Despolitización: caminos hacia la reproducción de la muerte

Oscar Pedraza

El chiste es citar ese poema de Brecht en el que primero se llevan a un alguien y nadie hace nada, pero luego se lo llevan a uno y ni pedirle ayuda a los zapatos, porque ya nadie está para esuchar. Esa alusión, esa denuncia de la imperceptible relación solidaridad-desidia-violencia, tiende a afirmar lo que debería ser una postura ética ante la injusticia. Pero como tantas frases normalizadas en las izquierdas, su efecto tiende a evitar preguntarse por la materialidad de la violencia y la impunidad, es decir, afirma un lugar moral para condenar la violencia mientras esta se reproduce y transforma de manera impune.

Ahora bien, decir “la violencia” puede ser no decir nada, o decir todo que es como no decir nada. Podría decir que, a pesar de que sabemos que existen una multiplicidad de violencias que operan en la vida, el referente privilegiado ha sido el conflicto armado – o mejor, eso que se ha llamado genéricamente “conflicto armado”, motivo de no pocas peleas en las últimas dos décadas-. De ahí que cuando se hable de violencia se tiendan a imaginar las prácticas que generalmente se asumen como constitutivas de ese conflicto.

Pero la violencia no es un acto autocontenido que se explique por sí mismo. De hecho, considerarla así es despojarla de su carácter político, del lugar que tiene en las relaciones de poder. En las mesas de seguimiento entre instituciones y movimientos sociales se ha logrado establecer que una arremetida armada -un ataque físico- suele estar precedida de lo que se denomina ‘estigmatización’, es decir, una variedad de procedimientos diseñados para desplazar al objetivo hacia el campo del enemigo y así, lentamente generar las condiciones de posibilidad de un ataque.

El problema es que los ataques ya no son exactamente los mismos de antes. Las tipologías de la muerte en el contexto de la violencia política han cambiado, y esto es algo que de una u otra manera ha sido reconocido por partidos, ONG y movimientos de izquierda. Pero una cosa es que se enuncie y otra que se haga un esfuerzo profundo por entender lo que significa el reordenamiento del aparato represivo y las disposiciones emergentes de la violencia para reproducir el orden de poder contemporáneo.

Digo emergente para no decir nuevo, porque muchos de estos procedimientos se han repetido en diferentes momentos y con efectos devastadores. Las “fuerzas oscuras” de las que llegó a hablar Barco para no enunciar agentes, instituciones y redes de poder que orientaron la máquina del genocidio a la UP y otras organizaciones son un buen ejemplo. A mi papá, víctima de desaparición forzada, me lo pintaron un día en una revista como un man que se había ido a comprar cigarrillos, y otro día en Cambio 16 como un tipo que se había vuelto adicto al bazuco en Cúcuta. Para un niño de 8 años explicarle a sus profesores qué era una desaparición forzada y porqué lo que decían en las noticias no era cierto fue, cuando menos, un reto. Maria Isabel Rueda se atrevió a decir del asesinato-desaparición de Jaime Gomez que la izquierda jodía tanto que no podía imaginar que un líder de izquierda se cayera por un barranco. La izquierda, según ella, tenía el mismo derecho que todos a tropezarse.

Dicho de una manera más clara, la violencia política, específicamente su rol como dispositivo represivo no opera – y nunca lo ha hecho- exclusivamente a través del acto extraordinario del asesinato o la desaparición, y aunque en las tipologías estadísticas de las organizaciones de derechos humanos se incluyen tanto actos de violencia física como amedrentamientos o amenazas, se ha privilegiado la violencia física, tomando otras acciones como el contexto de algo que puede resultar en violencia física. Es cierto que la muerte, la desaparición, el desplazamiento o la tortura tienen todos objetivos diferentes, pero comparten una manera particular de permanencia y de capacidad de desplegarse en la cotidianidad, buscando la parálisis de la vida, garantizando el sometimiento. Entendidas así, estás prácticas tienen la capacidad de organizar la vida de las personas y colectivos, es decir, tienen un efecto administrativo.

El asunto es que la efectividad política de la muerte está mediada por la forma en que otras formas de parálisis y sometimiento se despliegan en la vida también. Los falsos positivos, por ejemplo, operaron en la impunidad, llegando a cifras inverosímiles hasta que no explotó el escándalo. Por supuesto, esto no quería decir que organizaciones y movimientos no estuvieran gritando desesperados en todas partes que a la gente la estaban matando y haciendo pasar por terrorista. Lo que sí quería decir es que no importaba cúanto gritaran ni que tan evidente hicieran la existencia de una política de incriminación y asesinato de personas que no participaban activamente en la guerra, porque en el ámbito público no era posible si quiera poner en duda la legitimidad de esas muertes, definidas como bajas.

Los procedimientos para hacer legítima la muerte son variados, e incluyen dos que ahora mismo pueden ser especialmente importantes: el horizonte de lo legal y los medios de comunicación. Como las líneas que definen la legitimidad de lo legal son arbitrarias y dependen de relaciones de poder que dibujan el campo de lo que es considerado legal o legítimo, no estoy diciendo nada nuevo cuando asumo que el aparato legal es un arma y que hay cierta arbitrariedad en lo que define una muerte como legítima. Ahora bien, esto sí suena extraño para quienes asumen la ley como una serie de regulaciones carentes de historia y por fuera de las relaciones de poder, casi sagradas. Curiosamente, es precisamente la negación radical a pensar la historicidad de la ley y su rol como arma, como dispositivo de ordenamiento de la vida, como parte de una máquina de guerra, lo que permite la muerte y la represión se despliegue, se legitime y se reproduzca en silencio frente a todos nosotros.

Las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, han sido muy eficaces en exponer los dispositivos de la violencia, de capturarlos en tipologías jurídicas y de actuar con base en eso. Así, se han creado todo tipo de bases de datos e informes que explican y ordenan historias de violencia a través de patrones, que a su vez permiten la definición de algún tipo de estrategia jurídica. Por supuesto, eso nos lleva a preguntarnos qué pasa con lo que no puede ser capturado a través de esas tipologías, lo que se requiere para crearlas o lo que se ampara en el terreno de la legalidad para sostener la represión.

No es solo que lo que se captura legalmente pasa como algo incuestionable, sino que su cuestionabilidad está determinada por la forma en que se avala por los aparatos legales. Mejor dicho. La legitimidad de la discusión política en torno a ciertos temas es posible solo a través de su valoración legal. Así, por ejemplo, los falsos positivos son “algo” cuando empiezan a ser un ruido en el ámbito legal, o el asesinato de los líderes sociales requiere una discusión fundamentalmente legalista que asuma un algo que se llama “sistematicidad” -motivo, creo yo, de un escrito en sí mismo- para que sean considerados un problema. En eso aparece un problema muy serio: la discusión de lo político, al desplazarse a la legitimidad que pueda -o no- dar el mundo judicial como determinante de estatus o veracidad, termina por generar un espacio de incertidumbre profundo, en el que siempre es posible debatir las razones de la muerte, trivializarlas y retorcerlas hasta instaurar un manto de duda cuyo único objetivo real es la impunidad.

Los casos de asesinatos se presentan como hechos aislados o cuya motivación es indeterminable o producto de enredos privados y locales. Los medios y modos se oscurecen, la materialidad de las disputas territoriales se enreda en la necesidad de buscar la transparencia, de encontrar el culpable, de hacer algo que es un enredo oscuro, algo legible y capturable en categorías jurídicas para la acción. Pero entonces empieza a proliferar la muerte en la forma de casos aislados: dos aquí hoy, tres en una semana allá, otro caso a las dos semanas en un lugar perdido del Cauca, dos indígenas al día siguiente en el sur del país. Y así.

A lo que nos enfrentamos es a algo profundamente más difícil que la pugna por la visibilidad de los casos: estamos frente a una transformación que, hasta ahora, hemos sido incapaces de nombrar, y en ese proceso, la ilegibilidad de las nuevas formas de matar reproducen el silencio que permite su existencia impune. Dicho de otra manera, la obsesión de organizaciones, movimientos, activistas, ONG y académicos por encontrar el código que articula todas las muertes para ser codificados en los aparatos morales y legales de los derechos humanos, la ley, la cooperación internacional y el ámbito público, nos está impidiendo pensar qué está pasando con las muertes del presente. Lo que es más importante, no está impidiendo dar cuenta de cómo se diferencian de las muertes del pasado.

La categoría líder debe tener una trayectoria, una genealogía. No me atrevería a decirlo contundentemente, pero tengo la impresión de que tiene que ver con una cierta despolitización de los trabajos de base-territorial. La idea de que lo “político” significa un vínculo directo con algún partido ha sido repetida una y otra vez tanto por los medios de comunicación como por multiplicidad de organizaciones de derechos humanos, entidades estatales y agencias de cooperación. Por supuesto, no todas las personas asesinadas hacen parte de un partido o una tendencia, y en esa medida “lider” es una categoría amplia que permite incluir diferentes trayectorias y experiencias. Sin embargo, a la gente no la están matando por decidir a J Balvin por encima de Maluma. En la búsqueda de una palabra que permita recoger la pluralidad de experiencias y trayectorias de quienes están siendo asesinados, se ha terminado por asumir una noción restringida de lo político, situándolo exclusivamente como el lugar formal de partidos y lo que esto conlleva. Pero a la gente la están matando por relaciones de poder concretas, por hacer parte de juntas de acción comunal, coaliciones, colectivos y movimientos. Por discutir cosas, por hacer de las relaciones de poder. Es decir, por asumir una noción de lo político que es mucho más amplia que aquella sobre la cual están operando instituciones, ONGs, periodistas y expertos. La categoría líder, en ese orden de ideas, ha terminado por deshistorizar los lugares concretos que producen los conflictos políticos y por esa misma vía, han terminado por hacer invisible la materialidad de la violencia.

Sin embargo, ese no es el único problema. A la gente la están matando, pero también la están matando distinto. Las masacres espectaculares se habían reducido, las muertes de figuras prominentes también, las desapariciones políticas que retumbaban en la vida de los sobrevivientes ya no tienen el mismo carácter de los últimos treinta años. Quienes han trabajado en el mundo de los derechos humanos han sido capaces de construir tipologías que también se convierten en patrones y estrategias de acción. Casi siempre estas tipologías han estado sostenidas por la existencia de un conflicto armado que puede ser demarcado temporalmente, con actores y motivaciones específicas. Han sido soportadas por un arsenal de libros e informes en los que las formas, las prácticas, los actores y las periodizaciones se han estabilizado. Académicos, ONG y expertos de todo tipo que han construido una taxonomía del conflicto armado sobre la cual se construyen argumentos políticos, éticos y jurídicos. Sin embargo, en los últimos años las condiciones de la muerte y las disposiciones que ensamblan los asesinatos escapan a esos marcos de interpretación ya establecidos. Aún así, la obsesión con la construcción de patrones y definiciones jurídicas sigue definiendo las formas de acción, oscureciendo la posibilidad de comprensión del carácter político de estos dispositivos de matar. Esto sucede precisamente porque la búsqueda de capturar un evento político en una categoría jurídica obliga a delimitar, cortar, expulsar y organizar el evento de tal manera que sea incluible en la categoría a usar.

Giorgio Agamben, al hablar de la vida desnuda, sugiere que existe una idea cada vez más extendida en la que la protección de la vida se impulsa a pesar del tipo de vida que se quiere proteger. Su punto está en que al defender la vida por la vida -la defensa de un bulto de carne que respira, palpita y mantiene el flujo de la sangre oxigenada para no perecer-, se puede caer en olvidar las condiciones de miseria en la que la gente existe, así como generar un dislocamiento entre los lugares de enunciación política que desatan la muerte y el acto de matar. A los “lideres” parece que se les defiende a pesar de sus luchas, al punto en que estas se desconocen y se disocian de quienes las promueven. El efecto termina siendo la defensa de una categoría abstracta de un “líder”, y no la materialidad de sus luchas, conflictos, planteamientos y demandas. El hecho de que se fracturen las condiciones materiales y políticas del asesinato, del acto de matar, termina por oscurecer la muerte y apelar a una idea moralista de la defensa de la vida, que se reafirma en la negación de lo político. A estas alturas, no solo defender la vida es suficiente. Es necesario resistirse a la fractura entre las condiciones políticas y materiales y los actos de matar, para poder profundizar el carácter político de las formas emergentes de violencia y poder, tal vez, encontrar maneras de detener esta masacre a cuentagotas.

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