El Oriente Antioqueño: una telaraña de agua y lucha

30 nov. Colombia Informa.- Corren las décadas de 1960 y 1980. Ríos de personas se mueven por todo el territorio en medio de la lucha y de los actos de resistencia. Campesinos, jóvenes, estudiantes y curas, junto con muchos otros, recorren las mismas aguas. El Cauca y el Magdalena, cada uno en un extremo, recorren los tejidos verdes que se forman de montaña en montaña. Así mismo: de montaña en planicie, en cerros y en páramos se van uno tras otro los 23 municipios del Oriente antioqueño.

El Peñol – Oriente antioqueño, 1965

Don Demetrio Galeano, médico reconocido del pueblo, es asesinado en la puerta de su casa. Don Demetrio, además de curar enfermos y heridos, lideraba la resistencia y los reclamos que los habitantes del pueblo realizaban en contra del Embalse Peñol-Guatapé. Al igual que muchos otros, se negaba a vender su predio y organizaba a la comunidad.

Nunca Más Contra Nadie. Carlos Olaya

El Río Cauca y el Río Magdalena han sido caminos de atarrayas, de pescadores y de embarcaciones. Un par de gigantes mojados que bordean el perímetro del Oriente antioqueño son las arterias por las que transitaron historias disfrazadas de canoas; de areneros y de pescadores. Caminos recorridos por el hombre y la mujer anfibios. Gran parte del agua de estos dos ríos, considerados los principales conductos fluviales del país, tienen su origen en la zona. Este lugar durante años ha sido territorio de horizontes, de orientados y de orientaciones.

Durante la primera mitad del siglo pasado el paisaje se constituía de cafetales, platanales, cultivos de maíz y de tomate. El barequeo y la pesca artesanal eran actividades constantes en varios de los municipios. En este período se llamó al Oriente como “la despensa agrícola de Antioquia”, debido a la variedad de cultivos de alimentos que existían allí. Según Nathalia Ávila, geóloga de la Universidad de Paraná y quien en el 2016 realizó un estudio acerca del neoextractivismo en el Oriente antioqueño, la vocación productiva de esta subregión comenzó a cambiar en los años Sesenta.

“El Oriente antioqueño pasa de ser una región sin importancia mercantil para las empresas y para el Estado Nacional a ser una región fundamental para el desarrollo del Departamento y del país”, afirma Ávila en su investigación publicada en el 2017. El cambio de vocación se hace evidente a principios de los Setenta con la construcción del Embalse Peñol-Guatapé, proyecto que marcó la ruta que seguiría el resto del Oriente: la producción de energía.

Desde mediados de la década de 1970 y hasta mediados de los Ochenta, en medio de hidroeléctricas, vías y minas se movían los estudiantes, los campesinos, los maestros y toda persona que habitaba el Oriente. Crearon un bloque común que logró integrar distintos sectores de la comunidad y mediante marchas, paros y debates resistió a la incursión de los megaproyectos. Este fue el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño.

“Uno crece siendo del Movimiento, viendo a mi padre que participaba, a mis familiares y vecinos. Yo era estudiante de bachillerato y hacía parte del Movimiento porque crecí viendo unas problemáticas reales que habían en el territorio”, afirma Carlos Olaya, un reconocido líder de la región que creció en el municipio durante el contexto en que se gestó la construcción de la Hidroeléctrica de San Carlos.

El Movimiento Cívico del Oriente, más que desatar acciones coyunturales y específicas de resistencia, logró generar un carácter organizativo permanente en la comunidad. Quienes habitaban el Oriente habían cosechado alimentos durante toda su vida y consideraban bondadosa la riqueza hídrica de la región, por lo que se unieron alrededor de ésta y contra el proyecto extractivista que estaba incursionando. El Movimiento logró extenderse desde Guatapé y San Carlos hasta Marinilla y Granada, generando unos lazos de solidaridad que potencializaban las exigencias de las comunidades y obstaculizaban la construcción de los embalses.

Según Bladimir Ramírez, miembro del Movimiento del Oriente por la Defensa de la Vida y el Territorio -Movete- y quien actualmente investiga acerca del conflicto armado y los proyectos mineroenergéticos en este territorio, afirma que “el uso de la fuerza estatal adquirió un papel protagónico, dándole a un problema de índole social un tratamiento bélico-militar”.

Es por este motivo que para 1980 ya habían asesinado a 64 líderes y la persecución hacia sus integrantes era cada vez más fuerte. “Debido a la violencia uno sale desplazado pa’ la ciudad, con familia y todo. Por ejemplo, a nosotros Empresas Públicas nos quitó las tierras para poder construir la hidroeléctrica Playas”, denuncia Olaya.

Gran parte de las personas que hacían parte del Movimiento Cívico (y aún no habían sido asesinados) se desplazaron hacia las ciudades. Quienes llegaron a Medellín continuaron debatiendo acerca de lo que sucedía en la región y en algunos casos como el de Olaya (quien hoy es historiador de la Universidad de Antioquia) culminaron sus estudios. “Desde la ciudad mantuvimos un vínculo con el territorio y ya luego, cuando volvimos, intentamos retomar lo que había antes pero con más fuerza aún”.

Este primer retorno fue en la década de 1990, la misma época en la que se gestó el movimiento Oriente Unido. A diferencia del Movimiento Cívico, este estuvo sectorizado en el campesinado y se introdujo en la esfera institucional del Estado. Oriente Unido logró tener Concejales y Alcaldes en municipios como Granada, San Rafael y Sonsón. A pesar de que no reúne la misma variedad de actores y de masividad, logra plantear propuestas de trabajo comunitario articuladas al Valle de Aburrá, estableciendo la relación campo-ciudad.

A pesar de que las insurgencias ya se encontraban en el territorio desde 1980, durante esta década su presencia se consolidó aún más. El Ejército de Liberación Nacional -ELN- incursionó de manera endógena, de familia en familia y realizando trabajo de base con la comunidad. Bladimir Ramírez afirma que, por el contrario, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- llegan a la región como un ejército de ocupación y, en esta medida, tejiendo relaciones de mayor conflictividad con las personas. “El Movimiento Oriente Unido inmediatamente fue criminalizado. Se le señaló que estaba coordinado por la guerrilla y se desató la violencia estatal y paramilitar”, afirma Carlos Olaya.

La presencia de las insurgencias confluye cronológicamente con el resurgir de la organización social. Da una excusa para las medidas institucionales y parainstitucionales que se llevaron a cabo desde 1997 hasta el 2006.

En 1997 el Paramilitarismo incursionó con las estructuras Héroes de Granada, Bloque Metro y Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. “Desde este año hasta el 2006 la violencia fue fuerte; se llevaron a cabo masacres y asesinatos por parte de los paramilitares, así como cinco operaciones militares por parte de la IV Brigada”, cuenta Ramírez.

La totalidad de estas operaciones militares se llevaron a cabo durante el Gobierno de Álvaro Uribe y fueron llamadas: Meteoro (2002), Espartacus (2005), Ejemplar (2005), Fantasma I (2006) y Falange II (2006).

Este recrudecimiento de la guerra generó la desarticulación de Oriente Unido y una segunda migración sus integrantes hacia las ciudades. “La violencia fue tan fuerte que en muchos casos la única opción que vieron familias enteras fue entrar a las filas del ELN”, sigue contando Ramírez.

Según el informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 21 de los 23 municipios que tiene el Oriente antioqueño se cometieron masacres. Por otra parte, el Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño informa que “más allá de la lucha contra la insurgencia, el paramilitarismo y su poder armado sirvió como instrumento de acumulación de tierras para los terratenientes y de grupo de limpieza para las zonas donde se implantaron megaproyectos, algunos de estos desarrollados por ellos”.

La presencia paramilitar logró acabar con el obstáculo que representaban las insurgencias para los proyectos hidroeléctricos y, en muchos casos, hizo efectivo el abandono de predios que plantea un escenario en el que se encuentran más de cincuenta solicitudes para hidroeléctricas. Según Ramírez, “este panorama no hubiera sido posible si las insurgencias y el Movimiento Cívico hubieran continuado presentes”.

Un claro ejemplo es el caso de Sonsón. Actualmente hay ocho proyectos de microcentrales hidroeléctricas: Río Aures, Aures Bajo, HidroArma, dos microcentrales en el Río Sonsón, Llano Cañaveral, Sirgua y La Paloma I.

Carmenza Carmona, integrante de Movete y lideresa de Sonsón, afirma que “donde están los proyectos de microcentrales del Río Sonsón, el Llano Cañaveral y todo el cañón del Río Arma, tuvieron conflicto armado. Hubo presencia de grupos armados que generaron la muerte y el desplazamiento de personas que vivían allí. Asimismo, por desplazamiento que se estaba dando, se vendieron las tierras a cualquier valor”.

Según Carlos Olaya, “sólo en el 2006 muchos de los que habíamos salido a causa de la violencia volvimos, planteamos volver a organizar y reactivar la expresión organizada de la comunidad. Fue muy difícil, la gente todavía tenía mucho miedo”.

Para este año, a pesar de que ya se había llevado a cabo la desmovilización paramilitar, el control continuaba siendo evidente y los rezagos de la guerra eran latentes en la cabeza de quienes permanecieron en el territorio.

En busca de alternativas para recuperar la confianza, la tranquilidad y los ánimos de la gente, quienes habían regresado vieron en el arte la posibilidad de configurar nuevamente la red de lucha y resistencia que había caracterizado al Oriente.

Es así como en el 2007 se realiza un evento de música, baile, discusiones y rencuentro: el Primer Festival del Agua.

“Empieza un período de reanimación del movimiento social. Aquí han socializado el terror con el fin de intimidar; sin embargo, la gente ha tenido mucha valentía”, apunta Carlos Olaya.

Tres años después, en el 2010, nace Movete en un panorama de reanimación y retorno. El Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio -Movete- busca hacerle frente a las dinámicas neoextractivas de la región. Surge partiendo de la necesidad de constituir un grupo de trabajo que asumiera la vocería de las comunidades y dinamizara actividades para hacer frente a las diferentes problemáticas de la región.

En este 2017 han habido 54 proyectos de microcentrales en más de 15 municipios del Oriente. “Actualmente hay una gran variedad de problemas socioambientales que han tenido como consecuencia el despojo del campesinado y el no tener en cuenta las decisiones de las comunidades”, afirma Omar Andrés Osorio, integrante de La Tulpa Comunitaria, una organización social del Municipio La Ceja, que hace parte de Movete.

Según el informe Oriente Antioqueño: Análisis de la Conflictividad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, “las protestas por los modelos de desarrollo impuestos por intereses económicos y políticos de las élites antioqueñas ayudaron a la configuración de un claro sentimiento de identidad de la región y de la necesidad de la autodeterminación y construcción del propio desarrollo”.

Este momento de auge de solicitudes de microcentrales y presencia de grandes empresas como Cornare, Empresa de servicios públicos de Colombia -EPM- y Argos coincide también con un periodo de organización social y movimiento campesino que, así como en los Setenta y en los Noventa, insiste en la protección de su territorio. En medio de hidroeléctricas, vías y minas se vuelven a mover los pobladores del Oriente que, como asegura Carlos, “bregan a establecerse. La violencia nos ha configurado cierto carácter. El Oriente tiene una condición muy especial: la forma de ser campesinos vinculados con la actividad política y que se indignan porque nos han tratado mal a todos. No soy solo yo, somos mucha gente”.

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