Fuerte llamado a la resistencia en la conmemoración de los asesinados por paramilitares en la Masacre de la Sarna

‘Sólo le pido a Dios
Que lo injusto no me sea indiferente
Que no me abofeteen la otra mejilla
Después que una garra me arañó esta suerte’
Por León Gieco con Mercedes Sosa

Artículo por Paul Salgado
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer)

‘La élite desde hace mucho tiempo declaró la guerra a los pobres, a los campesinos, a los que se resisten a los crímenes contra la gente. Estamos aquí para conmemorar a quienes fueron masacrados por paramilitares hace 17 años, pero esta guerra continúa. Necesitamos mantener la fe y esperar, porque en una guerra, esperar es resistir, y un pueblo que resiste no puede ser destruido’.

Las palabras del sacerdote a veces se perdían en el viento del páramo de la alta montaña, pero aquellos que habían recorrido el largo y desolado camino para llegar a este lugar sombrío, hermoso y solitario, llamado ‘La Sarna’, en las montañas de Boyacá, no dejaron de escucharlas.

El padre Carlos Alberto Prias habló en una misa en memoria de 15 trabajadores y campesinos, asesinados por hombres pagados para cometer actos brutales de terror indiscriminado con la connivencia y la protección de un estado cuya élite no admitiría oposición.

La RedHer acompañó la conmemoración a las familias de los asesinados, y también a 1.000 compañeras y compañeros del Congreso de los Pueblos, Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (ASONALCA), la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia (ANJECO), y otras organizaciones comunitarias que asistieron en solidaridad.

Hace diecisiete años, el sábado 1 de diciembre de 2001, hombres en uniformes militares detuvieron un pequeño autobús que había subido por la serpenteante carretera de la montaña de Sogamoso para llegar a La Sarna, en la meseta de 3.000 metros de altura, y que se dirigía al pequeño pueblo de Labranzagrande, aún a dos horas de distancia entre las montañas al borde de los llanos.

Los paramilitares ordenaron al conductor, Hernando Gómez Garavito, que bloqueara la carretera con el autobús, antes de disparar a las llantas. Después de obligar a los pasajeros a abandonar el autobús, los militares separaron a dos niños y una anciana, y ordenaron a los restantes, incluido el conductor del autobús y su asistente de 17 años, Luis Miguel Melo Espitia, que se acostaran boca abajo en la desolada carretera.

Esa mañana en diciembre, a la altura del páramo, el viento era frío, nubes bajas y grises cubrían las laderas rocosas de las montañas que ensombrecían el camino y una llovizna silenciaba el aire. Incluso si los cielos hubieran estado despejados, en este tramo del páramo no había otros caminos, ni ranchos, ni aldeas… nadie más para escuchar los disparos que terminaron con quince vidas.

Luis Angel Gil Orduz, de 30 años; Mercedes Rivera, 22; Luis Arturo Cárdenas, 29; Isidro Alba Guío, 54; Gonzalo Rincón Barrera, 30; José Antonio Monguí Pérez, 52, y Herminda Blanco de Peña, 44, eran trabajadores.

Abel Cudris Rodríguez, 52; José Bertulfo Noa Rosas, 50, y Jairo Isidoro Peña, 48, eran campesinos.

Tania Leonor Correa Pidiachi, 21; Jonh Fredy Poveda Bayona, 17, y Luis Alejandro Pérez Fernández, 22, eran estudiantes.

Junto con Hernando, el conductor del autobús, y Luis Miguel, su asistente, todos recibieron una bala de la cabeza.

Diez años más tarde, uno de los terroristas que participaron en los asesinatos declaró que un comandante del escuadrón de la muerte paramilitar Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) había acusado a todos en el autobús de ser guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y ordenó arbitrariamente su ejecución.

Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de los paramilitares que se desmovilizaron bajo la ley de Justicia y Paz del 2005, que permitió a los terroristas confesar sus crímenes a cambio de penas de cárcel leves, los asesinatos fueron cometidos por las ACC como una demostración de fuerza, para declarar la ruta entre las montañas y los llanos como «su territorio» en una disputa con otros cárteles de droga paramilitarizados, y con la complicidad y protección de las Fuerzas Armadas de Colombia y de la policía.

Después de 17 años, el único hombre condenado por participar en la masacre ha sido un miembro de la Brigada de Inteligencia Militar del Estado colombiano, quien fue condenado a 40 años de cárcel por suministrar armas del ejército a los asesinos.

La evidencia ha sugerido que otro oficial de inteligencia militar coordinó la masacre, mientras que un tribunal ordenó que un ex comandante de un Batallón de Artillería del Ejército Colombiano, y también la policía local, fuera investigado por permitir a los paramilitares movilizarse libremente en el área.

En la conmemoración, las familias de los asesinados exigieron justicia y conocer la verdad sobre por qué sus familiares fueron asesinados con la complicidad del Estado. “Queremos una Colombia que nos respete a todos”, declaró una de las madres de las víctimas.

“Nuestro territorio es una tierra de paz, y nunca olvidaremos a quienes perdieron la vida injustamente”, insistió Carlos Alberto Monguí, de la organización campesina ASONALCA. “Los muertos no nos dejarán olvidarlos, y por esta razón, tenemos que organizarnos en su memoria”.

Un organizador de ANJECO, Jonathan Carmago, enfatizó que la impunidad de los paramilitares continúa en Colombia hasta el día de hoy: “Las garantías del Estado de no repetición de tal violencia son incumplidas cuando nuestros líderes de movimientos sociales están siendo encarcelados y estigmatizados por su trabajo en este momento”.

Una defensora de los derechos humanos del Congreso de los Pueblos en Boyacá, Tatiana Triana, instó a los campesinos y trabajadores a “continuar resistiendo y luchando por una vida digna, porque los sueños de los que murieron no murieron con ellos”.

El padre Prias, sacerdote de la Iglesia del Rosario en Sogamoso, terminó la misa conmemorativa con un contundente llamado a los colombianos a recordar que “la memoria de nuestros muertos fortalecen nuestra lucha”.

“No escuches las mentiras de RCN y Canal Caracol, no dejes que te engañen. Este es un país rico y no hay excusa para tanta hambre: son los ricos quienes roban el pan a los pobres. Rechazamos este crimen contra la gente porque Dios quiere una Colombia justa, donde podamos vivir con dignidad. Debemos hacer lo que podamos ahora: unirnos a las manifestaciones y huelgas de los estudiantes y los trabajadores porque otra Colombia es posible”.

FIN++

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ARTÍCULO en inglés++

Fierce calls for resistance at the commemoration for those killed by paramilitaries in the Massacre of ‘The Sarna’

Paul Salgado
La Red de Solidaridad con Colombia, Bogotá

‘The elite long ago declared war against the poor, against campesinos, against those who resist crimes against the people. We are here to commemorate those who were massacred by paramilitaries 17 years ago, but this war continues. We need to keep the faith and to hope, because in a war, to hope is to resist, and a people that resists cannot be destroyed.’

The words of the priest were sometimes lost in the wind of the high mountain paramo, but those who had travelled the long, desolate road to reach this bleak, beautiful and lonely place, called ‘La Sarna’, in the mountains of Boyacá did not fail to hear him.

Father Carlos Alberto Prias was speaking at a mass in memory of 15 workers and campesinos, murdered by men paid to commit brutal acts of indiscriminate terror with the connivance, and the protection, of a state whose elite would admit no opposition.

La Red de Hermandad y Solidaridad accompanied to the commemoration the families of those killed, and also 1,000 comrades and compañeros from Congreso de los Pueblos, Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (ASONALCA), the Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia (ANJECO), and other community organisations who attended in solidarity.

Seventeen years ago, on Saturday, 1 December 2001, men in military uniforms stopped a small bus that had climbed the winding mountain road from Sogamoso to reach La Sarna, on the 3,000 metre high plateau, and which was on its way to the small pueblo of Labranzagrande, still two hours distant amongst the mountains at the edge of the llanos.

The paramilitaries ordered the driver, Hernando Gómez Garavito, to block the road with the bus, before shooting out the tires. After forcing the passengers to leave the bus, the men separated two children and an elderly woman, and ordered those remaining, including the bus driver and his 17 year old assistant, Luis Miguel Melo Espitia, to lie face down on the desolate road.

That December morning, at the height of the paramo, the wind was cold, low gray clouds covered the rocky slopes of the mountains overshadowing the road and a misty rain silenced the air. Even if the skies had been clear, in this stretch of the paramo there were no other roads, no ranches, no hamlets – noone else to hear the gunshots that ended fifteen lives.

Luis Angel Gil Orduz, 30; Mercedes Rivera, 22; Luis Arturo Cárdenas, 29; Isidro Alba Guío, 54; Gonzalo Rincón Barrera, 30; José Antonio Monguí Pérez, 52, and Herminda Blanco de Peña, 44, were workers.

Abel Cudris Rodríguez, 52; José Bertulfo Noa Rosas, 50, and Jairo Isidoro Peña, 48, were campesinos.

Tania Leonor Correa Pidiachi, 21; Jonh Fredy Poveda Bayona, 17, and Luis Alejandro Pérez Fernández, 22, were students.

Together with Hernando, the bus driver, and Luis Miguel, his assistant, all received a bullet to the back of the head.

Ten years later, one of the terrorists who participated in the murders testified that a commander of the paramilitary death squad Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), had accused everyone on the bus of being an Ejército de Liberación Nacional (ELN) guerrilla fighter, and arbitrary ordered their execution.

However, according to declarations by paramilitaries who demobilised under the 2005 Justice and Peace law – which allowed terrorists to confess their crimes in return for light jail sentences – the murders were committed by the ACC as a show of force, in order to declare the road between the mountains and the llanos as ‘their’ territory in a dispute with other paramilitary drug cartels, and with the connivance and protection of the Colombian military and police.

After 17 years, the only man convicted of participation in the massacre has been a member of the Colombian state’s Military Intelligence Brigade, who was sentenced to 40 years in jail for supplying the killers with guns from the army.

Evidence has suggested that another military intelligence officer coordinated the massacre, while a court ordered that a former commander of a Colombian Army Artillery Battalion, and also the local police, be investigated for allowing the paramilitaries free reign in the area.

At the commemoration, families of those killed demanded justice, and to know the truth about why their relatives were killed with the complicity of the state. ‘We want a Colombia that respects us all,’ one of the victim’s mothers declared.

‘Our territory is a land of peace, and we will never forget those who lost their lives unjustly,’ Carlos Alberto Monguí, from the campesino organisation ASONALCA, insisted. ‘The dead will not let us forget them, and for this reason, we have to organise in their memory.’

ANJECO organiser Jonathan Carmago emphasised that the impunity for paramilitary killers continues in Colombia to this day: ‘Guarantees from the state of non-repetition of such violence are violated when our social movement leaders are being imprisoned and stigmatized for their work right now.’

Congreso de los Pueblos human rights defender Tatiana Triana urged campesinos and workers to ‘continue resisting and fighting for a dignified life, because the dreams of those who died did not die with them.’

Father Prias, the priest of the Church of the Rosary in Sogamoso, ended the commemorative mass with a fierce call for Colombians to remember that ‘the memories of our dead strengthen our struggle.’

‘Don’t listen to the lies of RCN and Canal Caracol, don’t let them fool you. This is a wealthy country and there is no excuse for so much hunger – it is the rich who steal the bread from the poor. We reject this crime against the people because God wants a Colombia that is just, where we can live with dignity. We must do what we can now – join the demonstrations and strikes of the students and the workers because another Colombia is possible.’

FIN++

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