Los líderes sociales, entre rejas

El Periódico de Aragón. Espacio 3.

CSIZ

En la cárcel de La Picota, en Bogotá, coinciden en la actualidad tres presos políticos pertenecientes a movimientos sociales: Julián Gil, José Vicente Murillo y Ferney Salcedo. Están en prisión provisional, son líderes sociales y engrosan la larga lista de encarcelados injustamente por su liderazgo social.

La detención de Julián Gil, del Congreso de los Pueblos, en Bogotá, provocó una oleada de solidaridad estudiantil. Resulta inverosímil el cargo que le imputaron, el de formar parte de un ataque del ELN contra una torre eléctrica, pues no encaja en el perfil de este exseminarista, detenido un año después de los hechos. Además, se pilló in fraganti a quien habría facilitado su nombre a la Policía como parte de un acuerdo. Y tampoco hay prueba material alguna aportada a la causa en su contra.

Por su parte, Salcedo, líder en Casanare, fue procesado junto a otros miembros de su comunidad por denuncias de la petrolera Frontera Energy a raíz de las protestas por los incumplimientos de los acuerdos alcanzados con esa multinacional después de largas negociaciones. Recientemente, una audiencia judicial fue suspendida porque ni siquiera el juez sabía que Salcedo había sido trasladado a Bogotá, en una política de dispersión carcelaria. Este mes, el relator para los defensores de DDHH de Naciones Unidas presentó un informe en relación a este caso, que subraya que «la deslegitimación de las personas defensoras se agrava con su criminalización».

Murillo, del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia (MPMSPCOC), denunció su hostigamiento por las autoridades y se presentó antes de su detención ante la Fiscalía para averiguar si existía algún proceso contra él. No obtuvo respuesta. En diciembre fue acusado de ser un jefe político del ELN.

En Arauca, hace dos semanas, el grupo paramilitar Águilas Negras amenazó de muerte a dirigentes del MPMSPCOC. Estos afirman que, al líder que no es asesinado, se les judicializa. Es una política de Estado para desarticular las posturas políticas contrarias al saqueo de las corporaciones transnacionales.

Los casos de Casanare y Arauca serían falsos positivos judiciales. La guerra jurídica contra los líderes cuyos intereses están enfrentados a los de empresas petroleras que tienen acuerdos de financiación con el Ejército y Fiscalía son una práctica que se repite en Colombia.

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