidad y chapas metálicas son el objetivo de esta campaña de desalojos iniciada durante el estado de calamidad que decretó la Alcaldesa de Bogotá Claudia López.

En Colombia existe una pugna de protagonismos entre las diferentes autoridades que rigen los destinos de los ciudadanos sobre cómo afrontar la pandemia. Por un lado, la máxima autoridad representada por el Presidente Iván Duque y, por otro, gobernadores y alcaldes encargos de implementar medidas en los ámbitos de sus competencias. En la capital del país, la disputa política es con Claudia López, la primera mujer en ocupar la alcaldía de la capital de Colombia, tras ganar las elecciones en octubre de 2019. Una carrera de apariciones públicas y decretos con las que ambos parecen querer reforzar su imagen pública. En el caso de Duque, el presidente que representa los intereses de la ultraderecha, del uribismo y de EEUU en la región, altamente cuestionado por las movilizaciones populares del 21 de noviembre contra sus medidas neoliberales y atacado por casos de corrupción como la compra de votos (caso de la Ñeñe política), las medidas de confinamiento le han dado un respiro en su crisis de legitimidad. La Alcaldesa, que en el exterior tiene una buena imagen, hace parte de la Alianza Verde, feminista, promotora de consultas anti-corrupción, durante los primeros meses de gobierno ha sido criticada, entre otras cosas, por el uso de los antidisturbios del ESMAD durante las protestas contra el Gobierno Nacional, estableciendo un protocolo que se ha incumplido y que ha restringido el ejercicio de la protesta social.

En los cerros de Altos de la Estancia, desde donde se disfruta de una imponente panorámica de la mega urbe, durante varias semanas se han venido produciendo desalojos para la futura construcción de un parque en sustitución de los actuales potreros. De manera violenta la policía y los antidisturbios del ESMAD han agredido a las familias, lanzando gases y golpeándolos, sin importarles la presencia de niños, embarazadas y ancianos. Parece una guerra, y la primera batalla, para ganarse el favor de la opinión pública, es la de estigmatizar a los pobladores, se les ha tachado de terreros (urbanizadores ilegales), plaza de vicio (micro-trafico), de tener propiedades y hasta de ser venezolanos (la inmigración del país vecino no goza de todas las simpatías). Unas acusaciones que buscan denigrarlos y dividir a la comunidad, enfrentándolos a sus vecinos mas cercanos del barrio. Sin embargo, el perfil de los habitantes es el de gente humilde que vive del rebusque, del trabajo informal, construcción, vendedores de calle, limpiadoras, recicladores,…y que, ahora, por efectos de la pandemia, carecen de esos mínimos recursos con los que atender las necesidades diarias al estar restringidas las salidas y movilidad. Durante varios días hemos acudido a acompañar a los equipos de derechos humanos del Congreso de los Pueblos y Escudos Azules en su labor de monitoreo de la actuación de las autoridades en estas lomas. Cuando por la mañana se llega a esta parte de Ciudad Bolivar el cerco policial es evidente, calles cortadas y desvíos de tráfico por un imponente y desmedido operativo policial contra la comunidad. Los pobladores nos cuentan que el coronavirus no ha llegado al asentamiento, pero tampoco han llegado las ayudas ni mercados de la alcaldía; ahora pueden pagar la comida pero si tienen que pagar un arrendamiento tendrán que elegir entre techo o comida.

Desde que llegamos el ritmo de los desalojos se ha ralentizado y no se ha repetido la violencia de la policía con gases, granadas aturdidoras o dándoles “bolillo”. Esta ofensiva tiene diferentes aspectos, algunos propio del asedio. Nos cuentan casos de cortes de agua (medida inhumana en estos tiempos de higiene necesaria) y también de electricidad, vemos a los operarios de la compañía eléctrica en los postes de la luz y los vecinos nos exhiben sus recibos de luz al día en el pago (paradojas de un sistema en el que se suministra y cobra electricidad a un asentamiento calificado de ilegal).

No hay ninguna claridad respecto al procedimiento legal que se está utilizando, los vecinos denuncian que no se les notifica ni entrega documentación alguna. El operativo lo dirige una mujer vestida de negro, con la cara y pelo completamente tapados, sin identificar. Aunque no lleva ninguna acreditación, todo el mundo sabe su nombre, Indira Caicedo. Imparte ordenes a la Policía y habla con los diferentes representantes de instituciones presentes en el lugar (gestores de convivencia, defensoría y personería). Caicedo aparece como beneficiaria de cuantiosos contratos de la Alcaldía Local de Ciudad Bolivar desde hace años para “prestar sus servicios profesionales para apoyar jurídicamente la ejecución de las acciones requeridas para la depuración de las actuaciones administrativas que cursa en la Alcaldía Local”. Cuando una familia tiene menores de edad y se niegan a desalojar aparece Bienestar Familiar con advertencias de que les pueden quitar a sus hijos, una observación que ablanda a los progenitores que acceden a abandonar sus casas ante esa posibilidad. La disputa jurídica es sobre la legalidad del asentamiento y la obligatoriedad de salir. Lo que ha despertado la indignación en este caso es el procedimiento a utilizar y la oportunidad de las ordenes de desalojo. También existen dudas sobre si la propiedad es pública o de una familia llamada Cobos. Dependiendo de la titularidad y antigüedad de las construcciones se necesita orden judicial o policial, incluso si llevaran menos de dos días bastaría una orden verbal. Pero nada de esto se puede comprobar porque ninguna explicación ni documentación se entrega. En general las peticiones de los pobladores se reducen a establecer una moratoria mientras dure la pandemia y a que se les garanticen sus derechos. Del mismo modo que un decreto presidencial estableció que no se podían desahuciar a inquilinos durante la epidemia, aquí las razones serían semejantes. No hay dinero con el que pagar una renta si se van, no tienen trabajo para hacerle frente. De hecho, algunos de los últimos pobladores en llegar son arrendatarios a los que se les expulsaron de sus hogares sin respetar esa norma.

La semana avanza y los desalojos se repiten. Las escenas son similares y resultan especialmente impactantes las de personas que enseñan papeles oficiales que las reconocen como víctimas del conflicto armado (desplazados): una mujer se queja de que llegaron a la capital desplazados por los actores armados, “ya solo falta que nos desplace Dios y nos lleve para el cielo”. Indira Caicedo continua con sus instrucciones a funcionarios, policías, gestores y hasta los servicios sociales de Bienestar Familiar. No hay negociación posible, lo único que se puede conseguir es un poco de tiempo extra para que en lugar de que te desbaraten la casa la desmonte el afectado y pueda vender el material de obra. A veces se frustra el desalojo, pero por poco tiempo, nos cuenta la misma señora que hace dos días vinieron y dijeron que iban a desbaratar la casa pero que ayer se frenaron porque estaban los observadores y que se fueron pero hoy se vinieron con toda, el ESMAD y la Policía”. La presencia de prensa y observadores incomoda cada vez mas a la Policía y a Caicedo, desde el domingo se han practicado detenciones de periodistas e identificaciones de los asistentes.

Todo esto se da por la actuación de la Alcaldía Local de Ciudad Bolivar con el beneplácito de la Alcadía Mayor de Bogota y de Claudia López. El repetido eslogan y llamamiento a quedarse en casa que ella repite en sus apariciones públicas no es para la gente de este asentamiento. Los llamamientos que se le han hecho no hacen mella, de momento ni tan siquiera se ha pronunciado. Claudia parece que está en otro nivel, incluso su nombre suena ya como posible candidata presidencial a las elecciones del 2022, incluso antes de que termine su mandato. Las críticas que le realizaron por el uso del ESMAD para reprimir las protestas del 21N también se han reproducido en estos desalojos. Parece que esta tragedia no le afectara en su imagen pública, transmitir dureza y eficacia puede incluso beneficiarla cuando se busca ampliar el espectro de votantes mirando a la derecha.

Entre los escombros de su casa, un joven de 18 años recoge un trozo de pancarta de las últimas elecciones en el que aparece la imagen de Claudia López llamando al voto: “De Una!”, restos de publicidad reciclada y que se usa para aislar las viviendas. La comunidad no entiende que sucede, algunos incluso le votaron y ahora ella les “bota” de sus casas. Estigmatizados, revictimizados y, algunos, doblemente desplazados resisten al desalojo. La esperanza la tienen puesta en que les llegue una respuesta positiva a las acciones de tutela interpuestas y en la suspensión de los desalojos, mientras se constituye una mesa de trabajo que resuelva la situación garantizando el derecho a la vivienda y que permita la construcción de ese parque. Frente a la pandemia del Covid y otros agentes nocivos de la autoridad local, como los que deambulan estos días en Altos de la Estancia, la comunidad está aprendiendo estos días que los ejercicios de ayuda mutúa, organización popular y solidaridad son las mejores defensas para la vida digna y que “solo el pueblo salva al pueblo”.

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