Bajo Cauca: Una guerra no contada

6 may. CI.- Actualmente el Bajo Cauca se encuentra viviendo una guerra. Dos grupos paramilitares se disputan el territorio que hasta hace poco había estado en una aparente calma durante años. Varios bloques de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- (también llamados Clan del Golfo) pelean por la tierra que han ocupado durante décadas en sociedad con Los Caparrapos, otro grupo paramilitar con el que se repartían la zona.

Estos dos grupos eran socios hasta el año pasado. Realizaban sus acciones respetando los límites del otro. Sin embargo, Los Caparrapos vendieron la zona a La Oficina de Envigado, negocio que no fue del agrado del Clan del Golfo.

Leiderman Ortíz, periodista de la región que ha seguido a estos grupos armados, sus nexos con las instituciones y sus enfrentamientos, asegura que esta transacción detonó la guerra que ahora padece esta región.

La tierra que se pelean está plagada de oro, cultivos de coca y laboratorios para procesarla; asimismo, es un corredor que conecta el Valle de Aburrá con la Costa, brindando facilidades para el transporte de la droga.

La disputa por este territorio es histórica pues por estas mismas tierras han hecho presencia insurgencias como las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia. Cuando éstas últimas se desmovilizaron oficialmente (proceso que duró entre el 2003 y el 2006) se formaron nuevos grupos, los cuales hoy buscan establecerse en la región a costa de violencia.

Esta guerra mantiene el número de muertes en constante aumento. El 15 de abril de este año la Séptima División del Ejército reportó ocho asesinatos en Tarazá durante un combate. Horas más tardes se reportó la muerte de dos mujeres y un hombre. Los enfrentamientos no han terminado, quizá los muertos tampoco.

Desde el 1 de enero al 10 de abril se habían registrado 662 homicidios en Antioquia, de los cuales 111 han sido en el Bajo Cauca. Además de que los combates se siguen dando y en este sentido continúan aumentando las cifras de muertos, muchos no son contabilizados ni reportados en los medios. Habitantes de la zona aseguran que han ocurrido varios asesinatos que pasan desapercibidos en los últimos meses.

Siete muertes han destacado entre todas las demás: las de siete líderes sociales que han sido asesinados en Antioquia en lo que va del año.

La guerra entre estos grupos ha arrasado con aquellos que resistían en sus territorios y ha desplazado a quienes habitaban estas tierras. Más de 2.000 personas se han trasladado a los cascos urbanos de sus municipios o a Medellín, huyendo de la violencia.

Olga es una de ellas. Como muchos otros huyó de la muerte que le esperaba si se quedaba en su casa, afirma. Olga también fue lideresa de su comunidad: presidió la Junta de Acción Comunal -JAC- de su vereda en Valdivia desde 2008 hasta que tuvo que irse para no volver.

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Olga, una líder desplazada

Todo empezó un sábado por la noche en el que Olga dormía en su cama. Hubo un tiroteo a dos casas de la suya, el sonido de las balas la hizo tirarse al suelo. Mataron a un muchacho y le pidieron a Olga, por ser la Presidenta de la Junta de Acción Comunal de esa vereda, que firmara el acta de levantamiento.

Cuando se presentó ante la policía le preguntaron si sabía quién lo había matado, ella dijo que no. La versión que llegó a las AGC fue que ella había dicho que “la policía sabía quién mandaba en la zona, que habían sido ellos”.

El mismo Comandante de la policía afirmó que le escuchó decir que ella como presidenta de la JAC quería traer estrategias a su municipio que alejaran a los jóvenes de las drogas. Esa información también llegó a oídos de quienes manejan el tráfico de drogas en la región, a los cuales no les gustó esa idea.

Ocho días después, unos miembros del grupo armado llegaron al local donde Olga se encontraba preguntando por un muchacho, el hijo de la dueña del local. Ella les dijo que no sabía dónde estaba. Cuando el chico volvió, ella le contó que lo estaban buscando y él respondió que a ellos también los buscaban para hacerles un atentado. Olga no dijo nada, no era su problema.

Cuando las AGC supieron que Olga estaba enterada de este supuesto atentado la cuestionaron por no avisarles. “Yo no trabajo para ustedes, yo soy una líder comunitaria, yo trabajo con la comunidad no con ningún grupo”, les respondió.

En el Bajo Cauca los líderes tienen dos opciones: colaborar con los grupos o resistir y pagar las consecuencias. Unos días después su hermano la buscó para decirle algo importante: “Hay un problema con usted, la van a matar, se tiene que ir”.

A Olga se le enfrió el cuerpo, se le entumieron las manos, no sentía nada. Fue a su casa y se encerró con sus tres hijos durante tres días. Sin hambre ni sueño, estuvo tres días tirada en la cama. Su hermano cocinaba por ella para sus hijos con las cortinas cerradas, hablando bajo para que no supieran que estaban ahí.

En un descuido de los hombres que vigilaban la casa, Olga salió en un carro que había preparado para ella una mujer de una organización cuyo nombre no puede ser mencionado por razones de seguridad. La líder y sus hijos se montaron al carro y huyeron de la casa a la que no han podido volver, donde dejaron casi todas sus pertenencias y su pasado.

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El flagelo de ser desplazado

El lugar más seguro para muchos de estos desplazados es Medellín. Tan sólo este año han llegado a la capital antioqueña 3.258 personas desplazadas de todo el Departamento. El 53% de esas personas vienen del Bajo Cauca. Olga, su familia y más de 1.830 personas han huido de esta región y se han refugiado ahí.

Desplazarse ha sido un flagelo para Olga. En la Unidad de Víctimas le dicen que no hay información, que no hay plata, que no hay nada. En el barrio en el que se instaló, la Policía acosó a su hijo de 21 años por ser desplazado. Decían que si salió de allá es porque es “paraco” y a los paracos hay que desaparecerlos.

Su hijo de 14 años olvidó leer y escribir como reacción postraumática al desplazamiento. Tuvo que volver a empezar el colegio. Nadie le quiere arrendar una pieza porque saben que es “desplazada” y que la indemnización con la que pagará al alquiler no llegará a tiempo. En efecto, esa plata nunca llega a tiempo.

Según la Ley 1448 del 2011 (Ley de Víctimas) la indemnización que reciben las personas desplazadas debe entregarse cada tres meses. La última vez que Olga recibió dinero fue en noviembre, nada más hasta el día de hoy, mayo.

Trabajaría si pudiera, pero tiene una hija de 16 años con Síndrome de Down que necesita ayuda para comer, ir al baño, bañarse, hacerlo todo. De vez en cuando, Olga hace aseo en casas. Pero solo en las que se puede llevar a su hija. Sin un salario fijo no puede pagar una renta.

En Medellín se siente segura. Es una ciudad grande y cara. Es difícil que la encuentren ahí pero también lo es sobrevivir sin un ingreso. Hace tres meses se tuvo que ir a la casa de una sobrina suya que no estará en el país durante unos meses, pues no podía seguir pagando el alquiler. Aún le quedan tres meses más de préstamo, después tendrá que volver a buscar un nuevo hogar.

Líderes, incómodos para el poder

Para ella, regresar a Valdivia es algo impensable. Seguramente la matarían. Su trabajo en la JAC, en el Comité Cocalero, en la Veeduría Ciudadana y como líder en la erradicación de cultivos ilícitos, incomodó los intereses de las AGC y las instituciones locales.

En el 2008 Olga comenzó a trabajar con la erradicación de cultivos ilícitos en su vereda. Ella misma erradicó tres hectáreas de coca que eran el sustento de su familia. Esto lo hizo confiando en el apoyo que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos otorga a las familias para su manutención antes de las primeras cosechas, pero ese apoyo nunca llegó porque la Federación Nacional de Cacaoteros -Fedecacao- fungió de intermediaria y entregó solamente semillas y herramientas: el dinero para los mercados de las familias se perdió.

A pesar de esto, 17 familias ingresaron en el programa y comenzaron el proceso de erradicación. Olga tenía la lista de estas personas. Miembros de las AGC fueron a su casa cuando aún vivía en Valdivia para pedirle la lista y Olga se las negó.

El Comité Cocalero reunió a los líderes de cada vereda del municipio en unas mesas de negociaciones con la Secretaría de Gobernación de Antioquia, un Coronel de la Policía de Antioquia y un Coronel del Ejército. Se reunieron en siete ocasiones cada ocho días para concertar las condiciones de erradicación con los campesinos de todo el municipio.

El proceso avanzaba con éxito hasta que la Secretaría de Gobernación de Antioquia dijo a los medios que se estaba reuniendo con líderes guerrilleros para el proceso de erradicación, declaración que no le gustó a la comunidad. La criminalización del campesinado los indignó y detuvo todos los procesos que se encontraban vigentes.

Al mismo tiempo, algunas familias ya habían arrancado las matas de coca de sus parcelas y comenzaban a sembrar cacao en un terreno que el Gobierno Nacional otorgó al municipio para este fin.

Sin embargo, la dicha no duró mucho: el entonces alcalde de Valdivia, Mauricio Gómez, hipotecó el terreno en 80 millones de pesos y hasta el día de hoy la comunidad no sabe qué sucedió con ese dinero. Se realizaron denuncias que nunca procedieron y así, los que perdieron fueron los campesinos pues se encontraban sembrando en tierra de nadie.

Aún sin condiciones ni garantías para sustituir sus cultivos, Olga apoyó y dio seguimiento a este proceso hasta que fue desplazada. Liderar a su comunidad y trabajar por la erradicación de la coca le costó continuar llevando su vida tal como la conocía.

Así como muchas otras personas desplazadas de esta región, Olga se encuentra inmersa en la incertidumbre del futuro, en la espera de una indemnización trimestral que no llega y con el miedo de que la encuentren quienes la quieren muerta. “A veces pienso que me gustaría irme a un lugar en donde nadie me conociera y vivir los días que me quedan en paz”, comenta.

*El nombre real de Olga fue cambiado por cuestiones de seguridad

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