Acción Urgente: Exigimos garantías para la vida y la protesta en La Picota.

Bogotá, 21 abril 2020.

En razón a la compleja situación sanitaria que se presenta en el Complejo Penitenciario La Picota, provocada por la falta de medidas adecuadas de prevención del COVID-19 y los procedimientos erráticos del Inpec, entre los que se cuenta el traslado de detenidos contagiados con el virus desde Villavicencio a este establecimiento, el día de ayer se inició una jornada de protesta pacífica, a la que han llamado PICOTA DESPIERTA 24 HORAS.

Esta acción legítima se ha desarrollado sin contratiempo alguno, salvo por la militarización expresada en el excesivo personal uniformado y sobrevuelos alrededor del Establecimiento.  Sin embargo, se tiene conocimiento que en la noche de hoy ingresarán cuerpos de choque del Inpec, en especial el GRI, con el propósito de obligar a los presos a encerrarse a sus celdas.

Ante esta amenaza los presos manifiestan que continuarán la jornada de inconformidad, hasta tanto no se conforme una mesa de diálogo con el gobierno nacional en la que se discuta el alcance del Decreto 546 del 14 de abril de 2020 y se adopten medidas serias de contención del virus Covid-19 en la prisión, como por ejemplo, la realización de pruebas a las personas que tuvieron contacto con los detenidos de Villavicencio contagiados y que ya fueron enviadas a patios, creando un alto riesgo para los demás reclusos.

Las exigencias de los presos son más que justas y el derecho a la desobediencia civil en contextos de encierro está permitida constitucionalmente según lo dispuesto en la Sentencia T-571 de 2008, máxime en situaciones como las que hoy enfrentan los presos de Colombia, que pueden catalogarse como de vida o muerte.

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Inpec, a obrar en respeto de los derechos humanos, a usar el diálogo y no la represión y la muerte. A intervenir de manera inmediata y célere, para proteger la vida y la salud de la población reclusa, que ha sido puesta en alto riesgo ante procedimientos abiertamente negligentes.

Solicitamos igualmente la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría general la nación, para que eviten una tragedia mayor, a la que hoy afrontan las personas privadas de la libertad.

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